A 7 años de la represión en Arantepacua, los pobladores de la comunidad indígena de Michoacán exigen justicia y preparan las protestas para que todos los responsables vayan a la cárcel

Texto y fotos: Viridiana Martínez y Elizabeth Díaz / Sueña Dignidad

MICHOACÁN. – En la comunidad indigena autónoma de Arantepacua, Michoacán se inician preparativos comunitarios para poner de manifiesto la exigencia de justicia, memoria y verdad, como acto de resistencia, después de que hace 7 años la comunidad vivió graves violaciones de derechos humanos.

Lo vivido en la comunidad no es un hecho aislado es una muestra de corrupción y abuso de poder con el que operan los partidos políticos a través de servidores públicos quienes realizan actos delictivos.

A modo de procurar la memoria histórica, pilar fundamental para exigir la NO repetición de graves violaciones de derechos humanos, es importante que sepas que Arantepacua es un territorio que desde 1941 se encontraba en resolución de terrenos colindantes con la comunidad de Capácuaro.

De este suceso, el gobierno que estaba administrado por Silvano Aureoles Conejo, perteneciente al PRD, citó el día 4 de abril de 2017 a 38 comuneros de Arantepacua para generar una mesa de diálogo con integrantes de la comunidad de Capácuaro y dar resolución a las demandas de cada territorio. Sin embargo, al término de esta, los comuneros salieron rumbo a la comunidad de Arantepacua y en el trayecto fueron detenidos arbitrariamente y torturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Ante ello, la comunidad se organizó y en un acto de exigir la liberación de los 38 comuneros quienes fueron detenidos con abuso de fuerza decidieron bloquear el paso de la carretera colindante a la comunidad y retuvieron a algunos vehículos, esto fue motivo del despliegue de un operativo el día 5 de abril, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de Morelia, donde participaron más de 200 elementos de la Policía Antimotines, 80 elementos de Tránsito y Vialidad y 20 elementos del Grupo de Reacción, quienes a su paso cometieron: 56 cateos ilegales a domicilios, más de 23 personas lesionadas, 10 Personas detenidas de manera arbitraria y torturadas, 38 Personas detenidas con uso excesivo de la fuerza y el lamentable asesinato de 4 compañeros a quienes nombramos con profundo respeto:

Luis Gustavo Hernández Cohenete.

Francisco Jiménez Alejandre.

Santiago Crisanto Luna.

José Carlos Jimenez Crisóstomo.

Estas graves violaciones a derechos humanos configuraron y generaron afectaciones físicas, emocionales, espirituales y territoriales que dejaron sus resquicios en la vivencia de niñeces, mujeres y hombres. Con todo ese duelo comunitario y la fuerza organizativa personal y colectiva, se convirtieron en semilla para que la comunidad emprendiera caminos en búsqueda de justicia, memoria, verdad, reparación del daño y garantías de no repetición.

Su histórica organización e insistencia dió origen a la recomendación 42 VG/2020, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce las graves violaciones de DDHH de las que fue parte la comunidad. Y señala que se debe de investigar, reparar integralmente los daños a víctimas y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos. Aspecto que aún no se cumple debido a que la Fiscalía del Estado de Michoacán es quien “investiga” el caso y nunca en la historia se ha visto que un ente de este tipo se investigue, asimismo, por ello es importante que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, con el debido respeto a las víctimas de la Comunidad inidigena autónoma de Arantepacua Michoacán y sancione a los responsables intelectuales: Silvano Aureoles Conejo, gobernador en ese entonces, Adrian Lopez Solis, secretario de gobierno en 2017 y actual fiscal general del Estado de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez y Carlos Gómez Arrieta, exsecretario y exsubsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, quienes encabezaron el operativo en Arantepacua.

Cabe señalar que Gómez Arrieta fue detenido en septiembre del 2020 y acusado de presuntos actos de tortura durante la investigación por el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Cuando la justicia anda muy injusta es necesario organizarnos, solidarizarnos y sumarnos para que lo sucedido en Arantepacua no quede impune. Por el derecho a vivir en paz, infórmate, exige y comparte. Salud y bienestar para ti y tus cercanxs.