Ecuador sucumbe al terror de las bandas criminales. Ataques armados, coches bomba, asaltos y secuestros en diversas ciudades. El presidente Noboa reconoce un conflicto armado interno y declara como organizaciones terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada. Ecuador es actualmente el cuarto país más violento en América Latina

Texto: Redacción Pie de Página

Fotos: Especiales

QUITO, ECUADOR. – De la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, se supo el domingo 7 de enero. Cuándo y cómo se fugó Fito de la cárcel es un misterio. No se ha revelado cuándo fue el último conteo de presos donde se registró al Capo. El lunes 8 de enero, a las 7 de la mañana, se confirmaba la fuga de Fabricio Colón Pico, otro líder señalado por planear atentados contra Diana Salazar, Fiscal General.

Entre las hazañas del capo se encuentran la grabación de un narcocorrido dentro de la cárcel, emitió mensaje desde la cárcel usando como escolta a un miembro activo de la Policía Nacional, celebró con fuegos artificiales su cumpleaños, y esta última, una fuga cinematográfica. Fito vivía en una celda VIP. Ecuador vivió una noche al estilo de “Ciudad Gótica”.

Se asocia a Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, como aliado del Cartel de Sinaloa. En noviembre de 2021, su hija fue secuestrada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien se atribuyó la demostración de poder. La población civil sobrevive a la guerra entre organizaciones criminales internacionales con capacidad de corromper las esferas institucionales y superar fácilmente la capacidad armamentista.

“No hacer nada”

Tres mil policías buscaban al capo en el CRS8 en Guayas. El silencio del presidente Noboa se prolongó el domingo hasta las 4.23 de la tarde, cuando se dirigió a la nación. Noboa decretó el estado de excepción en Ecuador por conmoción interna: “No vamos a negociar con terroristas”.

Noboa fue electo en octubre de 2023 y gobierna con un 70 por ciento de aprobación según encuestadoras locales.

A las 7.52 de la tarde, la Fiscalía confirmó que Fito estaba desaparecido de “la Penitenciaría del Litoral”. Al respecto, la periodista exiliada Karol Noroña, señaló la imprecisión: “Alias Fito cumplía su condena en la cárcel regional (donde se hizo el operativo), no en el CRS de Varones 1, conocido como Penitenciaría”.

En la provincia de Esmeraldas, lanzan un taco de dinamita en el destacamento de la Policía Nacional. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Consepe) se reúne en Guayas, y entre sus resoluciones, el Comandante General de la Policía, César Zapata, confirma que Fito “no se encontraba en el área donde debía estar”.

Datos imprecisos y comunicados tardíos daban espacio al posicionamiento de la narrativa de terror donde las mafias controlan las cárceles. Al siguiente día, Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, se refirió a la crisis de seguridad y la fuga de Fito: «La mejor decisión que podría haber tomado el Estado es no hacer nada«. Izurieta atribuyó la fuga a “infiltraciones” de información que estarían dándose al más alto nivel.

Se registraron disturbios en seis cárceles: en la provincia del Oro fueron retenidos 18 guías penitenciarios y en Loja, 10 personas; en Cotopaxi y Chimborazo hubo enfrentamientos entre personas privadas de la libertad y personal de control; en Azuay, los presos subieron a los techos y destruyeron cámaras de vigilancia, informó el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

Incursión en vivo de grupo armado en televisión

Alrededor de las 2 de la tarde, grupos armados ingresaron a las instalaciones de Gamavisión y TC Televisión. Se escucharon gritos y disparos para someter al personal. “Nosotros estábamos a los lados del estudio, rompieron todos los vidrios y tuvimos que encerrarnos en la oficina, apagar la luz y poner los muebles de tranca y sostenerlos», explicó un trabajador de TC televisión.

TC televisión se encontraba transmitiendo el noticiero en vivo cuando un grupo armado ingresó al estudio y tomó como rehenes a periodistas y trabajadores. Se observa cómo apuntan con armas al rastro y colocan un taco de dinamita en el bolsillo del saco del presentador Jorge Rendón. Los criminales usaron a los periodistas como escudos humanos.

Las bandas criminales querían infundir miedo en la población y el mensaje fue entregado con efectividad. Hasta el momento, la policía detuvo a 13 implicados en este ataque. Periodistas se han manifestado en rechazo de lo que consideran “un golpe a la prensa y a la sociedad ecuatoriana”. En 2023, nueve periodistas han debido exiliarse de Ecuador ante la amenaza del crimen organizado.

Al cierre del 9 de enero, el reporte de incidentes por la conmoción social en Guayaquil registró: 29 edificaciones violentadas; 8 fallecidos; 3 heridos; una UPC atacada; vehículos y motos incinerados; 14 detenidos.

Conflicto armado interno

El domingo 7 de enero, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi, presentaba en sus redes sociales la muñeca tipo Barbie con su nombre. El país se desangra y hay quienes se mantienen desconectados de la tragedia que sacude a comunidades como en Daule o Esmeraldas. Ecuador pasó de ser una “isla de paz” entre los productores de coca a ser el cuarto país más violento en América Latina.

La tasa de muertes violentas es de más de 40 por cada 100 mil habitantes, según fuentes policiales. En 2023, se registraron 7 mil 592 muertes violentas, una cifra que casi suplica a las 4 mil 426 registradas en 2022. En Ecuador, cada 69 minutos fallece una persona en el contexto de violencia criminal.

A las 3 de la tarde del 9 de enero, el presidente Daniel Noboa emitió un nuevo decreto donde reconoció un conflicto armado interno y declaró como organizaciones terroristas a 22  grupos de delincuencia organizada: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones.

El reconocimiento de un conflicto armado interno en el país facultó a 47 mil militares a emplear armamento y munición letal. Actualmente, la legislación ecuatoriana ampara a los efectivos bajo la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza desde agosto de 2022.

La Asamblea Nacional en rueda de prensa, ofreció otorgar amnistías e indultos para policías y militares que sean procesados “que den de baja a los criminales”.

Quito en alerta

En 2023, el Municipio de Quito invirtió 14 millones de dólares para equipar a los bomberos y apoyar a la Policía Nacional bajo competencia del gobierno central para lograr que mil 262 policías vuelvan a los barrios donde se rehabilitaron 108 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) abandonadas.

A primera hora, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, exigió al gobierno nacional el resguardo militar y la protección de la infraestructura de la ciudad. Al mismo tiempo, reiteró su compromiso al diálogo y la concertación nacional.

Varias cadenas de whatsapp y videos en redes sociales desataron la histeria colectiva.  La delincuencia común aprovechó las circunstancias para asaltar y saquear.

Se suspendieron clases hasta el viernes, se cerraron algunos centros comerciales y tiendas por iniciativa privada, y la población hizo compras de pánico. Ante esta situación, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz informó: “Todos los servicios de transporte municipal funcionan con normalidad, aunque hay mucha más demanda”.

Muchos ciudadanos empezaron a salir de colegios y sitios de trabajo y eso provocó aumento de tráfico. Más de 600 agentes de tránsito gestionaron la movilidad de la capital. Las redes informativas dieron continuamente datos sobre la gestión de la ciudad pues también de manera maliciosa, se difundieron rumores.

Un supuesto ataque en el reciente inaugurado Metro de Quito se desmintió cuando se utilizó la imagen de un simulacro antiterrorista de agosto 2023. 

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases presenciales en centros educativos, el Ministerio de Deportes también canceló eventos de concentración masiva y varias instituciones públicas se plegaron al teletrabajo.

La derrota institucional de un país llamado Ecuador

La seguridad interna y externa es competencia de la Función Ejecutiva del Estado Ecuatoriano, dirigido por el Presidente de la República que prometió en campaña implementar el Plan Fénix, del cual, a la fecha, no se conoce una hoja de ruta.

Al iniciar el año, el presidente Noboa presentó su propuesta de consulta popular el 3 de enero. Con 36 años, es el mandatario más joven del Ecuador y heredero del grupo empresarial Noboa. Anunció hace poco la construcción de dos prisiones de máxima seguridad, como las que edificó Nayib Bukele en El Salvador. Para reducir la población carcelaria, expulsará a mil 500 reclusos originarios de Colombia, Perú y Venezuela.

La consulta popular es criticada por sus detractores políticos y sus aliados en la Asamblea Nacional, donde se aprobaron la Ley Económica Urgente y se discute la Ley Energética.

Sin embargo, otros temas se juegan. Esta semana se debate en la Asamblea el TLC con China y la firma de convenio con EEUU. Los detractores políticos, especialmente en la sociedad civil, ubican el origen de la violencia en la aplicación de las políticas neoliberales que han destruido y debilitado la institucionalidad estatal.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie se pronunció:

“Hermanos ecuatorianos/as, frente al crimen y la violencia desmedida llamamos a los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales a fortalecer los niveles de organización social para defender la vida. ¡Es fundamental la unidad nacional por el futuro de nuestro Ecuador!“.

El 6 de octubre de 2023, el expresidente Lasso firmó con Estados Unidos el acuerdo para autorizar la presencia de tropas militares y personal del Departamento de Defensa. Luis Córdova, docente e investigador de la Universidad Central del Ecuador advierte:

“Al personal militar, civil y contratistas del Pentágono les concede los mismos privilegios, exenciones e inmunidades que al personal diplomático y cede jurisdicción penal para juzgar las infracciones cometidas por el «personal de los EEUU y sus contratistas» en territorio ecuatoriano”.

Ecuador exime al personal de los EEUU y sus contratistas de pagar todo tipo de tributos (exención tributaria + subsidio). Incluso, les permite «importar y exportar cualquier bien personal, equipo, suministro, pertrechos, tecnología, entrenamiento o servicios…», continúa el análisis de Córdova.

En toda guerra se requiere una alta inversión de capital para compra de armamento. ¿A quiénes pagará el Estado por armas y asesoría en la guerra contra el narcotráfico?

Desde Argentina, la ministra Patricia Bullrich se refirió a la situación de Ecuador y dijo que pondría a disposición a las Fuerzas de Seguridad Argentinas para combatir el narcoterrorismo: «Esto es un tema continental, lo que pasa en Ecuador influye en la Argentina. Tenemos que protegernos».

Se denunció, además, el empleo de armamento peruano por parte de los ataques registrados recientemente. ¿Quién investiga y transparenta las rutas del tráfico de armas?

México conoce bien el precio de la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico: entre 2006 y 2022 se registraron 218 mil 885 personas desaparecidas, o no localizadas, denuncias de abuso de poder por parte de las fuerzas del orden, aparición de grupos de autodefensa y una continua sensación de injusticia.

Este puede ser el preámbulo de una crisis humanitaria.