Vacíos de coordinación y desmantelamiento de policías municipales, así como el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones marcan su gestión de 12 años

Texto: Melissa Esquivias / Pop Lab

Foto: Juan José López Plascencia

GUANAJUATO. – En los 12 años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini dispuso de un recurso que fue creciendo cada ejercicio, y que rebasó los 40 mil millones de pesos en el periodo, pero su aplicación no cumplió con disminuir los delitos o frenar la inseguridad.

Por el contrario, su gestión quedó marcada por episodios de represión y otros abusos ejercidos por la policía estatal que derivaron en 363 expedientes de queja de la Procuraduría de los Derechos Humanos (Prodheg), así como una crisis de inseguridad que ha dejado más de 1.4 millones de carpetas por presuntos delitos del fuero común y un aumento del 234 por ciento en las carpetas derivadas de homicidios dolosos.

En promedio, durante la gestión de Alvar Cabeza de Vaca se han abierto 329 carpetas diarias por delitos del fuero común cometidos en Guanajuato (el equivalente a casi 14 carpetas por hora), cuya competencia es de las autoridades estatales. Esto no incluye delitos como la delincuencia organizada u otros de competencia federal.

La extorsión, delito patrimonial que ha afectado principalmente a pequeños y medianos negocios de todo tipo, tuvo un crecimiento de más del 4 mil por ciento en las carpetas reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De 18 denuncias en 2019, se pasó a 801 víctimas de este delito en 2023, principalmente en los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y San Miguel de Allende.

El gobierno estatal ha presumido las condiciones de seguridad para la llegada de inversión extranjera. Pero para este tipo de empresas, la violencia en el estado no representa un obstáculo, asegura la politóloga Sandra Ley, sino un costo que están acostumbradas a asumir porque se instalan en países con condiciones de alta inseguridad, como ocurre en el continente africano.

Además, mencionó que los gobiernos ofrecen a las trasnacionales condiciones ventajosas y redes de comunicación directa con las autoridades, ventajas que no tienen los pequeños y medianos negocios, de tal manera que a esas empresas no las mueve necesariamente la violencia: “en Guanajuato ustedes tienen automotrices que tienen la capacidad de seguir operando de una manera en que los otros no lo pueden hacer”.

Por su ubicación geográfica, en Guanajuato se conjuga la alta competencia criminal de cuatro cárteles y la ramificación de éstos en otros grupos armados y pandillas. “Tienen a Jalisco, a Santa Rosa, Sinaloa, el Golfo, tienen rutas de narcotráfico, de robo, de combustible, un mercado amplio de extorsión. ¿Qué tendrías que estar haciendo? Pues tener mayor coordinación con el gobierno federal, que no se logró particularmente en el actual sexenio”, explicó Sandra Ley.

Guanajuato tuvo mayor coordinación desde la federación durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, a fin de no exhibir redes de protección criminal, como sucedió en 2009 con el operativo conocido como “Michoacanazo”. Pero la alternancia partidista con el PRI en 2012 y Morena en el 2018, más la polarización durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente por el conflicto con el gobernador Diego Sinhue por la permanencia del fiscal Carlos Zamarripa, desestabilizaron la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que de alguna manera funcionó en los gobiernos panistas.

Pese a la cooperación que hubo durante los sexenios federales del PAN, Sandra Ley advirtió que no se hizo un trabajo de depuración de las policías municipales, aún cuando “la infiltración del crimen organizado era evidente”. Este círculo, dijo, “no ha podido romperse”, y Guanajuato encabeza los crímenes contra policías municipales a nivel nacional, con 38 ataques letales hasta el 15 de agosto de 2024, de acuerdo con el Registro de Policías Asesinados, de la organización Causa en Común.

En la última década, la violencia en Guanajuato se ha diversificado sin que las políticas de contención y prevención hayan logrado devolver la paz a sus habitantes. Durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez la SSP apostó al “Programa Escudo”con un gasto de más de 2.7 mil millones de pesos, sin que se lograra inhibir la incidencia delictiva. Al contrario, los delitos del fuero común pasaron de 80 mil en el año 2013 a 133 mil en 2018.

La ratificación de Alvar Cabeza de Vaca por parte del gobernador Diego Sinhue Rodríguez en 2018 vino de la mano de una nueva estrategia de seguridad llamada “Golpe de Timón”, que tuvo éxito gracias a la intervención del gobierno federal en la guerra contra el huachicol, que concluyó con la detención José Antonio Yépez, alias el “Marro”, cabecilla del Cártel Santa Rosa de Lima. La organización criminal construyó su poderío en la región Laja-Bajío durante la última década, precisamente en el periodo de Cabeza de Vaca.

Con la captura del líder criminal en agosto de 2020, la estrategia se consideró cumplida y fue sustituida por un nuevo plan de seguridad: “Guanajuato Seguro”, y un crecimiento exponencial en el presupuesto para esta dependencia estatal, sin que cuatro años después hayan logrado disminuir los delitos de manera sensible.

El pasado 19 de agosto, tras la misa de toma de posesión del nuevo arzobispo de León, Alvar Cabeza de Vaca hizo un balance de su gestión y presumió tener una de las policías mejor pagadas del país y el C5 más robusto de toda la República Mexicana.

“Somos el único estado que deja un plan de prevención social de la violencia y la delincuencia, que no sólo tiene acciones sino que mide los resultados, (…) Con casi nulas recomendaciones de derechos humanos tanto para la policía como para el sistema penitenciario, todo lo dejamos bien, no sé si perfecto, pero todo lo dejamos bien”.

Sin embargo, los registros de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reflejan que las carpetas por delitos del fuero común han rebasado las 807 mil con corte hasta el mes de julio.

El año 2020 -en el que inició la pandemia por covid- fue el único periodo en el que se registró una disminución en las carpetas abiertas por la Fiscalía estatal por delitos del fuero común cometidos, con 122 mil 870, respecto a las 137 mil 658 carpetas que se abrieron en 2019 y las 134 mil 626 de 2021.

“No pudieron reducir delitos de alto impacto y ahí creo que sí fallaron, en parte se debe a que la Fiscalía no permitió que los policías municipales y estatales investigaran, lo que pudo haber sido un apoyo para desahogar las carpetas”, refirió Miguel Garza, director del Consejo Directivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE).

De acuerdo con la más reciente Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (ENVIPE), los delitos del fuero común que más han repercutido en la población guanajuatense son los patrimoniales. Robos o asaltos en la vía y transporte público, extorsión, fraude, robo de vehículo y robo a casa habitación son las conductas delictivas que han afectado a la mayoría de la población de Guanajuato. A ese panorama se suman los crímenes de alto impacto, que han colocado a la entidad dentro de las cinco más violentas de México por la alta cantidad de víctimas de homicidio doloso.

Álvar Cabeza de Vaca Apendinni llegó a la Secretaría de Seguridad Pública por primera vez en 2004, como subsecretario en los últimos dos años del gobierno del panista Juan Carlos Romero Hicks. Previamente, se había desempeñado como subsecretario de seguridad en el municipio de León en el trienio del alcalde panista Luis Ernesto Ayala.

Cobijado por Vicente Guerrero Reynoso, otro alcalde de Acción Nacional, Alvar se convirtió en titular de Seguridad Pública en León, donde su gestión fue señalada por violaciones a derechos humanos ejercidas por los elementos de la corporación, abiertamente adiestrados con métodos de tortura.

Los antecedentes de Cabeza de Vaca en León no fueron obstáculo para que Miguel Márquez lo designara Secretario de Seguridad en 2012, donde se enquistó por 12 años con el respaldo de legisladores y la ratificación de Diego Sinhue Rodríguez en 2018, con lo que afianzó la mancuerna con el procurador Carlos Zamarripa.

Prevención, “la policía mejor pagada” y otras falacias

La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia estatal que recibe más presupuesto anualmente, sólo por debajo de la Secretaría de Educación. De 2012 a 2023, el presupuesto ejercido por la institución a cargo de Alvar Cabeza de Vaca creció en más de un 300 por ciento.

Sin embargo, el recurso destinado para la prevención social de la violencia y la delincuencia no rebasó los 25 millones de pesos en 2023, de los más de 7 mil 256 millones de pesos ejercidos, de acuerdo con la Ley del Presupuesto General de Egresos para aquel ejercicio fiscal.

Entre las acciones que contempla el presupuesto en materia de prevención, la Ley de Egresos describe conferencias, campañas, actividades recreativas y lúdicas, ferias de prevención, actividades deportivas y culturales “que fomenten los valores, trabajo en equipo e incentiven a no cometer faltas administrativas”.

Uno de los eventos en los que se ejecuta este presupuesto es el Congreso Internacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que el 14 de agosto pasado celebró su onceava edición en la capital del estado, y del cual Guanajuato es sede desde 2013. El congreso reúne a personas expertas en seguridad y criminalidad que estudian estos fenómenos desde la academia y comparten sus experiencias al respecto, principalmente, a otras personas expertas o a servidores públicos involucrados en seguridad pública. Nada de ello ha servido para mejorar la realidad del estado.

Miguel Garza explica que aunque en el periodo de Alvar fue definido el perfil reactivo de la policía estatal, no pasó lo mismo con la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, que también incluye trabajar con las víctimas del delito o con aquellas que lo cometieron. “Este tipo de congresos son prevención primaria y no tienen ningún efecto en la reducción de la criminalidad”, dijo.

Interrogado sobre el déficit de policías al cierre de su gestión, Cabeza de Vaca lo minimizó: “Empezamos con alrededor de mil 200 elementos, actualmente estamos en cuatro mil 200, mejor preparados, más capacitados, profesionales, mejor equipados, mejor pagados en el país, con el mejor esquema de prestaciones”, replicó el secretario.

En realidad, con las modificaciones tabulares de 2024, el sueldo neto de un policía raso en Guanajuato es de 22 mil 283 pesos. Y aún con los sueldos competitivos y las prestaciones laborales, la corporación estatal continúa por debajo de la media nacional, con 0.6 elementos contra 0.9 elementos por cada mil habitantes, de acuerdo con los registros del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) de 2023.

Por otro lado, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario del INEGI registró en 2012 que la plantilla destinada a labores de seguridad pública era de 4 mil 353 elementos.

POPLab solicitó a través de transparencia conocer la evolución histórica de la corporación, así como las funciones de sus elementos desde 2011 hasta el cierre de 2023. Sin embargo, el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo reservó por cinco años esta información y toda la relacionada con el presupuesto ejercido para la adquisición de patrullas y armamento.

De acuerdo con el CNSPE del INEGI, de los 4 mil 91 elementos que formaban parte de las FSPE al cierre de 2023, 3 mil 594 eran preventivos, 248 de proximidad social, 132 de reacción y 117 de investigación. Pero en el mismo periodo, la SSP reportó al Instituto la renuncia de 263 elementos.

Del “manifestódromo” a las recomendaciones incumplidas

“No podemos convertir a Guanajuato en un manifestódromoviolento”, exclamó Cabeza de Vaca durante una reunión con el Club Rotario de León. El contexto de sus dichos fue la represión de una protesta feminista ocurrida el 22 de agosto de 2020 en León, en la que más de veinte mujeres -algunas menores de edad- fueron golpeadas y privadas de su libertad por policías municipales. Apenas cuatro años después se logró la reparación del daño a cinco de esas jóvenes y fue gracias al acompañamiento de Amnistía Internacional. La disculpa pública la ofreció la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, aunque los hechos ocurrieron en el gobierno de Héctor López Santillana.

Apenas en julio de ese mismo 2020, familiares de personas desaparecidas que se plantaron en la Glorieta Santa Fe, uno de los accesos de Guanajuato Capital, fueron brutalmente reprimidas por policías estatales cubiertos de cascos y escudos, quienes golpearon y detuvieron a tres buscadoras y un funcionario de la CNDH que participaba como visitador.

El secretario Alvar Cabeza de Vaca se ha negado a cumplir las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), que implican someter a un procedimiento administrativo a una decena de policías estatales involucrados en la represión de familias buscadoras.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia desde 2012, la Prodheg ha iniciado 363 expedientes de queja por violaciones a derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Estatales, de las cuales se han desprendido 42 recomendaciones por hechos violatorios como ejercicio indebido de la función pública, lesiones, allanamiento de morada, robo, uso excesivo de la fuerza, violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes hasta la privación de la vida, entre otros.

Las recomendaciones contrastan con las aseveraciones del secretario, quien aseguró que “son casi nulas las recomendaciones de derechos humanos tanto para la policía, como para los centros penitenciarios”.

La negativa de Alvar Cabeza de Vaca para reconocer los abusos cometidos por la corporación a su cargo se materializa en el caso de Leonardo Reyes Cayente, víctima de una presunta ejecución extrajudicial, de acuerdo con la denuncia hecha por su familia.

El migrante, originario de la comunidad de Corralejo de Abajo, en San Miguel de Allende, se encontraba de visita por las fiestas decembrinas. La madrugada del 13 de diciembre, entre los festejos a la Virgen de Guadalupe, el joven de 23 años fue ejecutado por policías estatales mientras buscaba señal en una colina para realizar una llamada a su novia en Estados Unidos.

Sin importar que la propia madre de Leo y otros familiares fueron testigos del ataque, la Secretaría de Seguridad Pública ha sostenido la versión de que el joven era sospechoso de robos en la zona y que los seis policías estatales actuaron en defensa propia. Hasta el día de hoy, Alvar Cabeza de Vaca se ha negado a aceptar la recomendación de Prodheg que le ordenó disculparse con la familia e investigar a sus elementos.

La Fiscalía estatal tampoco inició alguna acción penal por la ejecución extrajudicial.

Centros penitenciarios, nada qué presumir

A pocas semanas de cerrar su periodo como titular de Seguridad Pública, Cabeza de Vaca ha presumido el modelo y certificaciones obtenidas por los Centros Penitenciarios a su cargo, y dijo que están en los primeros lugares de la evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); “damos un trato digno, somos punta de lanza”.

Sin embargo, estos espacios no han estado exentos de violaciones a los derechos de las personas que permanecen privadas de la libertad. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, Guanajuato logró posicionar a sus centros penitenciarios por encima de la media nacional entre 2013 y 2018, pasando de 7.54 a 8.21 en 2018.

En 2020, la CNDH reportó dos riñas y el asesinato de una persona dentro de un centro penitenciario estatal. Este registro coincide con dos enfrentamientos al interior del Cereso Mil de Valle de Santiago, que fueron documentados con celulares por los propios internos.

Un hombre que permaneció privado de su libertad entre 2017 y 2021 en el Cereso Mil, corroboró a POPLab que por lo menos tres intentos de motín tuvieron lugar en el penal en 2020, derivados de rencillas entre integrantes de distintos grupos criminales, pero también por los casos de abuso de autoridad y tortura a los que los internos segregados por el delito de secuestro eran sometidos por los custodios del penal.

Para él no existió la excelencia que presume el Secretario de Seguridad del Estado: “La comida al interior era mala, solamente podíamos comer arroz y frijoles con confianza y los alimentos nos eran entregados en la celda, no teníamos acceso al comedor. Los compañeros que se atrevían a quejarse, me tocó ver que los sacaron al patio desnudos y los esposaron en un catre para que en la noche se los comieran los moscos”, narró.

Para 2021, la evaluación de los centros estatales descendió de manera considerable a 6.84. En la gestión de Alvar Cabeza de Vaca fueron emitidas 131 recomendaciones desde la Prodheg por hechos violatorios cometidos por personal de estos centros.

Entre las condiciones reportadas por la CNDH, persiste la sobrepoblación y condiciones de hacinamiento de los internos en los Centros Penitenciarios de Irapuato, Celaya, Guanajuato, León, San Miguel de Allende, Pénjamo, Salamanca, San Felipe, Valle de Santiago.

Además, estos centros carecen de suficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, a pesar de que hay 2 mil 258 personas internas con dependencia de sustancias, lo que coloca a Guanajuato en el tercer lugar nacional con este problema de salud pública dentro de las prisiones, de acuerdo con el Diagnóstico de la CNDH de 2023.

Esta nota fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.