Este pequeño dato puede dar algunas pistas sobre las fracturas actuales, que estallaron recientemente entre diversas instancias que tienen la responsabilidad de investigar el destino de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada

X: @lydicar

De nuevo los entretelones institucionales del caso Ayotzinapa estallan. Lo han hecho así cada cierto tiempo. La crisis de credibilidad actual está, por un lado, que el GIEI acusó al ejército de que no le entregó algunas fojas y documentos legales. El prsidente López Obrador dio un espaldarazo más o menos obvio al Ejército. Y justo ahora, el extitular de la UEILCA, el ex fiscal Omar Gómez Trejo acusa de haber sido presionado para detener al exprocurador Murillo Karam, sin una investigación sólida. Asimismo señala que fue presionado para cancelar órdenes de aprehensión contra militares en activo. Esto, acusa, lo orilló a renunciar.

Pero como siempre, hay algunas cosas más en juego.

Desde hace años, uno de los principales reproches que se ha realizado desde la fiscalía de Guerrero contra el trabajo de la UEILCA de la Fiscalía General de La República y a la Covaj es haber dado calidad de testigos protegidos a perpetradores activos en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En particular –y eso ha dado vueltas durante años ya– a Gildardo López Astudillo, alias “cabo Gil” o “el Gil”.

Ha sido un reproche realizado por años. López Astudillo había sido detenido y torturado en 2015, por la entonces PGR. Según reportes, salió de prisión en 2019 y poco después buscó a la fiscalía nueva para dar su testimonio. 

Algunos medios y algunas fuentes lo identifican con el testigo protegido “Juan”. Otros dicen que es a la vez “Juan” y “Carla” (aunque otros hablan de efectivamente un nuevo «testigo»). A la información proporcionada por Gil se atribuye el hecho de que la UEILCA hallara en la Barranca de Carnicería un fragmento óseo de uno de los estudiantes en 2020. La unidad que encabezó Gómez Trejo confiaba en este testigo.

Ahora, recientemente se ha puesto en duda algunos de sus comentarios, ya que «Juan» refiere diversos enfrentamientos entre bandas rivales en Iguala aquel día y noche de septiembre de 2014. Esto, han acusado, revictimiza a los estudiantes, quienes no iban armados. Sin embargo, como se ha documentado en algunos espacios (entre, otros, en Los Infiltrados, de Miguel Ángel Alvarado), efectivamente aquel día, el 26  de septiembre de 2014  sí ocurrieron diversos enfrentamientos en la ciudad durante todo el día. No con los estudiantes, sino entre bandas rivales.

Aquel día, en Iguala hubo muertos, silenciados, antes de que llegaran los jóvenes. Como muchos más antes y como sigue habiendo hasta la fecha. (Había además, hay que insistir en ello, una amenaza de muerte contra cualquier estudiante de Ayotzinapa.)

Sin embargo, es verdad que, según los mensajes filtrados por la DEA, el Gil era un asesino con cierto poder, y habría participado activamente en la desaparición forzada de los estudiantes. No era un halconcillo arrepentido. No era un testigo ocasional. Se dice incluso que ya libre volvió a delinquir. Así que el comentario final en la carta abierta del titular de la Sedena a los padres y madres de normalistas es una suerte de reproche encubierto, o casi, una agresión pasiva. Una de esas que suelen ocurrir en relaciones poco saludables: algo así como: ‘no me pregunten a mí sobre los folios perdidizos’. Mejor pregunten al Gil, “señalado como orquestador y uno de los principales autores materiales en la desaparición de los normalistas, tal como se desprende de los chats proporcionados por la DEA”. 

Un agresión poco contenida, poco apropiada para un titular de la Sedena, que pareciera decir: «pregúntenle al asesino, al que las fiscalías y comisiones abrieron los brazos». Un reproche que se alinea con la fiscalía de Guerrero.

Esto, con las elecciones presidenciales en puerta.

Muchos avisperos alborotados.