“El agua no se puede tomar. Lo que corre por las canillas no es puro ni limpio, puede intoxicarte hasta la muerte. Para paliar la sed hay que comprar”. Todos estos mensajes los creen hace muchísimo tiempo los habitantes de México, la ciudad más poblada de América Latina. La situación es perfecta para el negocio de vender bebidas azucaradas y agua embotellada pero también para la resistencia de un país que está aprendido a luchar por su seguridad alimentaria

Texto: Kennia Velázquez / Bocado

Fotos: Emilio Jiménez, Juan José Plascencia, Todos por el agua

MÉXICO.- “Cuando vayas a México, no tomes agua del grifo que te vas a enfermar”, esa es la recomendación que suele darse a los viajeros extranjeros que vienen al país. Esa idea también ha permeado en los mexicanos, nadie en su “sano juicio” bebería “de la llave”, ¿quién quiere correr el riesgo de enfermarse gravemente?

En mi familia no se toman bebidas azucaradas, no lo hacía normalmente, dejé de hacerlo totalmente cuando comencé a cubrir los temas de salud. “No consumir productos ultraprocesados es una forma de resistencia”, me dijo un entrevistado y yo era una rebelde orgullosa de no comprar refrescos. Hasta que caía en cuenta que daba igual, cada semana compro 60 litros por los cuales pago 6 dólares con 50 centavos, no importa la marca, ese dinero se va a alguna de las grandes empresas que si no venden bebidas chatarra igual venden agua.

Decidida a no pagar decenas de veces más por el agua que consumo, empecé a indagar sobre los filtros que hay en el mercado. Ante la variedad de precios, capacidades y marcas, pedí consejo a un amigo abogado y activista del agua que me dijo que no era necesario uno en la zona en la que vivo. Me contó que él y su hija tiene años de tomar agua del grifo y nunca se han enfermado. Sólo me recomendó tener siempre limpios tanto el tinaco como el aljibe y eso sería suficiente. Realmente me sorprendió.

Aquí beber agua embotellada es de lo más normal, no conocemos otra realidad. Pero Leo Heller, ex relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, alertó en 2017 que México fuera el país con el mayor consumo per cápita de agua embotellada: 480 litros al año.

El problema no es sólo el sobreprecio, también son las afectaciones al entorno. A 60 mil habitantes de Texcoco no les llega el agua por falta de infraestructura. Para proveerse requieren de pipas o deben comprar garrafones (botellones). La gran ironía es que en esta zona hay más de 3 mil embotelladoras de agua registradas que extraen más de 4 mil millones de litros de agua al año.

La venta de agua embotellada comenzó en 1990 con Nestlé y Danone, 10 años después se sumaron Pepsi y Coca Cola. Con las mayores corporaciones internacionales de alimentación comandando la estrategia, la gente paga al menos 20 veces el valor del agua al comprarla embotellada: hay marcas que llegan a cobrar más de un dólar por medio litro cuando el precio real es de 50 centavos de dólar por metro cúbico. Según el agua que se tome, es el estatus que se tiene: no es lo mismo tomar del grifo que pasearse con una elegante botella de marca francesa.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en 2020 las 16 mil plantas purificadoras que hay en el país tuvieron ventas por 20 mil 652 millones de pesos, un incremento del 6 por ciento respecto al año anterior. La venta de botellitas de vidrio o plástico, de manantiales europeos o de lugares recónditos, parece es un gran negocio.

La falta de confianza no es gratuita. Un estudio realizado en 2012 encontró “estreptococos fecales, coliformes fecales y totales” en aguas subterráneas de 16 municipios de Hidalgo y nueve del Estado de México, “demás de que las muestras rebasaron los límites permitidos de jabones y detergentes, concentraciones de sodio, arsénico, nitratos y sulfatos”.

En el país, un 80 por ciento de las enfermedades están asociadas al agua, igual que un 50 por ciento de los casos de mortalidad infantil mientras unas 400 mil personas son afectadas por agua contaminada y presencia de arsénico, ha denunciado Úrsula Oswald Spring, académica de la UNAM, la universidad más importante del país.

La situación no es igual en todo México. Según el mapa de calidad del agua elaborado por la organización no gubernamental Caminos de Agua, en gran parte de las regiones el líquido cumple con todas las normas y es óptimo para el consumo humano.

Tanto es el miedo -y el efecto de la publicidad- que el 90 por ciento de la población, sin importar su nivel socioeconómico, compra agua embotellada regularmente. “Incluso los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua lo toman, por lo que se trata de un fenómeno único en el mundo que no es normal”, dice Delia Montero Contreras, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Sin medida 

“Que se vaya de nuestros pueblos, que nos deje de robar el agua” gritan habitantes de Juan Bonilla, estado de Puebla, que han decidido enfrentarse a la empresa Bonafont porque la extracción intensiva ha secado sus pozos y ha dejado sin nada  a 5 mil familias.

La empresa filial de la multinacional Danone tiene permitido extraer 105 millones de litros al año sólo en una de sus tres concesiones, pero no se sabe a ciencia cierta si respeta el monto. Este es uno de los grandes problemas en México: los tenedores de títulos de agua son quienes hacen el reporte de su consumo y en muy pocos casos la autoridad verifica que lo reportado sea real. Hace apenas un año se reglamentó la medición de aguas nacionales pero “el asunto es que sólo el 3 por ciento de las concesiones tienen medidor, el 92 por ciento nunca ha sido verificado como operan”, dice Manuel Llano Vázquez Prada, director de la organización no gubernamental CartoCritica.

Conagua es el organismo responsable de la protección y conservación de las aguas superficiales y subterráneas, de garantizar su disponibilidad, otorgar concesiones y verificar la extracción.

Dependiendo del uso que se le dé a la tierra, la Ley Agraria establece que una persona sólo puede poseer como máximo entre 100 y 800 hectáreas, pero no pasa lo mismo con el agua: para consumidores privados no existe un límite máximo ni de títulos ni de volumen a extraer. Las concesiones se pueden solicitar con una vigencia de entre cinco y 30 años, con la posibilidad de renovar incluso pueden ser transmitidas a terceros.

Además, la opacidad es total: “no sabemos cuánta agua se usa porque sólo sabemos el volumen concesionado. No sabemos quién la usa porque hay un mercado gris y porque las concesiones se transfieren de un concesionario a otro. No sabemos para qué la usa y no sabemos cuánto se paga porque es secreto fiscal”, explica Llano.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo órgano fiscalizador del país reportó que lo hecho por   Conagua en 2019 no permite determinar una mejora en la administración del agua pues no hay diagnóstico ni programación para regular; se desconoce si los usuarios sancionados por mal uso de los títulos cumplieron con las medidas de reparación. La Conagua, dice ASF, tampoco ha logrado incrementar la desinfección del líquido para reducir el riesgo de enfermedades, garantizar la subsistencia de ecosistemas, evitar la aparición de conflictos entre poblaciones que ya se dan en al menos 10 cuencas.

Especialistas han denunciado que uno de los problemas más graves es que no se sabe cuánta agua hay disponible en el país. La auditoría considera que la información proporcionada por Conagua es deficiente y no confiable, pues no se presentaron balances del recurso hídrico superficial y subterráneo que debía actualizarse en el Sistema Nacional de Información sobre cantidad de agua.

En opinión de Llano Vázquez Prada, lo que falta es “una auditoría del agua y que se legisle el agua subterránea. Debe haber control sobre los titulares de derechos de agua, sobre el consumo, la extracción y la contaminación”.

Además, se debe cambiar la visión pues “el agua se aborda desde una cuestión hidráulica, se toma como un tema de infraestructura -acueductos, plantas de tratamiento, presas- y no como un tema transversal que toca lo económico, lo fiscal, la protección de ecosistemas”, dice el experto en conservación de la biodiversidad.

“Urge una redistribución de atribuciones porque tenemos una súper comisión del agua que lo hace todo: determina la disponibilidad, otorga las concesiones y asignaciones, ejerce los actos de inspección, vigilancia y sanciona… esto no es adecuado”.

Agua y plusvalía

“¿Quieres vivir en una zona que no sufra de escasez de agua en la Ciudad de México? Te invitamos a conocer las alcaldías que no enfrentan esta problemática para que inviertas en bienes raíces de forma productiva” dice un mensaje en un buscador online para compra y venta de inmuebles. Es que según algunas proyecciones, la capital del país podría quedarse sin agua en 2030 entonces, el valor que tendrá una casa o un departamento no se vincula sólo con los metros cuadrados o la ubicación. Aquí los bienes raíces también se cotizan en «con» o «sin» agua.

Aunque México tiene un alto estrés hídrico, es junto con Chile uno de los dos países latinoamericanos que menos invierten en agua: apenas un 0.5 por ciento del PIB. Esto se traduce en que no todos tienen acceso al agua. En nueve estados disminuyó hasta en un 30 por ciento el número de viviendas con agua entubada en 10 años. Y aún cuando dispongan de la infraestructura adecuada, eso no significa que tengan agua siempre pues el 20% de los hogares no la tienen todos los días.

La pandemia de covid-19 ha obligado a las autoridades a enviar pipas (camiones cisternas) para surtir agua manualmente en algunas  zonas que carecen del servicio de manera continua. Pero es insuficiente y los vecinos deben buscar por sus propios medios para cumplir las medidas sanitarias. Tan codiciada es el agua que desde hace años algunas zonas de la Ciudad de México han ocurrido secuestros de pipas y riñas vecinales.

Las ciudades densamente pobladas buscan de dónde proveerse. Las grandes capitales mexicanas van secando todo a su alrededor. Sobran ejemplos: el 40 por ciento del agua que consume la capital llega desde zonas alejadas; Guanajuato busca en su  estado vecino, San Luis Potosí; y en Jalisco las autoridades planean megaproyectos que lograrían el suministro a costa de destrucción, pero han encontrado la resistencia de pobladores ya convertidos  en símbolo de lucha comunitaria.

México no siempre fue un país seco: lo han ido secando. La falta de agua se debe a la mala planeación como también a una extracción mal distribuida: 104 de 653 acuíferos están sobreexplotados, en ellos se encuentra el 33 por ciento de la población de México. En 1975 se extraía agua de 32 acuíferos, para 2016 ya eran 105.

En este tema se repite la misma desigualdad que socava al país: la mala distribución de todo, incluida el agua. Porque en México, un país donde el 1% de la población concentran el 43% de la riqueza, también el 1.1% del total de usuarios explota más de una quinta parte del recurso, según reveló el informe Millonarios del agua. Son 3 mil 304 grandes usuarios privados con un volumen de agua de 13 mil 208 hectómetros cúbicos anuales. Entre esos usuarios se encuentran mineras, embotelladoras, de energía eléctrica, cerveceras, acereras, agroindustrias, automotrices y otras; 966 grandes empresas.

La investigación de los académicos Wilfrido Gómez Arias y Andrea Moctezuma alerta que en ese grupo de grandes explotadores se encuentran los bancos BBVA y Banco Azteca: “la creciente participación de bancos como usuarios de grandes concesiones de agua no deja de ser un tema de preocupación que responde posiblemente a la creación de un mercado internacional del agua”.  La inquietud se incrementa en tiempos en que el agua comenzó a cotizar en Wall Street por primera vez en la historia de la humanidad, con la reciente creación de los mercado de futuros del agua que provocará especulación, similar a la del petróleo.

El panorama se complica aún más: hay una red “alterna” de tomas clandestinas en prácticamente todo el país, conectadas de manera ilegal a los sistemas de distribución municipales. Sólo en Ciudad de México se calculan cerca de 400 mil conexiones, de los pozos ilegales en todo el país, la cifra es incuantificable. En los últimos años saltó a la luz el escándalo del huachicoleo, el robo a refinerías y ductos petroleros. Sin embargo, aún no sabemos cuánto se ordeña a los acueductos.

Una nueva ley general de aguas

En 2012 se reformó la Constitución Mexicana que elevaba el acceso al agua como un derecho humano y se estableció un plazo de 360 días para emitir una nueva ley de aguas nacionales. Más de 400 organizaciones representantes de pueblos originarios, de la sociedad civil y académicos comenzaron a trabajar en una iniciativa de ley que garantizara el agua de calidad para todos, que protegiera los ciclos naturales y los ecosistemas. Sin embargo, ha pasado casi una década y la ley no llega.

Comunidades y municipios en los estados de Quintana Roo y Veracruz presentaron demandas de amparo para que la autoridad judicial presione al congreso y así se emita la Ley General de Aguas. El procedimiento fue admitido pero no hay resultados todavía. El argumento del nuevo retraso: la pandemia. Promulgar una nueva ley es urgente porque, en opinión de Anaid Velasco, coordinadora de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el enfoque de la ley actual está superado por la realidad: “las sanciones no son representativas del daño que están ocasionando, como la contaminación. A un usuario del agua le sale más barato contaminar y pagar la multa que dejar de contaminar”.

Y mientras las autoridades demoran, la sociedad trabaja. El colectivo Agua Para Todos presentó una iniciativa ciudadana que propone que el manejo de ciclos del agua en cuencas vía sistemas locales sea sin fines de lucro; reconocer los derechos de los pueblos indígenas y los derechos al agua para uso personal y para la soberanía alimentaria; que existan políticas frente a la contaminación, la sobreexplotación y que no se consideren como actividades prioritarias a la minería y el fracking; asegurar recursos públicos suficientes y que se erradique la corrupción y la impunidad.

Experta en el tema y cercana al frustrado proceso legal, Anaid Velasco alerta que el mayor freno está en “cabildeo de los distintos intereses”. Y mientras los poderosos negocian el botín, “36 millones de mexicanos no cuentan con agua potable, el derecho a la salud es vulnerado minuto a minuto”. Unicef reveló que 12.75 millones de niños y niñas mexicanos viven en zonas de alta vulnerabilidad hídrica: sin agua en el presente y mucha menos en el futuro.

Manuel Llano explica que “hay mucha presión por parte de la industria porque no se cambie la ley o que en caso de hacerlo se mantengan los privilegios de acaparamiento del agua”.

Guardianas del agua

En la costera ciudad de Progreso, en el estado de Yucatán, no hay agua dulce. Para tener algo que beber, deben llevarla del centro de la entidad a las costas pues la que está disponible es salobre.

No falta agua, la espesura de la vegetación así lo demuestra. Los cientos de cenotes que servían para ceremonias religiosas a los mayas aún tienen agua en abundancia, son ahora uno de los muchos atractivos turísticos de la región. El problema es que está contaminada, relata Alfonso Munguía Gil, doctor en Economía política por la Sorbonne y esto se debe a “las concesiones y la falta de  responsabilidad en el manejo del agua. Conagua ha estado al servicio de las grandes empresas, tiene que cambiar el papel del organismo hacia la justicia en la gestión  del agua”. ¿A dónde va el agua de Yucatán, la que no llega a los hogares?, A granjas porcinas y a la industria turística.

En su opinión, “el costo de no tener agua disponible implica contar con infraestructura cara que no debiera ser necesaria si hubiera un equilibrio en el uso del líquido, implica tener enfermedades, los costos ambientales y económicos son muy altos, estamos generando el cambio climático, vamos dañando la fauna y la flora. Y eso no se toma en cuenta”.

Munguía Gil, investigador del Instituto Tecnológico de Mérida, cree que la única alternativa para incidir en la toma de decisiones es convertirnos en “ciudadanos más participativos y vigilantes de lo que pasa en nuestro territorio. La ciudadanía debe tener más peso en las decisiones sobre el manejo del agua”.

En México hay pequeñas y grandes guerras por el agua. De norte a sur, en el país hay conflictos y resistencias comunitarias para garantizar su acceso al agua: en Puebla y Baja California  las comunidades se enfrentan a empresas de energía y cerveceras; en Oaxaca grupos armados despojaron de su fuente a un poblado, provocando la muerte de un hombre y varios heridos mientras impedían que se destruyeran los tanques de agua y las tuberías.

Pero también hay batallas internacionales: un conflicto con Estados Unidos por el agua que México entrega  en detrimento de los agricultores mexicanos (que han estado  al borde de la desesperación)., Una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento y más durante la temporada de estiaje.

Al sur del país, donde abunda el agua, no hay conflicto pero se ha optado por evitar el trabajo coordinado, aún cuando compartimos seis cuencas hidrográficas con Guatemala y Belice que sirven como frontera. No hay acuerdos trilaterales con visión de cuenca transfronteriza, cada país se ha enfocado en sus territorios.

Los conflictos seguirán explotando en este país donde 36 millones de personas no tienen agua y un puñado de empresas -1.1% de los usuarios – explota un cuarto de los recursos hídricos. Un país donde la ley se retrasa al infinito y comprar inmuebles con acceso al agua es, sin dudas, un negocio seguro.

Este reportaje fue producido por la red de periodismo latinoamericano Bocado.lat