El descarrilamiento de las investigaciones sobre los 43 desaparecidos en Iguala muestra que Ejército, Marina e Inteligencia siguen estando más allá de la autoridad presidencial. ¿Estamos ante un inminente cierre en falso del caso?

Por Témoris Grecko / @temoris

En el caso Ayotzinapa, tres entidades del Poder Ejecutivo mexicano se han impuesto sobre quien lo encabeza, ratificando un arreglo no escrito y paralegal vigente en México desde 1946, cuando llegaron los gobiernos civiles. Ni siquiera el presidente con más popularidad en el país desde esa fecha, que además controla a través de su coalición el Poder Legislativo y la mayoría de las gubernaturas estatales, logró someter plenamemente a su autoridad a los militares y al órgano de inteligencia federal.

Esto no quiere decir que los generales y los espías sean los que mandan por encima de los civiles, como algunos temen.

Sino que se mandan solos. Lo que se pone en evidencia es que, a pesar del gran escándalo de su involucramiento directo en la conformación de un imperio criminal en el estado de Guerrero; en los ataques que condujeron a la desaparición de los 43 estudiantes y los asesinatos de otras seis personas (más un joven que dejaron en estado vegetal); así como en el enorme montaje de una falsa investigación de estos hechos, ellos mantienen grandes esferas anticonstitucionales de poder, que están logrando proteger con daños menores, ratificando que no importa quiénes sean mandatados por el electorado para tomar las decisiones sobre sus actividades, pues con priístas, panistas o morenistas ellos retienen márgenes de autonomía, privilegios e impunidad.

En las fauces del lobo

Como consecuencia de su compromiso personal para resolver el caso Ayotzinapa, que como presidente electo asumió frente a las madres y los padres de los desaparecidos el 26 de septiembre de 2018 -hace ya cinco años-, Andrés Manuel López Obrador estableció tres instrumentos de investigación: el judicial (Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, UEILCA), que era el más importante porque produciría efectos concretos en forma de sentencias condenatorias y medidas de reparación del daño; el de verdad y memoria, a través de un grupo del Poder Ejecutivo, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ), encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; y, en convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, OEA), una instancia internacional de coadyuvancia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El proceso avanzó con lentitud de 2019 a 2022, porque en primer lugar tuvo que enfrentar la falsificación del gobierno anterior (con el uso de tortura sistemática y generalizada, la fabricación, manipulación y destrucción de evidencias) más el envejecimiento mismo del caso.

En el caso de la UEILCA, además, el fiscal especial recién nombrado, Omar Gómez Trejo, se vio en la incómoda situación de que era un personaje externo a la Fiscalía General de la República que llegaba a investigar crímenes cometidos por personal de la FGR, y que tenía que hacerlo… con personal de la FGR. Nunca terminó de sufrir sabotajes internos, pero en el principio fueron mucho más graves. Y descarados, cometidos por subalternos que exhibían su impunidad. Tardó mucho tiempo en reemplazarlos por un equipo nuevo, con personas capaces que sabían que luchaban contra el lobo… dentro de las fauces del lobo.

Como me dijo una de sus integrantes: es como si en el piso que ocupamos en el edificio de la FGR, estamos empujando hacia un lado, y en todos los demás pisos empujan en sentido contrario.

Descarrilamiento de la Fiscalía Especial

Hacia el verano de 2022, ya había resultados tangibles, en forma de hallazgos de restos de dos normalistas (para sumar tres, con el irregularmente localizado en 2014) y la concesión de numerosas órdenes de aprehensión, incluidas 20 de militares.

Pero esto se logró a base de generar presión para vencer fuertes resistencias del Ejército, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes llamado CISEN). Por ejemplo, fue en ese año, 2022, que la Marina entregó videos aéreos que revelan la incursión irregular, que no fue documentada como era su obligación legal, de su personal en uno de los escenarios falsificados del crimen, el basurero donde se quiso hacer creer que habían incinerado a los 43 estudiantes. Retuvo el material por ocho años.

En aquel septiembre, el fiscal general Alejandro Gertz Manero aprovechó que los miembros de la fiscalía especial estaban en Israel, tratando de lograr la extradición de Tomás Zerón de Lucio, para golpear a la UEILCA al tomar el control de las judicializaciones: apresuró la de Jesús Murillo Karam, que no estaba lista, y canceló 21 órdenes de aprehensión, incluidas 16 de militares. Sin justificar: no se dio ninguna base legal. Días después, AMLO asumió la responsabilidad, “querían provocar una rebelión en el Ejército”, al revelar que él mismo le había pedido esas acciones a Gertz Manero (en violación de la autonomía de la FGR).

El fiscal Gómez Trejo tuvo que renunciar y salir del país, para protegerse de amenazas. Fue designado un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, que desconocía este enorme y complejísimo caso, cuya experiencia en investigación y litigación era escasa, y que no había sido consultado con las madres y los padres. Gómez Piedra pudo haberse apoyado en el equipo tan arduamente formado por su antecesor, que sí conocía el caso, pero lo reemplazó con su gente. A los familiares de los desaparecidos, que le negaron su confianza, les fue ignorada la solicitud de consensar un nuevo fiscal. Diez meses más tarde, el juez volvió a emitir 17 de las 21 órdenes de aprehensión canceladas.

Pero el daño estaba hecho y a un año del descarrilamiento de la UEILCA, sus actividades se encuentran estancadas.

Además, personas que conocen el trabajo que está haciendo Gómez Piedra afirman que su tarea es cerrar pronto el caso.

Fin del GIEI y neutralización de la Covaj

El golpe contra la fiscalía especial provocó una ruptura en el GIEI. Sus cuatro integrantes discutieron qué se podía hacer ante un Ejército, una Marina y un CNI que se negaban a cumplir las órdenes presidenciales de entregar toda la información. Además, ahora el presidente acusaba sin nombrar al fiscal especial anterior de buscar rebeliones militares, y no aportaba ni una evidencia. Era una difamación gravísima.

Dos integrantes decidieron retirarse, por pérdida de confianza en el presidente y por falta de condiciones para hacer su trabajo. Otros dos decidieron hacer un último esfuerzo. Las cosas no cambiaron y finalmente se marcharon en julio de 2023, tras publicar un último informe, el sexto.

Con la desaparición del GIEI y el descarrilamiento de la fiscalía especial, solo quedaría la COVAJ de Encinas. Pero su trabajo quedó impactado por un error propio -darle importancia a supuestas evidencias que no podían ser verificadas ni validadas- y porque, dentro del gobierno federal, Encinas fue aislado. Una serie de errores que cometió, para responder a la presión presidencial que exigía resultados, lo llevaron a revelar información con desorden y sobre todo, a presentar un delicado informe, con una controversial versión de los hechos, sin haberlo compartido antes con las madres y los padres. Estos reaccionaron pidiéndole no hacer más informes.

Asumido como enemigo interno por el Ejército, la Marina y el CNI; aislado e incluso descalificado implícitamente por AMLO, Encinas se ha convertido en un convidado de piedra.

Con el Ejército hemos topado

El Ejército ha hecho un uso ilegal de sistemas de espionaje -como el famoso Pegasus- contra periodistas, defensores de derechos humanos e investigadores que han expuesto sus crímenes, muchos de ellos ligados al caso Ayotzinapa. El presidente primero negó que su gobierno tuviera este tipo de instrumentos y después justificó su uso, acudiendo de nuevo a la difamación, al sugerir que las personas espiadas desarollaban actividades criminales.

El Ejército cometió la pifia monumental de no proteger sus sistemas de comunicación, lo que permitió un hackeo masivo, realizado por un grupo torpe, irresponsable e incapaz de manejar adecuadamente la información que robó y que expone a personas, datos delicados y procedimientos confidenciales. En público, en lugar de exigirle responsabilidades a los militares, el presidente inventó una historia de conspiraciones del Pentágono estadounidense, sin explicar cómo lo sabe, para exculpar a los militares (ese hackeo reveló seguimientos sobre personas -como yo- y grupos ligados al caso Ayotzinapa).

El Ejército, la Marina y el CNI se han rehusado a entregar documentación que se sabe que existe, porque está referenciada en otros documentos, porque forma parte de registros numerados, porque está en secuencias de investigación parcialmente conocidas, etcétera. Han tratado de negar la existencia de un Centro Militar de Inteligencia, que sin embargo, produce documentos, algunos ya bajo dominio público; y han intentado crear confusión sobre un Centro Regional de Fusión de Inteligencia que actuaba en Guerrero. Pero el presidente asegura que ya han entregado absolutamente toda la información en su poder.

¿Cómo lo sabe? ¿Envió a alguien de su confianzar a investigar?

No. Los que no entregan esa información le dijeron que ya la entregaron toda.

El presidente ha escogido creerles a plenitud. Defenderlos a capa y espada. Y volver a difamar, siempre incontenible: son “seudodefensores de derechos humanos” que “medran con la tragedia y cobran en dólares” y están aliados con organismos internacionales como la ONU (es decir, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH) y la OEA (es decir, el GIEI, sobre el que acostumbra obviar que tuvo que marcharse por el bloqueo militar: “ellos se fueron, no les pedimos que se fueran”), dijo el 20 de septiembre.

Y el día 21, otra vez se lanzó contra el antiguo fiscal especial y su equipo, poniendo además a Gertz Manero como víctima que tuvo que trabajar de más: “Renunciaron ministerios públicos. Terminó haciendo el trabajo de formulación de escritos para órdenes de aprehensión el fiscal general Gertz Manero. Ahí nos dimos cuenta de que había gente adentro que no quería que llegáramos a conocer la verdad”.

¿Ahí se dio cuenta? El sabotaje interno en la FGR nunca dejó de actuar contra quienes sí intentaron llegar al fondo, hasta que tuvo éxito.

Tríada autónoma

Jesús Murillo Karam y varios exfuncionarios están presos y bajo proceso, incluidos varios militares. Gracias al trabajo de nadie más que el equipo anterior de la UEILCA. AMLO lo utiliza como su gran coartada: “¿Dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como éste?¿En qué país?”

No tiene caso discutir cifras. Probablemente en Argentina o Chile haya más. El problema no es que este gobierno no haya tratado de cumplir la promesa presidencial.

Sí lo intentó. Sí avanzó. Sí produjo algunos resultados.

Pero, cuando parece que quieren cerrar el caso para no heredarlo a la siguiente administración, para que no parezca que López Obrador no cumplió, lo evidente es que no cumplió a cabalidad. Solo parcialmente.

Y en un crimen como este, parcialmente está muy, muy lejos de ser suficiente, como lo reclaman a gritos las madres y los padres que en este instante, mientras escribo, mantienen un plantón de protesta frente al Campo Militar Número 1.

“Fue el Ejército de AMLO”, dice una de sus mantas.

La denuncia está errada. El Ejército no es de AMLO. En el siglo XX fue el ejército del PRI, a cambio de que los civiles priístas respetaran sus privilegios. Ya no del PAN, pero se aseguraron el mismo trato. Hoy es el Ejército de nadie más que de su cúpula. Que, como la Marina, mantiene intactas sus esferas de poder, influencia e impunidad.

Lo mismo que el órgano de inteligencia, que en teoría depende de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero se manda solo. Aunque le cambiaron nombre y director, la estructura, el personal y los vicios son los mismos del CISEN. Como sus mandos… que llegaron a ese lugar, por cierto, con Genaro García Luna.

El ejemplo principal es Ignacio Mendoza Gandaria, un torturador en masa sobre el que pesa una orden de aprehensión que nadie ejecuta. En la historia de México, fue el primer agente de inteligencia judicializado (por la UEILCA anterior). Nadie se metía con ellos hasta que el equipo del exfiscal especial y un juez tuvieron ese valor. Pero, denuncia el GIEI, además de estar prófugo, sigue despachando en la posición que ha tenido por décadas: director de Operaciones.

Además, cuatro años y medio después de que AMLO ordenó transferir al Archivo General de la Nación “la totalidad de los documentos históricos que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas”, el CISEN no ha cumplido, según denunció la otra comisión de la verdad, la de la guerra sucia, que tampoco puede hacer su trabajo por las mismas causas: bloqueo de militares y espías.

Ya sabíamos que Ejército y Marina tenían autonomía ante el Ejecutivo. Ahora constatamos que el CNI también. Y juntos, se impusieron sobre el presidente. Al que convirtieron, además, en su defensor de oficio.