Cinco años después del asesinato de Berta Cáceres, su caso podría alcanzar un pequeño hito con la sentencia a uno de sus agresores. A la par, el Banco Holandés de Desarrollo canceló un préstamo por 60 millones de dólares a la empresa contra la que luchó. Pero en Honduras –como en toda la región– continúan las condiciones estructurales que animaron su asesinato

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Archivo/Chiapas Paralelo.

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos meses la justicia avanzó dos pasos en el caso de Berta Cáceres, la activista hondureña que por años defendió el río Gualcarque contra la empresa Agua Zarca. Esta buscaba hacer una presa, sentenciando con ello a los pueblos lencas del Río Blanco a una extinción forzada. 

Sin embargo, estas pequeñas muestras de justicia están lejos de traer paz a los defensores de la tierra que en este rincón de Centroamérica, así como en otros territorios del mundo, son amenazados por proyectos industriales de desarrollo.

“Seguimos luchando. En parte porque se quiere que haya justicia en el caso de mi mami, pero el verdadero desafío es el reconocimiento al derecho significativo de los pueblos indígenas. Los conflictos están agudizados; tenemos las desapariciones de activistas garífunas –defensores de la tierra del norte de Honduras, de ascendencia afro–;  todos los territorios indígenas están siendo asediados”, dice Bertha Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres en una entrevista telefónica. 

Cortar el financiamiento

Este viernes 21 de mayo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras, la organización que Berta dirigió en vida y desde la que encabezó la defensa del pueblo Lenca informó que el Banco de Desarrollo Holandés, o FMO por sus siglas, no otorgaría un crédito de 60 millones de dólares al banco Ficohsa. 

Ficohsa es un banco de inversión en Honduras en manos de la familia Atala, una de las que han concentrado el poder económico del país. Entre sus muchas inversiones se encuentra la que realizó a la empresa Agua Zarca, propiedad de la misma familia, y que quería construir una presa en el río Gualcarque

“Estos dineros que vienen de países desarrollados y se sostienen con fondos del pueblo del mundo, o del fondo de desarrollo holandés, se dice que son para financiar el desarrollo. Ojalá que así fuera, pero dan muestra que no; más bien financian financian a los generadores del subdesarrollo de nuestros pueblos a través del sistema financiero”. Así condenó Bertha Zuñiga en una conferencia de prensa previa. 

Más tarde, en la entrevista, detalló: antes de ser asesinada, su madre, planeaba un viaje a Europa, a Noruega, Holanda y Alemania, para demandar a las instituciones financieras de esos países que detuvieran las inversiones en proyectos que significaban el despojo y la muerte para miles de personas indígenas en Honduras. 

“Desde que se inició la lucha, una de las metas en el ámbito internacional era que se determinaran las denuncias de actores internacionales, como la evidente responsabilidad de los financiadores internacionales en la violencia que sufrimos”.

El camino de la justicia penal

Además de la noticia sobre el préstamo cancelado, Bertha Zuñiga adelanta que probablemente en un mes se delibere el caso en contra de David Castillo, quien fungió como gerente de la empresa Agua Zarca en el momento del asesinato de Berta Cáceres.

“El día de hoy debe terminar una de las pericias sobre las comunicaciones que sostuvieron los directivos de la empresa durante esos días –explica Bertha– con esta pericia cierra el proceso del Ministerio Público y luego la defensa del señor Castillo presentaría una defensa , por lo que a principios o mediados de junio podríamos tener el fallo en el que muy probablemente sea culpable”

Este fallo sería el puente para poder juzgar a los miembros de la familia Atala, sin embargo, la actual coordinadora del Copinh, duda de que este proceso se vaya a llevar a cabo, por la falta de voluntad política en el caso. 

“Daniel Atala es un muchacho bastante joven, hijo de Jacobo Atala –uno de los hermanos empresarios de la familia– A él le encomendaron el tema de la presa para empezar a desarrollarse en el mundo empresarial, era el gerente financiero, pero siempre ha tenido comentarios muy racistas, una vez  quiso contratar un sniper (un francotirador) para detener la resistencia en contra de la presa”.

Desde hace unos meses, cuando las hijas de Berta lograron tener acceso a la información del caso del asesinato de su madre, mismo que las autoridades de honduras les habían negado, la aparición de conversaciones telefónicas y de mensajes de texto de celular abrieron nuevas pruebas para vincular la interacción de los Atala con David Castillo respecto al asesinato. 

“La información existe, pero se trata de la voluntad política del Estado. Este caso tenía la oportunidad de determinar al autor intelectual, de alcanzar al responsable, pero no se ha tenido la voluntad. Pareciera que se quiere dar una fachada de justicia, se quiere presentar a él, pero no es la persona que tuvo la determinación. La cuestión es que el gobierno de Honduras está cediendo a la presión externa del estado, aunque sea con una mentira, sí es algo que preocupa a este gobierno, por su poca credibilidad y legitimidad”, condena Bertha. 

La impunidad institucional

A lo largo de estos cinco años, todos los miembros del Copinh se han degastado en denunciar que a pesar de que las autoridades Hondureñas están enjuiciando a varias personas, el tema de la concesión del río, que es un tema estructural, sigue intacto

“Es una concesión para 50 años, y más allá del temor de que esta represa se construya, porque no lo vemos factible pues sería algo muy escandaloso y muy complejo, sí que el mensaje que se manda a las empresas, a los inversores, es que en Honduras se puede hacer cualquier cosa y el Estado nunca va a retroceder en aspectos como el concesionamiento de un río”.