Impulsado por la ola obradorista en 2018, Barbosa llegó a la gubernatura de Puebla. Aunque en su discurso se construyó una narrativa de que su gobierno era “cercano a la gente”, le quedó a deber a grupos sociales con exigencias públicas

Texto: Aranzazú Ayala / Tw: @aranhera y Ernesto Aroche

Foto: foto: Lado B

PUEBLA.- Miguel Barbosa llegó al poder arrastrado por la fuerza de Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Llegó con el descontento de la gente ante el morenovallismo, la esperada alternancia después de una larga estirpe priista que culminó fatalmente con Mario Marín, “el gober precioso”. 

Pero lo que pasó después no fue mejor: Rafael Moreno Valle sumió al estado en un autoritarismo, y Barbosa Huerta llegó con la ola de la izquierda, en medio de un fraude electoral, violencia y hartazgo, llegó con el hacha desenvainada a cobrar las afrentas, pero también a imponerse sobre sus opositores con la fuerza del estado.

Y aunque en su discurso se construyó una narrativa de que su gobierno era “cercano a la gente”, lo cierto es que le quedó a deber a grupos sociales con exigencias públicas. En el cajón quedó la iniciativa para despenalizar el aborto, a pesar incluso de la toma del Congreso a manos de grupos feministas. En el cajón quedó también la contención de la violencia feminicida que cubre al estado, o la atención a personas buscadoras.

Lejos de la justicia y de las víctimas

Por supuesto que hay gente que quiere a Barbosa. El estado mantuvo cierta estabilidad económica y laboral, pese a la pandemia, y los programas sociales característicos de la 4T también estuvieron presentes en el estado. Pero si algo caracterizó el breve y atropellado gobierno de Barbosa fue su lejanía con las causas sociales, su espaldarazo a los Derechos Humanos y a las víctimas de la violencia. 

Hasta la fecha el estado no tiene una Comisión de Atención a Víctimas, y fue uno de los últimos en crear la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. La Fiscalía, que si bien es autónoma –en teoría– ha actuado abiertamente en contra de las familias. Recordemos que en mayo de 2021 fue el personal de seguridad de la FGE quien gaseó y agredió físicamente a la familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, asesinada el 15 de mayo de 2018 y cuya muerta las autoridades poblanas no han querido investigar como posible feminicidio.

El tema de las desapariciones de personas fue quizás el que más evidenció el rechazo y hartazgo del ex gobernador y su poca empatía e interés por las familias. En varias ocasiones minimizó las desapariciones: el 10 de junio de 2020 dijo que las mujeres no desaparecían, sino que se iban con el novio. 

Y después pasó los siguientes meses confrontando directamente al colectivo “Voz de los desaparecidos” y a las y los familiares de personas desaparecidas, insistiendo en que todas son “ausencias voluntarias”, y pidiendo, o más bien, retando a las familias, a decirles dónde estaban todas las personas que siguen sin llegar a casa. Su actitud fue de confrontar de manera constante: confrontar a víctimas, a víctimas indirectas, y minimizando la violencia y las violaciones a Derechos Humanos.

Si bien Barbosa Huerta heredó un estado muy lastimado principalmente por la violencia feminicida, una de las entidades con más megaproyectos y amenazas a personas defensoras del territorio y con mayores índices de violencia de género en todas sus formas, fue algo que ignoró por completo. Y no sólo ignoró, sino que desde su voz y la tribuna pública se dedicó a minimizar día a día.

Su gobierno cerró con una solicitud más para activar la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres (AVGM), ingresada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), pero esta vez por la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, de la mano con una Comisión Estatal de Búsqueda inoperante, señalada por la propia Auditoría por irregularidades en la aplicación de fondos de al menos tres millones de pesos; además dejó sin resolver y sin justicia la desaparición de Sergio Rivera Hernández, defensor del territorio, quien fue privado de la libertad el 23 de agosto de 2018, un año antes que asumiera la gubernatura.

Barbosa dejó un peor estado para las víctimas de la violencia.

Barbosa, incendiando la pradera

No está claro si Luis Miguel Barbosa sintió en su fuero interno que llegó con poca legitimidad, pues la votación que lo encaramó en la silla de la gubernatura fue muy pobre, a diferencia de lo que había pasado cuando perdió la elección ante la panista Martha Erika Alonso, pero llegó a confrontarse no solo con lo que quedó del grupo político de Rafael Moreno Valle tras su deceso, sino con todas las fuerzas políticas del estado, incluido ahí su propio partido.

Y en esa posible búsqueda de legitimidad abrió fuego contra su correligionaria, la morenista Claudia Rivero que en ese momento gobernaba la capital poblana, y su reyerta allanó el camino para evitar su reelección entregando la ciudad al panista Eduardo Rivera.

En su política de confrontación y trinchera también levantó lanzas en contra de la universidad pública, en contra de los organismos empresariales y terminó imponiendo su control en el Congreso del estado y en el poder judicial y en los órganos constitucionalmente autónomos como el Instituto Electoral y el Instituto de Acceso a la Información Pública y marginó hasta la ignominia al Sistema Estatal Anticorrupción.

Si algo deja tras su deceso, en términos políticos, es un grupo político con poca fuerza y presencia, disminuido pues en su administración hasta sus más cercanos colaboradores terminaron dejándolo solo, pues en sus tres años de gobierno sumó más de 20 cambios en su gabinete.

*Esta nota fue realizada por LADO B, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leerla.