Atender las causas de la migración es una estrategia políticamente correcta. Eso propone López Obrador, pero la geografía para llevarla a buen puerto es pedregosa, áspera y plena en dificultades. Y es muy posible que se quede en buenas intenciones.

@anajarnajar

En medio de una creciente crisis de migración irregular en el país, con miles de niños no acompañados que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador pareció… extraña:

Para contener la salida de miles de personas de Centroamérica, el gobierno de Joe Biden podría apoyar la extensión del programa Sembrando Vida en Centroamérica.

Se trata de pagar a miles de personas para que planten árboles frutales y maderables, y con ello crear empleos para mitigar en lo posible la necesidad de abandonar sus países.

Hasta aquí nada nuevo. López Obrador ha dicho varias veces que la mejor forma de evitar la migración es arraigar a las personas en sus lugares de origen.

Lo diferente es la recompensa por plantar árboles. 

El presidente mexicano planteó al mandatario estadounidense la posibilidad de que, después de tres años los participantes del programa tendrían derecho a una visa para viajar a Estados Unidos.

Y quienes se mantengan otros dos años más podrían aspirar a la residencia legal en territorio estadounidense, o en su caso la doble nacionalidad.

AMLO hizo la propuesta al participar en la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático, que fue organizada de manera virtual por la pandemia de covid-19.

La mayoría de los medios mexicanos se perdieron en detalles menores, por no decir en tonterías.

Para esos espacios la noticia fue que AMLO prefirió mantener su conferencia de prensa matutina, y esperar el momento en que debería intervenir en la Cumbre.

Desairó a los líderes del mundo, gritaron. En fin. Cada quién con su agenda de odio.

Al final en el debate se perdió la propuesta de fondo de López Obrador. 

Es cierto que la mejor forma de impedir la migración irregular y el riesgo que implica cruzar por territorios violentos es que no haya motivos para abandonar sus países.

Pero hasta ahora todas las propuestas en ese sentido han fracasado. Si Joe Biden apoyara la idea del presidente mexicano el camino para aplicarla es cuesta arriba.

No sería la primera vez que dinero estadounidense se destina a programas para contener la migración.

Desde hace tiempo se destinan al menos 450 millones de dólares al año en programas para combatir la extorsión en Guatemala, el reclutamiento de jóvenes por pandillas de Maras en El Salvador o para reducir la tasa de homicidios en Honduras, por ejemplo.

Son algunas de las causas que han provocado el éxodo de personas hacia el norte. En varios casos los fondos son administrados por organizaciones cercanas a la Casa Blanca como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).

Pero no son los únicos. A partir de 2016, por ejemplo, empezó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

La estrategia buscaba emprender una profunda reforma al sistema de justicia en ese país, que históricamente ha favorecido intereses de políticos, empresarios y militares antes que a la población civil.

Los fondos son estrictamente supervisados por organizaciones hondureñas y estadounidenses, básicamente porque los recursos que se habían enviado años antes para el mismo tema se perdieron en la burocracia gubernamental.

Lo mismo sucedió con otros financiamientos similares enviados a Guatemala o El Salvador, por ejemplo: el dinero para combatir la corrupción se pierde… Por corrupción.

Es un tema de fondo que va al corazón de las dificultades para aplicar -si fuera el caso- la iniciativa de López Obrador.

Por estrategia de política interna el gobierno estadounidense suele regatear el apoyo directo a otros países, especialmente en América Latina.

Generalmente recurre a organizaciones aliadas o paraestatales, como USAID. Así ha funcionado en el caso de Centroamérica.

López Obrador desconfía profundamente de estos organismos, especialmente los financiados con recursos extranjeros. 

Si Biden aceptara su propuesta y ofreciera canalizar el apoyo a través de este mecanismo, ¿estaría de acuerdo el presidente mexicano? 

¿Cedería su histórica posición en aras de extender la estrategia de Sembrando Vida en Centroamérica?

Una dificultad adicional son los gobiernos del Triángulo Norte, formado por Honduras, El Salvador y Guatemala.

Los tres son encabezados por controvertidos personajes. El hondureño Juan Orlando Hernández es investigado por el gobierno estadounidense por presuntos vínculos con carteles de narcotráfico.

Además, ha sido acusado de cometer fraude electoral. Combatir ese delito es una de las cruzadas centrales de López Obrador.

El presidente Nayib Bukele de El Salvador suele gobernar con las órdenes y decretos que publica en Twitter. 

Personaje con desplantes autoritarios, aplicó un toque de queda en los meses críticos de la pandemia de covid-19. Una medida, por cierto, que desaprueba el presidente mexicano.

Y el guatemalteco Alejandro Giammattei se convirtió en presidente con el respaldo de un partido formado por exmilitares acusados de cometer atrocidades en la guerra civil de ese país.

En los tres casos el problema central es la corrupción. Por eso, en parte, la resistencia de Estados Unidos de apoyar proyectos sociales en la región.

Cuando lo hace suele recurrir a una estrategia virtualmente intrusiva, lejana a la icónica frase de Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Precisamente el eje de la política exterior de AMLO.

Es claro, pues, que la propuesta de López Obrador para contener la actual crisis migratoria es políticamente correcta.

Pero en el escenario real enfrenta un gran riesgo de quedarse sólo en buenas intenciones.