En la víspera de la reanudación de las negociaciones del TLCAN, una delegación de “alto nivel” del gobierno de Canadá se reunió con el equipo de Andrés Manuel López Obrador para hablar de la relación que tendrán los dos gobiernos a partir del 1 de diciembre. La papa caliente será la minería, sector donde los canadienses concentran sus intereses económicos en México y que ha provocado innumerables violaciones a los derechos de las comunidades
Texto: José Ignacio De Alba, Edith Victorino y Daniela Pastrana
Fotos: Ximena Natera y Fernando Santillán González
El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador ha ideado una salida salomónica para disminuir la tensión entre los pueblos mexicanos que impulsan un cese a la minería y los intereses económicos de Canadá en ese sector: el nuevo gobierno buscará que el vecino del norte “diversifique” sus inversiones en México, que hoy se encuentran concentradas en la explotación minera.
En rueda de prensa, luego de una reunión de trabajo con una delegación de “alto nivel” del gobierno canadiense, Marcelo Ebrard Casaubón, próximo canciller mexicano, aseguró que López Obrador invitó a ese país a participar en varios proyectos de desarrollo “prioritarios” para el sureste. “El virtual Presidente electo les dijo que esperaba tener un aumento en inversión y participación de Canadá en el desarrollo de México”, dijo Ebrard, antes de asegurar que desde diciembre habrá reuniones para avanzar en esta agenda.
La minería, dijo Ebrard, “es uno de los sectores donde Canadá tiene más presencia, pero se habló de aeronáutica, de trenes, y lo que tiene que ver con vías férreas o logística de transportación por puertos. Esperamos que se diversifique la inversión”.
México le ha entregado a las empresas canadienses 840 de mil 327 proyectos mineros que están operando actualmente en el país. Este es el mayor nicho de inversión para el país del norte. Pero los reportes sobre abusos por parte de las empresas son extendidos por todo el país. Y a pesar del millonario negocio que representa para las empresas canadienses menos del 1 por ciento de los impuestos que se recaudan en México provienen de esta actividad.
Apenas el 22 de julio, en el Día Mundial contra la megaminería a cielo abierto, pobladores de varias comunidades de Morelos realizaron una caravana en rechazo a las operaciones de la minera canadiense Alamos Gold.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería denunció que “esta actividad extractiva es la que mejor representa el despojo y el desplazamiento forzado de la población”. Por su parte, la organización internacional Global Witness encendió señales de alerta, pues solo año, entre 2016 y 2017, los asesinatos de defensores medioambientales en México pasaron de 3 a 15, casi todos indígenas. La agroindustria y la minería son las actividades que más riesgo representas para los activistas, dijo Alejandra Leyva, del área de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que forma parte del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos. “Estamos pidiendo una reunión con las autoridades entrantes porque no nos queda claro cuál es su posición frente a este problema”, dijo.
Homologar exigencias laborales y ambientales
De acuerdo con Marcelo Ebrard, en este primer encuentro entre el equipo de López Obrador y el gobierno canadiense, no se planteó directamente el tema minero.
“No entramos en materia, habría sido muy difícil, pero la política que se fijó, y así se dijo en la reunión, fue homologar para México y Canadá las exigencias que tienen que ver con libertades y derechos humanos, medio ambiente y derechos laborales”.
¿Qué significa esto? El futuro canciller explicó: “Es un principio que se va a defender: se promueve la inversión, se respaldan las inversiones pero se va a exigir en México el mismo trato, el mismo tipo de regulación que tienen en sus países”.
La propuesta de inversión planteada a Canadá incluye proyectos que aún no han sido consultados a las comunidades de esas regiones, aunque el equipo de López Obrador ya los da por hecho, como el tren maya (que uniría a Cancún, Quintana Roo, y Palenque, Chiapas), y el plan de desarrollo para conectar el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz.
“Vamos a encontrar un sector nuevo de cooperación entre México y Canadá, quizás más importante o igual a la actividad minera, pero no me quiero adelantar, esa es nuestra perspectiva, vamos a ver si lo logramos, ese es el objetivo”, dijo Ebrard.
A la reunión asistieron la ministra del exterior Chrystia Freeland; Bill Morneu, miembro del Parlamento de Toronto y Ministro de Finanzas; así como Jim Carr, Ministro del Acuerdos de Diversificación Comercial; Brian Clow, coordinador de la Relación Canadá-EUA de la Oficina de Primer Ministro; y John Hannaford, asesor de Asuntos Internacionales y Defensa.
Antes, el cuerpo diplomático canadiense sostuvo una reunión privada con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Entre los temas que se trataron están la migración y la reanudación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), que comenzará este jueves y en el que el equipo de transición participará en calidad de “observador”.
Los proyectos
El modelo de desarrollo para el país y la tensión que genera entre la iniciativa privada y las comunidades es uno de los temas más delicados para el equipo de transición. Esta semana, el virtual presidente electo lo dedicó al tema del crecimiento económico y el lunes anunció la inversión de 500 mil millones de pesos en siete proyectos:
El más controvertido es el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. “Vamos a analizar tres opciones”, dijo: “Uno: continuar con la construcción del aeropuerto. Dos: construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Tres: Concesionar el aeropuerto para que no se utilice dinero del presupuesto público”, dijo López Obrador, y anunció que a mediados de agosto se publicarán dictámenes técnicos sobre el proyecto que servirán para la consulta que hará el gobierno entrante para tomar una decisión.
El otro paquete polémico es el dela Zonas Económicas en el sureste, que implica dos grandes obras: la del tren maya, para comunicar a Cancún con Palenque, y la del istmo de Tehuantepec habilitando las vías férreas que ya existen, “para unir a los países de Asia con los países de la costa este de Estados Unidos y crear empleos en toda esta franja del territorio nacional”.
A eso se suman la construcción de 300 caminos de concreto en zonas rurales de Oaxaca y Guerrero, con el uso intensivo de mano de obra que generarán, según sus cuentas, 50 mil empleos; el internet para todas las comunidades y el apoyo a los que viven en las colonias marginadas de municipios marginados.
Además, el 19 septiembre se presentará un proyecto sobre la reconstrucción en zonas afectadas por los sismos de 2017.
Las resistencias
Aunque López Obrador y su equipo han insistido en que el desarrollo será consensuado con los pueblos, ninguno de estos proyectos ha pasado aún por ninguna discusión, lo que genera incertidumbre y desconfianza en algunas organizaciones que acompañan a las comunidades.
“El gobierno electo debe plantear con mucha mayor claridad y contundencia las rutas que asumirá al respecto”, dice el comunicado de REMA. “Consideramos que no hay tiempo ni espacio para mezclas o matices. En algunos temas y procesos, tal como lo señalamos contra el modelo extractivo, esperamos contundencia y no deseamos continuidad, a medias o en transición simulada”.
En vísperas del encuentro con los funcionarios canadienses, pobladores de Morelos realizaron una caravana en protesta por el proyecto de la minera canadiense Alamos Gold, que tiene concesionadas 16 mil hectáreas de tierra para una mina, cuya operación afectará a 210 mil habitantes de las comunidades de una docena de comunidades.
“Le exigimos que gobierne desde abajo, para el pueblo y con el pueblo, le pedimos que nos consulte a los pueblos sobre la realización de los proyectos mineros”, dijo Raúl Roque Morales, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos.
“Esto va para largo”, comentó Juan Jiménez Escobar, de 67 años, habitante de Miacatlán, antes de explicar los motivos de su rechazo: “Imagina: es un hoyo de un kilómetro de largo por 500 metros de ancho y 300 de profundidad; eso en cada concesión. Además, el método de extracción implica abrirle un tajo a la tierra, utilizar sustancias químicas tóxicas como el cianuro, además de realizar fuertes explosiones y todo ello se mezcla en el ambiente a través del aire, el agua, los alimentos.”
Las concesiones a las mineras canadienses en Morelos comenzaron a entregarse en 2002; primero fue a la empresa Esperanza Silver, que en 2013 vendió sus acciones a Alamos Gold. Según los pobladores, la empresa fue solicitando la concesión de pequeños pedazos de tierra, y ahora tiene siete concesiones, la última le fue otorgada en 2009 y corresponde al subsuelo de la zona arqueológica de Xochicalco, que es Patrimonio de la Humanidad.
Los pobladores tienen abiertos dos amparos indirectos, uno de ellos se encuentra en revisión (914/2017), en el cual se solicita la cancelación de todas las concesiones. Hasta ahora, la organización social ha logrado detener el trabajo de la minera, pero los habitantes admiten que, a través de la compra de voluntades, la empresa ha logrado tener acceso a la zona.
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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx».
Cronista interesado en la historia y autor de la columna Cartohistoria que se publica en Pie de Página, medio del que es reportero fundador. Desde 2014 ha recorrido el país para contar historias de desigualdad, despojo y sobre víctimas de la violencia derivada del conflicto armado interno. Integrante de los equipos ganadores del Premio Nacional Rostros de la Discriminación (2016); Premio Gabriel García Márquez (2017); y el Premio Nacional de Periodismo (2019).
Quería ser exploradora y conocer el mundo, pero conoció el periodismo y prefirió tratar de entender a las sociedades humanas. Dirigió seis años la Red de Periodistas de a Pie, y fundó Pie de Página, un medio digital que busca cambiar la narrativa del terror instalada en la prensa mexicana. Siempre tiene más dudas que respuestas.
Periodista visual especializada en temas de violaciones a derechos humanos, migración y procesos de memoria histórica en la región. Es parte del equipo de Pie de Página desde 2015 y fue editora del periódico gratuito En el Camino hasta 2016. Becaria de la International Women’s Media Foundation, Fundación Gabo y la Universidad Iberoamericana en su programa Prensa y Democracia.
Integrante de la Red de Periodistas de A Pie y Pie de Página, Sociólogo por la UAM-X, fotógrafo y comunicador de oficio.
Ha participado en las exposiciones de fotografía: 1985-2017 de los Escombros a la Esperanza y en el Festival Internacional Tierra Beat 2019.
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