La autora es académica y feminista ecuatoriana. En estos momentos está –como muchos otros– entre las calles, las protestas y los albergues. Escribe esta nota desde el celular, como un llamado de auxilio al resto de América Latina. Para que los demás conozcamos las medidas que el gobierno de Lenin Moreno busca implementar en Ecuador, medidas que en otras regiones ya conocemos.

Kruskaya Hidalgo Cordero @krusmochilera*

Quito, Ecuador.- El pasado 1 de octubre, mediante cadena nacional, el presidente Lenín Moreno dio a conocer un nuevo paquete de medidas económicas y laborales en Ecuador. Son medidas con carácter pro élite y antipopular, que afectarán a la gran mayoría de la población ecuatoriana. Y golpearán duramente a los sectores más empobrecidos. 

Entre las medidas, se figura la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina por medio de un decreto ejecutivo. Subir el combustible representa el incremento en el transporte y movilización. Esto a su vez impactará directamente en el costo de los alimentos, los medicamentos y, en sí, en el costo de vida de la población. Impactará especialmente a los y las campesinas, los y las trabajadoras. Y serán las mujeres populares las más afectadas con las crisis económicas.

Menos empleos

Otra de las medidas será la reducción de la masa salarial:

1) Despedir a 10 mil trabajadores del sector público. Apenas el año pasado despidieron a 23 mil.

2) Los contratos ocasionales se renovarán con un 20 % menos de remuneración y las vacaciones se reducirán de 30 a 15 días al año en el sector público.

Estas medidas –que de manera simultánea tiran a la baja los sueldos del sector– también establecen mayores facilidades para que los empleadores puedan prescindir de sus trabajadores y contratarlos de manera ocasional. Agregan otras estrategias: mecanismos como el teletrabajo que reduce costos operativos (para los empresarios), al tiempo que aumenta el ejercito de reserva vía el despido de miles de trabajadores del Estado.

Aquí los grandes beneficiarios son sin duda los grandes empresarios que pueden “reducir costos”. Incrementan la explotación laboral, en un claro retroceso de los derechos laborales adquiridos.

En cualquier caso, no son el único beneficio que las medidas traen para las élites, también, se anunció la devolución automática de tributos para exportadores y la eliminación del anticipo del impuesto a la renta.

El FMI lo hizo otra vez

Este paquete de medidas es la continuidad de una política en beneficio de los grandes grupos económicos. Estos hoy dictan las políticas del Estado, colocan a sus representantes en puestos claves dentro del gobierno. Se suman los requisitos de los préstamos pactados con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales de crédito.

Esta alianza con las élites y el FMI pudo verse claramente el año anterior con la promulgación de la “Ley Orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal”.

Entre otras cosas, el gobierno perdonó a los grandes conglomerados empresariales 4 mil 295 millones de dólares de deuda al fisco. Lo hizo con la intención de obtener un desembolso del FMI por 4 mil 200 millones de dólares. Es decir, se condonó la deuda a los grandes empresarios por mayor valor que el del préstamo con el FMI.

Si se les cobraba la deuda, el Estado ecuatoriano no se necesitaba pedir prestamos internacionales.

Protesta, indígena y rural

Las movilizaciones comenzaron el pasado miércoles 2 de octubre en la capital, Quito. Y fueron creciendo con el transcurso de los días. Las manifestaciones en rechazo a las nuevas medidas económicas se multiplicaron alrededor de todo el país, sobretodo en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Loja, Manabí, Imbabura, Chimborazo, Azuay, Zamora Chinchipe, Pastaza, Tungurahua y Santa Elena –provincias que en su mayoría tienen población indígena y rural.

La reacción del gobierno –cuyo eslogan principal supuestamente es el diálogo– fue decretar el Estado de Excepción (decreto 833) y dispersar todas las manifestaciones mediante una represión desmedida. Lanzaron gas lacrimógeno, dispararon perdigones a quema ropa y balas contra la gente.

Militarizaron la ciudad capital, sacaron vehículos anti-motines, utilizaron caballos y perros contra la gente. Cerraron los accesos para la libre circulación de la ciudadanía. Apresaron a dirigentes estudiantiles e indígenas. Bombardearon centros de acogida y refugio. Atacaron corredores humanitarios. Persiguieron a la ciudadanía con motorizados y toletes. 

El gobierno de Lenin Moreno ha decidido responder con violencia contra quienes ejercemos el derecho legítimo a la resistencia y la protesta social.

Bombas lacrimógenas contra niños y refugiados

Durante las noches del 8 y 9 de octubre, la policía arremetió con bombas lacrimógenas los refugios y centros de acopio donde se alojaban niños, niñas, mujeres y personas mayores. Atacaron a civiles en zonas de paz durante la noche. Para el jueves 10 de octubre ya había seis muertos, más de 700 hospitalizados, y cientos de heridos en refugios, carreteras y comunidades en todo el país. 

No conformes con la violencia extrema, las elites y los medios de comunicación masiva se unen para un cerco mediático.

Los medios son cómplices

Ningún canal de televisión reporta la brutalidad policial y militar que vivimos. De hecho, LA NIEGAN. No se dicen cuantos heridos y muertos hay. Pero, se bombardean canales de televisión y radio con comentarios racistas y fascistas que tachan de criminales a los y las manifestantes.

Alegan que “los indios” están siendo manipulados y no saben porque están protestando. Se expresan así en una clara subestimación de la autonomía política del movimiento indígena y las organizaciones sociales. Y los medios de comunicación alternativa que informaban los acontecimientos han sido amenazados, bloqueados y hasta cerrados.

Así resistimos

Frente al cerco mediático, miles de personas registran tanto el despliegue de los blindados militares como el recorrido de la marcha indígena desde distintos puntos del país hacia la capital.  Y así nos organizamos. Se ha recibido a los cientos de indígenas en varias universidades de Quito. Se ha recolectado alimentos, medicinas, colchones, abrigo. Cada día voluntarios y voluntarias trabajan en las cocinas comunitarias, en las enfermerías, en los centros a alojamiento para niños y niñas. Abogadas y abogados de derechos humanos se encuentran en las unidades policiales exigiendo que se liberen a los y las manifestantes. Los movimientos sociales piden apoyo internacional, redactan pronunciamientos y reportes.  

¡Exigimos la derogatoria del estado de excepción y el cese inmediato a la política represiva y violenta de este gobierno, y la violación sistemática de derechos y procedimientos por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas!

¡¡Hasta que la dignidad sea costumbre, seguiremos en pie de lucha!!

* Investigadora y activista feminista, máster en Estudios de Género. Sus temas de docencia e investigación se centran violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, migración, teorías feministas y metodologías decoloniales. Forma parte de la Ruda Feminista, la Coalición Interuniversitaria contra el Acoso Sexual y la Red interuniversitaria de Estudios Feministas sobre Violencias de Género.