El grupo de personas otomíes que habitan en las oficinas del Instituto de Pueblos Indígenas reclaman al Gobierno de la Ciudad de México la falta de resultados en su petición de vivienda; temen represalias judiciales

Texto: Arturo Contreras Camero
Fotos:  Facebook Congreso Nacional Indígena 

CIUDAD DE MÉXICO.- “Se ve que resuelven que allá, que haya una parte del predio de Roma que sí está muy bien que se les resuelva, pero ¿a nosotros por qué no se nos ha resuelto?, pregunta Isabel, una mujer otomí desde uno de los salones de la Casa de los Pueblos Samir Soberanes, antes las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). 

El pasado 25 de mayo el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México entregó viviendas a 43 familias otomíes que por siete años estuvieron viviendo en la calle, específicamente enfrente del número 18 de la calle Roma, en la colonia Juárez, pero esta es solo una fracción de un grupo más grande. 

En el 2007 un grupo de más de cien familias otomíes, la mayoría provenientes de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, llegaron a vivir al predio de Roma 18, pero con el sismo de 2017 el inmueble quedó inhabitable. Sin otro lugar a dónde ir, los otomíes instalaron un par de campamentos, uno sobre Roma 18 y otro en la calle de Londres, en donde desembocaba el predio. 

El grupo que se instaló enfrente del número 6 de la calle de Londres fue desalojado en 2019. Cerca de esas fechas, otro grupo decidió dejar las calles y tomar las oficinas del Instituto de Pueblos Indígenas. Otro, permaneció con su campamento sobre Roma hasta el pasado 25 de mayo. De estos tres grupos solo los que tomaron el INPI no han visto que el gobierno resuelva sus demandas de vivienda.

“En Roma 18, los compañeros que no hacían ruido, que no hacían nada, ya fueron atendidos, pero nosotros que estamos aquí luchando, porque a los que no hacen nada, son a los primeros a los que les dan y a los que hacemos ruido, no hay que bajarle”, comenta Isabel.

Durante el último encuentro que tuvo este grupo con las autoridades de la Ciudad de México, el pasado 27 de junio, algunas de sus representantes decidieron permanecer al interior de las oficinas del gobierno por más de 10 horas. 

Estaban en una reunión con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad, Inti Martínez, como muchas otras veces, les habían propuesto, ahora sí, una solución.

“Se supone que era la definitiva, pero llega y nos dice, danos 72 horas. Nos quería cancelar la reunión y nosotras ya íbamos de camino. Muy a fuerzas nos recibieron para decirnos que no había nada. Ahí fue cuando tomamos la decisión de quedarnos ahí dentro. Nos pedían 72 horas, ahí los íbamos a espera”, cuenta Isabel. 

Presión para dejar el inmueble sin tener demandas resueltas

Hoy, quienes viven en la Casa de los Pueblos, como han decidido llamarla, viven con miedo a represalias que el gobierno pueda tomar. Su temor no es infundado, la madrugada del 15 y 16 de octubre de 2023 resistieron un intento de desalojo de la toma operado desde el Gobierno de la Ciudad de México con decenas de policías equipados con escudos y cascos, como los granaderos que, supuestamente, ya no existen. 

“Fue en la madrugada, cuando nos dimos cuenta ya venían bajando los granaderos por la avenida (México-Coyoacán). Se formaron todos de esta calle hacia allá, cuando vimos llegaron de otros lados, nos rodearon. Se metieron de este lado, donde estaba la carpa de las plantas y se plantaron frente a las puertas del edificio”, recuerda Isabel sobre esa noche. 

“No llegaron a decir queremos hablar, llegaron y se plantaron y la respuesta de la comunidad fue defendernos. Empezaron a golpear a nuestros compañeros, entre el desastre, alcancé a ver a Juan Gutiérrez, de Concertación (Política del Gobierno de la Ciudad de México) que era el mando del operativo. Lo vi y le dije: Si algo pasa sobre la comunidad, vamos contigo. Me vio y me escuchó, de ahí se agarraron y se fueron y de ahí empezaron de nuevo las reuniones con la autoridad”, cuenta Fili, otro de los integrantes de la comunidad otomí. 

Al edificio, acusan quienes viven ahí, han llegado supuestos Siervos de la Nación, trabajadores de la Secretaría de Bienestar del gobierno y otros que dicen ser de la Fiscalía de Justicia. Llegan a buscar información, a asomarse. Los de la Fiscalía, incluso aseguran tener reportes de infantes extraviados a los que se les ha visto en las inmediaciones del edificio, por lo que “en una de esas, podrían entrar a buscarlos”. 

En estos últimos meses, Policías de Investigación han rondado la casa de uno de los asesores legales del grupo, Diego García. También han tenido cortes de luz en el edificio y han visto a diferentes personas que toman fotos desde el otro lado de la avenida. 

“Vemos el escenario complicado y difícil. Nos alerta esto, nosotros estamos conscientes de que el titular del INPI (Adelfo Regino) debió de haber presentado denuncias en contra de nosotros por despojo, que es un delito grave, y que se puede configurar con agravantes al haber varias personas de la comunidad que pudieran estar involucrados”, dice al respecto el propio García. 

Los habitantes de la Casa de los Pueblos temen que con el cambio de gobierno que viene, tanto en el Ejecutivo Federal como en el Gobierno de la Ciudad de México, puedan ser sujetos de un intento de desalojo como el del pasado octubre, o incluso acciones legales en su contra sin tener certeza sobre los trámites de vivienda que han tramitado.