Naciones Unidas registra el mayor número de personas desplazadas o solicitantes de asilo en la historia reciente. México es protagonista central de esta realidad. Los números obligan a aceptar la nueva realidad del país: las personas migrantes llegaron para quedarse

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El dato es contundente: en el mundo existen por lo menos 110 millones de personas desplazadas o en busca de refugio.

Es el número más alto desde la Segunda Guerra Mundial. El éxodo se registra lo mismo en Europa por el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, que en África por la miseria y el cambio climático.

América Latina también se incluye en esta nueva realidad. Millones de venezolanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, haitianos, guatemaltecos y mexicanos se han visto obligados a abandonar sus tierras.

Los datos forman parte del informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2022, elaborado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El documento muestra a una buena parte de la humanidad forzada a moverse, huir de su vida para intentar otra si no igual por lo menos más segura.

Pero también exhibe la profunda desigualdad no sólo económica, sino de solidaridad.

Una creencia histórica es que las personas desplazadas, especialmente quienes buscan refugio, buscan acomodarse en países ricos.

Pero no es así. ACNUR documentó que los países de renta baja y media -es decir, con menos recursos o con economías pequeñas- son quienes reciben al mayor número de personas en situación de movilidad forzada.

De hecho, señala la Agencia de la ONU, 46 de los países menos desarrollados que representan menos del 1.3 por ciento del PIB mundial, han recibido a más del 20 por ciento del total de personas refugiadas.

De las naciones ricas, Alemania ocupa el primer lugar en el índice de acogida humanitaria, pero los datos están muy lejos a las décadas pasadas.

No es el caso de Estados Unidos que, por el contrario, parece ocupar la primicia en la aplicación de una política vigente en medio planeta, y que sólo agrava la condición de millones de personas.

Es la estrategia de devolución de personas migrantes a sus países de origen, sin importar que se trata de naciones sumamente peligrosas para la vida de sus habitantes.

Una de las razones para esta nada honrosa distinción es el decreto Título 42, impuesto por Donald Trump con el argumento de contener a la pandemia de covid-19 en suelo estadounidense.

Con tal estrategia, más de dos millones de personas migrantes fueron expulsadas de manera exprés, sin permitirles el derecho a solicitar asilo o refugio humanitario como establecen las leyes estadounidenses.

México tiene vela en ese entierro. ACNUR le ubica como el cuarto país en recibir más solicitudes de asilo en todo el mundo.

Pero la mayoría no es atendida. La Comisión Mexicana de Ayda a Refugiados (COMAR) se encuentra rebasada no sólo por la cantidad de peticiones de ayuda humanitaria, sino por la contención presupuestal que padece desde al menos 2019

A la austeridad se suma la decisión de desplegar un cerco militarizado en las fronteras norte y sur, para tratar de disuadir el paso de personas migrantes, muchas de ellas solicitantes de asilo o refugio.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha capturado a más personas migrantes en la historia del país.

Al final del día la crisis de personas desplazadas, refugiadas o necesitadas de protección internacional en el planeta es síntoma de una realidad más compleja.

Y es que para atenuar el problema es necesario aplicar estrategias diferentes a la norma.

No basta aumentar el dinero en programas sociales o humanitarios, como ha sido la respuesta de muchas naciones en las últimas décadas.

Lo que se requiere es erradicar el paradigma de considerar a la movilidad humana como un riesgo para las sociedades.

Se debe cancelar la política de devolución o deportaciones exprés a los países de origen, como hacen Estados Unidos, algunos países europeos y en cierta medida también México.

Es urgente resolver las causas del éxodo mundial, pero al mismo tiempo debe aceptarse que el río humano no va a detenerse.

Más vale pensar en políticas de integración social antes que de exclusión o violencia.

En ese terreno México tiene un largo camino por andar. De entrada, aceptar la presencia de personas migrantes en todo el país.

Después crear políticas públicas para ellas. Y no se trata sólo de albergues o documentos para facilitar su rápida salida del país.

Lo que se requiere es una estrategia integral para equiparar sus derechos con los mexicanos, como el acceso a atención médica, escuelas, empleo -no sólo en programas específicos-, servicios religiosos, vivienda y hasta entretenimiento.

Integración a la vida social y cotidiana de todos. Porque mientras las estrategias oficiales y de la sociedad civil se concentren sólo en la idea de que son personas de paso, difícilmente se podrá resolver de fondo el problema.

Muchos llegaron para quedarse. Es la realidad. Y más vale que nos acostumbremos a eso.