La situación de violencia en Chiapas continúa y el EZLN alerta hoy sobre un estado «al borde de la guerra civil». Para entender lo que está pasando en Chiapas, hay que mirar desde varios ángulos la raíz y la sistematización de las violencias.
Medi[a]s Libres*
«Dejen de jugar ya con la vida, libertad y bienes de los chiapanecos».
Fragmento del Comunicado del CCRI-CG del EZLN. 19 de septiembre de 2021.
VIENA.- El viernes 17 de septiembre en esta ciudad, alrededor de 20 mujeres y 30 hombres zapatistas de la delegación aérea «La Extemporánea», recién llegada a la ciudad, reforzaron el contingente que se concentró frente a la embajada de México.
Este acto de protesta inauguró una gran campaña para denunciar el paramilitarismo y la violencia en Chiapas y exigir la aparición con vida de José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, zapatistas integrantes de la Junta de Buen Gobierno (JBG) “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde” situado en Patria Nueva, cerca de Ocosingo, Chiapas.
Los dos compañeros fueron secuestrados el 11 de septiembre por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), la cual tiene una larga historia de violencia paramilitar e impunidad en la región, mientras la delegación zapatista aerotransportada iniciaba su viaje. Según el comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN, fueron liberados el 19 de septiembre, gracias a la intervención de los párrocos de San Cristóbal de Las Casas y de Oxchuc, pertenecientes a la Diócesis de San Cristóbal.
Frente al edificio de la diplomacia mexicana en Viena, la solidaridad internacional se manifestó con decenas de activistas de toda Europa que denunciaron por micrófono, mantas y pancartas al gobierno de México por su respuesta ante la reactivación de las violencias contrainsurgentes. Las tomas de palabra en español, alemán, griego, francés, portugués y gallego, así como el reciente comunicado firmado por numerosos organizaciones, colectivos e individuos de Europa responsabilizan tanto al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como al gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas, debido a su complicidad en los ataques paramilitares perpetrados no solamente contra campesinos mayas zapatistas, sino también contra compañeras y compañeros defensores de derechos humanos y comunidades de Chiapas.
De acuerdo con la denuncia de la Red AJMAQ, firmada por organizaciones sociales y colectivos del mundo, este mes de septiembre el paramilitarismo de Chiapas se recrudece en acciones delincuenciales.
“Esta escala de violencia orquestada desde los altos poderes del gobierno federal se enmarca en la iniciativa del EZLN ‘Travesía por la Vida Capitulo Europa’. Iniciativa organizativa que busca expandir, de forma pacífica y creativa, la semilla de la resistencia-rebeldía por la humanidad y la Madre Tierra, es decir; por la Vida.”
Recordamos que la primera delegación zapatista, el Escuadrón 421, salió de México hacia Europa en barco el 2 de mayo. El 14 de septiembre, es la Extemporánea, delegación aérea del EZLN, que llegó a las tierras de Slumil K’ajxemk’op/Tierra Insumisa (antes Europa) y que fue alcanzada el 22 de septiembre por una delegación del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) con el propósito de escuchar y dialogar con las luchas abajo y a la izquierda. Desde el 1 de enero 2021, el EZLN dió a conocer su Declaración por la Vida, firmada por centenas de colectivos de la otra Europa.
“Aquí estamos, y seguiremos aquí, hasta la presentación con vida de los compañeros. Este viaje ya empezó y nadie lo va a parar”, dijo en alemán y en español una compañera activista frente al edificio de la diplomacia mexicana.
Radio Zapatista, en ¨La larga historia de violencia paramilitar e impunidad de la ORCAO¨, recuerda que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, denunciada repetidamente por las Juntas de Buen Gobierno como organización paramilitar, ha venido agrediendo a las comunidades zapatistas durante más de 20 años con creciente violencia y completa impunidad.
Fue fundada en 1988 por 12 comunidades del municipio de Ocosingo, Chiapas, como organización de lucha legítima que reivindicaba mejores precios para el café y solución al rezago agrario. En poco tiempo, muchas comunidades más se unieron. Durante años, la ORCAO mantuvo vínculos con el zapatismo. Sin embargo, éstos se rompieron a finales de los 90, cuando la organización, como tantas otras, cedió a la tentación de disputar apoyos gubernamentales y cargos públicos a cambio de favores. La ruptura se agravó con la llegada de Pablo Salazar a la gubernatura de Chiapas en 2000. La ORCAO entonces abandonó la lucha y se alió al gobierno, rompiendo con el EZLN para acceder a dinero público. A partir de ese momento, las agresiones al EZLN se volvieron cada vez más frecuentes y violentas.
En lo que va de 2020 y 2021, las agresiones hacia bases de apoyo zapatistas, sus centros de autonomía y hacia quienes apoyan al EZLN se multiplicaron:
– Secuestro y violencia hacia miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) (en complicidad con miembros del grupo paramilitar Los Chinchulines, así como integrantes del partido MORENA) tras su participación en las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, convocado por el EZLN en el marco del Combo por la Vida en febrero 2020.
– Destrucción de dos bodegas de maíz y café pertenecientes a bases de apoyo zapatistas, en agosto 2020;
– Secuestro del compañero Félix López Hernández, base de apoyo zapatista, en noviembre del mismo año;
– Secuestro de dos miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en abril de este año, después de que denunciaran los ataques armados hacia la comunidad Moisés Gandhi en enero del mismo año.
En noviembre de 2020, la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva denunció que la ORCAO recibió apoyo del gobierno para construir una escuela, pero lo utilizó para comprar armas de alto calibre, con la presumible complicidad del gobierno federal actual. AMLO nombró a su estrategía como la Cuarta Transformación (4T), haciendo referencia a la Independencia de México (1810), las Leyes de Reforma (1858-1861) y la Revolución Mexicana (1910-1917), como los tres antecedesnte de transformación en México.
Si México es el «patio trasero» de Estados-Unidos, Chiapas es una de sus entradas. La desestabilización de la zona, perpetrada de forma voluntaria; el crecimiento de la violencia, la impunidad sistemática, dan todos los argumentos necesarios para que el gobierno federal siga militarizando el estado y desarrollando la contrainsurgencia, resguardando la frontera sur y teniendo la mano sobre las tierras tan necesarias para la implementación de megaproyectos.
Desde su impulso en diciembre del año 2000, Chiapas está en la mirada de un proyecto más amplio, originalmente conocido como Plan Puebla-Panamá. Hoy, el gobierno de AMLO y su «Cuarta Transformación» han puesto en marcha varios proyectos previstos desde entonces: el transoceánico y el mal nombrado Tren Maya.
Sin embargo, en su último comunicado «Chiapas al borde de la guerra civil», el CCRI-CG responsabiliza a Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, y a Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria de gobernación del estado de Chiapas. Para más información sobre las alianzas estratégicas y los nudos de poder, consultar el artículo de Luis Hernández Navarro, «El infierno chiapaneco«.
Una de las estrategias del gobierno de la 4T, en Chiapas como en todo México, es de recurrir a programas sociales que lo que terminan haciendo es dividir y desestabilizar la comunidad. «Divide y vencerás» ha sido, es y será siempre una estrategia eficiente del estado para acabar con la organización y comunidad.
«Sembrando Vida» es el nombre irónicamente dado por el gobierno a uno de esos programas asistencialistas federales. Propone al campesinado del país recibir dinero para trabajar sus tierras y sembrar monocultivos de maíz, mango, palma africana, entre otras cosechas que se disponen para exportar al extranjero o las ciudades grandes del territorio mexicano. Para poder entrar al programa estatal, se tiene que comprobar la propiedad de la tierra de forma individual de una extensión de al menos 2,5 hectáreas. Esa es la base del problema. En un país donde los ejidos (es decir las tierras comunales) están todavia colectivizadas, comúnmente siendo las tierras utilizadas para la siembra, esto genera divisiones en el tejido social.
En las tierras recuperadas zapatistas, las Juntas de Buen Gobierno están de acuerdo en prestar tierras para un trabajo colectivo, pero no para intereses individuales manipulados por el estado mexicano. Es entonces que entra el desacuerdo, la división y el hostigamiento de grupos paramilitares (armados y financiados en el pasado y actualmente por los gobiernos federal, estatal y municipal) hacia las comunidades zapatistas, pueblos originarios y quienes se crucen en sus planes de control y explotación.
En los Altos de Chiapas, región compuesta por 17 municipios con población indígena, en su mayoría tseltales y tsotsiles, hay más de un conflicto entre pueblos que el gobierno ha alimentado y justificado con disputas territoriales.
Muchos lazos familiares, culturales, económicos y espirituales se han afianzado entre Santa Magdalena (Aldama) y Santa Martha (Chenalhó). En las fiestas principales de las comunidades, dentro de las tradiciones de los pueblos indígenas de Los Altos de Chiapas, se acostumbra acompañar al santo o santa del pueblo vecino, en este caso: San Andrés Larráinzar, Santa Martha (Chenalhó) y Santa María Magdalena (Aldama) celebraban juntas por su cercanía e intercambio cultural.
Quienes ahora forman parte de la organización de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, de sus madres y padres heredaron el cuidado, el trabajo y la protección de sus tierras y de sus familias, escuchaban a los abuelos hablar de cómo conocieron a sus abuelas allá en Santa Martha, o al revés.
Entre el año 1975 y el 2000, los gobiernos en turno realizaron una importante reestructuración en el sector agrario a partir de reformas institucionales y políticas, se modificó el articulo 27 de la Constitución Política con la supuesta idea de mejorar las condiciones de los campesinos, los precios en el mercado de sus productos, etc. El conflicto “territorial” entre Aldama y Chenalhó data de la reforma agraria en los años setenta, cuando el gobierno cedió 60 hectáreas de tierra de los propietarios ancestrales de Aldama (Magdalena) a Santa Martha (Chenalhó). Se han hecho acuerdos a lo largo de los años para definir la propiedad sin resultados. Con los años, esto ha ocasionado la destrucción de los árboles frutales de las tierras, la expulsión de las familias y la quema de sus casas además de constantes ataques.
«Ahora no solo con palabras sino con balas, con municiones los paramilitares de Santa Martha, nos quieren arrebatar la vida como pueblo de Aldama. Como prueba, está el video que publicaron los paramilitares en redes sociales»: Fragmento de un comunicado de las autoridades de Xuxche’n, Aldama dirigido a la comunidad nacional e internacional.
Este discurso se repite entre pobladores de ambas comunidades, pero el enemigo persiste invisible ante los ojos del estado. Durante una conferencia matutina, el presidente de México, describió el conflicto como una diferencia de pobres contra pobres y los llamó a tranquilizarse.
A partir del 2017, el conflicto territorial se convirtió en una guerra a cuenta gotas con un enemigo que todos ven de lejos y no se sabe a quien o a que apunta en la mira; grupos de personas armadas, vestidas de negro con formación, probable, de entrenamiento paramilitar iniciaron los disparos en contra de ambas comunidades. Al día de hoy, estos grupos han asesinado al menos a 20 pobladores de Santa Marta y Aldama, más un número creciente de heridos.
En ambos casos, mujeres y hombres que habitan este territorio, exigen al gobierno que haga algo para detener estos ataques a través de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, difundiendo el constante ataque de los que son víctimas diariamente, mantienen contacto con organizaciones defensoras de derechos humanos. Mientras el miedo solo va en aumento al no poder dirigirse a sus parcelas para trabajar la milpa, el frijol, la calabaza o el café, sus cosechas se pierden, salir a trabajar resulta cada día más peligroso, la comida se acaba y aun así los programas sociales de materiales de vivienda o el campo, así como playeras de los colores de partidos políticos en campaña, continúan arribando entre balas y sangre.
Apenas hace unos días, en septiembre, Domingo Sántiz Jiménez, del pueblo de Xuxch’en, fue asesinado por integrantes de un grupo armado de corte paramilitar proveniente de Santa Martha, Chenalhó, con un arma de alto calibre. Él y su familia estaban de regreso a su pueblo en camioneta. Tuvieron que parar su camino para esperar que cesaran los disparos. Domingo de 33 años, recibió una bala en el rostro.
En febrero 2019, la Junta de Buen Gobierno de Oventik se había pronunciado sobre los continuos ataques.
“Nuestra lucha no es política, sino por la vida, porque los narcotraficantes nos mataron más de 200 personas, y las autoridades los protegieron”. Testimonio de uno de los pobladores de Pantelhó durante la presentación de las «Autodefensas del Pueblo el Machete».
Más de 3 500 personas provenientes de 86 comunidades, se reunieron en San José Buenavista Tercero, una de las comunidades del territorio de Pantelhó, el pasado 18 de julio, para anunciar publicamente el nacimiento de «Autodefensas del Pueblo el Machete». En su comunicado explican la necesidad de tomar las armas al llegar a un punto de hartazgo por el acoso que sufren a manos de grupos armados protegidos por autoridades municipales. Antes de tomar las armas y presentarse al pueblo mexicano, los habitantes del municipio denunciaron las agresiones que sufrían y solicitaron al estado, en repetidas ocasiones, que actuara para detener a estos grupos. Al no ver acciones concretas y tras el asesinato de Simon Pedro Pérez, integrante de las Abejas de Acteal y habitante de la región de Pantelhó, en acuerdo, decidieron tomar la justicia en sus manos y gobernar su pueblo bajo usos y costumbres de los pueblos originarios.
Al decidir tomar la presidencia municipal, el pueblo de Pantelhó fue testigo de enfrentamientos armados entre el Ejercito Mexicano, Guardia Nacional, Policía Municipal, grupos armados y pobladores. Por un tiempo, el escenario fue de casas incendiadas, autos destruidos e impactos de pedazos de metal provenientes de bombas estilo molotov en las paredes de las casas aledañas a la cabecera municipal. En la carretera podían verse cientos de casquillos de altos calibres, marcas de explosiones de bombas y decenas de militares armados con metralletas cargando sobre sus hombros kilos de municiones además de un helicóptero de uso militar sobrevolando la zona.
Después de recuperar el orden, las y los pobladores, llamaron al diálogo con el gobierno estatal para exigir su derecho de gobernarse bajo sus usos y costumbres. En la cabecera municipal de Pantelhó, ahora gobernada por el pueblo, se llevó a cabo el diálogo entre el estado y la voz de miles de habitantes de la región hartos de la violencia.
Hoy en día, Pantelhó es gobernado bajo usos y costumbres y aunque la violencia ha bajado de nivel, desde entonces, continua el acoso pues apenas, el 18 de septiembre de 2021, un hombre fue consignado a las autoridades después de que pobladores notaran que cargaba un arma de fuego y traía consigo una bomba.
En otro hecho violento, el 13 de julio de este año, un grupo de alrededor de 30 hombres vestidos de negro, encapuchados y fuertemente armados, ingresaron al ayuntamiento del municipio indígena de Huixtán, para llevarse a tres personas trabajadoras del municipio además de tres vehículos del propio ayuntamiento para obligar al presidente municipal a cumplir con pavimentación de las calles de la citada comunidad.
El 8 de julio, Eduardo Santiz Gómez, de 21 años, hijo del presidente municipal de Oxchuc fue secuestrado por hombres armados en las afueras del municipio y fue liberado 25 días después.
El 15 de septiembre por la noche, incendiaron el palacio municipal de Altamirano. En este municipio, se ha denunciado que el presidente municipal y su esposa llevarán 4 periodos gobernando, a nombre del Partido Verde Ecologista, incluyendo el que comienza el 1 de octubre.
Todos estos conflictos, impregnados de violencia e impunidad, han provocado el desplazamiento forzado puntual, intermitente o permanente de miles de personas en el estado de Chiapas. Las familias obligadas a dejar sus hogares muchas veces ya no pueden acceder a sus tierras provocando la pérdida de sus cosechas y la imposibilidad de volver a sembrar para el año siguiente. Las y los desplazados, además de la violencia sistémica y de la discriminación perpetua, deben enfrentar el frío, el hambre, las enfermedades y la muerte, viviendo con miedo y sin ver salida a los conflictos ni pronto retorno a sus viviendas provocando desesperación, daños psicologicos, emocionales, y la deterioración del tejido social comunitario.
Desde 1994 hasta junio de 2020, Chiapas sumaba 37 desplazamientos forzados, es decir, más de 115 mil personas desplazadas, siendo la mayor causa el conflicto armado y las violaciones de los derechos humanos.
3,205 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes huyeron de Pantelhó y de algunas localidades de Chenalhó, el pasado 8 de julio, constituyéndose como el desplazamiento masivo con mayor número de personas desde octubre de 2017, cuando más de 5,000 personas fueron obligadas a huir de diversas comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó.
Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama son los municipios en los que más personas se han desplazado forzadamente en Chiapas.
Desde el 28 de agosto, se registraron 4 caravanas de mujeres y hombres, niñas y niños de Cuba, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela, Senegal y Haití. La respuesta del estado a través del Instituto Nacional de Migración (INM) fue la realización de operativos de detención con excesiva violencia y el uso desproporcionado de la fuerza para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas por la tardanza en la respuesta y resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio.
En su comunicado, publicado el 4 de septiembre del 2021, «Contra la xenofobia y el racismo, la lucha por la vida«, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, el CCRI-CG del EZLN y las comunidades indígenas zapatistas declaran que:
Hasta entre los elementos de la llamada Guardia Nacional hay descontento. Porque les dijeron que su misión iba a ser combatir al crimen organizado, y ahora los tienen como perros de presa persiguiendo a personas de piel oscura. Porque ésa es la instrucción: cazar a toda persona con piel de color oscuro: “Detengan a cualquier pinche negro que topen”, es la orden. Es toda una declaración de política exterior.
Las condiciones han empeorado como resultado de la pandemia por COVID-19. El cierre de fronteras, de albergues para personas migrantes, de las oficinas de la COMAR, la pérdida de empleos y la recesión económica, así como una mayor dificultad de acceder a la atención médica han deteriorado aún más la calidad de vida de las y los migrantes que viven o transitan por México.
Desde el principio de la pandemia, no se diseñó una estrategia de atención dirigida a las poblaciones rurales e indígenas y mucho menos en las comunidades retiradas del sureste mexicano. Las campañas de prevención e información sobre la pandemia eran confusas, por ejemplo: en las pequeñas clínicas de salud de las comunidades, se observaban pancartas realizadas por la Secretaría de Salud con la leyenda: – ¿Quienes pueden contagiarse de Covid 19? Personas que hayan viajado a China o que estuvieron en contacto con alguien proveniente de China. La situación de la aplicación de la vacuna contra el Covid 19 es similar pues por falta de acceso a la información, por desconfianza y una cultura y saberes alejados del sistema de salud occidental, muchas personas no acuden a la aplicación del antídoto, ahora impuesto por el sistema capitalista. Las cifras de contagio y de muertes fueron y son controladas por un gobierno hermético, por lo cual es difícil tener un dato concluyente, los registros de muertes en pequeñas comunidades nunca fueron parte de los registros de la secretaría de salud estatal, menos en la suma de fallecimientos en los datos del gobierno federal. Hoy las vacunas llegan de manera voluntariamente lenta hasta los pueblos, aunque la publicidad oficial del IMSS trabaja para demostrar el trabajo de distribución y aplicación de su actual director Zoe Robledo, probable candidato a la gobernatura del estado chiapaneco. En un contexto donde la salud comunitaria esta gestionada de forma diferente a la de las ciudades y donde la población está exasperada por las mentiras de la clase gobernante, la desconfianza hacia el sistema está provocando muertes.
En respuesta a esto, las comunidades acordaron la forma en la que enfrentarían esta enfermedad. Por ejemplo: los caracoles zapatistas fueron de los primeros, tanto a nivel local como a nivel nacional, en alertar sobre la gravedad de la situación mundial, basados en estudios científicos, tomaron medidas pertinentes (campañas de información interna, medidas sanitarias, cierre de los caracoles) que siguen vigentes hasta el día de hoy.
En las últimas semanas se ha registrado un aumento de casos de contagio en varias comunidades, incluso más altas que en el mismo periodo del año pasado. En Aldama, por ejemplo, que se reportaban sin presencia de la enfermedad durante meses se ha identificado un gran aumento en las últimas semanas.
La situación en Chiapas es compleja y para nada uniforme. Sin embargo la violencia esta generalizada en todo el estado y se intensificó a lo largo de los últimos meses cuando empezó la campaña electoral a principios de abril 2021.
Desde 1994, el EZLN luchó por la paz y la justicia. Hoy siguen siendo sus exigencias. Es momento de exigir, tanto desde México como desde el exterior, el alto a la guerra en Chiapas. Se trata de manifestarse no solo para gritar basta de ataques a territorio zapatista sino también por el derecho de todo un pueblo a vivir en paz.
El EZLN llama a la Europa insumisa, Slumil K’ajxemk’op, y a las redes de la Sexta Nacional e Internacional a «manifestarse frente a las embajadas y consulados, y en las casas del gobierno del estado de Chiapas», el próximo viernes 24 de septiembre, exigiendo el fin de las provocaciones y el abandono del «culto a la muerte» que profesan tanto los gobiernos como los grupos paramilitares y criminales.
* Julia Arnaud, Apolline Anor, Isabel Mateos.
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