El 22 de julio, el domicilio de Dora Roblero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue allanado por desconocidos. Se trata del segundo allanamiento contra un integrante del Frayba en menos de 10 meses, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática

Texto: Laura Buconi

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. — “Me encontraba en una reunión aproximadamente a las 19:30 horas, cuando una vecina me llamó para avisarme que mi domicilio estaba abierto y las luces apagadas. Pedí a las vecinas que cerraran la puerta, y una de ellas me dijo que, al prender la luz de la sala, escuchó un ruido en la planta alta, por lo que salió corriendo”, relata Dora Roblero, directora del Frayba, en entrevista con Pie de Página.

“Llegué inmediatamente, acompañada por compañeras del trabajo, y al entrar a mi domicilio me di cuenta de que las cosas que en un robo normalmente se llevan, como la televisión o un celular que tenía en la mesa, todo estaba allí. No se habían llevado nada, pero muchas cosas habían sido movidas. Por eso decimos que se trata de un allanamiento y no de un robo. Es una amenaza, un aviso y también un golpe directo al Frayba”, denuncia Dora.

Se trata del segundo allanamiento en 10 meses a domicilios de integrantes del Frayba, que además registra 51 incidentes en lo que va del año, entre intimidaciones, vigilancia a sus integrantes, llamadas anónimas, mensajes amenazantes y de advertencia, y campañas de difamación en las redes sociales del colectivo. “En los meses anteriores tuve un total de ocho incidentes hacia mi persona: me perseguían sujetos en bicicleta, me tomaban fotos cerca de mi oficina y mi domicilio”, añade Dora.

Golpe al Frayba por su labor de denuncia

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, trabaja desde 1989 en la defensa y promoción de los derechos humanos, manteniendo una relación de mutua determinación con los procesos de pueblos y comunidades indígenas en el estado de Chiapas.

“Desde el Frayba hemos venido denunciando todo tipo de criminalización, amenazas y descalificaciones a las organizaciones de derechos humanos y, sobre todo, a las y los defensores de derechos humanos y del territorio en Chiapas. Sabemos que es una lucha histórica, y en nuestro último informe, Chiapas, un desastre: entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, hemos hablado de la prioridad de la defensa a la lucha de defensoras, defensores y periodistas”, explica Dora Roblero.

“En ese contexto de violencia, no solamente defensoras y defensores, sino las poblaciones, las comunidades indígenas están sufriendo una situación bastante preocupante y lamentable. Desde el Frayba, en estos momentos estamos abordando temas muy importantes y graves en Chiapas, como el desplazamiento forzado, las desapariciones, la tortura y la privación arbitraria de la libertad. Hemos denunciado que, con la entrada del gobernador Eduardo Ramírez en diciembre de 2024 y la puesta en marcha de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, este grupo armado ha estado realizando una serie de cateos ilegales. Su presencia no tiene un marco legal de actuación en Chiapas y está deteniendo a personas, lamentablemente, inocentes”, denuncia Roblero, quien fue recientemente ratificada como directora del Frayba por su Consejo Directivo el pasado 4 de julio.

No es un hecho aislado

El Frayba afirma que, en este marco de labor de denuncia, el allanamiento a la vivienda de Roblero no es un hecho aislado, sino un acto violento de represión en torno a la continuidad política del centro.

Como se denunció en el informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, la situación de riesgo para las y los defensores de derechos humanos en la entidad se ha recrudecido. En menos de diez meses, este es el segundo allanamiento contra un integrante del Frayba, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática, denunciados ante instancias del gobierno federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó al Frayba las Medidas Cautelares MC-5210.

El allanamiento a la vivienda de Roblero se caracterizó, denuncia el Frayba, por una respuesta institucional negligente y evasiva. Minutos después de alertar a las autoridades, a las 21:30 horas, “un agente estatal se comunicó únicamente para preguntar sobre las medidas cautelares, sin ofrecer respaldo ni canalizar acción alguna”, relatan en su boletín. A las 22:02, una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes levantaron un acta sin mayor diligencia. A las 22:40, llegaron cuatro agentes de la Guardia Estatal, aún sin levantar un protocolo adecuado de protección, y se retiraron del lugar a las 23:00 horas.

Dora informa que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía correspondiente para que se investigara el ataque, la cual aún no ha recibido respuesta. Por el momento, la única medida cautelar que le otorgaron son agentes que realizan rondines afuera de su vivienda y de su oficina. Actualmente, la directora del Frayba espera una reunión con el gobierno federal para ser integrada al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos.

“No sabemos hasta dónde las autoridades están inmersas o forman parte de esta situación, y presentar una denuncia ante la Fiscalía también nos pone en una condición de mayor vulnerabilidad”, afirma la defensora. “No olvidemos que durante la administración del expresidente López Obrador hubo difamaciones, amenazas y descalificaciones hacia el trabajo de las y los defensores de derechos humanos, y que varias organizaciones fuimos atacadas. No creemos que este allanamiento sea algo separado; lo vemos como parte de una investigación, monitoreo y vigilancia a nuestra labor. Ojalá que esta vigilancia fuera para protegernos y garantizar nuestra seguridad e integridad, y no para atacar el trabajo que realizamos”, denuncia Roblero.

El poder de la solidaridad

La directora del Frayba relata que, ante esta agresión, afortunadamente tanto ella como el Centro de Derechos Humanos han recibido una serie de acciones solidarias, desde pronunciamientos hasta iniciativas de recolección de firmas, así como organizaciones que enviaron cartas privadas a las autoridades para exigir que atiendan e investiguen el allanamiento.

Dora se declara profundamente agradecida con “personas solidarias, colectivos, organizaciones y embajadas que se pronunciaron y que están preocupados por la situación que vivimos en Chiapas. La solidaridad fue muchísima, y eso nos muestra que tenemos a un México, a un país, a un mundo indignado por todo lo que está pasando. Ojalá esta rabia sea fuerte y no siga permitiendo estas situaciones”, concluye la defensora, invitando a seguir al pendiente de la situación y a sumarse a iniciativas colectivas solidarias.