¿Qué hay detrás de lo que se presenta como “conflictos” en comunidades indígenas, ¿hasta que punto pueden verse alcanzados por el crimen organizado, las empresas extractivas y gobiernos interesados en zonas de resistencia con altos niveles de conservación de recursos naturales como el agua, los minerales y bosques?

Joaquín Galván*

Una vez me dijeron que el primer sufrimiento es el de las víctimas; y el segundo, el de recontar y documentar el dolor. Hoy 5 de junio de 2023 se cumplen 6 años de uno de los temas más importantes que me ha tocado vivir; pero no es un tema individual, sino  que se  sufrió en comunidad. El despojo de tierras y el manantial a nuestra comunidad de Ayutla Mixe en la sierra norte de Oaxaca que nos ha sumido durante todos estos años en una de tantas violaciones graves de derechos humanos graves del país. Este hecho  involucra la privación intencionada del acceso al agua a toda una comunidad. Esa parte de la historia fue la que más se conoció; pero poco se conoció de la historia de Luis Juan Guadalupe, el comunero de Ayutla que primero fue despojado de sus tierras y hogar y después fue asesinado por las mismas personas que previamente le habían quitado todo, menos las ganas de luchar por recuperar lo que tanto cuidó.

Poco se sabe de las mujeres que fueron secuestradas, torturadas, y algunas agredidas sexualmente. Pienso en especial en Estelita, una madre de familia que de la misma manera primero fue despojada violentamente de sus tierras y el 5 de junio de 2017 fue llevada maniatada a un claustro de la comunidad vecina donde fue golpeada por distintos hombres y se le mantuvo secuestrada. Estela me contó que solo pensaba: ¿qué iba a pasar con su hija si no salía viva? 

Poco se sabe de Tino, un comunero joven de la comunidad que buscando valientemente rescatar a las mujeres que fueron secuestradas, fue herido en una pierna por una bala de un arma de uso exclusivo del ejercito y que en el hospital civil de Oaxaca a poco estuvieron de amputarle la pierna. Por  el esfuerzo de muchos paisanos y autoridades de nuestro pueblo se logró cambiarlo de hospital a uno privado donde se le logró rescatar la pierna; pero aún hasta hoy, sigue incapacitado para recuperar su vida con normalidad. 

Poco se sabe de todos los que de primera mano estuvimos acompañando a los heridos en el hospital y otros quienes contuvieron los ánimos enardecidos de los jóvenes de nuestra comunidad que buscaban cobrar venganza por la agresión a su pueblo; aquéllos también llamaron  a actuar con legalidad e institucionalidad para resolver las cosas. Instituciones que poco hicieron para prever y por supuesto actuar contra los hechos del 05 de Junio del 2017, fecha a partir del cual se negó al pueblo del agua, pues los armados sitiaron el manantial del pueblo.

«Un conflicto más”

Aquel 5 de Junio de 2017, estaba tomando mis clases de derecho en la universidad, misma universidad donde estudiaba un paisano de Ayutla, quien llegó corriendo a mi salón para pedirle permiso al profesor de hablar conmigo -quien se lo concedió- para informarme que habían agredido a balazos a Ayutla (nótese la importancia de nombrar a las víctimas en colectivo, al pueblo). Minutos después recibí la llamada de una persona de la autoridad comunitaria de Ayutla quien me informaba que para la ciudad de Oaxaca se trasladaba a los heridos de la agresión. Inmediatamente todos los paisanos que radicábamos en la ciudad nos juntamos en el hospital para ponernos a disposición, paisanos con los que quizá nunca habíamos cruzado palabras o que ya no nos reconocíamos; pero el llamado del dolor por la comunidad nos reencontró. 

Hasta ese momento lo que se venía me parecía obvio: El gobierno tiene que enviar resguardo policiaco para desarmar a los agresores, la fiscalía tiene que hacer las investigaciones y levantar los indicios para detener a los que ordenaron y dispararon contra el pueblo y evitar que una agresión volviera a suceder. Eso es lo que había aprendido en derecho penal, es lo que la ley decía que debía hacerse pero de pronto nos dimos cuenta que no, que teníamos un pequeño problema: ser indígenas. 

Dijo el gobierno que lo único que debíamos hacer era sentar a nuestras autoridades comunitarias  a dialogar con los que habían ordenado el tiroteo, no importando que tuvieran secuestrado el manantial de nuestro pueblo cerrando los ductos que alimentaban nuestras casas, que había un muerto y muchas personas aún en el hospital. 

Resulta que en la lógica institucional en este tema no había víctimas, no hubo secuestros, no hubo homicidio calificado, no hubo violaciones de derechos humanos, todos esos términos y tipologías penales que me habían enseñado en la universidad quedaban fuera de la narrativa institucional, pues sólo imperaba una: “Es un conflicto por tierras entre comunidades”.  Y así el poder comunicativo del gobierno entrante de Alejandro Murat lo abordaba mediáticamente, aún se recuerda al entonces funcionario de la extinta Secretaría General del Gobierno y al secretario Hector Anuar Mafud decir con esa voz altisonante e intimidante de los clásicos funcionarios déspotas que en esas reuniones de diálogo no se iba a mencionar el tema de las víctimas, es más, que en temas de “conflicto” no existían buenos ni malos.

 Al parecer en Oaxaca hay un estándar preestablecido de que todo acontecimiento violento en las comunidades de Oaxaca se tratan de “conflictos entre comunidades” normalizando así que estas agresiones existan, aunque ningún caso se parezca al otro, aunque cada región esté atravesado por distintos fenómenos criminales que pueden explicar en mucho porque estas agresiones existen. 

De pronto me di cuenta de que la idea base es que imperaba una apreciación racista de la violencia en los pueblos: Es normal que entre indios se maten.  Que fácil puede ser para cualquier grupo criminal ir a infiltrarse a una zona de conflicto, atizar y generar condiciones para su operatividad sabiendo que no pasará nada pues estarán protegidos por una narrativa institucional de que se trata de conflictos y la impunidad es regla. 

Alejandro Murat y #AguaParaAyutlaYa

Pasaba el tiempo, la fiscalía del estado de Oaxaca integró carpetas de investigación que tiempo después se archivaron, el pueblo de Ayutla continuaba sitiado por grupos armados constituidos en el pueblo de Tamazulapam Mixe, pueblo vecino territorialmente con los que desde décadas atrás había problemas de invasión de tierras pero que jamás se tenía precedentes de violencia frontal, ni mucho menos violencia armada. Los ductos de agua potable estaban cerrados, tiempo después, aún con las mesas de “diálogo” y los clásicos “acuerdos de paz” de la SEGEGO  (y que siguen siendo el máximo y más débil logro del gobierno oaxaqueño en los temas que denominan conflictos) la infraestructura de agua potable que nuestro pueblo había construido en el manantial, fue totalmente destruida, dinamitada y removida con retroexcavadoras, ante los ojos de dos patrullas estatales y el conocimiento del gobierno del Oaxaca que nuevamente insistió: “Tienen que dialogar”.

La postura de los agresores siempre fue clara e inamovible: Nos quedamos sus tierras, su manantial y les compartimos el agua y nada de denuncias. Me parecía que la palabra “diálogo” no estaba bien entendida, un diálogo es una postura bilateral dispuesta en ambos sentidos a hacer interlocución sin mantener inamovibles sus posturas, pero no, no era el caso. Aquí la situación era cumplir todo lo que exigían. 

Mientras tanto la presión al gobierno del estado y a Murat acrecentaba en medios y redes sociales. Una lingüista de nuestra comunidad ya contaba con un foro importante a nivel nacional por su labor en el activismo en lenguas y derechos indígenas que había construido desde muchos años antes. Ese foro ayudó a empezar a visibilizar el tema de lo que pasaba en nuestra comunidad, dicha difusión comenzó a incomodar al gobierno oaxaqueño pues evidenciaba su inoperatividad en un tema que se dio a conocer como una grave violación de derechos humanos. Ahí andaba yo también, escribiendo sobre el tema y compartiendo lo que pasaba en la comunidad. Se hizo una importante mancuerna entre la lingüista y yo que tuvo efectos importantes en la visibilidad: primero denunciando la falta de agua; luego desmintiendo al gobierno de Oaxaca, que decía que en Ayutla sí teníamos agua; y combatiendo las declaraciones de Hector Anuar Mafud quien afirmaba que si no tuviéramos agua, ya estaríamos  muertos. ¡Perdón, secretario, por sobrevivir”, ironizábamos con la lingüista. 

* * *

En general nos parecía importante destruir la narrativa de conflicto para empezar hablar de cosas concretas: ¿Por qué presuntos comuneros de Tamazulapam contaban con armas de uso exclusivo del ejército?, ¿Quién se los financiaba?, ¿Quién estaba interesado en desestabilizar a nuestra comunidad? No había un enfrentamiento armado entre dos pueblos, había una agresión unilateral hacia nuestra comunidad, lo que rompía con el concepto de “conflicto”. 

El acoso sistemático y la violencia estructural

De pronto nos dimos cuenta que la exigencia de #AguaParaAyutlaYa ya no era un tema que estuviera bajo nuestro control, ya estaba en la opinión pública y política, se mencionaba la problemática en el Senado, en el Congreso de la Unión, distintas personalidades de fama nacional e internacional se pronunciaban exigiendo que el Gobierno de Oaxaca se dejara de cuentos y se reestableciera el servicio del agua potable a Ayutla de forma incondicional, misma postura de nuestras autoridades comunitarias ante el gobierno.

Entonces, al verse superados en la narrativa, el gobierno de Oaxaca no tuvo más opción que aceptar que la falta de agua sí existía, pero ahora la nueva justificación de su inoperatividad era que se trataba de motivos relacionados con rutas legales tomadas por nuestra población. Otra mentira que nos dimos a la tarea de desmentir. Exigían rutas legales precisamente lo contrario, que se ordenara nuestra reconexión al manantial, la más importante fue la promoción del amparo 792/2017 ante juez federal que sentenció 2 veces contra Alejandro Murat  y conformó la violación de derechos humanos a nuestra comunidad. 

De pronto comenzaban las publicaciones de medios afines al gobierno de Oaxaca que acusaban a la lingüista, a un grupo de profesores de la comunidad y a mí de ser los “caciques agitadores” de la problemática y que éramos motivados por Adelfo Regino Montes, director del INPI y militante de Morena. De pronto las sutiles amenazas que se nos hacían llegar para dejar de insistir con el tema, de pronto gente fotografiando nuestros domicilios en las madrugadas, de pronto nuestros teléfonos ya estaban intervenidos. Clásicas estrategias de los gobiernos cuando empiezan a notar que una disidencia comienza a tener relevancia y comienza a generar incomodidad, yo solo pensaba: solo falta que nos inventen algún delito o nos desaparezcan. Pero la mayor insolencia que cometimos fue detener una caravana del Presidente Andrés Manuel López Obrador que iba acompañado de Murat y ahí en su presencia, acusar toda la situación. Murat había evadido siempre el tema, se lo dejaba a su secretario de gobierno, pero a partir de ahí, se volvió un tema que lo involucraba a él directamente. 

En una entrevista con Carmen Aristegui, el gobernador pretendió dar una explicación de la problemática; nada sorprendente que la explicación fuera exactamente la misma a la del inicio: “Es un conflicto entre comunidades, como gobierno sólo podemos mediar, ellos tienen que ponerse de acuerdo, lo que es difícil porque con Ayutla hay muchas pasiones”. 

–¿Pasiones, gobernador? Hubo homicidio y se trata de privación del agua durante muchos años– le precisó Aristegui. A lo que Murat respondió:

–Bueno, sí-. 

Fue frustrante notar que cada versión oficial ignoraba el hecho de que existían víctimas, no se les nombraba.

Las soluciones de Murat

Fueron más de tres ocasiones en las que  Alejandro Murat anunció que había solucionado la problemática. Para ser breves y claros, las seguimos esperando hasta hoy. Durante la pandemia, la movilización comunitaria por la exigencia del acceso al agua se debilitó por los contagios y muertes que generaron un estado catastrófico en nuestra población; con mayor motivo porque no teníamos agua que era la base elemental de los cuidados que se indicaron para la prevención de contagios. 

A partir del año 2021 hubo una extraña colusión que se extendió entre las autoridades municipales tanto de Tamazulapam y Ayutla con el gobierno de Oaxaca que emitían documentos y acuerdos sin consenso con la comunidad, una comunidad ya debilitada por tanto hartazgo y violencia estructural, y se agudizó el acoso concreto contra la lingüista de nuestra comunidad, contra un colectivo de mujeres,  algunos maestros y contra mí. A partir de ese momento vimos una incursión sospechosa de políticos de Morena y el PRI del estado en la comunidad presumiendo en medios y redes tener intervenciones en la población para una solución definitiva. Curiosamente esa solución excluía cualquier consigna que la comunidad de Ayutla había defendido de una manera contundente los años previos.

 Ante ese escenario sospechoso, los que habíamos trabajado el tema de la visibilización decidimos dejar de hablar del tema para así inhabilitar cualquier capital político que buscaran hacer sobre #AguaParaAyutlaYa. 

Pero cuando el tema bajó del radar público de nuestra parte sospechosamente se suscitó un supuesto atentado contra el presidente de Ayutla pues quemaron su automóvil, inmediatamente al hecho, medios afines al gobierno de Oaxaca corrieron la versión de que ese atentado habría sido generado por la lingüista, un colectivo de mujeres y  yo –Joaquín Galván–. Así de absurdo. Se usó esa versión para criminalizarnos y que perdiéramos apoyo social, lo que afortunadamente no sucedió. En ese momento yo ya no me encontraba en la localidad.  El pseudo atentado también se usó para que el gobierno reposicionara el tema y anunciara finalmente que se había llegado a un acuerdo definitivo en el que incluso participó como testigo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo no fue más que entregar las tierras, olvidar las agresiones y entregar el manantial para ser compartido supuestamente a mitades. Es decir, lo que los agresores buscaron desde un principio. Nada se aclaró, ¿Quién estaba detrás de los grupos armados?, ¿Quiénes asesinaron a Luis Juan Guadalupe, secuestraron a 4 mujeres y tirotearon el pueblo? Como Estela, una de las mujeres secuestradas, me dijo: El gobierno y nuestras autoridades recientes quieren borrar un dolor que ellos no vivieron. 

A seis años de #AguaParaAyutlaYa seguimos sin agua en la población, con presuntos acuerdos de solución que nunca nos quedaron claros pero con un Alejandro Murat que anunció el fin de su sexenio con uno de sus mayores triunfos: haber resuelto el conflicto más grave de su sexenio, el de Ayutla Mixe con Tamazulapam, una solución que nunca llegó. 

El aprendizaje 

Este caso nos debe ayudar a cuestionarnos qué hay detrás de lo que se presenta como “conflictos” en comunidades indígenas, ¿hasta que punto pueden verse alcanzados por el crimen organizado, las empresas extractivas y gobiernos interesados en zonas de resistencia con altos niveles de conservación de recursos naturales como el agua, los minerales y bosques?, ¿Por qué ante todo se niega la calidad de víctimas a personas indígenas que lo sufren y se normalizan que estas agresiones sucedan?.

De #AguaParaAyutlaYa me quedan muchas tristezas, enojos y lágrimas, un estrés postraumático por el  ataque y acoso frontal que viví en mi contra por parte del gobernador Alejandro Murat, del Fiscal General de ese entonces: Rubén Vasconcelos, del secretario general de Gobierno, Hector Anuar Mafud, de Hector Pablo Puga Leyva  y de la prensa afín a ellos. Pero también perdí el miedo, lo que me ha servido para ayudar en otros casos, y ante todo, me queda mucha gratitud por todas las redes de apoyo y la solidaridad que se desbordó.

–Agradezco a Yásnaya Elena, por hacer compartido la lucha y haber aprendido tanto. 

*Defensor de derechos humanos.