Pobladores y activistas de 11 entidades del territorio mexicano buscan crear un frente en contra de los megaproyectos. Los colectivos acusaron que las obras extractivistas continúan a un año de la llegada de López Obrador a la Presidencia

Texto: Reyna Haydeé Ramírez

Fotos: Foto: Archivo / Marlén Martínez y Daliri Oropeza

Colectivos y organizaciones en defensa del territorio buscan unir esfuerzos y arroparse coontra la política extractivista en México. Los megaproctos, señalan, continúan en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un balance del primer año del sexenio, representantes de 13 organizaciones, provenientes de 11 estados del país hicieron el recuento de los conflictos medioambientales. Con la nueva administración continúan adelante. Esto los ha llevado a encontrar formas para articularse y continuar su lucha juntos, más allá de la denuncia.

«No sólo es denunciar, hay un proceso de articulación, es una lucha constante, no sólo se queda en la denuncia», expresó Lourdes Flores, del Movimiento Morelense en contra de las concesiones mineras por metales.

En conferencia, recordaron que su lucha contra las grandes obras de infraestructura o la industria minera extractivista suma ya tres décadas.

Los 560 conflictos

Destacaron que de los 560 conflictos medioambientales que reconoce Semarnat, hay 15 a los que están dando seguimiento. Entre ellos están la construcción del aeropuerto Santa Lucía, en el Estado de México; el Corredor Interoceánico, en el Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca; y el proyecto integral Morelos. En todos los casos buscan que se cancelen.

El Corredor Interoceánico o Tren Transísmico, conocido como Tren Maya, es una de las obras a las que se oponen porque consideran que dejará a su paso desplazamientos internos, afectaciones a la naturaleza y convertirá la región de tránsito de mercancía.

El Proyecto Integral Morelos contempla dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que, según han documentado, despojará a los morelenses del acceso al agua. En la misma región se proyecta una mina de la empresa Álamos Gold a pesar de que le fue negada la Manifestación de Impacto Ambiental debido a que  sobreexplotaría los mantos acuíferos.

En esta región fue asesinado el activista Samir Flores, cuyo caso sigue sin resolverse. Los pobladores denunciaron que otros dos activistas han sido amenazados en Puebla, entre ellos el abogado del Frente de Pueblos, Juan Flores.

Minería

Los activistas exigieron que se cancelen los diversos proyectos de minería extractiva que han continuado en este sexenio: la minera Almaden Minerals en la sierra norte de Puebla, la empresa Azúcar Minerals en Veracruz, Evrim Resources Corp en Chihuahua, además de la presa Milpillas en Zacatecas.

En Baja California, destaca el caso de Constellation Brands, una cervecera favorecida por las autoridades para consumir 20 millones de metros cúbicos de agua potable por año. Y continúa su nueva planta en construcción a pesar de que López Obrador dijo que no debería construirse en Mexicali, por ser una zona desértica.

Entre las organizaciones están la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Territorio en Defensa de la Tierra y el Territorio, Asamblea de Resistencia de Amilcingo, Colectivo Tioko Montaña de Guerrero, Consejo Tiyat Tlali, Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua.

Así como Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Otros Mundos Chiapas, Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, Resistencia Civil de Baja California, Unión de Cooperativas Tosepan, entre otras.

Las exigencias:

• Procurar justicia para Samir Flores en Morelos y Julián Carrillo en Chihuahua.
• Respetar el derecho a la autodeterminación de los 20 pueblos originarios que integran el -Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua en Santa Lucía.
• Cancelar el Corredor Interoceánico, proyectos eólicos, presas y megaproyectos en el Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca.
• Suspender el Proyecto Integral Morelos.
• Cancelar las concesiones mineras en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua.
• Negar a la cervecera Constellation Brands el derecho de consumir 20 millones e metros cúbicos de agua potable en Mexicali.
• No organizar consultas simuladas y manipuladas sobre megaproyectos.
• No permitir a la empresa Coca-Cola el derecho para explotar un tercer pozo de agua en Chiapas.

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