Andrés Manuel López Obrador será recordado como el presidente que decidió, desde el primer día de su administración, establecer una relación entre iguales con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Por José Luis Sarmiento Gutiérrez

«Por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial, los pueblos indígenas». Con ese precepto iniciaba su mandato el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el primero de diciembre de 2018, en la Plaza de la Constitución, corazón y epicentro político y pluricultural de México, donde—durante años—, convocó al pueblo masivamente para participar en asambleas informativas, en las que exclamaba históricos discursos que pasarán para la posteridad, en su firme lucha por alcanzar un verdadero cambio democrático en el país.

Era la primera vez que un presidente encabezaba su primer acto público con los pueblos indígenas y afromexicanos, de quienes recibía el Bastón de Mando—símbolo de autoridad y respeto al seno de las comunidades—, con el que le conferían la confianza, pero también la responsabilidad de llevar a México a un mejor futuro y sacarlo de las garras de la corrupción.

Este sería el ideario, un mandato y una forma de gobierno, del presidente que decidió, desde el primer día de su administración, establecer una relación entre iguales con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al colocarlas en el centro de las políticas públicas y mantener una relación directa, con la sabia interlocución de sus autoridades tradicionales y comunitarias, legítimamente constituidas.

Y al reunirse con los pueblos indígenas y afromexicano de todo el país, Andrés Manuel ponía de manifiesto su firme objetivo de terminar, de una vez por todas, con la discriminación, la exclusión y el racismo que sufrieron las y los indígenas desde la Colonia y el «Porfiriato», con nefatas actitudes que se recrudecieron y se acentuaron durante el periodo neoliberal, con su repulsivo sello de corrupción.

Era justamente ese primero de diciembre de 2018, cuando un presidente —cuyo primer cargo público fue en el Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1977—, ponía como prioridad a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, desatendidas con toda intención y perversidad durante décadas y explotadas para fines electorales, a cambio de miserables y ofensivas dádivas.

Folklrorizados, saqueados y explotados por la vieja Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y sus titulares rapaces, que viajaban en helicóptero para tomarse fotos posadas —y robarse los huipiles y las artesanías—, en el periodo de Andrés Manuel los pueblos indígenas y afromexicano jugaban un papel fundamental en las decisiones nacionales y contaban con una casa: el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

En esta nueva relación con el Estado Mexicano, recibían un trato como sujetos de derecho público para recibir y administrar recursos de manera directa, en pleno ejercicio de su autonomía, libre determinación, formas de gobierno tradicional y organización comunitaria.

Para ello, desde el INPI se ponían en operación programas y acciones como los de Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI) y de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI); los Diálogos con los Pueblos Indígenas y la construcción de Caminos Artesanales de Concreto Hidráulico.

Los 17 Planes de Justicia y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, el rescate y preservación de los Lugares Sagrados y Rutas de Peregrinación y la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM); del mismo modo, el Catálogo y Consejo Nacionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, las acciones de Educación Indígena Intercultural, Medicina y Partería Tradicional, así como la publicación de la nueva época de la Revista México Indígena, entre muchas otras.

También se implementaban, por primera vez, procesos de Consulta Libre, Previa e Informada a los pueblos y comunidades, cuyos territorios fueron intervenidos por los proyectos estratégicos de la administración federal 2018 – 2024: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería de «Dos Bocas», el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), los cuales eran aprobados por unanimidad en las diversas asambleas.

Y para dar respuesta a un histórico anhelo y una legítima demanda, en un acto histórico celebrado el 5 de febrero de 2024 —con motivo de la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1857—, Andrés Manuel presentaba la iniciativa de Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano al Congreso de la Unión.

Esta era la joya de la corona —la cereza encima del pastel—, que se aprobaba al seno de la comisión de Estudios Constitucionales de la Cámara de Diputados, el 9 de agosto de 2024, en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los cuales, junto a las hermanas y hermanos afromexicanos, celebraban la noticia reunidos masivamente en Ciudad de México, durante la asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, donde exclamaban con euforia y alegría:

¡Sí se pudo…, sí se pudo…, sí se pudo!

Considerado un hecho histórico y un acto de justicia para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la tan ansiada reforma constitucional sería aprobada por unanimidad —con el consenso de todas las fuerzas políticas —,  en la Cámara de Diputados el 18 y en la de Senadores el 24 de septiembre de 2024. 

Posteriormente sería votada a favor en las legislaturas locales de todo el país, como lo marca el procedimiento legislativo, y finalmente publicada por el presidente López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF) junto con otras reformas; esta sería una última acción de relevancia para cerrar su administración y cumplir su palabra empeñada desde diciembre de 2018 con los pueblos indígenas y afromexicano.

Después de haber recibido un trato como objetos de interés público, con un alto grado de racismo, discriminación, abandono y exclusión, las comunidades indígenas y afromexicanas finalmente serían tratadas como sujetos de derecho público con capacidad jurídica para recibir y administrar recursos públicos con autonomía y libre determinación, además de participar directamente en las decisiones y proyectos de nación.

Este sería uno de los muchos aspectos destacados de la reforma al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual los pueblos y comunidades lucharon durante décadas y ahora han manifestado su profundo agradecimiento al —como las y los indígenas lo clasificaron—, el mejor presidente de las últimas décadas en nuestro país.

Los pueblos y comunidades eran atendidos en forma preferente; de los sueños se pasaba a la realidad y Andrés Manuel cumplía como el presidente de las y los indígenas, a quienes abrazaba desde mucho antes de iniciar su sexenio. Era la Utopía, el sueño y el anhelo. Era un nuevo gobierno humanista que echaba a los corruptos de las esferas del poder y cumplía a cabalidad el mandato del pueblo, al «gobernar obedeciendo».

Andrés Manuel anunciaba que al terminar su administración iniciaría una investigación sobre las culturas del México Profundo, de esa nación de sabiduría ancestral que, por primera vez en décadas, era escuchada y atendida por el Gobierno de México.

Al interior de los pueblos y comunidades, los sentimientos eran encontrados: la alegría por haber sido tomados en cuenta de manera prioritaria por primera vez en la historia, frente a la tristeza de que Andrés Manuel advertía, que su retiro de la escena pública era inminente.

Con el orgullo y la satisfacción que sólo da el deber cumplido, con la frente en alto y el enorme cariño de los pueblos y comunidades, Andrés Manuel terminaba su gestión como el presidente de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres indígenas y afromexicanos.