El reciente informe sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa es una oportunidad histórica para emprender una transformación real y profunda en el Estado criminal que ha gobernado al país por más de un siglo

Twitter: @anajarnajar

El escándalo más reciente en México es el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Desde las primeras horas, el documento que presentó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas se convirtió en el centro de un intenso debate.

Varios de los adversarios políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador argumentaron que no se presentó nada nuevo.

Algunos, entre ellos comunicadores que promovieron con fervor y pasión la llamada Verdad Histórica, aseguraron que el Informe ratifica la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

La tesis central de tal hipótesis fue que los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron asesinados, y sus cuerpos incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

Para esos críticos el tiempo parece haberse detenido en 2015 pues en sus argumentos olvidaron la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que echó por tierra la Verdad Histórica.

El debate se atizó con la captura del exprocurador Jesús Murillo Karam a quien los adversarios de la 4T convirtieron en víctima.

Más allá de la incapacidad intelectual de esos críticos, lo cierto es que el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa plantea al menos tres preguntas.

Una de ellas, la más importante, es dónde están los jóvenes estudiantes desaparecidos.

Otra es a quiénes se buscó proteger con la llamada Verdad Histórica y la operación militar y policíaca que se estableció la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Y la tercera es por qué una movilización de estudiantes que tomaron varios camiones de pasajeros para viajar a Ciudad de México provocó la respuesta brutal de actores centrales del Estado no sólo para impedirlo, sino para asesinarlos.

No es un tema menor. En la operación para contener a los jóvenes participaron elementos del Ejército y la Marina, así como policías municipales, estatales y federales.

A ellos se suma la PGR y los jueces que aceptaron la Verdad Histórica y sometieron a juicio a los detenidos bajo esta hipótesis.

También se cuentan actores políticos de todos los niveles, desde legisladores, el partido en el gobierno y un gobernador, hasta el mismo presidente de la República y su gabinete.

Completan el escenario los medios de comunicación e intelectuales orgánicos, actores fundamentales para afianzar la Verdad Histórica.

Una completa operación de Estado que parecería exagerada al analizar las razones para implementarla:

No fue la primera vez que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa secuestraban camiones en Iguala. 

Si se aceptara la tesis de que en uno de esos vehículos había un cargamento de droga, como se afirma en la investigación de la PGR, el volumen de lo involucrado es menor comparado con, por ejemplo, la producción diaria de heroína en la región.

Iguala no es el mayor centro de distribución de droga del país. De hecho, las organizaciones que disputan el mercado local ocupan un lugar mínimo si se contrastan con las operaciones cotidianas de organizaciones como los carteles de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación.

En términos políticos tampoco cuenta con gran relevancia: el volumen de votos o las aportaciones económicas no son fundamentales para el destino del país.

¿Por qué entonces organizar una operación que involucró a los principales actores del Estado Mexicano? La respuesta es: porque para ellos era normal reaccionar así. 

Los militares y su jefe superior, el presidente Enrique Peña Nieto; los legisladores del PRI, los comunicadores e intelectuales orgánicos que promovieron la Verdad Histórica formaban parte del sistema político que provocó una profunda desigualdad en el país.

Es el autor de injusticias como la que motivó la protesta a la que asistirían los estudiantes desaparecidos, es decir, el aniversario 46 de la matanza de Tlatelolco.

Son parte de una estructura intolerante a la protesta social, acostumbrado a la represión o la compra de voluntades como estrategia para sostenerse.

Un Estado criminal construido por la clase política que gobernó al país desde el fin de la Revolución Mexicana, y que desde 2018 pretende modificarse.

El caso Ayotzinapa es, paradójicamente, una oportunidad histórica para avanzar en ese camino. 

Pero eso implica encontrar a los estudiantes y sancionar a quienes les asesinaron. A todos, sin miramientos ni consideraciones políticas, Enrique Peña Nieto incluido.

No se puede argumentar, como señaló el subsecretario Encinas, que en la investigación que da cuenta el informe no hay señalamientos directos contra el expresidente.

De acuerdo con la Constitución él era el comandante supremo de las fuerzas armadas. La cadena de mando termina en su persona, y por lo mismo la responsabilidad de la mayor violación a derechos humanos de la historia reciente.

Sólo así podrá abrirse la brecha que permita erradicar el Estado criminal que aún impera en México, y establecer otro sin impunidad, con justicia y sin desigualdades.

Ésa sería una verdadera transformación del país, como la que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Él es una pieza fundamental en este rompecabezas que se ha convertido México con la violencia y desigualdad.

López Obrador tiene la oportunidad de encabezar una transformación de fondo y duradera. 

En sus manos está la decisión de pasar a la historia como el presidente que cambió verdaderamente al país, o como el personaje que impulsó un amplio e inacabado movimiento que deja a México en condiciones muy parecidas a las heredadas en 2018.