La entrada en vigor de las restricciones a la propaganda gubernamental y la prohibición de promover la Revocación de Mandato serán una nueva fuente de tensión entre Palacio Nacional y el INE

Twitter: @chamanesco

Pensemos en México no como un país surrealista o como la nación del absurdo político, e imaginemos que no estamos inmersos en un estrambótico proceso de “ratificación de mandato” promovido por el propio presidente, su partido y sus simpatizantes.

Supongamos por un momento que estamos en un auténtico proceso de revocación de mandato; pensemos que 2.8 millones de ciudadanas y ciudadanos, convencidos de que le han perdido la confianza al presidente, decidieron movilizarse, juntar firmas y pedir al INE la organización de una consulta para impulsar la conclusión anticipada del sexenio.

Veamos a la revocación de mandato como lo que es -un derecho de la ciudadanía- y no como el ejercicio en el que Morena y la 4T lo han convertido -una prerrogativa del presidente para medir su popularidad y refrendar su mandato.

¿Qué pasaría si realmente estuviéramos ante la posibilidad de que el presidente fuera echado del poder por una auténtica y genuina movilización ciudadana?

¿El presidente podría utilizar los medios de comunicación para defender su permanencia en el cargo? La respuesta es no.

¿Podría el presidente opinar sobre el proceso y llamar a los suyos a votar en contra de su revocación? Otra vez, no.

¿Podrían los partidos políticos que lo llevaron al poder utilizar sus recursos para convencer a la ciudadanía de votar para que no se fuera el presidente? No, y tampoco los partidos de oposición podrían hacer campaña para que sí se fuera.

Es absurdo, pero así lo pusieron los legisladores en la Constitución y en la ley.

Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede hablar sobre su propio proceso de revocación de mandato.

Y, aunque el ejercicio nació desnaturalizado -pues nadie está demandando auténticamente la revocación de López Obrador-, en los próximos días estarán vigentes las reglas del barroco modelo de comunicación que rige la contienda política en México.

¿Qué dice la Constitución al respecto? 

Primero, que durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. 

“Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil”, se advierte en el artículo 35 constitucional.

Los mismos párrafos fueron copiados íntegramente en el artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Es decir, las y los legisladores que aprobaron la reforma al artículo 35 en 2019, y quienes aprobaron la ley secundaria en septiembre de 2021 no dejaron lugar a dudas: la llamada veda es un hecho irrefutable.

Además, la Constitución señala que el Instituto Nacional Electoral será la única instancia a cargo de la difusión del proceso y promoción de la participación ciudadana.

La ley detalla que el INE promoverá la difusión y discusión informada del proceso de revocación de mandato a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio Instituto, fungiendo como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión para dicha promoción.

Y añade: “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. El Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda”.

Esto quiere decir que, entre el 4 de febrero pasado y el próximo 10 de abril -día de la votación-, sólo el INE podrá hacer promoción de la revocación de mandato, lo que se ha convertido ya en un nuevo motivo de tensión entre el lopezobradorismo y las y los consejeros electorales.

López Obrador ha dicho que respetará las restricciones, pero ha instruido a la Consejería Jurídica de la Presidencia para que consulte al Tribunal Electoral sobre los alcances de la palabra “propaganda”, pues él considera que el contenido de la conferencia mañanera es informativo y no propagandístico.

Presidencia ha dejado de incluir en la conferencia de los lunes los videos de avances de las obras que desde hace años se proyectan antes del “quién es quién en los pecios de las gasolinas”.

Pero al presidente le preocupa que no se pueda difundir la inauguración del Aeropuerto Felipe Ángeles, programada para el próximo 21 de marzo, y ha ordenado preguntar qué sí va a poder hacer y decir ese día.

El presidente dice respetar la “veda”, e incluso ha bromeado más de una vez sobre lo que puede y no puede decir; sin embargo, permanece fiel a su estilo y, a la más mínima provocación, sale con la cantaleta de que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Ya el Instituto Nacional Electoral lo ha reconvenido a través de la Comisión de Quejas, que el pasado 8 de febrero resolvió una queja del PRD y decidió emitir tutela preventiva para que López Obrador “se abstenga de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre la revocación de mandato”.

Además, se conminó al presidente a “revisar, ajustar, adecuar, modificar o actualizar sus estrategias, programas o políticas públicas, con la intención de que su actuar se encuentre dentro de los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, sin interferir en el proceso”.

Obviamente, esta resolución no fue del agrado del Ejecutivo, y es seguro que el asunto tenga que ser resuelto de fondo en la Sala Especializada del Tribunal Electoral, que puede avalar o no la decisión del INE.

La batalla, sin embargo, será permanente: López Obrador seguirá hablando sobre su revocación (tal como lo hizo el fin de semana en una gira por Sonora), los partidos de oposición seguirán presentando quejas, las y los consejeros tendrán que atenderlas y resolverlas conforme a sus anteriores criterios, y la tensión crecerá entre Palacio Nacional y el INE.

En el camino, un tercero interesado ha aparecido en escena; ni más ni menos que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), que la semana pasada ya impugnó la convocatoria del INE ante el Tribunal Electoral.

Alegan los concesionarios que la revocación de mandato no es un proceso electoral en el que la propaganda gubernamental genere inequidad, y que la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Constitución vulnera el derecho de los mexicanos a estar informados.

El INE asegura que aplicará estrictamente tanto el artículo 35 constitucional como la ley federal de revocación de mandato, lo que permite anticipar nuevos encontronazos con el presidente.

No serán los primeros ni los últimos desencuentros.

Después de la revocación de mandato, la mal llamada veda electoral continuará en los seis estados donde habrá elecciones el domingo 5 de junio y, después de eso, comenzará a discutirse la anunciada reforma electoral, que bien podría abordar, entre otros temas, el del modelo de comunicación vigente desde la reforma de 2007-2008.

Es paradójico: aquella reforma que instauró un modelo de comunicación política híper restrictivo, en aras de una contienda más justa y sin interferencias indebidas, fue una demanda de la izquierda que, en 2006, había sido derrotada en una campaña en la que el gobierno de Vicente Fox, los empresarios, los medios y muchos otros intereses se alinearon para cerrarle el paso a López Obrador, afectando gravemente las condiciones de equidad.

Hoy, el modelo es cuestionado por quienes lo promovieron desde la oposición pero lo sufren como gobierno y, en un descuido, podrían terminar cediendo ante la industria de televisión y radio que durante 14 años se ha quejado de que el INE sea el administrador único del acceso de los actores políticos a la radio y la TV.

El comportamiento del presidente y de la industria, así como las resoluciones del INE y del Tribunal, durante los próximos meses de revocación de mandato, sentarán un interesante antecedente de cara al debate de esa probable reforma.