Las primeras propuestas se presentaron entre denuncias de desplazamiento, asesinatos y criminalización en comunidades rurales e indígenas como parte del Acuerdo de Escazú. En las mesas de trabajo también se reconoció que las y los periodistas ambientales deben considerarse entre la población vulnerable sujeta a los mecanismos de protección del Acuerdo de Escazú

Texto y fotos: Raquel Zapien / Son Playas

QUITO, ECUADOR.- A un año y medio de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, se dio inicio al diseño del plan de acción para la protección, acceso a la justicia y reparación de daños a personas defensoras del medio ambiente, documento que deberá presentarse para su aprobación en el 2024, durante la celebración de la Conferencia de las Partes.

De esta manera se pretende que los Estados signatarios del tratado regional garanticen un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, de acuerdo con lo que establece el artículo 9 del Acuerdo.

Las líneas de acción que serán incorporadas en el documento se discutieron en las mesas de trabajo que se realizaron durante el Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, con sede en Quito, Ecuador, el 22 y 23 de noviembre y con la participación de más de 120 personas de 20 países.

El foro de dos días inició y concluyó con denuncias de agresiones, desplazamiento, asesinatos y criminalización, expuestas por líderes indígenas de Colombia, Brasil y Guatemala.

“En el continente todos los pueblos originarios no tenemos acceso a la justicia, se nos sigue tratando con mucha discriminación y con mucho racismo. En Guatemala se han impuesto megaproyectos en donde despojan y saquean los bienes de la vida que nosotros venimos cuidando”, advirtió Bernardo Caal, líder del pueblo maya q’qeqchí, quien hace siete meses salió de la cárcel tras cuatro años de prisión. Su detención se dio después de firmar un amparo en contra de la instalación de centrales hidroeléctricas de la compañía Oxec sobre el río sagrado Cahabón.

El maestro, víctima de criminalización, acusó al Estado de estar al servicio de quienes despojan y saquean a los pueblos, sin tomar en cuenta a sus habitantes. Algo similar ocurre en la Amazonía brasileña, en donde empresas mineras y madereras invaden los territorios de las familias indígenas, según denunció la representante de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kakinde, Neidinha Cardoso.

“La situación que vivimos en Brasil es extremadamente seria, la minería ha matado a niños, mujeres y hombres indígenas, ha asesinado a defensores del medio ambiente y en los últimos cuatro años, bajo el gobierno de Bolsonaro, vivimos momentos de verdadero terror sin que los pobres indígenas, los afrodescendientes y la población que lucha por los derechos humanos del medio ambiente puedan vivir de una forma tranquila”, señaló durante el primer panel del foro.

Dijo que en la Amazonía hay 14 pueblos indígenas aislados que sufren la amenaza de genocidio sin ningún tipo de protección. Las mujeres, niñas y niños, son la población más vulnerable ante estos peligros.

“Niñas y niños están siendo violados para que las empresas y personas se enriquezcan”, alertó.

Las mujeres, niñas y niños del departamento andino-amazónico Putumayo, en Colombia, también han sido los más vulnerables ante la llegada de empresas mineras que buscan cobre y de grupos armados que atacan a sus pobladores obligándoles a abandonar sus tierras, según el testimonio de Elvira Jossa, líder indígena de la Asociación de Pensamientos Ancestrales ‘Oh Corey’.

“Es duro, no es fácil ser mujer, ser indígena y ser desplazada y tener que salir de tu territorio; no es fácil enfrentarte a esta vida”.

Elvira Jossa.

Horas más tarde, otra de las líderes participantes del foro, Zulma Yulier Ulcre, del pueblo Nasa de Colombia, recibió la noticia de que dos de sus compañeros fueron asesinados por defender el territorio. Ella misma hizo público el suceso durante la clausura del evento que reunió a representantes de pueblos indígenas, organizaciones ciudadanas, instancias internacionales y de los gobiernos signatarios del Acuerdo de Escazú. Después, la audiencia se puso de pie y guardó un minuto de silencio por las víctimas.

Entonces, el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para América del Sur, Francisco Xavier Mena, reconoció que en Latinoamérica se registran tres de cada cuatro asesinatos de defensores ambientales que se reportan a nivel mundial y urgió a los países a adherirse al tratado y proteger a las y los defensores.

Pese a la relevancia del tema, no se programó la cobertura de medios de comunicación en el evento organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Ecuador, con el apoyo del Fondo Fiduciario de Derechos Humanos, Inclusión y Empoderamiento del Banco Mundial.

Las estadísticas

Por otra parte, los registros de la organización Global Witness indican que en los últimos 10 años han sido asesinadas al menos 1733 personas defensoras de la tierra y del ambiente en el mundo. Tan solo el año pasado se documentó el asesinato de 200 personas, lo que representa un promedio de casi cuatro crímenes por semana. En esta ocasión, México ocupó el primer lugar con un total de 54 asesinatos, de los cuales, más del 40% corresponde a indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad Yaqui.

De acuerdo con el informe presentado en septiembre de este año por esa organización, los ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras “que están siendo atacadas por gobiernos, empresas y otros actores no estatales con violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización”.

Durante un panel del foro, Francisca Stuardo, asesora de Global Witness, manifestó que muchos de estos asesinatos podrían haberse evitado si se contara con políticas públicas de protección, pues una parte de las víctimas ya había denunciado de forma pública y ante autoridades los riesgos a los que se enfrentaban.

Las propuestas

A través de mesas de trabajo, las personas que asistieron al foro propusieron medidas de prevención, protección, respuesta y acceso a la justicia para quienes defienden el medio ambiente, así como mecanismos para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Se destacó la necesidad de que se capacite en temas de derechos humanos y asuntos ambientales a servidores públicos de todos los poderes y ámbitos de gobierno, incluyendo a policías y fuerzas armadas. También se hizo hincapié en la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a información clara y oportuna; que todas las acciones previstas en el plan tengan perspectiva de género e intercultural y que se reconozca la labor de las personas defensoras.

En las conclusiones se incluyó la creación o fortalecimiento de un sistema de alertas tempranas y comisiones nacionales de seguimiento y vigilancia. Además de echar a andar estrategias de prevención y protección, se pide que los Estados signatarios incluyan presupuestos suficientes, mecanismos de ejecución rápidos y que respondan a diferentes situaciones y/o contextos.

En las mesas de trabajo también se reconoció que las y los periodistas que cubren temas de medio ambiente deben considerarse entre la población vulnerable sujeta a los mecanismos de protección del citado tratado internacional, especialmente quienes laboran en medios de comunicación locales y de forma independiente.

Todas estas propuestas serán incluidas, junto con la opinión de expertos, en un plan de acción que establecerá mecanismos para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Dicho documento será presentado para su aprobación por los estados signatarios en la Conferencia de las Partes  (COP) que se realizará en el 2024.

Previamente, se presentará un informe del primer foro en el marco de la COP 2023 que está programada para abril en Argentina, mientras que el borrador del plan de acción será expuesto para su revisión en noviembre de ese mismo año en un segundo foro.

Participación ciudadana

La participación de las organizaciones ciudadanas ha sido y será un motor para que el primer tratado ambiental de la región avance, aseveró Olimpia Castillo Blanco, directora de la organización Comunicación y Educación Ambiental S.C., quien ha participado desde los orígenes de esta iniciativa.

“El Acuerdo de Escazú podrá ser el mejor instrumento del mundo pero si no movilizamos para que se cumpla no va a suceder nada».

Olimpia Castillo Blanco

Mencionó que si bien existe una amplia representación de organizaciones civiles en el proceso, hay defensoras y defensores que no se han podido integrar a la discusión por limitantes geográficas y digitales. Otro reto es garantizar que las mujeres sean tomadas en cuenta en el diseño e implementación del plan de acción del Acuerdo con una perspectiva de género.

Sobre este último tema, la organización Veredas A.C. advirtió que aún falta que se reconozca el liderazgo de las mujeres que están en la primera línea de defensa del territorio. A través de un posicionamiento, también señaló que los avances del Gobierno mexicano han sido limitados, entre otras cosas, porque hasta el momento no existe un diagnóstico de la situación de las personas defensoras y porque en las dos reuniones que se han realizado para validar el tratado ha faltado mayor representatividad de las personas defensoras de comunidades y pueblos indígenas.

Por su parte, Irene Murillo, una de las seis personas electas como representante del público para integrar el grupo de trabajo del Acuerdo de Escazú, manifestó que la sociedad civil seguirá estando representada para hacer planteamientos a los Estados, como ha ocurrido desde el principio.

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Sobre el Acuerdo

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigor el 22 de abril de 2021 y un año después se realizó la Primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1).

Este tratado regional busca garantizar la implementación plena de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informó a Son Playas que de los 33 países de la región, 24 han signado el Acuerdo y 12 lo han ratificado; se espera que Colombia también lo ratifique al contar con la aprobación de las cuatro instancias de debate legislativo de ese país.

Su implementación en México

México ratificó el tratado el 22 de abril del 2021. Anteriormente, ha signado otros tratados internacionales en materia de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A nivel nacional se dispone de un marco jurídico aplicable al Acuerdo de Escazú, tal es el caso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de leyes ambientales. Con el Acuerdo de Escazú, se espera que las leyes mexicanas se perfeccionen, se impulsen, se apliquen y se eleven los niveles de efectividad en la protección de las y los defensores del medio ambiente.

Datos

• El portal de periodismo ambiental mexicano, Son Playas, participó en un panel y mesa de trabajo para exponer la necesidad de que se considere la labor de periodistas ambientales en los mecanismos de protección del tratado.
• El evento fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su calidad de Secretaría del Acuerdo de Escazú para dar cumplimiento al artículo 9 del tratado.

*Esta nota fue publicada por SON PLAYAS. Aquí puedes leerla.