Aunque el país centroamericano ha firmado acuerdos internacionales de derechos humanos, impone a las mujeres una maternidad forzada, sin importar si el embarazo es producto de una violación o si pone en riesgo su vida. De acuerdo con cifras oficiales, 778 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres como producto de una violación en el 2017. Acceder a la interrupción de un embarazo en una clínica clandestina cuesta al menos 10 mil lempiras, que son cerca de 7 mil 800 pesos; Honduras también prohíbe la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia

Texto y fotos: Greta Rico y Morena Pérez

Entre los 12 a los 16 años de edad, Fernanda sufrió abuso sexual. “Fue una situación muy dura y hasta ahora estoy asimilando lo que sucedió. Yo estaba en la primaria cuando comenzó. Pasó con alguien cercano a la familia, lo cual ocurre en la mayoría de los casos de violación”. 

 Durante ese periodo tuvo su primer aborto. “No fue con pastillas ni con legrado. Este tipo no quería que se enteraran de lo que había pasado”. Forzada por quien la violó, Fernanda se sometió a abortos clandestinos en más de una ocasión. “Fuimos con una señora, pero era súper feo el ambiente. Y la forma como me trató fue horrible”.

Honduras es uno de los seis países en el mundo que penalizan el aborto en todas sus causales. Esta situación orilla a muchas mujeres como Fernanda a someterse a abortos clandestinos con procedimientos que, además de poner en riesgo sus vidas, se realizan de forma violenta. El código penal de este país establece, en el artículo 128, que la pena para las mujeres que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos va desde los 3 hasta los 10 años de cárcel. 

En contraste, los estándares mínimos de países que respetan los derechos humanos y los derechos de las mujeres incluyen la despenalización del aborto en al menos tres circunstancias: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando pone en riesgo la vida de las mujeres, y cuando el embrión o feto presenta malformaciones que lo llevarán a la muerte al nacer. 

Honduras penaliza el aborto y tortura a las víctimas de abuso

Desde hace algunos años el país centroamericano enfrenta una situación de violencia estructural e impunidad generalizada, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El relator especial para las personas defensoras declaró, durante su visita oficial en 2018, que el 95 por ciento de los feminicidios quedan impunes, y que el índice global de impunidad ubica a Honduras entre los 13 países con mayor impunidad en el mundo.

Este contexto, al igual que en muchos países en América Latina, coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. 

Según el informe titulado “Violencia Sexual en Honduras” del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), cada tres horas una mujer denuncia una agresión sexual y solo en seis de cada 100 casos han aprehendido al agresor. Aunado a ello, hay mujeres que nunca denuncian. Las razones pueden ser: temor o la revictimización que sufren cuando acuden ante las autoridades.

Las cifras anteriores dan cuenta de la cantidad de mujeres que se vieron expuestas a presentar un embarazo forzado, ya que Honduras es el único país de América Latina en donde la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), mejor conocida como “pastilla del día después”, está prohibida desde 2009. Esta situación ha sido catalogada por la ONU como tortura para las mujeres.

Al respecto Regina Fonseca, fundadora y coordinadora del CDM, dijo en entrevista: “No hay acceso a la justicia y los casos continúan en impunidad. Pero, además, el Estado no asume su responsabilidad”. Y agrega que la educación en las escuelas podría significar un cambio en la prevención de la violencia contra las mujeres, puesto que ayudaría a combatir el machismo y la misoginia.

La otra realidad 

A pesar de que el aborto está penalizado por todas sus causales, en Honduras las mujeres que tienen mejores posibilidades económicas suelen acudir a clínicas privadas para realizar interrupciones. Los costos van de las 10 mil lempiras (7 mil 800 pesos mexicanos o 410 dólares estadounidenses) en adelante. Esta tarifa se encuentra lejos de ser  pagada por la mayoría de las mujeres que viven en zonas periféricas en Tegucigalpa, o bien fuera de la capital del país.

Además de los riesgos que representa para la salud de las mujeres, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han emitido recomendaciones al Estado hondureño para despenalizar el aborto, ya que esto atenta contra los derechos a la vida y a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas, así como a su derecho a elegir libremente sobre su reproducción.

El CDM ha publicado datos que dan cuenta de que, ante la falta de acceso, las mujeres recurren a métodos clandestinos para abortar. Derivado de esto, el aborto representa el 12 por ciento de las muertes maternas reportadas en Honduras. 

La Secretaría de Salud registró entre 10 y 12 mil casos de aborto en 2017. Ese mismo año, 778 niñas, de entre 10 y 14 años, se convirtieron en madres como producto de una violación, obligadas a parir.

Más allá de la violencia cotidiana, se trata de poder elegir

El movimiento feminista, desde sus inicios, ha tenido como característica ser un movimiento transnacional en donde la lucha y la exigencia de derechos avanza en diferentes regiones del mundo. 

Una de sus principales demandas, desde el surgimiento de la llamada Segunda Ola, ha sido que las mujeres puedan elegir sobre sus propios cuerpos para no ser obligadas a cumplir con una maternidad no deseada.

En el caso de Honduras, la educación sexual que se imparte en las escuelas es escasa o incluso nula, y en el discurso social se responsabiliza a las mujeres de presentar embarazos no deseados o bien de ser víctimas de violencia sexual. 

En medio de este contexto, colectivas y organizaciones feministas realizan ferias y campañas para personas jóvenes, en donde se difunde información relacionada con derechos sexuales y reproductivos para poder vivir y experimentar sexualidades libres. Las experiencias de Alejandra* y Elena* dan cuenta de esto. 

“El sistema es tan bueno que te enseña a sentirte mal contigo misma, con tu cuerpo, con tu sexualidad. El discurso moralista está tan introducido en tu cabeza que no entiendes todo eso y sientes que estás haciendo algo indebido. No estás entendiendo que estás disfrutando de tu sexualidad con una persona que te está amando y que tú estás amando. Y qué mejor que hacerlo así, ¿verdad?”, menciona Alejandra.

Ella presentó un embarazo hace algunos años y decidió interrumpirlo. “No sabía a quién acudir. Fue en un espacio seguro, una red donde en lo escondido están apoyando a otras mujeres en estas situaciones. No voy a negarlo, entré como en un complot psicológico, pensaba que estaba mal, pero era una cuestión cultural, era todo lo que se me había enseñado, todas las cuestiones tradicionales. Pero no fue un proceso traumático, porque pues tenía a alguien que me apoyaba, tenía un respaldo y sabía que esa persona estaba ahí para mí”.

Elena* es socióloga, está estudiando una maestría, tiene 31 años y es mamá de una niña. La primera vez que quedó embarazada tenía 20 años, estaba en el primer año de la universidad; sus papás le dijeron que la apoyaban en la decisión que ella tomara. En ese momento decidió tener a su hija. Años después presentó un segundo embarazo; sin embargo, a la par de ejercer su maternidad, se encontraba estudiando y trabajando. En ese momento decidió que no quería continuar con el embarazo, y después de indagar con algunas amigas supo que podía acceder a la interrupción en una clínica privada a un altísimo costo. 

A pesar de que Elena pagó por un servicio y de que estas clínicas operan gracias a la corrupción en el país, debido al estigma y a la moralidad que impera en el personal médico, la violencia se hace presente de diferentes formas. “Conseguí dinero como pude y fue una experiencia bastante traumática. El doctor me dio unas pastillas para que me las tomara y empecé con el sangrado; voy al día siguiente a la clínica a que me haga el legrado y todo lo que sustraía me lo mostraba. Eso fue de lo más doloroso, porque creo que nadie se practica un aborto por placer”.

La lucha constante para la exigibilidad de los derechos de las mujeres

Honduras ha firmado y ratificado diversos tratados y convenios internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Con base en las leyes de este país, estos tratados se encuentran en la misma jerarquía que la Constitución. A pesar de ello, los derechos de las mujeres, entre los que se encuentra el derecho a interrumpir un embarazo, no solo no se garantizan, sino que se criminalizan.

Ante este panorama, la plataforma Somos Muchas, conformada por organizaciones y colectivas del movimiento feminista y de mujeres (entre ellas el CDM), logró en 2017 que se diera el primer debate a nivel nacional para despenalizar el aborto y eliminar la prohibición de la PAE. 

Esto sucedió gracias a una campaña de información en donde el mensaje central era la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de mitos sobre la PAE, de acuerdo con lineamientos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El movimiento feminista y las mujeres en Honduras enfrentan un contexto adverso; la realidad les ha entrenado para nadar a contracorriente. “Vivimos en un contexto que nos niega los derechos, y en un contexto donde hay más injerencias de grupos de la iglesia, grupos de oposición y grupo fundamentalistas. Pero, a pesar de eso, también hay más tomas de conciencia de las mujeres que se organizan en las colectivas para demandar derechos y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos”, dice Regina Fonseca.

La realidad en el país centroamericano dicta que pese al contexto de penalización del aborto, las mujeres recurren a estos métodos. Por ello, colectivas feministas y organizaciones difunden en redes sociales y publicaciones de internet “La Línea”, que funciona de manera autónoma por mujeres organizadas anónimamente. A través de un número que atiende llamadas y mensajes de Whatsapp, las mujeres pueden comunicarse para informarse sobre abortos seguros y sobre la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia. 

En su página de internet se puede leer lo siguiente: “La Línea ofrece información gratuita, segura y confidencial sobre temas de salud sexual y reproductiva, como aborto seguro y anticoncepción de emergencia. La información viene de fuentes como la OMS, pero en un formato popular y democratizado, con la idea que esta información es un derecho humano y es propiedad necesaria de las mismas mujeres para poder tomar decisiones responsables, empoderadas, y conscientes sobre sus propias vidas”.

Todos los nombres seguidos de * son seudónimos que se usaron para proteger la identidad de las mujeres entrevistadas para la realización de este reportaje. Este reportaje fue realizado gracias a la International Women’s Media Foundation  como parte de “Adelante”, su iniciativa en América Latina.