El INE y el Tribunal Electoral viven horas críticas. Esta semana darán arranque formal al proceso electoral, presionados por los partidos que adelantaron los tiempos, y con evidentes divisiones a su interior

Por: Ernesto Núñez Albarrán X: @chamanesco

Las dos autoridades encargadas de las elecciones 2024 están en crisis: el Instituto Nacional Electoral, por la evidente división entre consejeros y la falta de acuerdos para integrar en su totalidad su Junta General Ejecutiva, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la inminente renovación de dos de sus siete magistraturas.

En ese contexto, esta semana iniciará formalmente el proceso electoral “más grande de la historia”. El silbatazo inicial lo dará el INE, con una sesión del Consejo General que se celebrará el jueves 7 de septiembre. De manera nunca antes vista, el arranque ocurrirá cuando las dos principales coaliciones políticas ya hayan nombrado a sus candidatas a la Presidencia.

El adelantamiento ilegal de los tiempos muestra las causas y efectos de la crisis. La diferencia de criterios y posturas entre consejeras y magistrados, la división y, finalmente, la rendición de los colegiados ante el desafío de los partidos.  

Para algunas consejeras y magistradas, esto debió detenerse a tiempo; otros -la mayoría- decidieron adaptar la Constitución y la Ley a los deseos de la “clase política”, avalar el proceso iniciado por Morena e imitado por la oposición, e iniciar el proceso con un nuevo lema institucional: “quién dice que la ley es la ley”.

Incluso, hasta se generaron lineamientos para tratar de “regular” el preámbulo electoral. Los lineamientos no frenaron los presuntos actos anticipados de campaña, pero con algo de suerte, quizás lleguemos a conocer un poco de cómo se financiaron esos recorridos.

La renovación del Tribunal

La integración actual de la Sala Superior del TEPJF tiene sus días contados, pues en noviembre llegan a su fin los nombramientos de los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante.

La Sala se integra con siete magistraturas, por lo que seguirán en sus puestos las magistradas Janine Otalora y Mónica Soto, y los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y el actual presidente, Reyes Rodríguez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó a andar ya el proceso de renovación de las dos próximas vacantes, pues les corresponde a los ministros proponer las ternas para que el Senado apruebe los nombramientos.

Llama la atención que, entre quienes se han inscrito para buscar esas plazas, figuran dos ex consejeros que salieron en abril del INE: Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña; además de una veintena de magistrados locales y exintegrantes de Salas Regionales.

La renovación del Tribunal que habrá de declarar la validez de las elecciones y emitir la sentencia para declarar a alguien presidenta electa, se dará en medio de la tormenta, pues el presidente López Obrador ha desatado una ofensiva contra el Poder Judicial y ya puso en la mira al presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, a quien descalificó en la mañanera del pasado 18 de agosto.

El presidente vinculó al magistrado con Felipe Calderón, y atribuyó a sus presuntos nexos laborales las recientes sentencias del Tribunal en las que se le ha señalado por su intromisión en el proceso electoral y por haber podido ejercer violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez.

Si la animadversión presidencial es leída por la bancada de Morena en el Senado como una orden de desmantelamiento, el Tribunal podría correr la misma suerte del Inai -es decir, los no nombramientos-, y llegar “mocho” a las elecciones.

La integración parcial someterá a fuertes presiones a la Sala Superior, aumentará la carga de trabajo de las cinco magistraturas en la que ya se perfila como la elección más litigiosa de la historia, y obligará a llamar a dos magistrados de salas regionales -los de más años de servicio, dice la ley- para decisiones en las que se requieran los siete votos, como la calificación de la elección presidencial, por ejemplo.

La crisis del INE

En el INE, renovado apenas en abril, la crisis ya está presente: la forma en la que se ha conducido el instituto desde la presidencia de la consejera Guadalupe Taddei no ha permitido concretar los nombramientos de funcionarios clave.

El INE de Taddei mantiene descabezada la Secretaría Ejecutiva, que es la cabeza operativa de toda la estructura, debido a que un grupo de consejeras y consejeros se negaron a votar en favor de Flavio Cienfuegos, el funcionario más cercano a Taddei, quien -desde la jefatura de oficina de la Presidencia del Consejo- se ha convertido en la voz de mando en muchas de las decisiones estratégicas.

La falta de nombramiento en la Secretaría Ejecutiva obligó a Taddei a nombrar como encargada de despacho a María Elena Cornejo, quien acababa de ser nombrada directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Es decir, al tapar el hueco en la Secretaría Ejecutiva, se abrió otro en la llamada Deceyec, el área encargada de capacitar a más de un millón de ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla y de las campañas de difusión del instituto.

Otras áreas clave que operan con encargados de despacho son: la Unidad Técnica de Fiscalización, encargada de auditar los ingresos y gastos de partidos y candidatos; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos, que entre muchas otras cosas administra el acceso de los partidos a la radio y televisión; la Dirección Jurídica, la Unidad Técnica de Transparencia y la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA).

En la llamada DEA, Taddei había nombrado ya como titular a un funcionario de larga trayectoria en el INE: Ignacio Ruelas, quien presentó su renuncia días antes de la aprobación del proyecto de presupuesto del INE para 2024.

Otra área descabezada, donde la ausencia de un responsable se ha traducido en incidentes públicos, es la Coordinación Nacional de Comunicación Social, acéfala desde abril. Esta área es la responsable de tareas que resultan clave en una elección de grandes dimensiones, como la que está en puerta: la organización de los debates, la elaboración de mensajes y campañas para que la ciudadanía emita un voto informado, el combate a la desinformación y, en general, la explicación del complejo proceso electoral a la sociedad, en unos comicios ya marcados por la polarización entre los actores políticos y la clara intervención desde Palacio Nacional.

Si se analizan los votos y debates en la llamada herradura del Consejo General, en el INE se han ido decantando dos bloques claros de consejeras y consejeros; de un lado, la presidenta Guadalupe Taddei, acompañada por de los recién nombrados Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López y Arturo Castillo; además de Uuc-kib Espadas y Norma Irene de la Cruz, nombrados en 2020. Del otro lado, las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y Carla Humphrey, y los consejeros Jaime Rivera y Martín Faz.

Esta división ha sido cara en la aprobación, no sólo de nombramientos, sino de acuerdos que, aunque han escapado de la atención mediática, pueden resultar importantes en la compleja organización electoral; un ejemplo es la estrategia de capacitación recientemente aprobada, en la que el bloque de seis accedió a eliminar un candado que impedía que militantes de partidos políticos pudieran ser contratados como capacitadores y supervisores electorales. Un cambio mínimo que provocó una agria discusión y mostró que la herradura está partida en dos.

En ese ambiente, el 8 de septiembre se podría librar otra cruda batalla, cuando consejeras y consejeros renueven las comisiones del INE, que son los órganos donde se aprueban proyectos esenciales. Un ejemplo: las medidas cautelares que emite la Comisión de Quejas y Denuncias en contra de actores políticos que violan el marco legal, entre otros, el presidente de la República.

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El 7 de septiembre será el arranque formal del proceso electoral “más grande de la historia”; a partir de ahí, se detonan 612 actividades, 116 procesos y 53 subprocesos; la maquinaria que hará posible la jornada electoral del 2 de junio de 2024.