Una de las grandes apuestas del gobierno de Andrés López Obrador ha sido rescatar al sector energético, para recuperar la soberanía. Edmundo del Pozo, coordinador del Programa Territorio, Derechos y Desarrollo de FUNDAR, avances, impactos y pendientes de las políticas energética federal

Texto: Darwin Franco / @DarwinFranco

Imágenes Fundar

JALISCO.- “A medio camino. Balance y pendientes de la política energética del sexenio 2018-2024” es un informe realizado por los Programas de Territorio, Derechos y Desarrollo y Justicia Fiscal de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), que hace un balance de la política energética de la administración de Andrés Manuel López Obrador durante la primera mitad de su sexenio.

El énfasis que dan no sólo se centra en el sector de hidrocarburos aunque se reconoce que muchas de las acciones gubernamentales sólo se enfocan en el modelo extractivista fósil, sino también ofrece un puntual análisis del desmantelamiento de la Reforma Energética, aprobada en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Para comprender más del tema, en ZonaDocs entrevistamos a Edmundo del Pozo, coordinador del Programa Territorio, Derechos y Desarrollo de FUNDAR, quien participó de manera muy activa en la elaboración del informe.

-En su informe hacen énfasis en la necesidad de comprender la política energética del país, esto no sólo a la luz de la Reforma aprobada en el sexenio anterior y de la postura de la actual administración de López Obrador, pero para la ciudadanía en general: ¿Por qué sería importante entender y conocer las implicaciones que tiene en la vida cotidiana todo aquello que se decide en materia energética?

El sector energético no sólo para México, sino para todo el mundo es fundamental y básico para dinamizar cualquier actividad económica, y si pensamos en nuestra convivencia, en el día a día, siempre necesitamos servicios básicos de electricidad para poder hacer todas nuestras actividades laborales o domésticas, es clave para desplazarnos; entonces, comprender qué pasa con la energía es importante porque cruza toda nuestra vida, pero no todo el tiempo estamos pensando en ello, pero sí juega un papel fundamental.

En el caso mexicano, el país ha sido históricamente petrolero y con empresas fuertes como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de ahí el aporte muy fuerte que ha dado el sector petrolero al presupuesto público del país; incluso, a la fecha hace una aportación importante por las utilidades que recibe el Estado Mexicano por la explotación y comercialización del petróleo. Y esto también ha implicado la satisfacción de derechos básicos como la educación o la salud, pues buena parte de los sistemas públicos se sostenían de las utilidades de PEMEX.

En ese sentido, es fundamental seguir analizando y discutiendo el papel del sector energético en el país, pero sobre todo a partir de la Reforma Energética impulsada desde la administración anterior y que tantos retrocesos implicó para alcanzar una soberanía energética.

-Una de las promesas de la actual administración de López Obrador ha sido el rescate del sector energético: ¿Bajo su análisis qué tan cercanos o lejanos estamos de esto?

El estudio se dedica a caracterizar cómo la actual administración de López Obrador ha llevado una serie de estrategias y acciones para recuperar el sector energético y, en particular, a las empresas productivas como PEMEX y la CFE, dado que, con la Reforma Energética fueron fuertemente golpeadas por la apertura al sector privado, en el caso del sector energético esto ya se venía dando desde antes, pero se profundizó más.

Caso contrario al sector de hidrocarburos que sí se abrió, esto en caso de actividades de exploración y explotación de empresas privadas a través de más de 100 contratos aprobados en la administración pasada, todos derivados de las rondas energéticas. paulatinamente, aunque PEMEX seguía siendo la empresa principal se veía claramente en el presupuesto público que cada vez se le aportada menos recursos y la empresa seguía -y sigue a la fecha- altamente endeudada.

Frente a este contexto, la actual administración partió con una estrategia que inició en la campaña de López Obrador y donde se hizo una crítica a la privatización petrolera y todo lo que eso implicó, y eso fue algo que continúo ya con el poder, lo vimos claramente en la Reforma del Sector Eléctrico. Es decir, siempre ha mantenido una crítica respecto de todo el tema de la privatización, y en eso ha sido consistente.

Pero, quizá, en donde lo ha sido más en el sector energético, pues ahí desde el primer día buscó paralizar por todos los medios la Reforma de 2013, y esto lo hizo deteniendo las rondas energéticas y otras acciones que permitirían el uso del fracking en México por privados, todo esto lo canceló llegando a su gobierno. Lo mismo hizo en materia eléctrica donde se iba a ofrecer el acceso a la generación de energía eléctrica a corporaciones de materias renovables, ahí también lo primero que hizo fue cancelar estas entregas que no concesiones, pues el sector energético son subastas y en el de hidrocarburos son rondas energéticas. Todo esto fue cancelado.

Por otra parte, también marcó una tendencia en reducir las facultades de órganos reguladores que se crearon a partir de la Reforma, tales como: la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladoras de Electricidad, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y esta tendencia se centró en reducir sus presupuestos y a realizar señalamientos a diversos directivos de estos órganos autónomo y que producto de ellos, varios renunciaron. Esto se refleja y de detalla en el estudio.

Así que a la par que se cancelaban las rondas en materia energética y eléctrica también se ejercía una fuerte presión contra estas instituciones para debilitarles, pues se denunciaba que estas instituciones fueron pensadas más para dar un respaldo a las iniciativas privadas en el sector. Estas fueron las primeras acciones que nosotros calificamos en el Informe que se realizaron bajo la vía administrativa.

Lo que también hizo el actual gobierno fue darle más apoyo a PEMEX para la explotación de hidrocarburos, lo que evidenció su apuesta de fortalecer a la paraestatal en sus trabajos, pero también para rescatarla de su deuda. Todo esto se detalle en el Informe y forma parte del rescate del gobierno del sector energético nacional.

-En el Informe cuestionan que, en la actual administración, prevalece un modelo basado en energía fósiles, muestra de ello es la construcción de la Refinería de Dos Bocas en Tabasco: ¿Desde su análisis qué implicaciones tiene esto, no sólo en materia económica, pues este enfoque sabemos que no sólo es costoso, sino también perjudicial para el medio ambiente y los derechos humanos?

Nosotros como FUNDAR hemos sido muy críticos con el sector energético y con las industrias extractivas, llevamos ya varios años analizando sus implicaciones en la sociedad mexicana; de ahí que compartimos la línea de apostar a fortalecer a las empresas estatales como PEMEX o la CFE, y en tratar de revertir la Reforma de 2013 que propició la generación de innumerables megaproyectos que ha afectado derechos colectivos de comunidades.

En ese sentido, siempre hemos sido muy consistentes como organización civil y en la alianza con comunidades que defienden la tierra y el territorio, y que han sido críticas de esta reforma; por tanto, compartimos la apuesta de fortalecer las empresas estatales para apostar por una soberanía energética en un marco de crisis mundial derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha disparado el precio de los energéticos.

Por ello, contar con una soberanía energética son principios que hemos defendido y seguimos defendiendo; por ello, reconocemos los avances del gobierno en revertir la Reforma Energética, si queremos ser críticos en señalar que la visión extractivista continúa, nosotros creemos que eso de seguir apostando a la explotación de los recursos naturales sobre todo cuando se pasan por alto los impactos en materia ambiental y en derechos humanos, no tendría que ser el camino; sin embargo, eso continúa claramente.

Eso lo podemos en evidencia en el Informe, pues creemos que, a pesar del cambio, el modelo extractivista sigue vigente, pues forma parte de la visión del modelo económico neoliberal, lo cual no es algo nuevo sino una acción que persiste causando diversas violaciones graves de derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas.

Y esto, en el actual gobierno, se mantiene por la apuesta al crecimiento sostenido de la producción de hidrocarburos, pues fortalecer a PEMEX consideramos tiene como objetivo que aumente su capacidad de producción y, con ello, aumentar las reservas petroleras del país. La idea es volver hacer del petróleo, la palanca del “desarrollo” del país.

Si bien, esto puede loable por los beneficios sociales que puede atraer; por otra parte, se está dejando de lado el grave contexto de crisis climática que atraviesa el planeta, y esto lo vemos y sentimos en todo el país. Y siendo México un agente contaminador, debe tener una corresponsabilidad en cuanto a lo que toca al país respecto al cambio climático.

Sin embargo, lo que observamos es que no ha habido una superación de la visión extractivista, pero no sólo eso también existe un incumplimiento de las propias disposiciones legales que el gobierno sí creó para hacer frente a la crisis climática.

El gobierno en diversos planes, leyes y reglamentos incluyó diversas disposiciones para avanzar hacia una transición energética con una visión de derechos, descentralizada y distinta a la lógica de corte neoliberal que beneficia a las grandes corporaciones; sin embargo, esas grandes propuestas no se han manifestado de manera consistente en una política pública ambiciosa con un presupuesto fuerte.

Al contrario, hay una gran diferencia entre el presupuesto que se le da a PEMEX y a la CFE, y lo que se asigna a la agenda climática. La desproporción ronda el 16%, así que nota en la asignación del presupuesto de este año, entonces, los compromisos que el propio gobierno se dio no los ha implementado, pues su apuesta ha sido el modelo fósil dejando de lado el combate a la crisis climática.

Es decir, el gobierno mexicano sí le ha puesto freno a la Reforma Energética pese a todas las presiones y resistencias que esto ha implicado; sin embargo, no vemos que haya una contrapartida que vaya más del extractivismo fósil, así lo evidencian los datos de nuestra investigación.

-Finalmente, señalan que desde la administración de López Obrador existe una fuerte ofensiva política, ideológica y legislativa para retomar el control del sector energético; sin embargo, también -como dices- existen otras alternativas: ¿Qué consideraciones tienen sobre esto y cuáles serían las claves para pensar al sector energético más allá del modelo extractivista fósil?

El documento, en esta ocasión, no busca en sus conclusiones dar recomendaciones puntuales de políticas públicas, pues entendemos que esto es un debate que debe darse e integrar a un grupo amplio de actores, sobre todo de las comunidades afectadas y de quienes están trabajando en nuevos modelos energéticos.

Lo que sí señalamos es que debemos de partir de una visión distinta de soberanía energética, pues si bien creemos que tenerla es importante se debe partir de otros principios que son insoslayables; por ejemplo, que sea una soberanía energética que no se ancle desde un paradigma extractivista fósil, pues lo que se necesita es un modelo que intente estimular la relación de otras fuentes de energía, pero no bajo un modelo de gran escala como los megaproyectos existentes, sino modelos descentralizados y con una visión comunitaria que sea respetuoso de los derechos de las comunidades indígenas, en donde se han asentado la mayoría de los proyectos extractivistas que existen en el país.

Nuestra apuesta es por una soberanía energética donde sólo el Estado tenga la potestad absoluta, pues no basta con eso porque en el contexto actual están las variables climáticas y derechos humanos que no podemos obviar; por tanto, debemos pensar en una soberanía energética que incluya a una variedad de actores en la construcción del modelo energético, iniciando por los pueblos más desprotegidos y que, incluso, están siendo desplazados por el modelo que impera hoy en día.

Fortalecer las empresas estatales está bien, pero estas empresas deben ser responsables y hacerse responsables de las violaciones a los derechos humanos que han violentado; así que debe darse un cambio para que estas empresas transiten de ser de hidrocarburos a empresas de energía no basadas en fuentes fósiles; sin embargo, esta no es una discusión que se esté dando en México y creemos que es importante que se dé para que trascienda en políticas públicas.

Pero políticas públicas que evidencia en la práctica los cambios; por ejemplo, en el Informe señalamos con mucha claridad que la continuidad del modelo extractivista fósil se hace evidente con la aprobación de proyectos de fracking en México, esto a pesar de que una de las promesas de López Obrador fue que no habría fracking en el país por sus impactos ambientales; sin embargo, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking y desde FUNDAR hemos documentado como sistemáticamente se han otorgado cuantiosos recursos públicos para proyectos de fracking; por ejemplo, en el presupuesto 2022, el Congreso le autorizó a PEMEX destinar mil 200 millones de pesos que requieren fracking como lo son los proyectos de Gas en Lutias y el de Aceite Terciario de Golfo.

Entonces, vemos que PEMEX le sigue apostando al fracking, pese a las promesas del presidente; en ese sentido, creemos que si el gobierno quiere dar señales de cambio tiene que avanzar en políticas que prohíban esta técnica. Hoy hay ocho iniciativas en el Congreso que deberían ser aprobadas para así no dejar en promesas, las declaraciones presidenciales.

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El informe “A medio camino. Balance y pendientes de la política energética del sexenio 2018-2024” puede consultarse y descargarse de manera completa en:

https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2022/05/A-medio-camino-Balance-y-pendientes-de-la-politica-energetica-del-sexenio-2018-2024.pdf