Andres Manuel Lopez Obrador prometió la liberación de presos políticos, y siguen de pie varias iniciativas de gobierno para revisar una cantidad desconocida de casos. Pero muchos siguen encarcelados, y algunos sospechan que miembros de la 4T los quieren presos.

Texto: Madeleine Wattenbarger 

Traducción: Majo Delgadillo

Fotos: Saúl López/ Cuartoscuro y Carlos Ogaz / Archivo Pie de Página

Cuatro años después de su detención, José Humbertus Pérez Espinoza permanece encarcelado en el Penal Neza Norte en el Estado de México. El economista de 53 años pasa sus días leyendo y escribiendo. Estudiando códigos de derecho penal y terminando el libro que comenzó a escribir durante su encarcelamiento. Desde que ha estado en prisión, su salud se ha deteriorado. No tiene sentencia y los activistas continúan tratando de promover su liberación. 

Como muchas personas encarceladas en México, Pérez Espinoza se considera a sí mismo un preso de conciencia. Sospecha que las élites mexicanas desean mantenerlo en la cárcel. 

La semana previa al cuarto aniversario de su arresto, Pérez Espinoza, que se volvió un personaje público dado su liderazgo al Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, llamó desde la penitenciaría La Perla, en donde continúa peleando por su liberación. El Frente Mexiquense por una Vivienda Digna es un movimiento activista de propietarios de casas que desentrañaron redes de corrupción entre las agencias de vivienda pública y el sector privado en México. 

Pérez Espinoza se convirtió en activista cuando descubrió que el fraccionamiento en el que compró una casa carecía de la infraestructura necesaria para proveer de agua a los nuevos residentes. Economista de profesión y con un posgrado en historia, pasó parte de su carrera trabajando para un senador. Dado lo anterior, decidió aplicar sus conocimientos para hacer una revisión de los documentos técnicos que se relacionaban con los problemas de las casas que se desplegaban a su alrededor. 

Pérez Espinoza encontró más de 10 millones de hipotecas expedidas por el gobierno y que estaban sobrevaloradas hasta en un 40%. Su investigación lo llevó a acusar a funcionarios públicos a nivel municipal, estatal y federal, de participar en el fraude de las viviendas. Cuando lo arrestaron, él era el líder más visible y activo del movimiento para proteger los derechos de los propietarios de las casas y en contra de la corrupción del gobierno.

A pesar de las promesas gubernamentales de liberar a los presos políticos y casi a un año del mandato como presidente de Andrés Manuel López Obrador, Pérez Espinoza se sigue debilitando tras las rejas. AMLO tomó posesión tras una campaña exitosa en la que se comprometió a acabar con la corrupción y la violencia, y a proveer amnistía para todos los presos políticos y con crímenes menores de posesión de drogas.

Se estima que hay cientos de presos políticos en México, incluyendo defensores del medio ambiente, activistas indígenas y mujeres encarceladas por abortos, entre otros. Muchos activistas son encarcelados por cargos falsos después de retar intereses políticos o económicos a nivel local.

El encarcelamiento de Pérez Espinoza es uno de esos casos. Fue detenido en el 2015, al salir de una conferencia de prensa, bajo el cargo de robo a mano armada a sus vecinos.

Después de que le retiraron los cargos por falta de evidencia, le fincaron otro cargo de robo en su contra. Ese cargo también fue retirado, pero justo cuando Pérez Espinoza iba a ser liberado a principios del 2016, surgió otra acusación de robo a mano armada en su contra.

Al teléfono desde la prisión de La Perla, Pérez Espinoza enlista las irregularidades de su caso. La evidencia en su contra no se sostiene en la corte: los testigos en quienes se basan las declaraciones de los cargos no se presentaron para el juicio. 

El 10 de septiembre, AMLO prometió que su sub-secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, revisaría el caso de Pérez Espinoza. Miembros de su familia se han reunido con numerosos representantes del nuevo gobierno, incluyendo a la senadora Nestora Salgado, quien tiene la misión de ayudar a la liberación de los presos políticos. 

“Para ellos soy inocente”, dice Pérez Espinoza. Más allá de los discursos y el alarde de la Cuarta Transformación, Pérez Espinoza apunta a las motivaciones políticas tras su continuo encarcelamiento.

“El grupo que nos ha defraudado más están en el círculo de la 4T,” dijo Pérez Espinoza. “Desde que descubrieron que estoy en la lista de los prisioneros, comenzaron a presionar para que no me liberen”. Pérez Espinoza dice que varios de los empresarios envueltos en el fraude de vivienda que él descubrió son miembros cercanos del círculo de asesores de López Obrador. 

Entre ellos se encuentra el empresario regio Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la Presidencia, quien fuera el director general de la compañía de seguros Seguros Comercial América, ahora Seguros ING, la aseguradora de algunas de las casas sobrevaloradas en la estrategia de las hipotecas. La elección de Romo como jefe de la oficina de la Presidencia fue un signo temprano de cómo la nueva administración buscaría aliarse con la élite empresarial de México, que por mucho tiempo había estado en oposición a AMLO. 

Pérez Espinoza dice que cuando miembros del gobierno de López Obrador le preguntan quién está en contra de su puesta en libertad, él les contesta: “hablen con Alfonso Romo”.

Miguel Ángel Peralta y Eloxochitlán

Apenas semanas antes de hablar con Pérez Espinoza, otro preso político, el activista y antropólogo indígena Miguel Ángel Peralta Betanzos, dejó la prisión en Tlaxiaco, Oaxaca, después de cuatro años y medio. 

El día después de su liberación, que se dio en plena campaña demandando su libertad, su abogado Roberto López Miguel expresó su exasperación frente al estancamiento del juez. “Sabemos que la sentencia debe ser que él es inocente”, dijo López Miguel en una entrevista en su oficina en la Ciudad de México. “Lo único que pueden hacer ahora es prolongar el proceso”. El archivo de Peralta incluía inicialmente a otros siete prisioneros de Eloxochitlán que fueron liberados porque la evidencia en su contra era inadecuada. “Lo están retrasando”, dijo López Miguel, “pero no pueden impedir su liberación”. 

La noche de octubre 14, un juez declaró a Peralta inocente de los cargos de homicidio, por los que había sido previamente sentenciado a 50 años. Pero su liberación, aunque bienvenida, deja mucho que desear.

“Todavía tenemos compañeros con órdenes de arresto que son desplazados sin certeza jurídica sobre su estatus,” dijo en entrevista telefónica desde Oaxaca, días después de su liberación. Peralta fue uno de los ocho prisioneros de Eloxochitlán encarcelados bajo cargos de homicidio. Los otros siete permanecen presos. “Al final del día no ha habido una sola prueba para sentenciarnos”, dice. “No pedimos un capricho, sólo que se haga justicia”. Peralta fue encarcelado en el contexto de una lucha política constante entre el gobierno por usos y costumbres y por partidos políticos. 

La familia Zepeda representa al segundo de estos en Eloxochitlán de Flores Magón, el pueblo natal de Peralta en el estado de Oaxaca. Manuel Zepeda Cortés fue el alcalde del pueblo del 2011 al 2013. Como lo reportó la periodista Laura Castellanos en Gatopardo, en noviembre del 2014 un grupo de hombres armados que miembros de la Asamblea Comunitaria creen que actuaron bajo el mando de Zepeda, tomaron el ayuntamiento y dispararon contra miembros de la Asamblea Comunitaria. El propio hijo de Zepeda, así como su guardaespaldas, fueron asesinados en la confrontación. 

Peralta ni siquiera estaba en Eloxochitlán en el momento del incidente. Meses después, en abril del 2015, un grupo de policía vestidos de civiles arrestaron a Peralta en la Ciudad de México y lo entregaron a la policía estatal de Oaxaca, quienes lo llevaron de la Ciudad de México a Tlaxiaco, Oaxaca. En septiembre del 2018 Peralta fue sentenciado a 50 años de prisión. Su juicio estuvo repleto de irregularidades. Además de declaraciones falsificadas y de testigos clave que no aparecieron, las autoridades no llevaron a Peralta a las audiencias. A Peralta se le concedió un nuevo juicio, que se programó para septiembre del 2019.  

Mientras que Peralta esperaba su segundo juicio desde la prisión, miembros del gobierno de López Obrador volvieron a declarar su compromiso con la liberación de los presos políticos y con poner un fin a la influencia de los intereses políticos en los procesos judiciales. Si se tomara en serio esa tarea limitaría seriamente el poder de la élite política y económica mexicana, incluyendo a miembros de los círculos cercanos al presidente. 

A pesar de la abrumadora evidencia a favor de Peralta, su sentencia tuvo implicaciones políticas incómodas para la 4T: Elisa Zepeda es ahora representante de Morena. Peralta estaba acusado con el cargo del homicidio del hermano de Elisa Zepeda. El juicio final de Peralta se realizó el 19 de septiembre del 2019, y tras esa fecha él inició una huelga de hambre hasta que el juez le dio una sentencia. 

El juez tiene 15 días para dar una sentencia, y un día extra por cada 50 páginas si el archivo del caso tiene más de 200. El archivo del caso de Peralta tenía más de 6000 páginas. Legalmente su sentencia podría haber tomado meses. La huelga de hambre duró 26 días. Fue liberado, hambriento y delgado, a mediados de octubre. 

Qué ha hecho Nestora Salgado

En los meses posteriores a su elección, López Obrador comisionó a la senadora electa Nestora Salgado, quien fue presa política, recopilar una lista de los presos políticos que podrían beneficiar de una amnistía. 

Hasta noviembre pasado, Salgado tenía una lista de alrededor de 500 prisioneros. En diciembre, tras la toma de posesión de López Obrador, entregó una lista más corta de prisioneros cuyos casos serían examinados. Esta lista consistía de 199 casos en 8 estados, e incluía a 180 hombres y 19 mujeres. La Secretaría de Gobernación (Segob) se dio a la tarea de evaluar la lista bajo la dirección del subsecretario Encinas.

El gobierno difunde poca información respecto a este proceso. Sólo 25 de los nombres en la lista de Salgado son públicos. Este año, Alejandro Encinas declaró que 538 casos de prisioneros políticos estaban siendo evaluados y que 31 habían sido liberados. 

Asegurar justicia para los presos políticos de México genera un enorme reto de logística. Muchos están encarcelados bajo cargos falsos por crímenes fabricados, de hecho sólo averiguar quién califica como preso político implica una investigación extensa y detallada.

Una vez identificados, el proceso de evaluar los casos puede ser lento y estar repleto de obstáculos políticos. Como en los casos de Pérez Espinoza y Peralta Betanzos, quienes se encuentran orquestando los encarcelamientos de los presos políticos son elementos en el gobierno actual. 

Para examinar los casos de prisioneros que podrían ser elegidos para la amnistía, la Segob creó un organismo interno, la Unidad de Apoyo al Sistema Judicial. Paulina Téllez, líder de la Unidad, declinó la oportunidad de comentar en casos específicos respecto a los presos políticos, pero dijo que la comisión tiene un enfoque uniforme en tanto al proceso de revisión a todos los casos que recibe. 

“No los vemos como presos políticos”, dijo Téllez. “Revisamos si existen irregularidades, dónde ha habido pruebas fabricadas o irregularidades de parte de los jueces. Respetamos la autonomía de las autoridades involucradas, pero nuestro trabajo es señalar los errores”.

1500 solicitudes de revisión

La unidad fue creada a mediados de junio. Ya llegaron entre 1,400 y 1,500 casos, de acuerdo con Téllez. Son solicitudes de activistas y de organizaciones independientes como cartas escritas a mano desde la prisión. La unidad, afirma, atiende todas las solicitudes que recibe. 

Entre esos casos estaba el de Miguel Peralta. Cuando la familia de Peralta supo que Salgado estaba haciendo un censo de presos políticos, decidieron contactarla con la información del caso de Peralta. Téllez dice que la Unidad contactó al juez en el caso de Peralta para señalar las irregularidades en su expediente, lo que resultó en su liberación. 

López Miguel, el abogado de Peralta, duda de la integridad de los esfuerzos realizados por la Segob. “Si hicieron algo fue intervenir para que la sentencia se diera pronto y con base en los antecedentes legales. Y dados los antecedentes, tendría que haber sido una resolución de libertad,” dice. “Todo el trabajo ya estaba hecho».

Encarceladas por aborto

A la par del trabajo con la Segob, López Obrador envió en septiembre una ley al Congreso que daría amnistía a las personas encarceladas por ofensas menores, incluyendo robo, crímenes menores relacionados con drogas y cargos relacionados al aborto. Desafortunadamente, aún si se aprobara, esta ley probablemente no beneficiaría a muchas personas encarceladas. 

Entre los presos políticos en México hay un número desconocido de mujeres encarceladas por cargos relacionadas al aborto, generalmente a nivel municipal o estatal. Verónica Cruz Sánchez, la directora de la organización por el derecho al aborto Las Libres, con base en Guanajuato, explica que liberar a mujeres encarceladas por abortos no es tan fácil como pasar una amnistía general y entregar las llaves de las celdas.

Nadie sabe cuántas personas están en prisión por abortos en México. Las Libres han clasificado más de 200 casos de mujeres en prisión por aborto, pero contar esos casos requiere visitas extensivas a las prisiones. Aunque una mujer puede estar encarcelada por aborto, los crímenes en los archivos suelen estar relacionados a homicidio o infanticidio.

“Algunas de estas mujeres ni siquiera saben por qué están en la cárcel”, dijo Cruz Sánchez. “Puede que no sepan leer o que sean mujeres indígenas que no hablan español”. Pero dada la ley de amnistía, dice, las condiciones políticas parecen favorables para el trabajo que requiere liberar a esas mujeres. 

En septiembre, Oaxaca se convirtió en el segundo estado en descriminalizar el aborto, después de la Ciudad de México. Cruz Sánchez dice que esa victoria ha inspirado una nueva ola de iniciativas locales con respecto al derecho al aborto en todo el país. Las Libres se encuentran en consultas con autoridades en Michoacán y Guerrero para llevar a cabo el trabajo de campo necesario para el proceso de revisión y liberación de las prisioneras encarceladas por aborto. 

Ley de amnistía, insuficiente

El abogado López Miguel no piensa que una ley de amnistía bastaría para asegurar que los presos políticos sean liberados. Señala que una característica típica de la fabricación de crímenes en contra de presos políticos son los cargos de crímenes serios, como homicidio o secuestro. Una ley de amnistía no resolvería sus casos. Cada caso tendría que volver a ser litigado de manera individual. Además, como en los casos de Peralta y Pérez Espinoza, muchos presos políticos enfrentan cargos a nivel estatal y no federal, así que una amnistía a nivel federal aplicaría a una población relativamente limitada.

Represión de disidencia

En el contexto de la continua represión al activismo y la disidencia en México, algunos ven el discurso en pro de la liberación de los presos políticos del gobierno como una farsa. Este verano la policía arrestó a dos activistas de la migración, Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, bajo los cargos de tráfico de personas. 

Los cargos cesaron por falta de evidencia, pero los casos de los dos activistas continúan abiertos.

Activistas, defensores de derechos humanos, del territorio y de los derechos indígenas siguen siendo criminalizados en todo el país. Sus comunidades, al oponerse a los megaproyectos concedidos por el Estado, continúan enfrentando la militarización de sus territorios. 

Claudia Sheinbaum prometió disolver el cuerpo de granaderos de la ciudad al asumir el cargo en diciembre del año pasado. En lugar de desaparecer, dos nuevos cuerpos de policía la sustituyeron: uno de operaciones especiales y uno de apoyo táctico. 

El 2 de octubre, durante la marcha anual que conmemora la masacre de Tlatelolco en 1968, la policía  reaprehendió a algunas manifestantes de manera violenta. “Incluso después de decir que su gobierno es diferente, no pudieron resistir la tentación”, dijo López Miguel. “Los arrestos continúan sucediendo”.

«Mi libertad no se negocia»

Gonzalo Molina comparte el desdén al discurso de la administración actual. Molina es comandante de la CRAC-PC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria en el estado de Guerrero. Él estuvo en la cárcel por cinco años bajo los cargos de secuestro, terrorismo y posesión ilegal de armas, y fue liberado este febrero después de defenderse a sí mismo frente a 10 cargos distintos.

Tras su liberación, Molina ha sobrevivido varios intentos de secuestro y, cuando va a la Ciudad de México, toma precauciones para evitar que lo sigan. Cuando lo conocí en el sur de la ciudad, un amigo suyo me saludó mientras Molina paseaba por el perímetro de la plaza donde acordamos vernos. Molina llevaba una gorra que cubría su rostro. Me dijo que se sentía mucho menos seguro en la ciudad que en la Montaña de Guerrero, donde lleva una arma. Ahí, si alguien atenta contra él, él sabe cómo defenderse.  

«No iba a salir por una amnistía»

Molina está firme en la noción que él tiene toda la responsabilidad por su liberación. “La gente en la supuesta izquierda dijeron ‘debió salir por un amparo, una amnistía, el procurador debió desistir’”, dijo. “Pero yo dije que no iba a salir por una amnistía, voy a salir porque las leyes se respetaron”. 

Salgado, la senadora a quien López Obrador le encomendó crear la lista de los prisioneros políticos, es una ex miembro de la CRAC-PC. Fue detenida en el 2013 bajo los cargos de secuestro y crimen organizado. 

Molina considera la participación de Salgado en el gobierno de Morena una traición. Cuando le pregunté sobre la iniciativa de Salgado, su rostro se torció en una mueca. “Me dijeron que yo estaba en la lista, y les pedí que me quitaran”, dijo Molina en referencia al censo de Salgado de presos políticos. “Ella salió porque negoció. Mi libertad no se negocia”. 

Él continúa con su activismo en la región Montaña de Guerrero, pero cuando viene a la ciudad de México toma medidas de seguridad rigurosas. Está adscrito al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,  pero lo encuentra inútil. 

Para Molina, el Estado Mexicano funciona como siempre lo ha hecho. “O nos matan, nos desaparecen o nos encarcelan,” dice Gonzalo Molina. “Como activistas sociales, si bien nos va, sólo nos encarcelan”.

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