La disputa por el agua en Chihuahua registró un nuevo episodio. El presidente Andrés Manuel López Obrador retiró a los mandos militares de las reuniones de seguridad con las autoridades locales para evitar filtraciones. Al debate se sumaron gobernadores de oposición. La disputa se intensificó este viernes cuando se acusó al gobernador Javier Corral de incumplir su compromiso de cubrir el adeudo de agua

Textó: Alberto Nájar

Foto: Presidencia

El conflicto por la entrega de agua de las cuencas hídricas en Chihuahua a Estados Unidos sigue al alza.

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó nuevamente al gobernador de ese estado, Javier Corral, y a otros políticos del conservador Partido Acción Nacional (PAN) de poner en riesgo las relaciones de México con el gobierno del presidente Donald Trump.

También señala a exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de formar parte en la estrategia política.

La razón, aseguró el mandatario, es que las autoridades y agricultores de Chihuahua se niegan a cumplir el Tratado sobre aguas internacionales firmado por los dos países en 1944.

El acuerdo obliga a México a ceder, cada año, una parte del agua de los ríos y cuencas que se ubican en la frontera común, y que se almacena en las presas de ambas naciones.

El convenio es una derivación de los acuerdos firmados en 1884 como parte de las negociaciones para concluir la guerra binacional que costó perder más de la mitad del territorio mexicano.

La cuota de agua se ha cumplido cada cinco años por todos los estados fronterizos, pero este año Chihuahua ha sido la excepción. Y el argumento, asegura López Obrador, es la contienda política de 2021 cuando se elige a un nuevo gobernador en ese estado.

“Hay elecciones en Chihuahua y el partido que gobierna utilizó este asunto como bandera, el decir: ‘No vamos a entregar el agua porque es nuestra’”.

El problema, insiste el presidente, es que con esta decisión “politiquera” dijo, se pone en riesgo la relación con el gobierno de Estados Unidos.

Greg Abbott, gobernador de Texas (vecino de Chihuahua) envió una carta al secretario de Estado Mike Pompeo para quejarse por el incumplimiento del acuerdo internacional.

“Imagínense, por un asunto politiquero, por querer ganar una elección en un estado, ¿poner en riesgo la relación de México con Estados Unidos? Es muy irresponsable”, dijo López Obrador.

La disputa continuó este viernes. En la conferencia de prensa matutina el director para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, afirmó que Javier Corral se ha negado a cumplir acuerdos que había firmado, en los que se comprometía a entregar el faltante de agua que adeuda el estado.

El agua que debe entregarse a Estados Unidos debe extraerse de la presa La Boquilla, en la frontera común. Algunos productores agrícolas afirman que el embalse se encuentra en condiciones críticas, y cumplir la cuota pondría en riesgo las próximas cosechas.

El gobierno federal rechaza la versión, y advierte que entre los opositores se encuentran exgobernadores, empresarios adinerados y productores de nuez que por décadas han acaparado el uso del agua en la zona.

Entre ellos, se informó en el encuentro con periodistas, se encuentra la familia Urionabarrechenea, vinculada al exgobernador César Duarte según dijo el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja.
La familia, añade, es uno de los principales promotores de las movilizaciones de las últimas semanas, especialmente el sabotaje a la presa La Boquilla el pasado…

Las filtraciones de Corral

El gobernador Javier Corral respondió en pocas horas a la acusación presidencial.

En entrevistas con estaciones radiales y por su cuenta de Twitter el mandatario advirtió que, con él, López Obrador no va a poder.

En entrevistas con medios de Chihuahua el mandatario acusó al presidente de “sembrar odio, manipular y faltar a la verdad”.
Un día antes había advertido que, con él, López Obrador no iba a poder.

“Quiere sometidos a los gobernadores o humillados y con nosotros se va a topar con pared. A otros los podrá intimidar, a otros los podrá asustar quizás porque tienen faltas vulnerables”, aseguró.

“En mi caso el presidente se está equivocando, a mí no me va a intimidar ni me va a mantener callado”.

Por lo pronto, el nuevo episodio de esta disputa por el agua en las cuencas de Chihuahua se suma a otra cadena de recientes diferencias políticas.

Esta semana se publicó que los responsables de las secretarías de Marina, Defensa Nacional y la Guardia Nacional en Chihuahua abandonan las reuniones de seguridad que cotidianamente mantenían con las autoridades del estado.

La versión fue confirmada por el presidente López Obrador. Los mandos militares sesionarán en un espacio diferente al del gobierno local, dijo, para evitar filtraciones.

Según el presidente la información que se comparte en esos espacios se compartía con los grupos opositores a la entrega del agua a Estados Unidos, así como a políticos del PAN.

“¿Cómo vamos a estar tratando asuntos de interés nacional cuando tenemos la oposición al interior, cuando se está conspirando en estas reuniones?”, señaló el presidente.

“Toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los dirigentes de este partido, entonces así no”.

Javier Corral había dicho que la decisión de retirar a las fuerzas armadas de las mesas de seguridad era una represalia por su posición en el conflicto por el agua internacional.

La posición fue respaldada por otros 13 gobernadores quienes demandaron que no se mezcle la política con la seguridad pública.

Forman parte de la llamada Alianza Federalista, integrada por los mandatarios de Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila y Nuevo León.

Todos son militantes de partidos opositores al gobierno de López Obrador, y en algunos casos han sido vinculados con el escándalo internacional de sobornos por la constructora brasileña Odebrecht.

Los mandatarios reclaman que se vincule la extracción de agua en la presa La Boquilla con la decisión de retirar a los mandos militares de las reuniones con el gobierno chihuahuense.

“La seguridad pública no puede ser rehén, bajo ninguna circunstancia, de disputas políticas”, afirmaron la noche de este jueves en un comunicado 

Los gobernadores disidentes juran, además, que se viola un acuerdo de no mezclar la política con la seguridad pública. Lo que ahora sucede, afirman, abre la puerta a la delincuencia organizada. 

Mienten, responde López Obrador.

“Al contrario, si actúa el gobierno federal, como es su responsabilidad en delitos del fuero federal, se va a procurar que siempre se proteja a los ciudadanos. La Guardia Nacional es para eso”.