12 julio, 2024
Comunidades de la región de los Chenes, en Campeche, denunciaron una emergencia apícola después de descubrir la muerte masiva de miles de abejas provocada por el uso de plaguicidas tóxicos en cultivos cercanos
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Robin Canul
CIUDAD DE MÉXICO.- El colectivo de comunidades mayas de los Chenes, una región que comprende gran parte de la selva de Campeche y partes de Yucatán, alertaron de una emergencia apícola causada por el uso de plaguicidas altamente tóxicos usados por empresas de la agroindustria externas al territorio maya.
A principios de julio, ante el paso del huracán Beryl por la península de Yucatán, los productores de la región de Ich-Ek activaron sus sistemas de alerta y prevención, por lo que visitaron los apiarios en los que detectaron riesgos de inundaciones u otras afectaciones para sus abejas.
Al llegar a los predios correspondientes los apicultores inmediatamente notaron una baja considerable en las colmenas y una gran cantidad de abejas muertas en las piqueras, lo que catalogaron como una muerte masiva de abejas. Encontraron algunas abejas con síntomas claros de intoxicación por plaguicidas.
En total visitaron 11 apiarios en los que confirmaron la muerte de más de 248 colmenas, lo cual representa la pérdida del patrimonio de más de 40 años de trabajo, detallaron a través de un comunicado de prensa.
En un monitoreo de campo identificaron un polígono a un kilómetro y medio de las colmena con una extensión de 13 hectáreas donde se cultiva chile habanero, fruto que requiere grandes cantidades de sustancias tóxicas para las abejas y la biodiversidad.
A pesar de que esta región está protegida legalmente con amparos contra este tipo de fumigaciones, las afectaciones a las abejas y polinizadores se siguen dando de manera sistemática y sin que ninguna autoridad actúe de forma efectiva.
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Equilibrio Ecológico y Cambio Climático (INEEC) en marzo del 2023 en la región de Hopelchén encontró que en más de la mitad de los campos de cultivo agrícola cercanos a colmenas (56 por ciento) había al menos un insecticida peligroso para las abejas, sugiriendo una relación con la muerte masiva. Este hallazgo indica prácticas inadecuadas de manejo de plaguicidas en la región. En el estudio se identificaron 9 de 13 plaguicidas, cuatro de ellos de toxicidad moderada (acetamiprid, cyprodinil, nicosulfuron, thiacloprid) y 4 de alta toxicidad.
Esta muerte masiva se da después de fenómenos climatológicos que ya habían debilitado estas colmenas, como la prolongada sequía que afectó grandes partes de México durante la primera mitad del 2024 y los incendios forestales que provocaron, así como el embate de fenómenos hidrometeorológicos durante junio que trajeron inundaciones y lluvias torrenciales. Estos cambios provocaron cambios en el desarrollo de las flores, lo que retrasó la cosecha de miel en la temporada regular.
Este hallazgo se suma a una larga lista de incidentes similares documentados por apicultores desde años anteriores y durante este 2024, como el registrado en la comunidad de San Francisco Suc-Tuc y Crucero de Oxá en marzo. El impulso de la producción agroindustrial en el Estado de Campeche incentiva a continuar con prácticas de producción con consecuencias negativas sobre la biodiversidad.
“La evidente desvinculación interinstitucional es un claro ejemplo del desinterés que las administraciones gubernamentales actuales y pasadas tienen sobre estas situaciones cada vez más recurrentes, evadiendo las responsabilidades que por ley deben acatar para frenar el uso de sustancias altamente peligrosas no solo para las abejas sino también para la salud humana”, acusa el comunicado.
El no atender estas afectaciones y no hacer una reparación de daños afecta no solo al medioambiente, sino también a los derechos de los pueblos mayas originarios de esos territorios. “Reclamamos a las autoridades e instituciones gubernamentales la carencia de justicia a nuestras peticiones de frenar actividades que atentan contra la apicultura y la biodiversidad, después de una década de denuncias y acciones legales”, se lee en el comunicado.
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