Andrés Manuel López Obrador enfrentó una nueva campaña de odio por su posición ante el convenio del BID con empresarios mexicanos. Pero más allá de las críticas, lo cierto es que hay una razón para su desconfianza: el Fobaproa. Aquí un breve repaso a lo que AMLO define como un robo descarado

@anajarnajar

Al mediodía del 19 de diciembre de 1994 estaba con el estrés al tope. En el aeropuerto buscaba desesperado un espacio en cualquier vuelo a Chiapas. 

Horas antes el subcomandante Marcos había anunciado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rompió el cerco militar que les confinaba en una pequeña zona de Los Altos y la Selva Lacandona.

En realidad fue propaganda. En 38 municipios aparecieron algunos jóvenes con pasamontañas y el uniforme del neo zapatismo. 

No había, como lo dijo el Sup, una presencia militar real aunque sí política y de activismo comunitario. El EZLN no movió tropas, ni eludió subrepticiamente la férrea presencia militar.

Quienes aparecieron en sitios inesperados eran vecinos de las comunidades. Se vistieron para la foto y luego volvieron a sus casas.

Recuerdo la historia porque horas después de aterrizar en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado –con traje y corbata como único equipaje- el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo anunció una devaluación de 15% en el valor del peso frente al dólar.

Fue el inicio de la gran crisis económica que en México se bautizó como “El error de diciembre”, pero que a nivel mundial se conoció como “Efecto tequila”.

Porque el impacto de la catástrofe financiera mexicana alcanzó nivel planetario. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigencia ese año desató una fiebre intensa por invertir en México.

No sólo por las expectativas de participar en uno de los mercados más grandes del mundo, sino porque al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari se le ocurrió lanzar una enorme emisión de bonos de deuda respaldados con las reservas del Banco de México.

La mayoría de los bancos, entonces en manos de amigos y prestanombres del mandatario, también emitieron bonos y contrataron créditos internacionales.

Cuando se devaluó el peso y empezó la crisis, a las finanzas públicas del país no les dio un catarrito ni pulmonía. Se afectaron de covid, para usar un referente más cercano.

Lo que sigue es historia. El país estuvo a punto de sufrir una corrida bancaria como se llama a la quiebra del sistema de bancos y mercados de valores.

Una de las razones fue que una parte los bonos de deuda pública se cotizó a través de los bancos mexicanos. En los mercados financieros internacionales ellos eran los deudores.

A estos corporativos les reclamaron el pago. Técnicamente debieron asumir su deuda pero el gobierno de Ernesto Zedillo salió al quite y decidió asumir esa deuda.

El argumento: una crisis en el sistema financiero mexicano hubiera sido catastrófica para la economía del país. 

Allí nació el famoso caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado 1990 y que no se había utilizado hasta el primer minuto de 1995, cuando se determinó ponerlo en marcha.

El problema fue que el Fondo, creado para atender una eventual crisis de liquidez, no tenía dinero. Fue necesario utilizar recursos fiscales para rescatar a prácticamente todos los bancos del país.

El impacto fue enorme. El Fobaproa consumió el equivalente al 14.5% del Producto Interno Bruto (PIB), el mayor costo pagado por un país para rescatar su sistema bancario.

Hasta ese momento la cifra más alta por una acción similar era de 9.5% del PIB, lo que costó a España superar una crisis financiera.

Prácticamente todo el Fobaproa se pagó con dinero público, pues aunque los bancos consiguieron el 40% del costo, las deudas que contrajeron se incluyeron en el rescate financiero.

Es una deuda que todavía se paga, y de allí viene la rotunda negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a apoyar a las grandes empresas en la pandemia de coronavirus.

Y es, también, una de las razones que explican su reacción ante el acuerdo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios.

López Obrador fue criticado porque dijo que no habrá recursos fiscales para ese convenio. Algunos respondieron que estaba mal informado porque, aseguran, es un acuerdo entre particulares.

Pero no es del todo cierto. El mecanismo por el que se otorgó el financiamiento es el BID Invest, un programa de créditos al desarrollo donde participan, como socios, los países miembros del Banco.

Existe una obligación legal de los gobiernos para respaldar los distintos créditos lo cual implicaría, en algún momento, que ayuden a solventar los eventuales problemas para liquidar los financiamientos.

Por eso la desconfianza presidencial, más allá de que no le gustaron “los moditos” como se anunció el convenio.

Si los beneficiarios del programa no pueden pagar en algún momento sería necesario el respaldo del país. Es lo que no quiere repetir López Obrador, la experiencia del Fobaproa cuando se convirtió en deuda pública la morosidad de unos cuantos.

¿Se puede repetir la historia? Quién sabe. Pero no hay que perder de vista un detalle: entre los empresarios que negociaron el acuerdo con el BID se encuentran algunos beneficiados con el Fobaproa.

Y no han cambiado sus “moditos”.