Doce pueblos indígenas de Sinaloa deciden este fin de semana si aceptan o no la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira; los tres que se oponen -Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira- iniciarán asambleas informativas en agosto. En la víspera, trabajadores marcharon en Los Mochis en favor de la planta

Texto: Marcos Vizcarra / Revista Espejo

Fotos: Revista Espejo

SINALOA.- Charay es un pueblo a 52 kilómetros de la bahía de Ohuira, donde se pretende construir una planta para producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco

En este lugar nadie necesita del mar. Tiene siete comunidades indígenas, donde casi todos sus habitantes Mayo-Yoreme se dedican a la pesca en el río Fuerte.

Hay tilapia, camarón, robalo, pargo, tortuga, langosta, langostino, bagre y lisa que sacan del ‘Suaque’ -así le dicen al río Fuerte- o de los canales que riegan los campos agrícolas del Valle de El Fuerte.

“Ni necesitamos ir al mar, todo lo tenemos en el canalito”, dijo Felipe, un joven menor de 30 años mientras descansaba debajo de una lona en el centro ceremonial de Charay, donde este sábado se llevó a cabo una asamblea de consulta indígena.

Charay es uno de los 15 pueblos que fueron elegidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (INPI) para definir la suerte que tendrá la planta de amoniaco. De ellos, 12 están haciendo consultas este fin de semana: San Miguel Zapotitlán, La Florida, Vallejo, Carrizo Grande, 5 de Mayo, El Colorado, San Isidro, Mochicahui, Charay, Salsipuedes, Cerro Cabezón y Juan José Ríos.

Los otros tres -Lázaro Cárdenas, Ohuira, Paredones- pidieron realizar sus asambleas informativas en agosto y después definir la fecha. Son los tres pueblos que se oponen y que llevaron su reclamo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá que validar si la consulta se apega a su mandato.

Los permisos irregulares

La planta es un proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), subsidiaria en México de la empresa alemana Proman, que busca producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, el 70 por ciento de ese químico será para exportación.

La construcción comenzó en 2014, pero activistas, políticos y grupos ambientalistas se opusieron, interpusieron interponer amparos y comenzaron a informar a los pueblos indígenas de los riesgos y la violación a su derecho de ser consultados.

Entre los riesgos que hay, de acuerdo con documentos de Semarnat y la empresa, está la fuga de amoniaco, el calentamiento de las aguas en la bahía, la contaminación del aire y el suelo. Eso impactaría a los pueblos en un radio de 45 kilómetros.

Además, esta dentro de un sitio Ramsar, es decir, un lugar protegido internacionalmente por su biodiversidad Toene una gran cantidad de peces, moluscos, crustáceos, mamíferos marinos -ahí llegan a descansar ballenas y delfines-, aves migratorias y vegetación.

La empresa GPO había conseguido los permisos de construcción por Semarnat de manera irregular.

Los pueblos se enteraron del proyecto una vez que se taló 24 hectáreas de mangle y afectó la producción de camarón y moluscos.

Los amparos

Trres pueblos que se encuentran alrededor de la bahía –Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones– interpusieron amparos contra la planta. Tras cuatro años de lucha jurídica la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón respecto a no haber sido consultados.

La Corte echó abajo los permisos y ordenó hacer una consulta indígena únicamente a los pueblos que serían afectados.

“Se estima necesario hacer extensivos los efectos protectores de la sentencia, relativos a la realización de la consulta previa, a las demás comunidades indígenas que se encuentren dentro del área de impacto del proyecto de que se trata”, señaló la Corte en la sentencia de amparo hecha por el ministro Alberto Pérez Dayán el 6 de abril.

El ministro Alberto Pérez Dayán, y en este recordó que los pueblos Mayo-Yoreme sostienen su cosmovisión asentada en la conexión con la tierra, el agua y el aire.Es así que construir una planta en ese lugar que afectará el ecosistema provocará un cambio a todo lo que conocen.

“Podrían llegar a representar un daño en el ambiente en el que se desarrolla la comunidad indígena, debido a la posibilidad de generar alteraciones sobre la diversidad biológica, así como a la sanidad animal y vegetal”, señaló la Corte.

La Semarnat y el INPI decidieron incluir en la consulta a 15 pueblos, entre ellos Charay

El Si de Charay

A este pueblo con siete comunidades indígenas se le debió informar sobre los impactos positivos como negativos en la asamblea informativa del 25 de junio. Pero eso no sucedió, de acuerdo con lo expresado por algunos pobladores que estuvieron en la asamblea de este domingo

“¿Qué beneficio nos puede traer a quienes vivimos en las riberas del río?”, preguntó la señora Juventina Martínez Moroyoqui, del Ejido La Palma.

“A nosotros no se nos informó de nada, somos de aquí del Ejido La Palma en Charay y no se nos dijo qué beneficios podía venir, hasta ahora que ya nos piden votar. Ojalá no sea un ganchito, que no sea nada más ahorita. Si en verdad valemos como indígenas, que se nos aclare bien”.

El gobernador indígena Antonio Valenzuela Llanes le respondió que él está de acuerdo con la planta porque a partir de esta tendría la oportunidad de empleos, que bajará el precio de los fertilizantes y habrá servicios públicos de salud.

Guadalupe Espinoza Sauceda, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, recordó que estaban esta consulta se hizo por los amparos promovidos por tres comunidades indígenas, aunque la empresa ya había tenido el permiso correspondiente.

“Esta asamblea es para saber su opinión, aunque ya antes se les dio el permiso”, dijo el funcionario federal .

Luego de él hablaron más funcionarios para explicar el proceso, el cual constó de dos asambleas: la informativa del 25 de junio, y esta asamblea de consulta a mano alzada, pero con la obligación de la empresa y el gobierno de escuchar peticiones de los pueblos. En esta asamblea no se explicó qué era una Manifestación de Impacto Ambiental -el documento que avala las afectaciones ambientales- y las mujeres y hombres que escuchaban se preguntaban entre ellos si sabían.

Jaime Carrera, de El Pochotal, propuso dar para adelante el proyecto y “dejar de tener miedo al futuro”.

Tras varias intervenciones en el mismo sentido, el gobernador indígena de Charay leyó los acuerdos de la asamblea con los comentarios sobre el proyecto de GPO en idioma Yoreme y después Eber Alonso Torres Huiquit lo tradujo al español:

Los acuerdos tomados y que deben ponerse a votación son los siguientes:

• Consentimiento a la Manifestación de Impacto Ambiental
• Consentimiento a los permisos para operar la planta
• Seguimiento a las propuestas de empleo y capacitación para empleo
• Seguimiento a los precios de los fertilizantes
• Que haya documentos firmados por autoridades de gobierno y Yoreme

A Charay, llegaron poco menos de 200 personas que llegaron a la asamblea en camiones y caminando. Debajo de la carpa donde se guarecían de los rayos del sol y tras de dos horas de escuchar un solo cuestionamiento y una serie de elogios al proyecto, levantaron la mano y dieron el sí a la planta.

En la cocina se cocía a fuego de leña un guacabaqui, plato típico Yoreme para fiestas indígenas. Pero de las casi 200 personas, apenas se quedaron unas 50. Los demás se fueron a sus casas o al río para trabajar.

Lázaro Cárdenas: ganan amparo, pero Semarnat los saca de la consulta

En el otro lado de la historia está la comunidad Mayo-Yoreme de Lázaro Cárdenas, que ganó el amparo 528/2018, el cual obliga a la consulta para saber si quieren o no la construcción de la planta.

Sin embargo, cuando el 17 de junio se dio a conocer el calendario para las asambleas informativas sobre los riesgos y beneficios que podrían tenerse en la región del norte de Sinaloa, los pobladores de Lázaro Cárdenas se dieron cuenta de que las autoridades federales habían incluido a comunidades Mayo-Yoreme que están fuera de la bahía de Ohuira, donde se prevé la construcción de la planta.

Esto a pesar de que la Corte ordenó pedir la opinión indígena únicamente a los pueblos con posibles afectaciones y“hacer extensivos los efectos protectores de la sentencia, relativos a la realización de la consulta previa, a las demás comunidades indígenas que se encuentren dentro del área de impacto del proyecto de que se trata”.

Entre las ocho comunidades que están fuera del territorio donde impactaría la planta de amoniaco, pero que fueron incluidas en la consulta están 5 de mayo, Mochicahui y Charay.

En cambio, la comunidad de Lázaro Cárdenas, que ganó el amparo, quedó fuera de la consulta, igual que Ohuira y Paredones. Según sus testimonios, eso se debió a que el 14 de junio hubo una reunión en el centro ceremonial de ese pueblo y reclamaron a las autoridades integrar a comunidades fuera de la región de la bahía. Las dependencias federales lo tomaron como un rechazo a ser consultados y de “estar en contra de iniciar el proceso de consulta ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El pueblo de Lázaro Cárdenas envió una carta el 7 de julio a la Semarnat, para expresar el descontento con la decisión y dejar claro que su postura es la de sí participar, pero se oponen a que sea distinto a la decisión de la Corte.

“Esto no es correcto. Lo cierto es que algunos habitantes integrantes de la Comunidad Indígena de Lázaro Cárdenas, que participaron en la reunión de acuerdos previos del proceso de consulta relativo al referido Proyecto, el 14 de junio del año en curso, en el Centro Ceremonial San Ignacio de Loyola, de nuestra Comunidad, al hacer uso de la palabra expresaron ESTAR EN CONTRA DEL PROCESO DE CONSULTA por la forma en que se está llevando a cabo”, señaló el pueblo en conjunto con otras dos comunidades, la de Ohuira y la de Paredones.

“Porque se está convocando a comunidades que están muy alejadas del proyecto, que no están asentadas en la Bahía de Ohuira y que no van a verse directamente afectadas, contraviniendo la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

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Las protestas

El viernes previo a la consulta, ciudadanos y comerciantes de diferentes localidades del municipio de Ahome, marcharon por la ciudad de Los Mochis en apoyo a la construcción de la planta de amoniaco.

“Apoyando la causa para que los empleos aumenten”, dijo uno de los presentes.

“Es de avance, es tecnología, es de modernidad, no podemos estar en contra de la modernidad”, exclamó otra persona.

“Yo soy de Topo y estoy luchando para que se ponga la empresa”, agregó otra de las presentes.

Este trabajo fue publicado originalmente en REVISTA ESPEJO, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes consultar aquí la publicación original y el resto de su cobertura sobre el tema