Las familias de los 43 volvieron a salir a las calles de la Ciudad de México a reclamar justicia, ahora, en medio de una tensión que augura una ruptura entre su defensa legal y las instituciones del Estado encargadas de buscar a los normalistas. Nuevas versiones sobre el papel del gobierno salen a la luz

Texto: Kau Sirenio y Arturo Contreras

Fotos: Alexis Rojas

CIUDAD DE MÉXICO. – Con el añejo reclamo de justicia, las madres y padres de los 43 estudiantes campesinos desaparecidos en Iguala, Guerrero, arribaron al zócalo de la Ciudad de México para gritar la misma consigna de los últimos 9 años: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Este año, la marcha por los estudiantes de Ayotzinapa estuvo acompañado por miles de personas solidarias que reclamaron justicia para los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y sus familias.

La marcha duró más de dos horas. La columna fue encabezada por las madres y padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM); les seguían los contingentes de estudiantes de distintas universidades públicas (UAM, IPN, UAM, UACM).

Los estudiantes intervinieron espacios públicos con las leyendas de “Ayotzi vive la lucha sigue”, “Ni perdón ni olvido, castigo a los culpables”, “Fue el Ejercito”, “Ejercito asesino” y “Nos faltan 43”. En la esquina Bucareli y Reforma, donde se ubica el antimonumento de +43, las madres y padres de los muchachos desparecidos pasaron lista para recodar a cada uno de ellos.

Elementos de la policía de la Ciudad de México fueron desplegados sobre la ruta que tomó el contingente. Algunos locales y edificios fueron amurallados con madera y laminas de acero. Pero la marcha se realizó sin mayores contratiempos.

«Ha sido muy desgastante»

En su discurso, las madres y padres de los normalistas desaparecidos expusieron su inconformidad ante la postura del Gobierno de México. Dijeron que, pese a los esfuerzos, no ha habido avances con las autoridades para dar con el paradero de sus hijos.

“Son 9 años que hemos caminado gracias al acompañamiento de ustedes que no nos han dejado solos, pero a la vez les pido que nos acompañe por los años que vengan porque la justicia es lenta, y cada día se hace imposible alcanzarla” agradeció don Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por su parte, en su intervención, don Mario González, padre de otros de los muchachos, dijo:

“Depositamos un poquito de esperanza en este gobierno porque creímos que de verdad iba a haber un cambio, creímos que al firmar un decreto presidencial íbamos a encontrar a nuestros muchachos”.

Después agregó: “Pensamos que formando todas las instituciones, como el general Sandoval, nos iban a entregar las respuestas que tanto anhelamos durante tanto tiempo: el paradero de nuestros muchachos; y saber realmente qué fue los que pasó ese 26 de septiembre, cual fue la desilusión que fue el Ejercito mexicano”.

Ante el grueso del contingente que los acompañó durante la tarde de este martes, los padres hicieron un llamado a la sociedad civil para que no los dejen solos en esta lucha. “Ha sido un proceso desgastante para los padres y madres” dijo una de las madres.

Antes de la manifestación, en Reforma, familiares y personas cercanas a los 43 estudiantes de Ayotzinapa se reunieron en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para la celebración de una misa.

El abogado de los padres y madres de los 43 desaparecidos,Vidulfo Rosales, fijó postura por la carta que publicó el Gobierno federal, a la que calificó de importante, pero sin contenido que ayude a avanzar en la búsqueda de los jóvenes normalistas.

El texto que difundió el Gobierno de México destaca cuatro puntos. El primero de ellos indica que se presentaron documentos solicitados por los padres, con el fin de seguir los procesos de búsqueda. que se entregaron las grabaciones relacionadas al caso, las cuales fueron proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos.

No se ocultara nada del caso Ayotzinapa: AMLO

Por la mañana de este 26 de septiembre, el presidente López Obrador defendió las acciones de su gobierno respecto a las investigaciones que ha realizado su gobierno.

«Estamos haciendo una investigación a fondo, seria, vamos avanzando. Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas, y de implantar, imponer lo que se llamó ‘pacto de silencio'», dijo sobre el trabajo tanto de la Fiscalía Especializada como de la Comisión de la Verdad.

Un día antes, Vidulfo Rosales, uno de los abogados que asesora a las madres y padres de los 43 había calificado los avances de este gobierno como una nueva versión de la llamada «Verdad Histórica» publicada por el gobierno de Peña Nieto.

Los comentarios del abogado se dieron después de una reunión sostenida entre madres y padres de los 43 con autoridades del gobierno, entre ellos, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; la de Seguridad, Rosa Icela Rodriguez y el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas. En esa reunión, las madres y padres esperaban recibir unos documentos que, aseguran, estaban siendo ocultos por el Ejército.

«Tenemos diferencias», dijo el presidente. «Ellos insisten que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer».

Después, López Obrador anunció la publicación de un nuevo informe que ya se había hecho llegar a las madres y padres, pero que habían rechazado porque no incluía la información que demandaban.

«Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe. Porque me entregaron un escrito pidiéndome información, sobre todo de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado y pedí al secretario de la Defensa un informe detallado que me entregó y ellos no quisieron recibir ese informe ayer», comentó el presidente la respecto.

En el informe se da cuenta de la cantidad de información que se ha puesto a disposición de los órganos de investigación del caso. En total 15 instituciones del gobierno han entregado informes equivalentes a 41 mil 297 fojas, de las cuales 17 mil 061 fueron entregadas por la Secretaría de la Defensa, la institución que más información ha aportado.

Se puede encontrar a los estudiantes

El presidente aseguró que seguirán los trabajos de investigación para encontrar a los jóvenes desaparecidos. Sobre los documentos solicitados por las madres y los padres, el presidente explicó que se están buscando, por lo que no descarta su entrega.

«Me acababan de dar ese documento al que hacen referencia ustedes, en donde un testigo o un participante en los hechos habla de que ellos se ocuparon de 17 jóvenes o algo así. Ahí está el documento. Y entonces me lo entregó a mí el general secretario y entonces, para que no quedara ninguna duda, yo se lo entregué a los padres y a los abogados. Generó hasta cierta molestia entre los abogados y asesores porque es muy fuerte la transcripción. Ahora lo que quieren es la grabación, y resulta que el documento aparece en los archivos, pero no hay grabación. Eso es lo que hay que ver, y estamos investigando, pero existe el documento. Lo que tenemos no lo podemos, ni debemos ocultar; sin embargo, es: a ver, ¿a dónde está la grabación? Pues se está buscando», comentó al respecto.

Según dijo, si se logra que los militares detenidos y los que enfrentan procesos en libertad cooperen con las investigaciones, más la información con la que ya se tiene, se podría encontrar a los estudiantes.

«Ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos, y la información que ya se tiene y la que podemos obtener en estos tiempos nos pueden conducir a eso».

Un juicio politizado

El 25 de septiembre, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), anunciaron que desde la Secretaría de la Defensa Nacional se estaba pidiendo su comparecencia a un juicio que sostienen los militares detenidos por el caso a quienes ellos señalaron. La solicitud de comparecencia incluye a Ángela y Carlos, así como al exfiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y al subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, que encabeza la Comisión para La Verdad en este caso.

«Ese es un asunto de los abogados, es un asunto que tiene que ver con los juicios», dijo el presidente al ser cuestionado al respecto.

«Hay diferencias al interior, porque es normal, y se expresaron cuando me entregó el primer informe Encinas, y di la orden de que se procediera, que se hablara con la Fiscalía para obtener las órdenes de aprehensión y nos dimos cuenta de que quienes estaban manejando todo este asunto, la Fiscalía Especial. Incluso se molestaron hasta los del GIEI», dijo sobre el grupo de expertos.

Criticó que Ángela Buitrago, abogada especialista en derechos humanos parte del GIEI, reprochara que cuando se giraron las ordenes se aprehensión contra varios militares, no se hubieran hecho con un apego total a la ley.

«Llegó a decir una señora en una reunión, en donde les expliqué por qué actuábamos como lo estábamos haciendo, que por qué no habíamos esperado 90 días, le digo: no, señora, si esperamos 90 días no se detiene a nadie. O sea, como que no todos tienen interés verdadero, auténtico, de conocer la verdad; como que hay quienes quieren administrar esta lamentable desgracia».

La versión de Gómez Trejo

Por la mañana, el periodista John Gibler publicó una entrevista con el ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.

En el relato, Gómmez Trejo acusa que el 12 de agosto de 2022 el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, le pidió una ficha de avances en el caso para presentarla ante el presidente López Obrador, el entonces secretario de gobernación, Adán Augusto López, el entonces ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldivar, y el subsecretario Alejandro Encinas.

Gómez Trejo acusa que esa información se usó para dinamitar el caso Ayotzinapa desde las estructuras del Estado.

La causa de todo deriva de una filtración de una serie de mensajes interceptados por la DEA entre miembros del Ejército y del cartel Guerreros Unidos. Los mensajes fueron leídos por Gómez Trejo, y en ellos se establece una relación entre los militares y los criminales.

Estos son los mensajes que piden las familias de los 43. Los mismos que el presidente López Obrador dijo haber entregado en un documento, pero que el audio original está perdido.

Los mensajes también, acusa el ex titular de la UEILCA en la entrevista, fue el punto de quiebre, y en donde las estructuras del Estado mexicano empezaron a dinamitar la investigación de Ayotzinapa.

Un hecho demuestra esto: el acelerado proceso contra Jesús Murillo Karam, y la premura apor girar las órdenes de aprehensión contra algunos militares implicados en el caso.

AMLO critica al GIEI, Vicente Fox y Morales Lechuga

El presidente López Obrador ligó sus críticas al GIEI con un par de menciones que hicieron políticos ligados a la derecha, como el expresidente Vicente Fox, o el exprocurador en tiempos de Salinas, Ignacio Morales Lechuga, que retomaron un debate entre el presidente Obrador y el periodista de Rompeviento, Ernesto Ledesma.

«Antes de Ayotzinapa ya habíamos pasado por dos elecciones y las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos llamaban a no votar por nosotros. Si nosotros hubiésemos estado desde el 88, desde el 2006, nada de eso hubiese sucedido», dijo el mandatario.

«Dicen que Ledesma ya me lo había advertido (el tema de seguridad en Chiapas) pero que yo no aceptaba. Pues claro que no acepto, y sigo sin aceptar. (…) Porque sí hay muchos que, de buena fe, defensores auténticos de derechos humanos, no con la carga ideológica, sin proponérselo ayudan a los más siniestros del conservadurismo», señaló.