Las remesas que se enviaron a México alcanzaron los 66 mil 200 billones de dólares solo en el último año. Sin embargo, los adultos mayores que las envían muchas de las veces carecen de derechos y seguridad social. Ahora, piden que el gobierno «pague la deuda» y extienda la pensión del Bienestar más allá de sus fronteras

Texto: Kau Sirenio 

Fotos: Jaime González Valdivia e Isabel Briseño 

CIUDAD DE MÉXICO. – En 2023, México recibió alrededor de 66 mil 200 billones de dólares  en remesa. Sin embargo, los migrantes mexicanos viven y trabajan en condiciones precarias sin acceso a una pensión digna.

El dato lo recupera Ángela Zambrano, codirectora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras (NDLON, por su sigla en inglés).

En entrevista con Pie de Página, la activista migrante residente en Los Ángeles, California, presenta las cifras de una encuesta nacional en los Estados Unidos, dirigida por el académico de la Universidad de Illinois – Chicago, Nick Theodore.

La encuesta retrata la realidad de los migrantes mexicanos de 65 a 80 años, quienes, según la información recabada, enfrentan discriminación por edad. Esto, porque los prestadores de servicios no los contratan, y como no cuentan con una pensión económica que les permita comprar comida, algunos llegan a pasar hambre.

Por eso, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras inició la campaña binacional Pagar la deuda, con el fin de que el gobierno mexicano extienda la pensión del Bienestar para las personas que no cuenta con apoyo económico. 

Entregaron el documento en las oficinas de Atención Ciudadana de la Presidencia, y ahora esperan respuesta.

Los motivos

De acuerdo con la encuesta, aplicada a una muestra de mil 572 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, la red de Jornaleras y Jornaleros identificó que los adultos mayores muchas de las veces no tienen acceso a los servicios del gobierno de los Estados Unidos o de México, como salud, pensión y sistema de cuidados. Todo esto, a pesas de las contribuciones económicas hechas por estos trabajadores a las economías y comunidades en ambos países.

Sobre la falta de acceso a una pensión, Ángela Zambrano explica que esto se debe a que los adultos mayores migrantes nunca lograron regularizar sus estatus migratorio, lo que les impidió trabajar con un seguro social que, además, les permitiera cotizar una pensión por jubilación.

La encuesta, además, señala que la mayoría de los inmigrantes mexicanos no son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, un estimado de cinco millones de ellos no son elegibles para recibir una pensión del Seguro Social en México, a pesar de que la mayoría de los trabajadores han contribuido al sistema. 

“Muchos otros han trabajado en industrias donde las pensiones y los ahorros para la jubilación proporcionados por el empleador son escasos. Como resultado, muchos se ven obligados a seguir trabajando, a menudo haciéndolo después de que deberían haberse jubilado, debido a problemas de salud o edad. Se enfrentan a la gran incertidumbre de cómo cubrirán sus costos de vivienda, atención médica y otras necesidades básicas a medida que envejecen”. 

Ángela Zambrano, explicó que, en la encuesta, identificaron «que este problema va creciendo y no hay una forma de regularizar su situación migratoria, porque no ha habido reforma migratoria desde 1986”.

El caso debería alarmar, añade la activista, pues resulta paradójico que el dinero que los trabajadores migrantes envían a México a través de remesas contribuya a un crecimiento del que, al parecer, se encuentran excluidos, aunque los inmigrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos contribuyeron a las economías de ambos países: el 95 por ciento de los encuestados trabaja en Estados Unidos, y el 92% trabajó en México antes de emigrar a ese país. 

El pilar de la vida cotidiana

El 93 por ciento de las personas encuestadas afirmó que los ingresos provenientes del empleo en Estados Unidos ayudaron a sostener a sus familias enteras en México.

El 73 por ciento dijo que sólo le envió remesas a sus padres; el 51 por ciento sólo a sus hijos; el 25 por ciento sólo a sus cónyuges; y el 6 por ciento sólo le envió a otros familiares y amigos.  

La encuesta señala que estos ingresos se utilizaron para pagar alimentos (62 por ciento); gastos médicos (61 por ciento); necesidades básicas (47 por ciento); comprar, construir o arreglar viviendas (38 por ciento); estudios escolares o universitarios (34 por ciento); iniciar negocios (18 por ciento).

De los encuestados de 65 años o más, sólo el 2.5 por cientos afirma tener una pensión que podría ayudarles durante su jubilación, mientras que el 89 por cientos afirma no tenerlo y el 8 por ciento no está seguro.

El 90 por ciento de os encuestados de 65 años creen que pueden recurrir a sus familiares en busca de apoyo en su vejez, y sólo el 10 por cientos de los que no tienen una pensión indican que sus familias podrían cuidar de ellos una vez que hayan dejado de trabajar. 

Sólo el 2.4 por ciento de los inmigrantes indocumentados de 65 años y más señalan que tendrán suficiente dinero para cubrir sus gastos básicos durante la jubilación, el 1.6 por cientos tendrá recursos para cubrir sus gastos médicos, y sólo el 1.2 por cientos tendrá suficiente dinero para el resto de sus vidas. 

El estudio, además, señala que muchos inmigrantes indocumentados mayores que vienen de México tienen problemas económicos. Entre los encuestados de 65 años o más, la mayoría no comió bien en los últimos tres meses porque no había suficiente dinero para comprar alimentos, y uno de cada diez encuestados reveló no haber comido porque no puede conseguir comida. 

Ellos sostienen la economía

De acuerdo con Ángela Zambrano, las remesas que recibe el país provienen de alrededor de 7.4 millones de inmigrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Y enfatiza:

“Las remesas son vitales para la economía mexicana. Proporcionan una fuente de ingresos relativamente estable que ayuda a reducir la pobreza y las disparidades económicas regionales”. 

Muchos de estos trabajadores, sin embargo, «realizan empleos mal remunerados en sectores clave de crecimiento, como la construcción. Ellos son los que sostienen la economía en México”. 

La industria de la construcción, por ejemplo, emplea a un gran número de inmigrantes, pero está plagado de condiciones deficientes y de abusos laborales.

“Las condiciones deficientes también caracterizan a otras industrias que emplean a un gran número de trabajadores inmigrantes, como los restaurantes, el trabajo doméstico y la agricultura”, explica Zambrano.

De acuerdo con la encuesta, en promedio, los trabajadores mexicanos en Estados Unidos se emplearon entre los 34 y 35 años, mientras que en México trabajaron 16 años.

La mayoría de los trabajadores inmigrantes tiene empleos en industrias como la construcción. Pero también en el trabajo doméstico, como niñeras, limpieza de casas, cuidadores y restaurantes, así como en la producción y manufactura agrícola.

“Aunque la demanda de trabajadores en estas industrias es alta, los empleos en estos sectores tienden a estar mal remunerados y muy pocos ofrecen seguro médico u otras prestaciones», precisa la encuesta, y revela que los encuestados se emplearon en un trabajo similar de industrias en México, y lo más probable es que hayan trabajado en la agricultura. 

La deuda

Ángeles Zambrano sostiene que tanto Estados Unidos como México tienen una deuda con estos trabajadores por las contribuciones que han hecho, y ambos países deberían implementar cambios en sus políticas para que extiendan los beneficios de pensión a los inmigrantes indocumentados. 

En Estados Unidos, los trabajadores no deberían enfrentar barreras legales estructurales para lograr la igualdad política y económica, mientras que  México debería poner la Pensión Bienestar a disposición de los migrantes que residen fuera del país.

“Sin estos cambios vitales en las leyes, a los inmigrantes indocumentados de edad avanzada se les seguirá negando la red de seguridad social que no sólo merecen sino que se han ganado, con consecuencias inconmensurables para las comunidades que envían apoyo y que lo reciben”. 

A partir de la encuesta sobre la precarización de los adultos mayores, el Consejo Nacional de Ancianos (Macehualli) de NDLON emitió recomendaciones al gobierno mexicano:

“Proporcionar a la comunidad una lista de verificación de los requisitos que serán necesarios para que los beneficiarios confirmen su elegibilidad para la Pensión Bienestar; Realizar foros en colaboración con organizaciones confiables que sirven a migrantes en todo Estados Unidos para educar a la comunidad sobre el programa y sus requisitos de elegibilidad; Crear una línea telefónica exclusiva y un sitio web enfocado a la implementación del programa, y abrir en los consulados una ventana dedicada para recibir solicitudes para la Pensión Bienestar”. 

Además, pidieron garantizar que el personal consular que ayudará a los miembros de la comunidad a registrarse en la Pensión Bienestar y verificar su elegibilidad esté bien capacitado y hable lenguas indígenas.

Y concluyen:

«Documentar la nacionalidad mexicana podría ser un desafío para algunas personas mayores. Se deben otorgar exenciones de tarifas a las personas que lo necesiten para que puedan acceder a documentos, como certificados de nacimiento, pasaportes y la Matrícula Consular”.