Ante la omisión de las autoridades estatales, periodistas de Oaxaca han buscado apoyo de organizaciones civiles para enfrentar las agresiones y amenazas de las que han sido objeto

Texto: Karen Rojas Kauffmann / Desde Provincia

Fotos: Especial

OAXACA. – El 8 de marzo de 2022, Erika hacía una cobertura por las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer en el Estado de Oaxaca, cuando un hombre desconocido se acercó a ella mientras documentaba las acciones de las feministas en la vía pública, y la atacó con unas tijeras de jardinería.

“A pesar de la herida, que era bastante profunda, yo no sentía nada. Cuando una de mis colegas me explicó que parara porque el hombre me había cortado la cabeza, muy cerca de la oreja, yo no alcanzaba a dimensionar lo que estaba pasando”.

Erika Juárez, de 34 años, fotorreportera del medio digital Códices Oaxaca, decidió  abandonar la marcha y trasladarse al hospital donde le darían varias puntadas para cerrar una herida de aproximadamente siete centímetros, bastante profunda. “Las feministas pensaron que me había herido de muerte porque inmediatamente se dispersaron para agarrarlo, algunas lo golpearon hasta que se acercó una mujer policía. Todavía tuve el ánimo de tomarle unas fotos, mientras me salía sangre a chorros”.

A partir de la agresión, la vida de Erika cambió radicalmente. “Sigo afectada psicológicamente. Todavía me siento vulnerable y triste. Sigo padeciendo insomnio, tengo pesadillas recurrentes, sueño que me asaltan, que me persiguen. Afortunadamente recibí terapia gracias, primero a GESMujer, y luego me canalizaron con Cimac. Ahí recibí el tratamiento de principio a fin”.

De 2018 a 2023, 43 mujeres periodistas y comunicadoras han sufrido algún tipo de violencia, la mayoría (34) psicológica, de acuerdo con un recuento de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac). Un informe de esta misma organización, “Palabras impunes: Estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022”, dice que:

“En estados como Oaxaca, las dificultades y los riesgos para informar se agravan frente a una realidad en la que se mezclan los intereses empresariales, la colusión entre los distintos niveles de gobierno y los grupos criminales, y males endémicos como la corrupción y el amiguismo. Si a la violencia que atraviesa el país se suma el discurso estigmatizante, que genera un ambiente peligroso y permisivo para las agresiones contra las periodistas, uno de los resultados es el temor a convertirse en víctima. ‘Tienes que estar cuidando qué vas a informar’, refiere la reportera zapoteca Diana López Manzo”.

Antes de recibir atención especializada de GESMujer y CIMAC, Erika recurrió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), donde la acompañaron a interponer su denuncia. Un mes más tarde, el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación federalla contactó y le dictó medidas cautelares.

“Las medidas de protección que me dieron fueron básicamente un botón de pánico y me asignaron visitas de la Guardia Nacional a mi domicilio. Después del ataque, un par de policías militares vinieron a dar rondines por tres meses y hace más de un año que no vienen. Nadie me notificó de manera formal la suspensión de las visitas”.

Y aunque en el papel la DDHPO condenó la agresión cometida contra la fotoperiodista, solicitó a la FGEO las medidas cautelares y pidió una investigación con perspectiva de género, en la práctica Erika Juárez recibió una orientación deficiente, sesgada y tardía, en la que personal de la defensoría, agentes del Ministerio Público, policías, peritos y analistas de información la revictimizaron de forma sistemática.

“En la Fiscalía perdieron mi carpeta de investigación porque, según me explicaron, la denuncia se interpuso, por sugerencia de la defensoría, en el Centro de Orientación Denuncia y Determinación Inmediata, de la Fiscalía General del Estado pero debió hacerse en la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social. Por esa razón la investigación estuvo parada durante más de seis meses hasta que la encontraron. Luego, dos meses después, un ministerio público me llamó para hacer la reconstrucción de los hechos y me llevó hasta el lugar donde me habían agredido, el tipo iba armado, y los vecinos que tenían un negocio comercial ahí al saber que yo había sido agredida ese día, me criminalizaron y querían demandarme por los daños que las feministas habían causado al intentar detener a mi agresor. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo, el MP me estaba exponiendo física, moral y legalmente de muchas maneras”.

El 10 de febrero de 2022, prácticamente un mes antes del ataque a Erika Juárez, dos hombres en una camioneta Dodge Ram llegaron al estudio de grabación que el periodista Heber López Vázquez tenía en su casa en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Uno de los hombres, a unos metros de la entrada, asesinó al reportero con cinco disparos a quemarropa. Su hijo de doce años, según relató su hermano Irvin López Vásquez a medios locales, logró esconderse hasta que los sicarios se fueron.

El cuerpo de López Vázquez, dueño de un tono crítico y punzante, quedó tendido sobre el asfalto en medio del dolor, la indignación y la muerte, tras recibir varias amenazas por desvelar corruptelas en la construcción del Rompeolas, en Salinas del Marqués. Una obra ligada al Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, donde se disputan los recursos millonarios del megaproyecto, sindicatos de transportistas, políticos, caciques locales y cárteles del narcotráfico.

Su muerte provocó la movilización de periodistas en todo el estado de Oaxaca, que denunciaron con diferentes marchas un largo proceso de impunidad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGEO), la carencia de mecanismos de protección locales y el abandono de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que desde su creación, el 13 de enero de 2012, no cuenta con oficinas en ninguna de las ocho regiones del estado, a pesar de contar con un presupuesto de 70 millones de pesos anuales.

Rápidamente 2022 se volvió el año más letal para la prensa en México, con 15 periodistas asesinados por su trabajo. De acuerdo con el recuento de la organización Artículo 19, ese mismo año, México se mantuvo como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, superado únicamente por Ucrania, según un recuento de CNN basado en los informes de Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la protección de los Periodistas (CPJ).

López Vázquez, de 43 años, había fundado y dirigido el medio digitalNoticias Web, un portal con información hiperlocal que en Facebook alcanza unos 19 mil seguidores. Heber fue el quinto periodista asesinado en el país ese año. Un mes antes, el 10 de enero, José Luis Gamboa fue privado de la vida en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado fueron asesinados los días 17 y 23, en Tijuana, Baja California, y el 31, en Zitácuaro, Michoacán, se perpetró el homicidio de Roberto Toledo.

Con el homicidio de Heber, sumaron en el Estado de Oaxaca, 15 los comunicadores que han sido asesinados durante los últimos diez años en represalia por su trabajo periodístico, y según ha reconocido la DDHPO, se han iniciado entre enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 288 investigaciones derivadas de quejas o cuadernos de antecedentes relacionados con violaciones a los derechos de periodistas en la entidad.

El asesinato de Heber evidencia el riesgo que pagan quienes se atreven a ejercer su derecho a informar en esta zona del país con altísimos niveles de conflictividad social, y donde los ataques se dan en un contexto de despojo a pueblos indígenas y pequeñas comunidades por la implementación del Gobierno Federal de proyectos estratégicos y de gran envergadura, como el Corredor Interoceánico.

La represión silenciosa

Según el informe M.I.E.D.O (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad) de la organización Artículo 19, publicado en marzo de 2016, “el estado de Oaxaca es uno de los que ha visto mayor violencia contra la prensa en los últimos años. Tan sólo en 2015 se documentaron el máximo histórico de 35 agresiones contra los medios de comunicación, lo que la coloca como la quinta entidad federativa más violenta de México”.

Ante la crisis de seguridad que desde entonces enfrenta el gremio periodístico, las autoridades locales crearon en 2011 y 2015, respectivamente, dos instituciones: la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social (FIDTS), que depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y la Defensoría Especializada en Atención a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Ambas instancias, coinciden integrantes del gremio de comunicadores, fueron insuficientes en la consolidación de acciones que garantizaran el ejercicio de su trabajo.

Antonio Mundaca, periodista desplazado en 2019, calificó de “burdas e inútiles” las medidas cautelares que obtuvo en 2014 por recomendación de la DDHPO, cuando fue despedido de la empresa radiofónica ORP Comunicaciones, en Tuxtepec, Oaxaca, “por presiones de funcionarios de gobierno”, y recibió amenazas telefónicas.

“En aquel momento, a través de la Defensoría, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado ejecutaba las medidas cautelares que básicamente consistían en un par de rondines al día, sin protocolos bien definidos, sin análisis de riesgo ni la posibilidad de rechazar la ‘atención’ que me otorgaban. Lo cual resultaba risible, porque sabemos que en muchos casos la policía municipal está coludida con grupos del crimen. En 2013, por ejemplo, arrestaron al director de Seguridad Pública del municipio por presuntos vínculos con el narcotráfico”.

Luego de su despido injustificado, Antonio Mundaca -ahora como director editorial de El Tuxtepecano-, Eduardo Jiménez, Víctor López y José de Jesús Alcántara, los tres primeros periodistas de Oaxaca y el cuarto de Veracruz, fueron agredidos físicamente por personas vinculadas al Partido Unidad Popular (PUP), mientras cubrían la toma de posesión de Heriberto Ramírez Martínez, entonces presidente municipal de Soyaltepec, un cacique de la Cuenca del Papaloapan, acribillado en 2020, víctima de un ataque armado.

Ramírez Martínez tomaba posesión tras una elección que dejaría como saldo dos muertos (entre ellos un militante del PUP y otro del PRI), y sería impugnada en los tribunales electorales.

Cuando los periodistas de El Tuxtepecano llegaron al municipio para documentar la toma de protesta, se percataron que personas vinculadas al partido popular mantenían bloqueada la carretera, y que a pocos metros del lugar agentes de la Policía Estatal amagaban con desalojarlos. Al acercarse con las cámaras, las personas que encabezaban el bloqueo los comenzaron a atacar con machetes, piedras y palos.

“Cuando corríamos para tratar de resguardarnos, Lalo, uno de nuestros compañeros, tropezó, cayó al piso y ahí lo golpearon. Le atestaron un machetazo pero alcanzó a meter el pie y el golpe fue a dar en la suela del zapato”, recuerda Antonio Mundaca.

Eduardo y José de Jesús fueron los más golpeados por los integrantes del PUP, quienes robaron la cámara fotográfica y otros utensilios de trabajo del periodista veracruzano, a pesar de la presencia de los elementos de la Policía Estatal. Víctor y Antonio, fueron rodeados, agredidos con empujones e insultos y amenazados verbalmente con ser linchados.

Sin embargo, este ataque tuvo que sumarse a una tercera agresión tras la publicación de una serie de reportajes sobre fosas clandestinas en los límites de Oaxaca y Veracruz, para que el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas reconociera el riesgo en el que Antonio desempeñaba su trabajo.

“En agosto de 2014, se da el homicidio de Octavio Rojas en Cosolapa. Un municipio localizado en el extremo norte de Oaxaca colindante con Veracruz, y creo que ante la presión social y política por la desbandada de ataques y asesinatos de reporteros en ambos estados, el mecanismo me contacta y me dictan las medidas cautelares”.

No obstante, ante las deficiencias del Mecanismo de Protección, la DDHPO y la FGEO para proteger y garantizar la seguridad de Antonio Mundaca, fue hasta 2019 que pudo desplazarse junto con su familia a la capital del Estado, gracias al Programa de Refugio Temporal para Periodistas en Riesgo de la Red de Periodistas de a Pie, un programa dedicado al cuidado de periodistas independientes que trabajan en zonas de alto riesgo en el interior del país.

“El acompañamiento de la Red de Periodistas de a Pie fue fundamental para lograr un desplazamiento digno que me permitiera realmente adaptarme a un nuevo entorno laboral y desarrollar capacidades de respuesta ante posibles contextos de violencia. Quienes hemos sido amenazados, agredidos o desplazados sabemos que los mecanismos institucionales carecen de marcos regulatorios sólidos, porque las medidas de protección que ofrecen son inadecuadas y muy burocráticas en la ejecución. También carecen de recursos humanos y financieros adecuados con graves consecuencias para los beneficiarios, quienes vivimos situaciones absurdas bajo la protección”.

Resignificar el miedo

“Nombrar el miedo. Reconocerlo y afrontarlo. Politizarlo. Socializarlo. Colectivizarlo. Leerlo, sobre todo, desde su intencionalidad, de la estrategia de causar terror para imponer silencio. Aceptarnos vulnerables. Soltar las culpas. Entender que el desplazamiento es el último recurso para aferrarnos a la vida”. Leo cada una de las anteriores frases que Daniela Pastrana, periodista fundadora de Pie de Página y la Red de Periodistas de a Pie, escribió sobre el informe “El miedo sigue ahí. Periodismo crítico en desplazamiento y resistencia”, publicado por Aluna en 2022, y en cada punto y aparte hago una pausa para respirar profundo. Para acomodar cada recuerdo, cada angustia, cada pulsación que Antonio Mundaca y yo atravesamos, como familia, durante la reubicación y el desplazamiento.

Cuando un periodista es forzado a exiliarse toda su estructura familiar se tambalea, porque cuestionar las estructuras del poder y las violencias que genera en este país, implica un riesgo que no da tregua. Durante la noche dormíamos mal, teníamos pesadillas horribles y, durante el día, nos negábamos a normalizar el miedo y a vivir con el horror a cuestas, dentro de nuestra casa.

Sin embargo las amenazas nos sometieron física, verbal, psicológica, patrimonial y hasta económicamente. A la par de estas agresiones, también tuvimos que lidiar con la violencia institucional, porque ninguna instancia gubernamental, local, estatal o federal nos brindó una política eficiente de protección ni la posibilidad de reinsertarnos a nuestros trabajos o regresar a casa.

A Toño y a mí nos salvaron las redes. Las redes que tejimos con otros periodistas frente al entramado de violencias generalizadas que enfrentamos desde que decidimos ser periodistas, y entendimos que este país se cae a pedazos.

Y ante la frustración, el miedo y las pérdidas que vivimos antes, durante y después del desplazamiento, nos sostuvieron las redes de amigos y colegas que nos acompañaron. Nos sostuvo la red de Periodistas de a Pie que nos brindó la oportunidad de movernos y trabajar en la capital dignamente.

A 4 años de nuestro desplazamiento forzado interno, el contexto sociopolítico en Oaxaca es mucho más complejo y adverso para ejercer el periodismo, pero este tiempo nos ha enseñado, ante la ausencia del Estado, a desarrollar estrategias de afrontamiento individuales y colectivas que nos han ido sanando, hasta resignificar los impactos de las agresiones, las amenazas o el miedo.

Ausente política de Estado

Antes de ser nombrado fiscal general de Oaxaca, en marzo de este año, José Bernardo Rodríguez Alamilla fungió como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), cargo para el que fue electo en abril de 2019 en sustitución de Arturo Peimbert Calvo, a quien también remplazaría tras su renuncia de la Fiscalía.

“A partir del trabajo que hicimos en la defensoría, hoy podemos reconocer que los ataques a personas defensoras y periodistas existen, y son un problema de seguridad  pública grave en Oaxaca. Desde que ingresé a la fiscalía me interesa hacer una reingeniería y crear capacidades al interior de la propia institución. Eso implica generar áreas específicas, con personal específico que entienda lo que hacen las personas defensoras y periodistas, y se atiendan con protocolos también específicos”, asegura.

Rodríguez Alamilla es maestro en derecho y economía por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Según su currículum se ha desempeñado como abogado litigante, profesor de derechos humanos y como asesor en el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Fue asesor de la Comisión Permanente de Salud del Congreso y titular de la Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, su nombramiento fue rechazado por diferentes organizaciones no gubernamentales y ciudadanas, perfilándose como el candidato favorito del Gobernador Salomón Jara.

A raíz de su designación impulsó la Unidad Operativa Especializada en Materia de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, “como parte del fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social” y “con el objetivo de fortalecer y mejorar los procesos de procuración de justicia, creamos estas áreas estratégicas para atender con celeridad y eficacia los delitos cometidos en contra de periodistas”.

Rodríguez Alamilla afirma que sólo la unidad de protección a periodistas, desde su creación en octubre de 2023, opera con siete personas, “entre ministerios públicos, peritos, psicólogos y abogados; debemos tener un criminólogo por ahí”, dice.

Sin embargo, en las solicitudes de información realizadas para esta investigación, se dio a conocer que en la recién creada unidad especializada en delitos contra la libertad de expresión, únicamente operan dos agentes del ministerio público que trabajan sin un presupuesto específico asignado, y bajo el Protocolo de Actuación Ministerial para la Investigación de Delitos Cometidos en contra de Personas Defensoras de Derechos Humanos, recién creado por la FGEO en mayo de este año, en cuya construcción estuvieron involucradas organizaciones de la sociedad civil como el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha (CodigoDH), a pesar de que la propia institución ha reconocido que desde 2020 a la fecha, ha iniciado 35 carpetas de investigación por delitos contra personas defensoras, y 52 por crímenes cometidos contra periodistas y comunicadores.

Los datos que obtuvimos a través de solicitudes de información, muestran además que Andrés Ismael Pérez Cortes, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, aunque fue subdirector de la Fiscalía de Combate a la Delincuencia Organizada, director de Procesos de la PGJ y coordinador de la Fiscalía de Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, su currículum carece de formación en temas de protección de personas defensoras, libertad de expresión o de defensa de periodistas.

Trabajar bajo fuego cruzado

Carlos Alberto Abad Domínguez es corresponsal de Milenio y reportero de El Piñero de la Cuenca, un periódico digital e impreso que se distribuye en unos 20 municipios de Oaxaca y Veracruz, que ha sido objeto de ataques, persecuciones y despojos contra sus empleados y un atentado con bomba en sus instalaciones.

Durante tres años Abad Domínguez estuvo adscrito al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación de México, hasta que la última quincena de agosto de 2023, con apenas 12 horas de anticipación y mediante un correo electrónico, le notificaron la suspensión de las medidas cautelares para él y su familia.

Desde 2016, Carlos Abad ha narrado unas 500 ejecuciones ocurridas en la vía pública, tras cubrir los estragos de la violencia que ha atravesado el pueblo de Tuxtepec, catalogado como el 17 municipio más violento de México en 2019, con una tasa de homicidios de 56.9 a 120.2 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por sus coberturas, fue amenazado de muerte por presuntos grupos del crimen organizado. “Las advertencias fueron a través de listas que se difundieron en grupos de whatsapp firmadas por grupos delincuenciales que se disputaban la zona. En esas listas mi nombre aparece 13 veces distintas”, detalla.

“Cuando el Mecanismo Federal me contacta, en febrero de 2020, acababan de asesinar en Soyaltepec, al diputado local Heriberto Ramírez Martínez, brazo operativo del PRI en la Cuenca del Papaloapan”. A la pugna territorial entre grupos del crimen, a finales de 2019 y principios de 2020, en aquella región de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública informaba sobre varios asesinatos relacionados con políticos afines al PRI y a Morena.

El 22 de diciembre, el exalcalde y entonces regidor de Seguridad en San Pedro Ixcatlán, Fidel Fernández Figueroa, fue atacado por un grupo de hombres armados cuando se encontraba en una tienda de abarrotes; el 23 de diciembre, Arturo García Velázquez y Javier Terrero, presidente municipal y síndico de San Felipe de Jalapa Díaz, fueron asesinados en pleno convivio navideño frente a trabajadores del DIF y familiares.

El terror siguió azotando la zona cuando el 21 de enero, en San Miguel Soyaltepec, a través de un video que circuló en redes sociales, se dio a conocer el ingreso de un convoy armado al municipio de por lo menos 12 vehículos, hechos que se replicaron en otros municipios de la zona como Playa Vicente y Tuxtepec. Finalmente el 6 de abril de 2020, el regidor de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tuxtepec Gabriel Reyes Bejines, muy cercano a la actual secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón, fue ejecutado en un taller mecánico.

“A la guerra entre aparentemente tres grupos de la delincuencia organizada que se disputaban la plaza en esta zona de la Cuenca del Papaloapan, se sumaron los asesinatos de políticos y actores sociales. Como mi labor es la de narrar los hechos de violencia, lo hago desde los años más crudos, el Mecanismo de Protección Federal en marzo de 2020, me asignó cuatro escoltas, cámaras de seguridad, botón de pánico, chaleco antibalas y puertas de seguridad en mi casa y en la de mis padres”.

Antes de quitarle parte de la protección, Carlos Abad fue sometido a dos revisiones anuales para evaluar, suspender o en su caso, modificar las medidas urgentes. Sin embargo, a partir de 2023, las revisiones se llevaron a cabo cada seis meses, “ante el incremento de las medidas cautelares a defensores y periodistas en el país. Ahora sin las escoltas, me siento muy vulnerable y expuesto”.

“Hay falta de elementos en el servicio de protección federal. Es muy común que con las revisiones pretendan deshacerse de uno”, asegura preocupado y molesto.

–¿Buscarás protección de carácter estatal? -le pregunto.

“No, la policía municipal no está capacitada para proteger a defensores ni periodistas. Ellos vienen, dan dos o tres rondines por semana, me piden que les firme una bitácora, se sacan una fotografía conmigo y se van. Hace tres semanas que no vienen ni siquiera al pase de lista. El Estado de Oaxaca no tiene la capacidad de controlar ni de atender la violencia contra comunicadores. Yo he entrevistado a integrantes de la policía municipal, no tienen gasolina, son poquísimas las patrullas, no hay policía ni para proteger a los ciudadanos”.

Mientras, la muerte cerca

Para Elizabeth Lara Rodríguez, la primera mujer en ocupar la titularidad de la DDHPO, alfil del sacerdote y activista de los derechos de los migrantes Alejandro Solalinde -quien en su momento la propuso para ocupar la titularidad de la CNDH-, la dilación y deficiencias en los procesos de investigación de los delitos cometidos contra periodistas son un problema que no han podido zanjar las pasadas administraciones.

Reconoció que no existe un protocolo de actuación para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ni periodistas, lo que permitiría  agotar de manera oportuna y obligatoria en todos los casos las líneas de investigación que relacionen el trabajo periodístico de la víctima con la agresión, a efecto de determinar su origen, quiénes intervinieron y participaron en los hechos, y los derechos afectados.

“Cuando yo llegué aquí, me dijeron que había un protocolo que, efectivamente desde la época de Peimbert, en 2015, se había elaborado a partir de unas mesas de trabajo que se instalaron, el cual creo, nunca fue difundido, nunca fue reconocido por los periodistas, pero cuando yo llegué el documento ya no existía y me parece que el protocolo ahora debemos construirlo para evitar discriminar y revictimizar a las personas defensoras y periodistas para garantizar, en mayor medida, el acceso a la justicia de las víctimas. Creo que mi trabajo hoy, al frente de la defensoría, es fortalecer aquellas cosas que no se hicieron bien”.

Diálogos simulados

Los días 16 y 17 de febrero de 2022 se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca, el Segundo Foro para Impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, organizado por la SEGOB.

En el encuentro participaron representantes del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado de Oaxaca, integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, algunos de los asistentes acusaron que personas defensoras de derechos humanos y periodistas, inscritas en el Mecanismo de Protección, no fueron convocadas por la Secretaría de Gobernación a los Diálogos Regionales del estado de Oaxaca.

A la reunión no llegó el gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa ni Francisco Javier García López, secretario general de Gobierno. No estuvo presente la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, Norma Reyes Terán ni el entonces fiscal general Arturo Peimbert Calvo. Tampoco estuvo presente Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos.

Al finalizar el foro, Enrique Irazoque, titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se comprometió a dar continuidad al diálogo en Oaxaca, a garantizar participación amplia en los foros regionales que se seguirán desarrollando en todo el país; organizar foros en las diversas regiones del estado de Oaxaca con el fin de acercar esta discusión y escuchar las voces de todas las personas defensoras del estado, en particular las que se encuentran en contextos comunitarios y rurales, y a generar una mesa conjunta con organizaciones de la sociedad civil para abordar de manera amplia la situación de personas defensoras y periodistas en la entidad, más allá de la propuesta de una ley general.

Compromisos que una vez más quedaron en el papel cuando en noviembre de 2023, 13 días después de la renuncia de Encinas, Irazoque dejó el cargo sin previo aviso, con un registro de 272 agresiones contra la prensa en el semestre de enero a junio de 2023, y el asesinato de tres periodistas: Marco Aurelio Ramírez Hernández, el 23 de mayo; Luis Martín Sánchez Íñiguez, el 7 de julio, y Nelson Matus Peña el 15 de julio, además de la desaparición de Juan Carlos Hinojosa, el 6 de julio, según datos de la organización Artículo19.

Mientras tanto, la simulación persiste. Los registros oficiales refieren que en la administración de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 58 periodistas desde el 2 de diciembre de 2018, hasta agosto de 2023; mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 47 y 48 en el de Felipe Calderón.

* Iniciativa implementada por Comunicación e Información de la Mujer A.C., el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C en Chihuahua. y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C financiado por la Unión Europea en el proyecto Mujeres defensoras y periodistas incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la política pública de protección integral en la materia.