El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación nació porque el Estado mexicano no cumple con su función de proteger a los más vulnerables. Los años han provocado un cuestionable funcionamiento del organismo, pero la solución no es recortarlo con el machete aplicado a otros vicios y burocracias inútiles

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Gilberto Rincón Gallardo fue uno de los políticos más lúcidos de México. Nunca rehuyó debates, siempre en la línea de tolerancia e inclusión.

Vicente Fox Quesada es uno de los personajes más ineptos de México. Nunca aportó nada en sus discursos, jamás entendió lo que significa ser presidente de la República. Su imagen está marcada por las frivolidades y corrupción de su familia. Por su analfabetismo funcional. Por la idiotez.

Cosas de la historia. Gallardo y Fox fueron aliados en el gobierno del guanajuatense. Un proceso que desafió las leyes de la física: fue capaz de mezclar el agua con el aceite.

Tal vez por su ignorancia. Quizá porque estaba enamorado. Seguro porque su esposa no encontró negocio en el tema, pero el caso es que Vicente Fox promovió el nacimiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Fue un proyecto de Rincón Gallardo que respaldaron casi todos. El Consejo fue una saludable novedad en un país hipócrita que no se reconoce racista.

En los primeros años el papel del Consejo fue relevante, pero al paso de los años sus resoluciones fueron cada vez menos escuchadas. 

No han sido pocos los que reclaman su tibieza, especialmente en los últimos dos años cuando el odio, racismo y discriminación inundan el debate público.

Ha sido notable la ausencia del Conapred ante los insultos y violencia hacia seguidores y familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un sospechoso silencio atizado, tal vez, porque entre los autores de las descalificaciones hay personajes que respaldaron el nacimiento del Consejo, pero que ahora olvidaron todo lo que significa la esencia de este organismo.

A varios de ellos, académicos, investigadores, periodistas e intelectuales no les caería nada mal uno de los cursos sobre inclusión y respeto a la dignidad humana que promueve Conapred. En fin.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se encuentra en el centro del debate porque López Obrador lo ha descalificado públicamente.

Como parte de su austeridad republicana el presidente ordenó severos ajustes al presupuesto del gobierno federal, especialmente los organismos autónomos que reciben fondos públicos.

AMLO cuestiona la burocracia en esas comisiones e institutos, pero sobre todo está convencido que es un gasto inútil porque algunas de sus tareas, dice, duplican las funciones del gobierno federal.

Ciertamente es complicado defender el papel de, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La CRE, por ejemplo, avaló que familiares del expresidente Carlos Salinas de Gortari se quedaran con los mejores yacimientos de hidrocarburos en aguas someras y superficie, por encima inclusive de Pemex a quien legalmente le corresponderían explotarlos.

Y el IFT nada ha hecho para contener el creciente monopolio de Televisa en la televisión de paga, ni tampoco el abusivo servicio del gigante de la telefonía móvil, Telcel.

Al país de nada le han servido este par de organismos. Pero es incorrecto meter al Conapred en el mismo saco de ineficiencias, sobre todo porque la intención presidencial es eliminar los organismos autónomos y concentrar sus funciones en el gobierno.

La actuación del Consejo deja mucho que desear, es cierto. Pero la solución no es desaparecerlo e integrar sus tareas a la Secretaría de Gobernación, como sugiere el presidente.

Históricamente el gobierno mexicano siempre ha ignorado a los más vulnerables. Es más, por momentos ha sido más un enemigo de los ciudadanos que el responsable de garantizar su vida y seguridad.

López Obrador pretende revertir la tendencia, pero aunque es importante que el presidente sea honesto y sensible a los más pobres, lo cierto es que la sola voluntad no es suficiente.

En el gobierno prevalecen los vicios y abundan los funcionarios formados en la vieja usanza del desprecio y corrupción. Dos años de la 4T no bastan para cambiar el sistema.

Lo ideal es que desde la autoridad se combatan prácticas discriminatorias y se promueva el respeto a los derechos humanos. Pero la realidad en México es otra.

Fue por estas carencias que nació el Conapred, y mientras permanezcan, organismos como éste son necesarios. No es sólo un asunto de proyecto político la necesidad de recuperar para el Estado las funciones entregadas a particulares.

Es urgente detener la marcha y revisar el peligro de aplicar, al menos en éste caso, la estrategia de recortar con machete en lugar de una atención quirúrgica para eliminar sólo lo necesario.

El presidente debería pensar dos veces antes de tomar estas decisiones y quienes lo respaldan también necesitan respirar cien veces antes de aplaudir, irreflexivamente, todas las ideas y propuestas del mandatario.

Transformar al país necesita de serenidad y autocrítica. Los aplaudidores a destajo sólo sirven, y a veces, para acompañar programas de comedia.