Un repaso por las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa a partir de 2011 confirma que no son hechos circunstanciales, sino parte de una ofensiva sistemática

Twitter: @KauSirenio

Ahora, como en el sexenio anterior, se les acusa a los normalistas de estar infiltrados por grupos del crimen organizado, sin mostrar una prueba mínima de lo que se quiere inculpar. Lo único cierto hasta ahora es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró en la Normal de Ayotzinapa a elementos del Ejército mexicano para que espiaran las actividades de los normalistas. 

Lo cierto es que en 10 años que las fuerzas del Estado mexicano asesinaron a los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en la Autopista del Sol, la justicia sigue ausente. La herida abierta desde el 12 de diciembre de 2011, lejos de cerrar, se ha abierto más al mantenerse e intensificarse la campaña de represión en contra de los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. 

Un repaso por las agresiones contra los normalistas a partir de aquella fecha confirma que no son hechos circunstanciales, sino parte de una ofensiva sistemática. Han sido asesinados nueve alumnos, 43 desaparecidos, 11 heridos en distintos ataques, 14 torturados, 50 detenidos en dos agresiones, y más de 10 embestidas directas por parte de la Policía Federal, la Marina Armada de México y del Ejército mexicano y el crimen organizado. 

Con los asesinatos de Alexis y Gabriel, la ofensiva gubernamental continuó; 24 días después de esta represión, políticos, empresarios, empleados y funcionarios del gobierno del estado salieron a la calle a una marcha para brindar su apoyo al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero. En esa protesta, los manifestantes demandaron el cierre de la Normal de Ayotzinapa, porque según ellos era “centro de concentración de terroristas”. 

Meses después, el 10 de noviembre de 2012, cuando se preparaba la movilización por el quinto aniversario del desalojo de normalistas del congreso del estado por parte de la policía estatal, la Policía Federal les disparó, detuvo y torturó a cinco normalistas. Ezequiel Sánchez Alvarado, Rodolfo Vargas Ortiz, Antonio Morales Villanueva, Marcos López Cruz y Roberto Estrada Medina difundían las problemáticas estudiantiles en la carretera Chilpancingo-Iguala, conocida como Casa Verde. 

Durante la movilización en contra de la reforma educativa, el 23 de abril de 2013, fueron puestos en libertad los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, únicos señalados de la ejecución extrajudicial de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en 2011. 

A raíz de su activismo en contra de la reforma educativa, el 7 de mayo por la tarde, sin justificación aparente, policías estatales detuvieron a 25 normalistas cuando boteaban en el crucero Casa Verde. 

La ofensiva contra de los normalistas de Ayotzinapa vino a unos días de que los estudiantes salieron a protestar por la liberación de los ministeriales, para justificar la represión en contra de los movimientos sociales por su apoyo a la Policía Comunitaria y a los maestros durante la movilización en contra de la reforma educativa.

Un día después de la detención de los estudiantes, el miércoles 8 de mayo, Aguirre Rivero acusó a los normalistas de robar combustible a los automovilistas que transitaban por la carretera Chilpancingo-Iguala. 

En una entrevista con la conductora de Televisa Adela Micha, el 9 de mayo, el entonces gobernador guerrerense acusó a los estudiantes de tener nexos con la guerrilla y recibir adoctrinamiento de grupos de tendencia radical, para generar rencor social. Además, señaló que la Normal de Ayotzinapa financió al movimiento magisterial, y que por eso se les suspendió el pago a los proveedores que surtían al comedor estudiantil y les negó la entrega de recursos para difusión de la convocatoria para nuevo ingreso.

Freddy Vázquez y Eugenio Tamarit Huerta fueron atropellados cerca de Atoyac el 7 de enero de 2014; realizaban actividades políticas y colecta de dinero para sus prácticas y observación. 

Ese mismo año, pero el 26 de septiembre, fueron asesinados en Iguala, Guerrero, César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, por la policía municipal de ese municipio, además de la desaparición forzada de 43 de normalistas. 

A pesar del reclamo de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, que seguía por las principales ciudades del mundo, la agresión en contra de los estudiantes de Ayotzinapa no cesaba, en un presunto asalto a una urvan de la ruta Tixtla-Chilpancingo, hombres armados mataron a los normalistas Jonathan Morales y Filemón Tacuba Castro, el 4 de octubre de 2016. 

Las agresiones sistemáticas en contra de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos continúan y no hay para cuando. Porque la lógica de los gobernantes de Guerrero es someter a los estudiantes de esta escuela con base en operativos policiaco-militares, que violan los derechos humanos de los estudiantes.

Podemos no estar de acuerdo con las distintas formas de lucha de los normalistas, pero no podemos bajar la vista ante los abusos de poder político y económico de los gobernantes en turno en Guerrero. Desde la época de la Guerra Sucia para contener el movimiento armado de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, no ha habido un solo gobernador que no haya reprimido a los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. 

Hasta ahora se ha condenado a los jóvenes por su peculiar forma de protesta, pero nadie ha cuestionado los proyectos extractivos transnacionales que han desplazado a miles de familias de la Sierra y Montaña de Guerrero. Nadie ha alzado la voz en contra de la violencia que se instaló en Guerrero desde hace 16 años.