En el colmo del exceso y el despilfarro, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto usaron nuestros impuestos para comprar un avión difícil de pagar e imposible de vender

Twitter: @chamanesco

Es cierto que suena absurda la rifa del avión presidencial. Pero es más cierto que la compra de un avión de 218.7 millones de dólares a finales de 2012 fue un exceso.

Esa adquisición fue todo un símbolo del abuso y el despilfarro de los gobiernos encabezados por el PRI y el PAN y una prueba de la simulación con la que estos partidos fingían competir, para terminar acordando “transiciones de terciopelo” en las que la complicidad y el encubrimiento mutuo eran sellos distintivos.

¿Qué pactaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto durante los largos cinco meses de transición que transcurrieron entre la derrota del PAN del 1 de julio de 2012 y el regreso del PRI al poder el 1 de diciembre del mismo año? Sólo ellos lo saben.

Lo cierto es que el presidente panista decidió, en uno de los últimos actos de gobierno de su polémico sexenio, cerrar el contrato para la adquisición de una lujosa aeronave que él ya no utilizaría; sustituir el “antiguo” y recién remodelado “TP-01 Benito Juárez” y heredar a su sucesor el ultramoderno “TP-01 José María Morelos y Pavón”.

La adquisición fue solicitada por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por el funcionario transexenal José Antonio Meade, el 23 de julio de 2012 (22 días después de que Enrique Peña Nieto ganara las elecciones), por motivos de “seguridad nacional”. 

Desde octubre de 2012, el entonces dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a cancelar la compra de dicho avión: “Ahora Calderón resolvió comprar un avión que está valuado en 10 mil millones de pesos. ¿Qué le pasa? Debería de rectificar, o Peñita decir que no se va a subir a ese avión. Que no lo compren», dijo el excandidato presidencial a legisladores del PRD, PT y MC de la Legislatura que habría de aprobar los presupuestos destinados a la compra de la aeronave.

Pese a las críticas, la transacción se cerró mediante un contrato de arrendamiento financiero adquirido en noviembre de 2012 por Banobras para un periodo de 15 años, por lo que el avión pasaría a formar parte de los activos de la Sedena en el año 2027. Su adquisición implicó erogar otros mil millones de pesos para la adecuación del hangar presidencial.

El Boeing 787 Dreamliner se terminó de construir en 2014, y en octubre de ese año hizo una breve escala en la Base Militar de Santa Lucía, antes de volar a Dallas para su acondicionamiento final.

Fue hasta el cuarto año de gobierno de Peña Nieto cuando el nuevo avión presidencial llegó a México, y el primer vuelo oficial que realizó el presidente en él fue a Hermosillo, Sonora, el 10 de febrero de 2016.

En un largo comunicado emitido el 14 de enero de 2016, la Presidencia de la República justificó la adquisición, asegurando que «los Presidentes de la Nación requieren de un equipo de transportación seguro, confiable y eficiente, para el desempeño de sus funciones, de sus equipos de trabajo y de los representantes de medios de comunicación que cubren sus actividades”.

Además, informó que un reporte de la consultora Ascend Flightglobal Consultancy –contratado por Banobras– arrojó razones contundentes para quedarse con el avión comprado por Calderón, entre las que destacaba el avión era “una de las mejores alternativas en términos de eficiencia en costos disponibles en el mercado”.

El avión tenía 86 espacios (20 más que el “viejo” TP-01); una zona VIP para el presidente, familia y su primer círculo de colaboradores; otra con espacio de descanso y una en la parte trasera para reporteros, escoltas, médicos y tripulación.

Los equipos en telecomunicaciones satelitales, sistema antiespionaje e internet a bordo se presumieron como los más modernos, y se insistió una y otra vez en que la autonomía de vuelo superior a los 13 mil 900 kilómetros (más de 20 horas) permitiría acabar con las “pesadas escalas” que tenía que hacer el presidente en sus giras internacionales.

Entre búnker y palacete, el avión presidencial que heredó Calderón a Peña Nieto se convirtió en el símbolo perfecto de la insensibilidad de la clase política hacia los millones de pobres que habitan el país y la demostración de que ambos partidos (PRI y PAN) eran iguales.

Por eso el avión fue a dar a los discursos de campaña de López Obrador, quien una y otra vez dijo que él jamás viajaría en ese avión.

“Se lo vamos a vender a Trump”, prometía el candidato a sus seguidores en mítines multitudinarios en los que la gente aplaudía y celebraba la venta de ese “auténtico palacio en los aires”.

Llegando al poder, en diciembre de 2018, López Obrador envió el avión a Estados Unidos para ponerlo a la venta y, ante la ausencia de una oferta seria y viable, el avión regresó en julio de 2020 a territorio nacional.

Actualmente, el gobierno sigue buscando un buen comprador. Pero en el camino, López Obrador ha hecho del avión un eficaz instrumento de propaganda política.

Actualmente, las calles de todo el país se encuentran inundadas de boletos de la Lotería Nacional con la imagen del lujoso avión impresa en los cachitos del sorteo magno del próximo 15 de septiembre.

No se va a rifar el avión, sino 2 mil millones de pesos divididos en premios de 20 millones de pesos cada uno. Pero, aun así, la propaganda gubernamental promete que “la rifa del avión” permitirá adquirir equipo médico para combatir el covid-19.

Hasta la semana pasada, la Lotería Nacional había logrado vender 3 millones 815 mil 200 boletos para la rifa; es decir, aún faltaba por venderse una tercera parte de los 6 millones de cachitos y la recaudación por la venta llegaba apenas a mil 907 millones de pesos, con lo que no alcanzaría ni para pagar los premios de los 100 ganadores.

Y, aunque López Obrador grabó un video desde el hangar donde actualmente pernocta el lujoso avión invitando a la gente a “hacer historia” comprando un cachito, se ve difícil que muchos más ciudadanos corran al expendio a gastar 500 pesos por un boleto que podría terminar convertido en un curioso recuerdo de la 4T.

Quizás por eso, legisladores y funcionarios públicos de Morena han sido “invitados” a cooperar con la causa, destinando parte de sus dietas y salarios a adquirir boletos para la rifa.

Una rifa ciertamente absurda.      

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El documento con el que Peña Nieto justificó concretar la compra del avión, en enero de 2016, arroja algunas pistas para entender por qué ha sido imposible que la nueva administración pueda vender el avión:

Explicaba la Presidencia en el citado comunicado:

1. De venderse la aeronave a una aerolínea comercial, se tendría una pérdida muy significativa respecto del valor de compra. Esto se debe a los costos y tiempos de reconversión interna, así como a la pérdida del equipamiento actual. El consultor estima que, si se vendiera a alguna aerolínea comercial, su venta podría representar una pérdida de más del 58% de su costo (128.2 millones de dólares). Dado lo anterior, el consultor considera que la aeronave debe mantener su configuración actual, en lugar de ser reconvertida como equipo comercial.

2. De comercializarse con su configuración actual en el mercado de aeronaves privadas, se prevé que la venta podría concretarse en un plazo de entre 12 y 24 meses, dada las características de este mercado y la complejidad del contexto económico actual. Si se vendiera en 24 meses, la pérdida podría ascender a 30% de su valor (65.9 mdd) y en 36 meses a cerca de 35% (76.2 mdd).

3. El equipo fue adquirido a un precio muy atractivo, por tratarse de uno de los primeros aviones B 787-8 en fabricarse y adquirirse a precio de flotilla. La aeronave (sin equipamiento) tuvo un costo de 114.6 millones de dólares cuando su precio en el mercado —al momento de la compra— era de alrededor de 200 millones de dólares. Es decir, se adquirió con un descuento de 42.7%.

4. El costo de las adecuaciones, que incluye ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina y certificaciones, fue de 81 millones de dólares y se encuentra en el rango bajo de los equipamientos estándar de aviones privados de esta dimensión, que oscila entre los 75 y los 125 millones de dólares.

En el colmo del exceso y el despilfarro, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto usaron nuestros impuestos para comprar un avión difícil de pagar e imposible de vender.