A 20 días de la jornada electoral, el caso de Abel Murrieta debería ser un parteaguas para que gobierno y fuerzas políticas bajen el tono de su confrontación, serenen ánimos y dejen de allanarle el camino a los criminales

Twitter: @chamanesco

El de Abel Murrieta es el más reciente caso de violencia en el proceso electoral en curso, pero quizás no sea el último.

Las campañas de este 2021 se han empañado por la espiral de violencia que, pese al anuncio oficial de una “nueva estrategia”, no sólo no se ha podido detener, sino que sigue creciendo.

En un país con casi 3 mil homicidios dolosos cada mes, el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme cimbra, pero no sorprende.

Sonora es uno de los estados más afectados por la violencia derivada de la presencia y la disputa de las bandas criminales por el control de territorios, rutas de trasiego y todo tipo de negocios clandestinos.

Abel Murrieta fue procurador de Justicia del estado de Sonora en los últimos cinco años del gobierno del priista Eduardo Bours (2005-2009) y en los primeros dos años del panista Guillermo Padrés (2009-2011). Fue diputado local y federal, y secretario de Seguridad en el ayuntamiento de Cajeme, donde era candidato en el momento de su asesinato.

“Durante los últimos 3 años denunció las fallas de seguridad en Sonora. La falta de coordinación de las autoridades. Advertía que se podía agudizar la crisis en el Estado. Y así ocurrió. Ahora le tocó a él”, escribió el periodista Luis Alberto Medina, fundador y director de Proyecto Puente, el pasado jueves, horas después del crimen. 

Murrieta era un crítico de la situación de inseguridad en Sonora, estado que hoy, paradójicamente, busca gobernar quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante los dos primeros años del actual gobierno federal, Alfonso Durazo.

El candidato fue atacado mientras repartía volantes en las calles de Cajeme, en una acción planeada y directa, según ha concluido la Fiscalía de Justicia del Estado.

Murrieta era, a su vez, abogado de Julián y Adrián Lebarón en el caso del multihomicidio perpetrado en contra de su familia en noviembre de 2019, en los límites entre Sonora y Chihuahua. Una masacre que, de por sí, ya había mostrado con crudeza y anticipación el fracaso de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno actual.

Según registros de la agencia especializada Etellekt, el de Murrieta es el asesinato número 32 de un candidato en campaña en el proceso electoral 2020-2021, que inició formalmente el pasado mes de septiembre. 

Ésta y otras agencias y consultorías especializadas en crimen organizado advierten del clima en el que se desarrolla “la elección más grande de nuestra historia”, y contabilizan más de 100 agresiones a políticos, no sólo aspirantes a cargos de elección, sino autoridades, líderes partidistas y operadores en campo.

Integralia, en su más reciente reporte, señaló que entre septiembre de 2020 y abril de 2021 se registraron 169 incidentes de violencia política en México, que dejaron 210 víctimas, de las que 143 perdieron la vida.  

Pero más allá de la divergencia en las cifras, el caso muestra el ambiente y la realidad en la que se desarrollan los procesos electorales en México.

Mientras las campañas y la contienda democrática transcurren en una ruta civilizatoria de resolución de las diferencias políticas y la disputa por el poder mediante procesos pacíficos; en paralelo, el crimen transita hacia la ruta de la barbarie, disputando el poder a punta de pistola, mediante asesinatos, secuestros, extorsiones y amenazas.

Las de 2021 serán, probablemente, campañas más violentas que las de 2018; entre otras cosas, porque 2021 ha sido un año más violento que 2018.

En aquel año, en enero se registraron 2 mil 563 homicidios dolosos; en febrero, 2 mil 414 y en marzo, 2 mil 766, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2021, según la misma fuente, en enero se han registrado 2 mil 835 asesinatos; en febrero, 2 mil 628, y en marzo, 2 mil 944.

El repunte de la violencia es una pésima señal en momentos en los que el país entero está renovando sus poderes locales.

Sobre todo porque, si en un nivel de gobierno la política ha sido infiltrada por el crimen organizado, éste es el municipal, y en este 2021 habrán de renovarse mil 926 ayuntamientos. Todo el país, salvo Hidalgo y Durango, tendrá nuevos alcaldes electos el 6 de junio.

Lo ha advertido Rosa Icela Rodríguez, quien suplió a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: el crimen organizado tratará de imponer su ley de fuego y sangre a partidos y candidatos, y a través de ellos, a la ciudadanía en su conjunto.

El pasado 30 de abril, al presentar su cuarto informe de seguimiento a la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, Rosa Icela Rodríguez informó que se han atendido 234 casos de amenazas en el actual proceso electoral, y que en 113 casos se valoraron posibles medidas de protección y a 109 aspirantes se les da seguimiento.

Según sus registros, hasta ese momento habían ocurrido 12 asesinatos, entre los que destacaban los recientes casos del aspirante a regidor de Tecate, Luis Roberto Don Félix; el candidato del PVEM a diputado local de Tamaulipas, Francisco Gerardo Rocha, y la precandidata panista a presidenta municipal de Ocotlán, Oaxaca, Ivonne Gallegos.

En ese informe oficial, se precisa que la mitad de las amenazas o agresiones a candidatas y candidatos se ubica en seis entidades: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

Sin embargo, ahora Sonora enlutó los comicios.

“A los aspirantes les decimos que no están solos”, expresó en aquella ocasión la secretaria de Seguridad, quien esta semana deberá actualizar su informe, con el caso de Murrieta, el número 13 de los candidatos asesinados en este proceso electoral.

A 20 días de la jornada electoral, su caso debería ser un parteaguas para que las fuerzas políticas y el gobierno intenten bajar el tono de su confrontación y descalificaciones, serenen ánimos y dejen de allanarle el camino a los grupos criminales.

Descanse en paz Abel Murrieta, cuyo lema de campaña –“no tengo miedo”– es hoy un tétrico epitafio.