A tres meses del 9N en Cancún, víctimas denuncian impunidad

13 febrero, 2021

Foto: Mar Andrea Aldana. Pie de foto: Wendy Galarza, quien recibió dos impactos de bala a quemarropa el 9N, posa junto a su novio Abel.

Han pasado tres meses desde la represión a feministas en Cancún, Quintana Roo, que dejó como saldo tres personas heridas de bala, abusos y detenciones arbitrarias. Las víctimas siguen sin atención médica ni psicológica; el caso sigue en la impunidad, señala su abogado

Texto: Ricardo Hernández Ruiz

Foto: Mar Andrea Aldana

CANCÚN.- El martes 9 de febrero, el Comité de Víctimas del 9N se manifestó frente a la Vicefiscalía General del Estado y, como cada mes desde diciembre pasado, realizaron un evento político-cultural para exigir la justicia que no llega.

En paralelo, la reportera Cecilia Solís, una de las personas que fueron heridas de bala aquel día, acudió a la mañanera en la Ciudad de México para pedir la intervención de la federación en el caso, ante la falta de avances a nivel local.

Presionada, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo emitió un comunicado en el que se informaba que se ejercitó acción penal en contra de 11 mandos policiales –el secretario, subsecretario y director de Seguridad Pública municipal, así como tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos policiacos– por su probable participación en la represión, sin embargo, era información que ya se conocía desde el 13 de diciembre de 2020.

En el boletín se informó sobre las entrevistas, dictámenes periciales y análisis de videograbaciones y de decenas de armas de fuego; de las investigaciones realizadas por el organismo, que a Javier Sotelo Nava, representante legal de las víctimas, le parecen una burla.

Omisiones y parálisis de la justicia

Da un breve ejemplo del porqué: la Fiscalía nunca aseguró el lugar donde ocurrió la represión e inspeccionó el sitio solo hasta 23 horas después… y en apenas 12 minutos.

Lo anterior, dice, es apenas una de las irregularidades, obstrucciones a la justicia y de deficiencias de parte de las autoridades que la defensa de las nueve víctimas ha identificado al revisar el expediente y durante el proceso legal.

Desde mediados de diciembre pasado, la Fiscalía ejercitó la acción penal contra los 11 policías. Se fechó para el 22 de diciembre la audiencia inicial, donde un Juez de control les imputaría lo correspondiente y formularía las medidas cautelares. Llegó el día y uno de los policías no contaba con abogado, ni de oficio ni particular. Además, a los otros no se les había hecho llegar el expediente, por lo que la defensa no pudo prepararse. 

“Eso se tuvo que revisar desde antes de la audiencia, no era posible que lo vieran hasta ese momento”, dice Sotelo en entrevista.

Así pues, la audiencia se difirió para el 8 de enero de 2021. Sin embargo, ésta tampoco se celebró porque los videos de los hechos, que el Ministerio Público había conseguido del C4, no habían sido compartidos con la defensa de las víctimas, alegando que no se contaba con el dinero para comprar dispositivos de almacenamiento temporal. 

La audiencia se volvió a diferir, ahora para el próximo 23 de febrero.

Sotelo también muestra su descontento con los delitos imputados, pues solo se incluyeron lesiones, abuso de autoridad y robo, cuando también ocurrió una tentativa de feminicidio, privación de la libertad, violación sexual tumultuaria y demás agravios. Es así, asegura la defensa, porque se pretende concederles una condena muy menor a la que ameritan.

9N: Día de los hechos

Aquel 9 de noviembre, las mujeres de Cancún decidieron tomar las calles. Condolidas, entre lágrimas y caras desencajadas, más de 300 mujeres salieron a exigir un alto a la violencia feminicida y a clamar justicia para Alexis –una joven cuyo cuerpo fue encontrado en condiciones indecibles una noche antes en la periferia de la ciudad– y las demás asesinadas en el estado. Pero ocurrió algo que nunca esperaron: fueron recibidas a balazos por la Policía Municipal de Cancún, operativamente a cargo del Mando Único estatal.

Esa noche, algunos de los 78 elementos de seguridad que disolvieron la protesta retuvieron a siete mujeres, a quienes empujaron, les jalaron el cabello, robaron sus pertenencias, propinaron macanazos, golpes con escudos, arrodillaron, tocaron e intentaron violar en el interior del Palacio Municipal, según consta en la queja por violación a los derechos humanos. El uso desmedido de la fuerza pública también dejó como saldo otros tantos lesionados y tres heridos de bala: dos reporteros de la fuente policíaca y la propia Wendy Galarza.

Horas después de la represión, la presidenta municipal “Mara” Lezama, del partido Morena, difundió un video en sus redes sociales para eludir cualquier responsabilidad. Enfatizó que el gobierno estatal tiene el control de los policías municipales (y no el gobierno municipal), puesto que desde junio de 219 fue aprobada la adhesión al Mando Único. A la mañana siguiente, el gobernador panista Carlos Joaquín González reviró: fue el director de la Policía Municipal de Cancún, Eduardo Santamaría, quien ordenó disparar.

Joaquín González “recomendó” separar a Santamaría del cargo en lo que se desahogan las averiguaciones previas, lo cual sucedió momentos después. A cambio, el gobernador hizo lo propio con Alberto Capella Ibarra, quien fuera el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Este último permanece intocable, sin que lo hayan llamado siquiera a comparecer.

La defensa de las víctimas decidió ingresar una demanda administrativa en contra del gobernador, la alcaldesa y el fiscal, Óscar Montes de Oca, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo. Sin embargo, este órgano se ha negado a aceptarla.

Sotelo es conocido en Cancún por defender los casos más difíciles de abuso de autoridad padecidos por los más desprotegidos. Este es, tal vez, uno de los más relevantes de su carrera. No cejará en la defensa hasta ver, aunque sea, inhabilitados al gobernador y a la alcaldesa de Cancún, afirma.

La represión feminista en Cancún es la más grave: ONU-DH México

A decir de Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-Derechos Humanos en México, la represión policiaca contra feministas y reporteros ocurrida en Cancún, localizado en el Caribe mexicano, el pasado 9 de noviembre es el caso más grave de los últimos tiempos del país.

El saldo de aquel suceso fueron tres personas baleadas –dos reporteros y una manifestante–, una mujer violada y varias personas golpeadas y detenidas arbitrariamente, por la Policía Municipal de la capital turística de México.

En entrevista con Pie de Página, el representante del organismo internacional hizo un llamado a las autoridades locales a crear un ambiente seguro para las mujeres y de respeto a los defensores de los derechos humanos, así como cesar la estigmatización contra  organizaciones civiles feministas.

Además, resaltó la importancia del debido proceso y de esclarecer los hechos para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia a la reparación y a la no repetición de actos violatorios de los derechos universales.

«Mientras haya impunidad no habrá garantías de no repetición», advierte Fernández-Maldonado.

Asimismo, ofreció asistencia técnica a las diferentes instancias de gobierno de la entidad para encontrar mecanismos de diálogo y prevención de hechos de violencia.

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