A siete días, hay pocos avances en el diálogo con las mujeres que tomaron de forma pacífica el Congreso de Puebla para exigir entre otras cosas la interrupción legal del embarazo. Las jóvenes señalan al presidente del Congreso, el morenista Gabriel Biestro, de lanzar estrategia dilatoria para no atender sus demandas

Texto: Mely Arellano

Fotos: Olga Valeria Hernández y Marlene Martínez 

PUEBLA.- Este lunes se cumplen siete días de la toma pacífica del Congreso del estado. Un grupo de jóvenes feministas ocupa desde el 24 de noviembre el salón de Protocolos y otro acampa afuera, a media calle de la catedral poblana.

Sus demandas incluyen cosas tan concretas como la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y tan complicadas como erradicar la violencia de género en las escuelas.

¿Cuántas son exactamente? No lo dicen. Quizás una decena dentro y otra afuera. La mayoría es de la colectiva Cuatlicue Siempre Viva y Coordinadora Feminista Puebla, pero se han sumado otras y cuentan con el respaldo de más de cien organizaciones y 600 activistas de todo el país.

Esta es la primera vez que alguien toma el Congreso local. Sin saberlo, estas mujeres pasarán por ello a la historia: feministas de entre 20 y 26 años. 

La toma

El plan comenzó a tejerse hace varios meses, pero vino la pandemia. Fue la coyuntura por la aprobación del matrimonio igualitario, las iniciativas presentadas para despenalizar el aborto y que se acercaba el 25 de noviembre —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer— lo que reactivó la idea.

Seis días antes de la toma, con pretexto de dejar unos oficios, entraron al Congreso, midieron el terreno, conocieron la disposición de las oficinas y las medidas de seguridad. 

El 24 de noviembre, alrededor de las cuatro de la tarde, entró un primer grupo y unos minutos después el segundo, ambos con el mismo pretexto: dejar oficios. 

Estando todas adentro, una de ellas fingió un desmayo, eso movilizó al personal de seguridad y fue el distractor para que ingresara un tercer grupo. En cuanto los tres grupos se juntaron, anunciaron la toma, extendieron una manta en el barandal de la zona donde están las oficinas de las diputadas y diputados, y se encadenaron. 

Afuera otras jóvenes colgaron dos mantas, decían: “nosotras parimos, nosotras decidimos” y “aborto legal ya”, flanquedas por dos banderas que identifican a la población trans, porque entre sus demandas está la aprobación de la identidad sexogenérica, también conocida como Ley Agnes.

De manera paralela, a cuatro calles de ahí, otro pequeño grupo entraba a Radio BUAP, la estación universitaria ubicada en el Edificio Carolino. 

La cabina estaba entrecerrada así que entraron con facilidad. La persona que estaba en ese momento al micrófono salió, y entonces las jóvenes se encerraron mientras una de ellas se apoderaba de los controles; en cuanto les dio la señal, anunciaron la toma pacífica.   

Estuvieron al aire alrededor de una hora, leyendo su pliego petitorio y explicando las razones de sus actos, mientras personal de seguridad las presionaba para salir y tocaba la puerta de la cabina. Finalmente abandonaron los micrófonos y el edificio pacíficamente para alcanzar a sus compañeras en el Congreso.  

Congreso cerrado

La primera en aparecer en el Congreso fue la diputada de Morena, Estefanía Rodríguez, quien se enteró de la toma a través de Radio BUAP, y les ofreció diálogo de inmediato. Eran cerca de las 6 de la tarde. 

Estefanía Rodríguez Sandoval es una de las diputadas más jóvenes de la actual Legislatura, tiene 28 años, y hace tan sólo unas semanas presentó una iniciativa para incluir el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en la Ley Estatal de Salud; además, preside la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. 

Pero desde el inicio las jóvenes advirtieron que sólo concluirían la toma si se instalaba una mesa de diálogo con el gobernador, Miguel Barbosa; el presidente del Congreso, Gabriel Biestro; la presidenta municipal, Claudia Rivera; representantes de universidades públicas y privadas; de la Fiscalía General del Estado, y autoridades de la SEP estatal. Así que el ofrecimiento de la diputada hizo agua en poco tiempo.

A las 7 de la tarde llegó Liza Aceves, secretaria general del Ayuntamiento de Puebla, y 35 minutos después la presidenta municipal Claudia Rivera, a quien le pidieron que abiertamente se declarara a favor del aborto. Ella dijo lo que ya ha dicho antes, que está a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. 

Hay que entender la diferencia: una persona puede estar a favor de que las mujeres decidan, pero no necesariamente a favor del aborto. Es decir, reconocer y garantizar ese derecho para todas, no significa que todas quieran o deban abortar, lo hará la que así lo decida de manera voluntaria.

Y justo cuando Claudia Rivera se dirigía a las manifestantes, desde el balcón del salón de Protocolos, Estefanía Rodríguez la interrumpió para denunciar que, por indicaciones de su correligionario Gabriel Biestro, personal de seguridad no permitía la salida ni la entrada a nadie al Congreso.       

En efecto, aun cuando minutos antes el director de Atención Ciudadana del Congreso, Alejandro Hernández, le había garantizado a Liza Aceves que la presidenta podría entrar para hablar con las jóvenes, eso ya no ocurrió, a pesar de que la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género del Ayuntamiento, Catalina Pérez Osorio, también presente en ese momento, tocó varias veces la puerta.

A Estefanía Rodríguez, quien permaneció en el Congreso hasta poco después de las 3 de la mañana, el apoyo a las jóvenes le costó caro: Biestro la acusó de mentir y manipular a las manifestantes, y le reprochó que no supiera que ese —la ILE— no es un tema de la agenda de la 4T. Al día siguiente su correligionaria, la diputada Tonatzin Fernández, la sacó del chat de WhatsApp de la coalición Juntos Haremos Historia. Y, como en la secundaria, le aplicaron la “ley del hielo”. 

La trampa

Desde el principio, las manifestantes advirtieron que la toma pacífica se daba luego de agotar la vía institucional, esto es, la presentación de una iniciativa para la ILE desde octubre del año pasado, reuniones con diputados y diputadas y movilizaciones en el espacio público. 

El diálogo que pedían llegó después de más de 18 horas de haberlo propuesto, cuando Gabriel Biestro y las diputadas Vianey García Romero, Mónica Lara Chávez, Tonantzin Fernández, Paola Ruiz García y Guadalupe Tlaque Cuazitl accedieron sentarse con ellas, aunque luego, en el boletín oficial del Congreso, contaron la historia al revés: que tuvieron que convencer a las jóvenes para hablar.

En ese primer acercamiento las diputadas dijeron “que todo lo del pliego ya estaba legislado o en vías de (legislarse)”. 

Al respecto, en entrevista para LADO B, las feministas refutan: “Para nosotras es importante decir que las leyes no bastan, es un elemento que se tiene que hacer, pero no es todo el trabajo, porque si ya están, ¿entonces por qué siguen sucediendo este tipo de violencias?”.

El siguiente encuentro ocurrió un día después, aunque tampoco esta vez se inició la mesa de diálogo con los personajes que ellas solicitaron; es más, el gobernador Miguel Barbosa, aunque se dio por enterado del asunto, lo dejó en manos del Congreso, aun cuando entre sus demandas está un tema que sí le atañe: conocer el avance de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), decretada en Puebla en abril del 2019. El último reporte público disponible es de octubre del año pasado.

Desde prácticamente el inicio de su administración, Barbosa ha revelado su poca voluntad para que avance la despenalización del aborto, pues considera que es un tema que polariza a la población.

El ofrecimiento que llevó Gabriel Biestro al segundo encuentro fue discutir la ILE en parlamento abierto a partir de enero 2021, para que se presente en comisiones y llegue al pleno, en un periodo extraordinario, en abril. 

Al respecto, tanto Estefanía Rodríguez como la diputada priista Rocío García Olmedo coincidieron en que se trata de una práctica dilatoria del presidente del Congreso. 

“Es darle largas al tema que no quieren resolver”, opinó García Olmedo, quien durante esta Legislatura presentó dos iniciativas para despenalizar el aborto, una al Código Penal y otra a la Ley de Salud, ambas están en la congeladora.  

La diputada recordó además que el año pasado se hicieron foros —a favor organizado por ella misma y en contra, por la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia—. También se solicitaron opiniones del tema a varias comisiones, entre ellas las de género, de salud, de comisión y procuración de justicia y de la familia. “Ya se hizo un procedimiento, ahora convocan a hacer lo mismo pero le llaman parlamento abierto”.

Para Estefanía Rodríguez la apuesta del presidente del Congreso es desgastar a las jóvenes, y que abandonen la toma. 

La ILE y la Ley Agnes sí se podrían aprobar en estos momentos, como sucedió con el matrimonio igualitario, explicó a LADO B, Rocío García Olmedo, “sólo se requiere de la voluntad política (…) Porque ya está iniciado el proceso legislativo y eso es lo importante, que las iniciativas ya están presentadas y turnadas, lo que se requiere es la voluntad política con el propósito de que rescaten las iniciativas, y solicitar las opiniones a alguna comisiones”. 

Otra opción es que suceda lo mismo que con el matrimonio igualitario, Morena podría hacer a un lado las iniciativas presentadas, presentar una propia, dictaminarla en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y, con su mayoría en el pleno, aprobarla en un procedimiento de tres días, recordó la diputada priista.

El factor electoral

Gabriel Biestro se ha empeñado en repetir que la ILE no forma parte de la agenda de la 4T, sin embargo diputadas y diputados morenistas presentaron en octubre del 2019 una iniciativa en el Congreso de la Unión para despenalizar el aborto en todo el país y garantizar servicios públicos para la interrupción legal del embarazo.

Lo que Biestro no dice es el conflicto que le supone abordar el tema con la época electoral a la vuelta de la esquina, y sus intenciones de ser presidente municipal; de modo que incluso si las manifestantes aceptan la propuesta de parlamento abierto, él ya no estará para garantizar el procedimiento.    

“Hay varios diputados y diputadas, incluido Biestro, que se retirará por el tema electoral”, dijo Rocío García Olmedo, y “en las fechas previstas (del parlamento abierto) estaremos en campaña política, el estado estará inmerso en otra lucha”.

La sospecha

Este domingo, el sexto día de la toma, se realizó una marcha de Paseo Bravo al Congreso, donde hubo un encuentro feminista por varias horas, con música y poesía. Durante esta jornada más jóvenes lograron entrar al Congreso a través de una escalera que les permitió acceder al Salón de Protocolos.

Ahí, reiteraron la autonomía del movimiento y exigieron la aprobación de las iniciativas presentadas el año pasado -las de García Olmedo- sobre la despenalización del aborto. 

Fue una tarde de fiesta, luego de un día de preocupación por el repentino malestar estomacal que tuvieron cuatro jóvenes que comieron alimentos enviados por el diputado Biestro. Y aunque se solicitó un médico, no permitieron el ingreso a nadie. 

Al respecto no hubo información oficial del Congreso, ni de Biestro. Tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) se ha pronunciado; y aunque se solicitó entrevistas al diputado y a la CDH para conocer su versión de todos los hechos, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

(Con información de Aranzazú Ayala).