La comunidad de San Lucas Atzala, municipio de Calpan, Puebla, alerta sobre aguas negras en su territorio que causan daños a cultivos y contaminación. Asimismo, se les ha limitado el acceso a agua potable. Denuncian corrupción e inoperancia de las administraciones locales

Texto: Laura Buconi

Fotos: Sonia Ventura

CALPAN, PUEBLA. – La comunidad de San Lucas Atzala, en el municipio de Calpan, Puebla, mantiene desde hace siglos una estrecha relación con la agricultura: sus habitantes se dedican a la producción de maíz. Atzala también es una comunidad migrante: la mayoría de los jóvenes suele ir a Estados Unidos a trabajar. Sonia Ventura, economista y maestra en ciencias políticas, ha decidido quedarse y, desde marzo, debido a la escasez de agua en su pueblo, a pesar del miedo ha empezado a movilizarse y a exigir justicia y reparación en cuanto a la crisis de aguas negras y falta de agua potable en la zona.

En el mes de marzo de este año empezó a escasear el agua. En algunas partes del municipio de Calpan el líquido llegaba a faltar una vez a la semana, pero la mayoría del pueblo se quedó sin agua durante todo un mes. Esto representó un verdadero desastre, ya que no solo el pueblo acostumbra a tomar ese agua, que proviene del monte, sino que también utiliza el líquido para alimentar su ganado y sus cultivos.

“Nos organizamos para solicitar a la presidencia municipal que arreglara las tuberías, y que se supiera en qué condiciones se encontraban, porque había mucha ambigüedad. De hecho, unos compañeros me explicaron que las tuberías no estaban rotas, que nadie sabía en qué estado se encontraban las concesiones. Intenté juntar firmas para realizar una solicitud oficial al gobierno municipal con respaldo de las comunidades, pero no llegó a más porque los integrantes de Calpan cooperaron entre ellos para arreglar las tuberías. Sin embargo, históricamente hace más de 20 años existe otro problema, que es el de las aguas negras”, recuerda Sonia.

“En la comunidad hay mucho miedo a organizarse por las represalias que a veces pueden parecer mínimas, pero tienen un fuerte impacto económico: no te dan chance de vender en el mercado, realizar trámites o acceder a algún programa social, entonces a muchos les gana el miedo a las represalias de quien esté en el gobierno municipal o en el gobierno local”, relata en entrevista a Pie de Página. También hay precedentes alarmantes con respecto a las mujeres involucradas en temas políticos en la zona.

Vertido de aguas residuales en campos de cultivo

Desde hace dos décadas, la administración local realizó una obra de drenaje provisional en San Lucas Atzala y Calpan, que iba a desembocar en los campos; supuestamente esto duraría mientras se solucionaba el problema y se construía una planta tratadora. Sin embargo, esta aún no se ha realizado. Con el pasar de los años aumentó el número de los habitantes y usuarios conectados al drenaje, y asimismo el flujo de aguas negras.

“Y con las lluvias se agravó más, sobre todo considerando que el río Alseseca, que cruza la comunidad, se llenó por las mismas lluvias, y entonces no había de otra que utilizar el drenaje para el desagüe”, añade Sonia. En la actualidad hay una gran laguna de aguas negras a un costado de la comunidad.

El padre de Sonia es dueño de un terreno justo donde cruzan las aguas negras, y siempre ha insistido en la necesidad de que estas sean tratadas. Se ha acercado con diferentes gobiernos municipales, por ejemplo, con la anterior administración a cargo de Fernando Castellanos. Sonia refiere que Castellanos prometió encargarse del problema, pero no hubo acciones que siguieran sus palabras.

“Nos acercamos en marzo con el actual presidente municipal, Vicente Sánchez, porque en su campaña electoral mencionó que iba a solucionar el problema de las aguas negras, que iba a plantear el proyecto de una planta tratadora para que cesara la contaminación en la zona”, relata la defensora. Otra vez, recibieron palabras vacías. Sánchez afirmó que un comité se estaba ocupando de la planta tratadora, pero no vieron ningún avance.

En temporada de lluvias, se almacenó más agua que se mezcló con las aguas negras, y la solución que el presidente municipal propuso fue realizar excavaciones para un caño gigante, un verdadero río de aguas negras que desemboca hacia la carretera: esa es la ruta de evacuación de los pueblos de San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala y Calpan, ya que se encuentran a los pies del volcán Popocatépetl. “Esa carretera es usada por la mayoría de los habitantes, y que las aguas crecieran y terminaran en la carretera generó al menos 12 accidentes en los que murieron dos personas y varias se accidentaron”, denuncia Ventura.

Otra preocupación de los habitantes es que nunca se ha presentado un estudio de impacto ambiental para valorar si las aguas negras han penetrado en los mantos freáticos de las aguas que corren en toda la región.

Afectaciones a los agricultores

Las zonas afectadas son terrenos de cultivo, pequeñas propiedades donde se siembra el maíz que se consume en la región. A causa de las aguas residuales los terrenos no se pueden cultivar, ya que el área es pantanosa e insalubre. “Muchos pequeños propietarios han optado por dejar de producir, por dejar de cultivar sus terrenos, debido al riesgo para la salud que comporta”, afirma Sonia.

Esto representa una fuerte pérdida económica para los ganaderos, que exigen resarcimiento por los daños a sus terrenos.

El desemboque de aguas residuales también genera fauna nociva: Sonia relata que las garzas que en general rondan los cultivos de maíz son blancas, pero las que rondan las aguas negras son de color negro.

El drenaje de aguas negras desemboca a menos de un kilómetro del basurero de San Andrés Cholula, creando un riesgo de filtración peligroso, y es adyacente al único bachillerato del municipio de Calpan, y a apenas unos metros del Tianguis de los Cuatro Caminos, donde se venden productos de la región como maíz, frijol, ganado, frutas, etcétera.

Leer más

El pueblo que derrotó al basurero de la muerte

Tala ilegal en San Mateo Ozolco

En el mes de noviembre, vecinos de San Mateo Ozolco, junta auxiliar de Calpan, se dieron cuenta de que en la madrugada bajaban camiones con troncos de árboles. Tanto ganaderos como ejidatarios subieron al monte a ver qué sucedía y encontraron a unos sujetos talando. La zona de tala se encuentra al lado de las tomas de agua de San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco, lo cual causó preocupación porque años atrás dejaron que se talara cerca de un pequeño riachuelo que abastecía de agua limpia a los agricultores que iban a ver su ganado, y tras la tala se secó.

La tala no paraba, por lo que habitantes de San Mateo Ozolco decidieron empezar a alertar en las redes sociales (especialmente en Facebook), se manifestaron en la presidencia municipal de Calpan y convocaron a una reunión en San Mateo Ozolco el 24 de noviembre de 2025.

A la reunión llegaron pobladores de San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala, San Pedro Yancuitlalpan, San Nicolás de los Ranchos, Santiago Xalitzintla y Zacatepec, porque el bosque surte de agua a todas estas comunidades, que además cuentan con ejidos dedicados al cuidado forestal, que apaga incendios si estos se manifiestan y se ocupan de la reforestación.

A la reunión también se presentó el señor José de Jesús Aizpuru Vázquez, quien señaló tener una concesión de explotación forestal y es dueño de casi 300 hectáreas de bosque, heredado de sus antepasados españoles. Vázquez señaló también haber pagado 100 mil pesos a la presidenta auxiliar Jessica Santuario Popoca. Acordó dejar sus permisos al abogado de los habitantes de Ozolco para verificar que estuviesen en regla; mientras tanto, debía pararse la tala.

Pese al acuerdo público, la defensora Sonia señala que la presidenta auxiliar Popoca, a finales de noviembre, sostuvo reuniones privadas con diversos comités de la comunidad, entre ellos el de agua, quienes refirieron que la presidenta les había comentado que el señor Aizpuru amenazó con cortar las tuberías de agua que pasan por su propiedad en caso de no dejarlo proceder con la tala, lo que alarmó a la comunidad y llevó a una nueva reunión en la explanada de San Mateo, al lado de la presidencia auxiliar, el día 7 de diciembre. Ninguna autoridad se presentó. Los habitantes de las comunidades realizaron la reunión y acordaron no aceptar la tala; señalaron también que el daño a la tubería sería un delito.

Al mismo tiempo, sin previo aviso, Sonia señala que la presidenta Popoca intentó presionar a la comunidad de Ozolco en una reunión extraoficial, en la que intentó convencer a la comunidad de dejar que la tala prosiguiera. Sin embargo, desmintió los hechos en su página oficial. Ese mismo día, a través de altavoces, avisó al pueblo que nadie podía vocear asambleas o reuniones sin su previa autorización.

El día 9 de diciembre la comunidad convocó otra reunión en la plaza pública de San Mateo. Otra vez, ninguna autoridad acudió, pero el pueblo se encontró con la sorpresa de que la presidenta auxiliar Jessica Santuario Popoca estaba sosteniendo una reunión a puerta cerrada con algunos comités de la comunidad. Compañeros de Ozolco y comunidades aledañas contrarios a la tala se reunieron en protesta y fueron agredidos: “Salieron de la presidencia una veintena de personas agresivas, que empezaron a gritarnos fuera, incitando a la violencia; esto me parece de mucha gravedad porque la misma presidenta está convocando a la violencia entre pueblos y esto puede desembocar en agresiones entre pobladores”, denuncia Sonia Ventura.

Finalmente, la presidenta auxiliar salió y anunció una propuesta: el 50% del bosque iba a ser asignado a la tala para Aizpuru y el otro 50% para el pueblo. La comunidad la rechazó. El abogado del pueblo, una vez concluido el estudio, concluyó que: los árboles que se están talando no están enfermos ni viejos, como el permiso estipula que deben ser para talarlos; el sello que se coloca al pie de cada árbol para poder talarlo se está poniendo después de cortarlo y no antes, como lo señala la norma; y que la tala se está llevando a cabo cerca del río, lo que no está permitido por la norma.

La asamblea de los pueblos llegó a la conclusión de que debía cerrar el paso a la tala hasta que CONAFOR y SEMARNAT resuelvan la controversia.

La próxima asamblea es convocada para el lunes 15 de diciembre. Sonia expresa una ulterior preocupación: “La presidenta auxiliar ya amenazó con que va a demandarnos porque supuestamente nosotros la agredimos; intentó detener al abogado ordenando a la policía local que lo detuviera (cosa que no pasó) y ha mandado citatorios a compañeros, jactándose de que en su localidad es presidenta auxiliar y juez”, denuncia.

Intimidaciones y amenazas a defensores

Sonia relata que empezó a investigar el presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Calpan, y descubrió que para este año 2025 recibió 70 millones de pesos. Aún así, los problemas comunitarios no han sido atendidos, y cuando se han podido resolver ha sido gracias al trabajo colectivo de los habitantes.

“Ya no podemos creer que no hay recursos, además cuando se trata de municipios muy pequeños. Según el INEGI somos, haciendo referencia a la encuesta de población, 19 mil personas por las tres localidades de Calpan, San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco”, afirma Ventura.

Denuncia haber recibido ataques hacia su persona y su labor de defensora; en una ocasión recibió amenazas directas: “Se me acercó un tipo a decirme que había visto los videos que compartí en internet acerca de la cuestión presupuestal y del tema hídrico, y me dijo que yo soy una mujer joven y que consideraba que me podía pasar algo.”

“La esposa del anterior presidente municipal fue baleada, y la esposa del anterior aparentemente se suicidó, cuando el presidente municipal previamente la había violentado públicamente, la había golpeado y la había amenazado. Estos antecedentes dejan claro que, sobre todo como mujer, si te metes en asuntos políticos pones en riesgo tu vida”, afirma la defensora.