El desinterés de la mayoría de los medios tradicionales al más reciente informe del GIEI es una muestra más de que a los opositores del presidente López Obrador sólo les interesa recuperar sus privilegios. Aunque conseguirlo implique violencia y muerte para miles de mexicanos

Twitter: @anajarnajar

La conferencia matutina de prensa de Andrés Manuel López Obrador transcurría como de costumbre.

Una periodista pidió al presidente un mensaje “que reconfortaría” a los turistas que se asustaron con la caída de anuncios en el aeropuerto de Cancún.

Otro colega presentó una información trascendente, casi de seguridad nacional: en la estación de servicio concesionada a la Secretaría de Marina en Ciudad de México no se vende gasolina Premium.

Y otro más aseguró a la secretaria de Educación, Delfina Gómez (presente en la conferencia de medios), que es “maestra de formación, de aula, como pocas ha habido” en la SEP.

Una conferencia de prensa como muchas otras en Palacio Nacional, donde con frecuencia varios comunicadores suelen utilizar el tiempo para formular preguntas intrascendentes, alabar a López Obrador o de plano intentan concretar algún negocio personal.

El problema es que ese martes 29 de marzo no era una jornada normal. El día anterior, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) había presentado un nuevo informe sobre la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

El documento reveló la participación -desconocida hasta ahora- de la Secretaría de Marina en la investigación del caso.

También presentó videos filmados con drones de la Semar del basurero de Cocula, el sitio donde supuestamente fueron incinerados los estudiantes.

El informe señala que el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, estuvo en el sitio horas antes de que se anunciara la llamada “Verdad Histórica”.

De acuerdo con el GIEI, agentes del Ministerio Público falsificaron actas, inventaron llamadas y alteraron la escena del crimen.

Se reveló, además, que existió una investigación paralela por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que incluyó la infiltración de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El informe evidenció, en síntesis, que existió una operación de amplia envergadura organizada desde el gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, para sabotear la investigación e impedir que se supiera el destino de los estudiantes desaparecidos.

El informe del GIEI incide de manera fundamental en el caso que representa la mayor violación a derechos humanos en la historia reciente de México.

Y, se comprobó, el autor fue el Estado, como señalan desde hace casi 8 años los padres de los estudiantes desaparecidos.

Una noticia importante, destacada en los medios internacionales. Pero al parecer no lo fue tanto para quienes tuvieron oportunidad de preguntar en esa conferencia de prensa mañanera.

Durante hora y media el tema permaneció ignorado hasta que casi al terminar uno de los corresponsales del diario El País preguntó sobre Ayotzinapa.

López Obrador dijo que se ordenó investigar a los jefes de la Marina que aparecen en los videos presentados por el GIEI, y que la investigación sigue abierta.

Ningún otro periodista abordó de nuevo el tema. La conferencia terminó con preguntas sobre la violencia contra periodistas en México.

Lo que sucedió en esa conferencia mañanera refleja la manera como muchos medios tradicionales han cubierto el caso Ayotzinapa.

Desde los primeros y confusos reportes sobre el ataque contra los estudiantes en Iguala, Guerrero, la mayoría de los medios se dedicaron a cuestionar a los jóvenes normalistas.

La misma actitud se mantuvo tras la difusión de la “Verdad Histórica”.

La versión oficial fue casi la única que se publicó en los medios. Por momentos inclusive prevaleció por encima de los informes presentados por el GIEI.

También se cometieron excesos, como se recordó hace poco en Twitter con la difusión de un video donde el periodista Carlos Marín exige a los padres de los normalistas desaparecidos disculparse con Murillo Karam.

Marín, exdirector de Milenio, por décadas uno de los periodistas más críticos del país, es parte de una élite de comunicadores privilegiados por los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto.

Son, además, algunos de los más férreos defensores de la “Verdad Histórica”.

Hay varias razones para entender los ridículos y desfiguros de estos personajes, que en términos reales son el antecedente al desdén hacia el más reciente informe del GIEI.

La primera se resume en una frase: el que paga manda. La defensa extrema de la verdad histórica fue una más de las operaciones comerciales para decidir la línea editorial.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto algunos medios como El Universal recibieron miles de millones de pesos en publicidad oficial.

Los contratos de presuntas asesorías abundaron entre varios de los columnistas más conocidos. 

Otra razón, menos frecuente pero que sí existe, es la posición ideológica de editores, articulistas e intelectuales, promotores de la mano dura y la violencia contra cualquiera que no piense como ellos… O quienes les pagan.

Un tercer elemento es una mezcla de los dos anteriores y que ha sido evidente desde hace tres años: el odio a López Obrador y su proyecto político.

Las revelaciones en el informe del GIEI ocurren, en parte, por la entrega de información que la Sedena y Marina mantuvieron oculta desde 2014.

Esto fue posible por la orden presidencial de abrir todos los archivos e instalaciones militares, pero también porque López Obrador ha insistido en que se cumplan sus instrucciones.

Lo reconoció Ángela Buitrago, integrante del GIEI, en una entrevista con el noticiero Momentum: 

La apertura de las Fuerzas Armadas fue posible por la insistencia del presidente. 

Es, pues, parte del compromiso que pretende cumplir López Obrador y que, como en otros momentos, sus adversarios se niegan a reconocer.

Por eso el desinterés mediático al informe del GIEI, que en sentido estricto representa un paso más en el camino a conocer el destino de los 43 normalistas desaparecidos.

Revela, además, el cariz mezquino de los opositores a la 4T -entre ellos los medios que colaboran con ellos- y les desnuda por completo en el escenario político del país.

El desdén a informe, y antes el desprecio al caso Ayotzinapa que es la mayor violación de derechos humanos de la historia reciente del país, demuestra que para estos medios y personajes no importa nada más que sus privilegios e intereses.

Aunque conservarlos implique violencia y muerte para miles de mexicanos.