La familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, interpuso una nueva demanda contra la embajada canadiense por no respetar los derechos de las personas en donde tienen inversiones sus connacionales. 

Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- La familia de Mariano Abarca, asesinado por oponerse a la operación de la minera canadiense Black Fire en su comunidad, interpuso una apelación ante la Corte canadiense para pedir de nuevo la investigación sobre el asesinato del ambientalista. 

“No vamos a cejar hasta encontrar justicia para mi hermano. No vamos a parar la lucha que empezamos, porque es un caso emblemático no sólo para Chiapas, sino todos los países que luchan contra la contaminación que dejan las empresas mineras en nuestros países”, sostuvo ante la prensa Uriel Abarca Roblero.

Mariano Abarca Roblero fue precursor en la defensa del medio ambiente en Chiapas. Él y habitantes del ejido Grecia, municipio Chicomuselo, ubicado en la Sierra Madre, se opusieron a que la empresa canadiense Black Fire siguiera vertiendo sus desechos en los ríos de la zona. Por sus protestas, recibieron amenazas y agresiones directas.

En julio de 2009, Abarca acudió a la embajada de Canadá para solicitar su intervención en la protección de los derechos de la población afectada por la minera. Cuatro meses después fue asesinado. A una década de los hechos, su familia continúa exigiendo se investigue el actuar de la embajada, y a la justicia mexicana.

Ante la embajada, el 22 de julio de 2009, Abarca Roblero explicó que para lograr entrar al ejido Grecia, empresarios de la minera Black Fire, “dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura”.

En un video que quedó registrado cuando Robledo encabeza el mitin afuera de la embajada. “Nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado, que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México”.

Abarca Roblero y los habitantes del ejido Grecia sostuvieron que la minera extrajo barita y vertió los desechos en los ríos de la zona. Para cuando realizaron la manifestación afuera de la embajada, los ríos ya estaban contaminados.

“Ya hay estragos que está haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas, de los que estamos en el movimiento. Entonces nosotros pensamos que nos es justo que esta empresa extranjera esté agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país”.

No fueron recibidos por los diplomáticos de la embajada, que pidió al gobierno mexicano intervenir para crear las condiciones que permitieran a la empresa seguir operando.

La respuesta llegó después el 17 de agosto de 2009, Mariano Abarca fue arrestado por autoridades del estado de Chiapas. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación. Estuvo una semana bajo arraigo.

El 24 de agosto fue liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano Abarca presentó una queja ante la policía, en donde manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado. Empleados de la empresa fueron detenidos, y a los pocos meses exonerados.

La familia e integrantes de las organizaciones ambientalistas a las que pertenecía, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos, y Mining Watch Canadá, decidieron seguir exigiendo justicia. A través de la ley de acceso a la población de Canadá, recuperaron más de un centenar de documentos y correos que intercambiaron directivos de la empresa y personal de la embajada. Uno de ellos aconsejaba a los empresarios demandar al gobierno mexicano por incumplir en crear condiciones óptimas para la operación de la mina.

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