Seis de once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon que la propuesta de consultar sobre un eventual juicio a los expresidentes de México no viola la Constitución. Muchos, incluido un magistrado de la Corte, juraron que violaba derechos humanos. No es así, dijo la Corte. La consulta se hace en agosto de 2021

Texto: Alberto Nájar

Foto: Especial

Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional hacer una consulta popular para decidir si debe juzgarse o no a los expresidentes de México.

Los ministros analizaron la solicitud presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre ante el Senado de la República.

La propuesta presidencial pretende que los ciudadanos decidan si es pertinente investigar y sancionar los probables delitos cometidos por los anteriores cinco exmandatarios.

Este jueves la SCJN debatió el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien señaló que la consulta podría violar los derechos humanos de los señalados.

Seis de los once ministros que integran el pleno, sin embargo, rechazaron la tesis, pues consideraron que hacer la consulta sólo implica cumplir con el artículo 35 de la Constitución, que establece ese derecho.

Estos ministros son Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Yazmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán.

Los ministros, empero, modificaron la pregunta original que presentó el presidente López Obrador para la consulta. El cuestionamiento original decía: 

“¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

La nueva redacción, que según la Corte otorga un mayor rango de constitucionalidad al proceso, no se refiere específicamente a los expresidentes, cuyos nombres no aparecerían en la pregunta:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” ordenaron los ministros. 

Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Fernando Franco González-Salas, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández dijeron que la consulta es inconstitucional.

El dictamen de la Corte será notificado al Senado en las próximas 24 horas.

La decisión de los ministros fue celebrada por el gobierno de López Obrador. El vocero Jesús Ramírez Cuevas publicó en su cuenta de Twitter:

“Es un paso trascendental para la construcción de una democracia verdadera. Hoy el pueblo de México gana una lucha de décadas, por la que millones lo han entregado todo”.

El debate

El proyecto que se analizó establecía el riesgo de que se rompiera el derecho de presunción de inocencia de los expresidentes, ponía en riesgo el principio de igualdad y dejaba al juicio popular la aplicación de la justicia.

Según el ministro Aguilar la consulta sometía a los políticos a un escrutinio público desigual, porque no se hace lo mismo con el resto de los ciudadanos.

En cambio el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, rechazó que el proceso implique una violación a las garantías individuales de los expresidentes.

De hecho, advirtió el ministro, la consulta “cumple un rol pacificador” en el actual contexto del país.

Es un instrumento de conciencia pacífica de la comunidad, dijo, que previene “sumergirse en conflictos” sociales.

Otros como la ministra Margarita Ríos Fajad cuestionaron el carácter legalista y restrictivo del proyecto de Aguilar, porque anulaba de entrada la posibilidad de ejercer el derecho a la consulta.

Por el contrario, dijo, la tarea de la Corte es garantizar que todas las garantías planteadas en la Constitución se cumplan por completo.

La ministra fue la primera en recordar que la SCJN tenía la facultad de modificar la pregunta para la consulta y darle el cariz legal que fuera necesario, como de hecho ocurrió.

En cambio el ministro Javier Laynez insistió en la aparente contradicción de someter a consulta la obligación del Poder Ejecutivo de cumplir la ley, y promover la investigación y sanciones de posibles delitos. Un argumento polémico, reconoció, pero según él necesario:

“Los jueces constitucionales no somos elegidos para ganar popularidad”.

Al final su planteamiento, como el de otros cuatro magistrados, fue rechazado.

La consulta popular se realizará el primer domingo de agosto de 2021, según una reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados en 2019.