El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que el diario Reforma revele la fuente que le filtró el borrador de la carta que envió al rey Felipe VI de España, así como al papa Francisco.

El diario publicó una parte de la supuesta misiva en la que AMLO, como se conoce al presidente mexicano, plantea la necesidad de que la Corona española y el Vaticano pidan perdón por las atrocidades cometidas a partir de 1521, cuando empezó la dominación española en Mesoamérica.
Demandar el perdón por la Conquista es una decisión que le ha costado caro al gobierno mexicano.

Muchos cuestionan por qué llevar a conflicto diplomático un tema que sólo aparecía en discusiones académicas, o en las protestas de grupos que agitan la bandera de un supuesto indigenismo.

En ese proceso, López Obrador emprendió el camino de culpar al diario capitalino, al que desde la campaña electoral ubica como representante de “la prensa fifí”.

Pero el 10 de abril endureció las críticas. Dijo que en un afán “de transparencia” como el que lleva a cabo su gobierno, Reforma debería revelar el origen de la filtración.

“Para mí los medios son organismos de interés público y que tienen también que cumplir con una ética” dijo. “Es distinto el respeto a la libertad de expresión, la libertad de prensa pero cuando se trata de asuntos así ¿por qué no revelar la fuente?”.

El presidente de México se equivoca. Los medios de comunicación están obligados a actuar con base en principios de ética y buen periodismo. Es la audiencia la mejor forma de regular si cumplen o no con esos estándares.

No son parte de una estructura de gobierno, como pareciera entender López Obrador. Lo que sí es de interés público es el derecho a la información.

Y preservar esa garantía de todos los ciudadanos es obligación del Estado, que en este caso encabeza el presidente de México.

Hay varios problemas en la solicitud presidencial de revelar una fuente informativa. Uno es legal, pues desde el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el secreto profesional es un derecho de los periodistas.

Y el otro son las consecuencias del comentario. En los últimos años varios reporteros y columnista san enfrentado procesos judiciales como represalia por sus publicaciones.

En algunos casos, sobre todo a nivel estatal, las fiscalías pretenden obligar a que se revelen las fuentes de la información, que generalmente se vinculan a corrupción de empresas y autoridades.

El acoso judicial se convierte en un riesgo al derecho a la información, y ha sido catalogado por organismos internacionales como un ataque a la libertad de expresión.

En un país como México, el más violento para el periodismo y en un entorno de profunda división social, la “sugerencia” de López Obrador puede ser peligrosa.

¿Cuántos reporteros que asisten a las conferencias de prensa matutinas son criticados –y a veces amenazados- en redes sociales por las preguntas que hacen al mandatario?

La solicitud del presidente para violar uno de los pilares del libre periodismo abre, en los hechos, la puerta a un terreno pantanoso no sólo en la seguridad de los comunicadores, sino en el país que pretende crearse con la Cuarta Transformación.

Es verdad que el presidente tiene derecho a responder los cuestionamientos y ataques que recibe a cada minuto. Inclusive, en un ejercicio amplio de su libertad de expresión, puede definir a sus críticos con adjetivos.

Pero no puede olvidar la realidad del país que gobierna. En México las palabras del presidente pesan.

Y de un personaje como Andrés Manuel López Obrador, con su nivel de popularidad, una sugerencia como la que ahora formula puede hacer historia… pero no de la mejor manera.