Texto: Arturo Contreras Camero

Fotografías: Arturo Contreras y Jacinto Rodríguez Munguía

Video: Lucía Vergara

El presidente anunció la “apertura” de archivos secretos, a lo cual, expertos esperan que sea un tema de accesibilidad a los archivo que el gobierno de Peña Nieto puso trabas burocráticas para ser consultados en 2015. A pesar de ser públicos y abiertos, aún necesitan técnicas archivistas para su efectiva consulta.

“Vamos abrir los documentos secretos del Cisen”, aseveró el presidente López Obrador durante su conferencia del miércoles 27 de febrero. Lo dijo como si intentara crear suspenso. Es una frase perdida en su discurso sobre la transparencia en el usos de recursos del tren interurbano Toluca-Ciudad de México. Para el viernes 29, López Obrador anunció el acuerdo que publicó en el Diario Oficial de la Nación (DOF) para que todas dependencias del gobierno transfieran los archivos que incluyan documentación sobre violaciones a derechos humanos, persecución política y todo tipo de actos de corrupción.

Desde el 2015, la Galería 1 del Archivo General de la Nación fue custodiada por elementos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), eran los encargados de dar cualquier petición que se hiciera a través del sistema de transparencia, pero ya no directo al visitar el Archivo. Su misión era cuidar los datos privados, justificaron desde el gobierno de Peña Nieto. En esta Galería se encuentran los documentos de Dirección Federal de Seguridad (DFS) desde 1940 hasta 1989, fichas, oficios, memorandos, fotografías e informes también del Departamento de Investigación Política y Social, la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, también expedientes, en menor cantidad pero importantes, de la Sedena, Migración y Relaciones exteriores.

“Los archivos de la DFS son en gran manera distintos a los del Cisen, corresponden a momentos de la historia distintos y mucho tienen que ver con violaciones a derechos humanos, son momentos de movimientos sociales, irrupción de guerrillas, de represión de desapariciones, no es el mismo momento de los archivos del Cisen”, resalta Jacinto Rodriguez Munguía, periodista especialista en el Archivo General de la Nación. Pide tener cuidado de que esos documentos no se vuelvan en morbo.

Para Jacinto, “hay una forma de ajustar cuentas desde la memoria, desde el pasado, desde los archivos”, en ello reside la importancia de facilitar el acceso a la apertura de los documentos. Aún con el anuncio oficial y los acuerdos tomados, quedan varias cuestiones en el limbo.

En el DOF el presidente publica: «Se instruye a las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal a transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción».

El anuncio

Como si se tratara de una coincidencia, tanto el presidente como el director del AGN, contarían la misma anécdota durante las conferencias matutinas. López Obrador el miércoles y Carlos Ruiz Abreu dos días después.

La anécdota es la siguiente: Recién había tomado posesión de la dirección del Archivo General de la Nación y Carlos Ruiz Abreu paseaba por los pasillos de Lecumberri. De pronto encontró una puerta. Según el presidente, resguardada por dos hombres armados del extinto Cisen. Según el director, por un candado, cuya llave era propiedad del mismo Centro de Investigación.

Eso les hizo tomar la determinación de dar acceso a todos los documentos de los precursores del Cisen, es decir, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) anteriores a 1985 y en el proceso, también se irían desclasificando y organizando los archivos de esa dependencia de ese año hasta el presente.

Solo que había una cuestión, hace unos sexenios, cuando Vicente Fox ocupó la silla presidencial, esto ya había pasado.

“En 2002 se entregaron 4 mil 223 cajas con archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de La Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, aseguró el director Ruiz Abreo: “Y se supone que se tenía que abrir todos los archivos que violaron Derechos Humanos, pero no fue todo”.

Pero entonces, ¿qué archivos se abrieron?

En el Palacio negro de Lecumberri, la antigua prisión de presos políticos que ahora resguarda la memoria del país, las pisadas esporádicas llenan el eco de sus pasillos.

Una trabajadora que camina por ahí, sola, no entiende muy bien a qué archivos secretos se refiere el anuncio del presidente. Camina entre las galeras de la antigua prisión para presos políticos. En esas celdas ya no hay ningún archivo. Todos se movieron al mastodonte blanco que está en lo que era el patio de la prisión, Un modernísimo edificio que resguarda los archivos en condiciones especiales y que fue terminado el año pasado.

Explica que esos archivos ya están desclasificados, y que a lo mucho, lo que van a tener que hacer es actividad archivista, lo nuevo que les envíen otras dependencias, no solo el Cisen: Clasificar y posteriormente mandar al Archivo a ser reclasificado y puesto a disposición con la información que, bajo ciertos estándares, ya no se use en procesos gubernamentales.

Otra archivista, explica: todos los documentos que ya se tienen son públicos y si alguno no se encuentra en su sistema, se puede consultar un vaciado de información en el que tienen en una lista de lotes y cajas que han llegado al Archivo y aún no se clasifican, pero se puede ver una versión pública de los mismos a través de la plataforma de transparencia federal.

A ella le aterra que le empiecen a mandar más lotes de documentos con miles de cajas de archivo que se vayan sumando a los 62 kilómetros de documentos formados que tienen en espera, porque les faltan manos para ordenarlos.

De acuerdo con lo que anunció el presidente, para las actividades de organización de los documentos van a contar con la asistencia becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que pondría a su disposición becarios de diferentes universidades para terminar la tarea.

Mientras, lo único que puede decir es un desairado “espero que no se tarden, porque de por sí, ya tenemos mucho trabajo”.

Memoria y espionaje

Ruiz Abreu aseguró que les quedaban muchos documentos sin ordenar. “El archivo no está organizado, porque no era manejado por historiadores, sino por policías” explicó durante el anuncio matutino.

Para Jacinto Rodríguez, investigador, periodista y autor de varios libros sobre los archivos secretos del poder y la policía en México, existe una intención de hacer creer algo que no es del todo cierto.

“Hay varias mentiras cubiertas de novedad, como la frase misma de ‘apertura de archivos’. Incluso creo que es un poco injusto, porque nunca mencionan que los archivos de la DFS ya estaban abiertos. Y parecen detalles menores, pero no lo son”, dice en entrevista. Incluso recuerda que los archivos se abren con 30 años de distancia, como marca la Ley General de Archivos, aunque todas las instituciones envíen sus registros al AGN.

Aunque los archivos ya se habían abierto, desde 2015 se volvió difícil el acceso a la Galería 1, por una serie de trabas burocráticas que nunca antes habían enfrentado los asiduos investigadores del Archivo, como el propio Jacinto, por lo cual pone el énfasis en que habrá que ver qué cambia con este acuerdo presidencial respecto a la accesibilidad a los documentos.

“Ellos no están abriendo esos archivos, pero lo que habría que reconocer, si es que pasa, es que se vuelvan otra vez accesibles”, asegura. Y reconoce que sin ese acceso, libros como La conspiración del 68: Los intelectuales y el poder: así se fraguó la matanza, su obra más reciente, no habrían sido posibles.

Para el investigador es muy importante tomar en cuenta que en la Galería 1 se encuentran documentos con la historia de dos etapas históricas diferentes. Mientras unos hablan de la represión secreta del Estado a movimientos sociales durante la guerra sucia, otros señalan persecuciones estatales frontales y abiertas a contrincantes políticos.

“Creo que debemos acercarnos esos dos fondos de manera distinta”, asegura sobre la manera de entender el contexto histórico, evidentemente distinto, de los documentos que se podrían encontrar.

A pesar de la repercusión que pueda tener en el presente del país, la revisión de la historia, es algo bueno que puede ayudar a muchos procesos de memoria y de justicia transicional, asegura el investigador.

Sin embargo, como cualquier fuente de información hay que tomarlos con cierta duda y cuidado.

“Hoy podemos ver una tal cantidad de archivos que no dicen mucho…” dice mientras recuerda los archivos que existen del 68.

Andrés Manuel López Obrador ha comprometido desde el inicio de su sexenio la eliminación del espionaje político a la par de la extinción del Cisen. Cabe destacar que el mandato de Enrique Peña se vio empañado por la vigilancia a través de software de políticos, activistas y periodistas junto con sus familias.

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