La detención de Miguel Ángel Guzmán Michel, activista y defensor indígena potosino, revive los métodos de la Guerra Sucia: acusado de terrorismo con pruebas cuestionables, su caso involucra al fiscal Gertz Manero y coincide con su lucha contra el charrismo sindical y la defensa de tierras con yacimientos de oro

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Cortesía MLN-NP

CIUDAD DE MÉXICO. — El 20 de junio, agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República detuvieron a Miguel Ángel Guzmán Michel, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lo acusaron de terrorismo.

Miguel Ángel es representante legal de la nación Xi’iúi del municipio de La Palma y de otras comunidades indígenas pames y tének en ese estado. Además, forma parte de la dirección del Movimiento de Liberación Nacional-Nuevo País (MLN-NP), que busca ser un partido político conformado por campesinos y ciudadanos.

Además de esto, Miguel es el responsable jurídico de una demanda que la Convención Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación para la Democratización del SNTE interpuso contra Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, por usurpación de funciones.

Su detención Por ello, activistas aseguran que se trata de una persecución política.

La convención del CNTE: ¿represión selectiva?

Marcos Tello, integrante del MLN-NP y compañero de Miguel Ángel Guzmán Michel, detalla el proceso que Miguel Ángel acompaña jurídicamente:

«El proceso hacia la Convención Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación para la Democratización del SNTE surge en el marco de la derrota del charrismo sindical en las secciones 34 y 58. Buena parte de los activistas que venían luchando en las filas de la CNTE y por la democratización del sindicato asumieron esta propuesta».

En enero, esta convención publicó un documento elaborado en Zacatecas, donde se planteó claramente la necesidad de «dejar atrás a los charros para enfrentar los problemas que afectan al gremio. Paralelamente, se lanzó un llamado nacional invitando a compañeros de otros estados a sumarse».

Entre febrero y marzo se realizaron reuniones en Zacatecas, la Ciudad de México y Durango. Sobre este proceso, Tello añade:

«La reunión en Durango definió con mayor claridad la propuesta, aunque los documentos específicos no son el tema central ahora. El 12 de abril, en Zacatecas, se consolidaron estas propuestas de disputa por el CNTE. Esta postura se ratificó nuevamente el 14 de junio en Ciudad Valles, donde destacó la participación del compañero Miguel Ángel Guzmán Michel, quien condujo la asamblea».

Guzmán Michel, trabajador de la educación en la universidad, se ha convertido en el principal asesor jurídico de este proceso. Su compañero enfatiza:

«En los trabajos de la convención no solo participan profesoras y profesores, sino también trabajadores de apoyo, representaciones de sindicatos ajenos al SNTE e, incluso, compañeras y compañeros de organizaciones populares e indígenas».

Por eso, añade Tello, la nueva persecución contra Miguel Ángel recicla viejos fantasmas

Miguel Ángel en la mira

El acoso en contra de Miguel no es algo reciente. El 9 de agosto de 2018 lo detuvieron en Ciudad Valles, San Luis Potosí, por agentes ministeriales del estado, acusado de invadir el predio «Rancho La Laguna», en el municipio de Aquismón. Una semana después lo liberaron por falta de pruebas.

A esto se suma que, después del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo Guacamaya Leaks en 2022, se reveló que el profesor potosino fue investigado por el Estado junto con 25 activistas de la región.

Ahora, de nueva cuenta, Miguel Ángel se enfrenta al Estado mexicano, recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Perote, Veracruz, acusado de terrorismo y de pertenecer a la Comandancia del Ejército Revolucionario del Pueblo (EPR) y colocar bombas en instalaciones de PEMEX. Algo que, para las organizaciones que exigen su liberación inmediata, recuerda a la antigua usanza de la Guerra Sucia.

Para comprender el caso, Marcos Tello envista una serie de sucesos:

«Yo creo que se ha montado una provocación. Hay un conjunto de sucesos en los últimos dos años que incluyen a otros compañeros, particularmente a quienes se encuentran en zonas indígenas y hacen trabajo indígena. Uno de ellos es el pastor Esdras Alonso, quien se mueve en la región de los Altos de Chiapas, tiene una red de iglesias que trabajan principalmente entre tzeltales y tzotziles. A él, en octubre de 2023, lo acusaron de participar en una quema de libros y giraron una orden de aprehensión en su contra, la cual fue desechada».

Cuando se presentaron los cargos contra Esdras Alonso, organizaciones sociales de Chiapas aseguraron que se trató de una provocación para intentar sabotear los trabajos de unidad entre las iglesias evangélicas, las diócesis de Chiapas, los maestros de la CNTE, organizaciones sociales, pueblos indígenas y grupos civiles.

La antesala de su detención

Marcos Tello menciona:

«Desde abril del año pasado se comenzó a rumorear que había órdenes de aprehensión contra Miguel, supuestamente por ser promotor de policías comunitarias. Tuvo diferendos con el gobernador (Ricardo Gallardo Cardona); Michel argumentó que la ley ampara el derecho de las poblaciones, no solo indígenas, sino urbanas y rurales no indígenas, para ejercer labores de autoseguridad».

Este desencuentro con el actual gobernador provocó que el activista denunciara acoso por parte del secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres, y el fiscal general José Luis Ruiz, asegurando que desató una cacería en su contra con el fin de arrestarlo.

Antes de que se ejecutara la orden para detenerlo, meses atrás, un equipo de la Fiscalía General de la República se «entrevistó» con el activista y le expresaron que no existía ningún elemento acusatorio en su contra.

Detención, pretexto perfecto para imponer megaproyectos

En una de las comunidades que Miguel Ángel representa existe un terreno de más de 34 mil hectáreas que aún no se pueden legalizar como propiedad comunal, pese a que hay documentos que la reconocen como tal. Es en ese lugar donde se encontró una veta de oro, lo cual coincide en tiempo con la detención de su representante.

Ese descubrimiento también provocó que el responsable de la seguridad comunitaria de La Palma fuera amenazado de muerte por un supuesto ejidatario.

De acuerdo con su compañero de lucha, «casualmente, Miguel Ángel Guzmán Michel también es el principal responsable jurídico de una demanda contra Alfonso Cepeda Salas, actual secretario general del SNTE, por violaciones a la ley, por usurpar funciones que no le corresponden».

Por otra parte, la organización política a la que pertenece, el MLN-NP, también se ha involucrado en la defensa del territorio, como en una disputa con CEMEX por una planta de cemento en la zona de Tamuín que amenaza a las comunidades cercanas.

¿Qué hay con sus acusaciones?

Sobre la presunta pertenencia del activista a un grupo guerrillero, Marcos Tello asegura que no se conoce a detalle la versión:

«Apenas informaron que hay 20 tomos de la investigación contra el EPR. Entonces, vamos a tratar de conseguirlos y hacerlos públicos».

Los compañeros de Guzmán Michel aseguran que él no es integrante del EPR, y que la acusación en su contra carece de sustento legal. En la carpeta de investigación se le señala como un supuesto comandante regional de una zona que abarca desde Chiapas hasta Tamaulipas, e incluso se menciona su operación en Guanajuato, lo que resulta impreciso y desproporcionado.

«No está claro quién impulsó estas acusaciones, pero lo evidente es que los fundamentos jurídicos son completamente débiles y carentes de solidez. Las pruebas presentadas son fotografías en blanco y negro que cuesta trabajo distinguir y que evidentemente no corresponden a Miguel, aparte de que nunca ha compartido sus ideas políticas», asegura el entrevistado.

Como en la Guerra Sucia

La detención de Miguel Ángel Guzmán Michel parece ser muy semejante a la usada durante la Guerra Sucia de los sesenta, setenta y ochenta, librada contra los movimientos sociales.

El hecho de que una fiscalía, a cargo de alguien que participó activamente en la Operación Cóndor junto a Luis Echeverría —como lo es el actual fiscal, Alejandro Gertz Manero— haya tenido en la mira a un activista, hace que el pasado se asome en este sexenio.

Por ello, en una carta dirigida a la presidenta, organizaciones que exigen la libertad del preso político aseguraron:

«La forma en que se ha procedido contra Miguel trae a colación los métodos usados durante la Guerra Sucia desatada por los gobiernos priístas en las décadas de 1970 y 1980 del siglo pasado. Por los procederes de la Fiscalía en este caso y por los antecedentes del fiscal general Alejandro Gertz Manero, resulta obvio que estamos frente a un caso de persecución política en contra de Miguel Ángel, de las comunidades indígenas que representa y de la organización política en la que milita desde hace más de tres décadas. El método usado por la Fiscalía repite el guion de la Guerra Sucia librada contra los movimientos populares, guerra en la que Alejandro Gertz Manero fue pieza clave al servicio de Luis Echeverría Álvarez, los servicios de inteligencia locales y estadounidenses».

Para finalizar, Marcos Tello reflexiona:

«En México existen dos procesos de resistencia que no han logrado ser controlados por el Estado mexicano: uno son los maestros, y no solo de la CNTE (…), y otro son los movimientos por la tierra, que son las luchas indígenas, campesinas, hasta movimientos urbano-populares, que, a pesar de ser dispersos, son vectores de la resistencia nacional que resultan muy peligrosos para el Estado mexicano».