Una investigación de WOLA sobre las reformas al Código Penal Militar arroja resultados preocupantes sobre el acceso a la justicia de las personas víctimas. De 505 casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, que investiga el fuero civil, la misma PGR desconoce cuántos llegaron a sentencia. WOLA retoma Cadena de Mando, una investigación de Pie de Página sobre la obediencia castrense

Redacción: Pie de Página

Durante años, víctimas, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales llevaron una batalla en México para modificar el Código Penal Militar y así lograr que los crímenes que soldados cometieron contra personas civiles fueran investigados en el fuero común. Se buscaba que los soldados no fueran juez y parte.

Han pasado 3 años desde esas reformas y, según la investigación “Justicia Olvidada” presentada por WOLA, no han servido para dar avanzar en el acceso a la justicia de las víctimas.

Los principales hallazgos del informe construyen esa conclusión: entre el 2012 y el 2016 se iniciaron 505 investigaciones civiles contra soldados por delitos y violaciones a derechos humanos (el informe excluye casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud). La PGR, dice el informe, no sabe cuántas de sus propias investigaciones contra soldados terminan en sentencia absolutorias o condenatorias.

De esas 505 investigaciones –que incluye casos de soldados y marinos- la gran mayoría fueron por tortura, 268 casos; le sigue el abuso de autoridad en cantidad de casos con 121; desaparición forzada se investigó en 37 casos y violencia sexual en 31. Los homicidios representan 17 casos del total y lesiones 13. Los 18 restantes se reparten entre delitos contra administración de justicia, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo y allanamiento de morada.

WOLA reclama la falta de transparencia en las sentencias de soldados. “Esta información no es pública y se encuentra perdida entre los cientos de miles de casos que cada año se juzgan en el Poder Judicial de la Federación”. Su investigación les llevó a encontrar 16 sentencias condenatorias –se desconoce si son todas las que existen- en el sistema de justicia civil por violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos por soldados contra personas. WOLA obtuvo la versión pública de 12 de esas sentencias.

“Si entre el 2012 y el 2016 la PGR inició 505 investigaciones de delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados mexicanos y sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos, quiere decir que en cuatro años la PGR sólo tuvo éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones y que aún queda mucho por hacer para que las víctimas puedan ejercer sus derechos a la verdad y justicia”.

De estas 16 sentencias 7 fueron por encubrimiento a violaciones a derechos humanos y destrucción de cadáver, 3 por desaparición forzada y otras 3 por homicidio, 2 por lesiones y allanamiento de morada y 1 por violación.

Otros datos que encontró WOLA en su investigación es que Sedena, entre 2012 y 2016, envió a la PGR mil 835 casos en los que no tenía competencia para investigar, pero PGR solo registró 84 casos. Por su parte, el Poder Judicial de la Federación afirma que entre 2012 y 2016 recibió de Sedena 829 casos en que las autoridades militares se declararon incompetentes, pero los jueces civiles solo aceptaron 314 de esos casos. Para WOLA no queda claro por qué esos casos se enviaron directamente a los juzgados y si pasaron antes por PGR o no.

Las fallas o insuficiencias en la reforma las advirtieron desde el inicio los colectivos de víctimas y derecho humanistas.

Por ejemplo: los artículos 57, 37, 49bis y 129 del Código Penal Militar son obstáculo para las investigaciones pues dejan en los mandos militares el control sobre los casos e impiden al ministerio público civil que realice las primeras investigaciones sobre los crímenes. Prácticamente la base de una investigación está en la cancha militar: ellos son los primeros en investigar cualquier delito cometido por soldados antes de avisar a las autoridades civiles; pueden llevar juicios militares paralelos a sus soldados; la Policía Ministerial Militar tiene el poder de entrevistar y proteger a testigos o cuidar la cadena de custodia y se permite a los soldados en investigación civil estar en prisiones militares, lo que puede obstaculizar el acceso a declaraciones.

Otras fallas son la capacitación de soldados que realizan tareas de seguridad pública en las calles, la falta de investigación expedita (por ejemplo, la PGR ha tardado hasta 3 años en llevar a soldados a juicio) y los testimonios que dan los soldados al fuero militar -que posteriormente se usarán en el civil- no cumplen requisitos legales o son inconsistentes.

Cadena de Mando

La investigación de WOLA retoma en un capítulo el proyecto periodístico Cadena de Mando, publicado por Pie de Página, para evidenciar la que las investigaciones civiles no profundizan en la cadena de mando, es decir, no investigan a los superiores, y para mostrar cómo opera la obediencia en el sistema castrense.

“Cadena de Mando hace públicos testimonios valiosos para que la sociedad conozca cómo los soldados viven la estrategia de seguridad militarizada. Estos testimonios conforman que hay un aspecto de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados que la PGR no está investigando: las órdenes, escritas o verbales, que los soldados reciben de sus superiores, así como el contexto y las dinámicas en que se dan esas órdenes”.

Algunos de los testimonios que retoma son:

“(Aprovechándose) de que tú como elemento andas en la calle, de que si te tumbaron a un compañero ya tienes rencor en contra del crimen. Entonces el mando te dice, ‘No hay pedo, mátenlos, que no quede nada vivo, ustedes mátenlos, yo los pago’—porque haciendo memoria, en el Ejército sí me tocó recibir esa orden, que no queden vivos, los muertos no hablan. Esa era la norma número uno, los muertos no hablan, los muertos no declaran. Esa es la uno. Ah, pero cuando ya todo sale mal, que se chinguen las escalas básicas, que se chingue la tropa. El mando se lava las manos…”.

Otro soldado habla de las órdenes que ha recibido cuando hay heridos en enfrentamientos “… El mando (…) decía que era mejor matarlos […] A veces detenerlos es más complicado porque lo tienes que llevar al hospital, a veces el mando nos decía que, para evitarse trámites, pues mejor tirarle…”.

Un testimonio relata cuando los soldados reciben autorización para “hacer lo que quieran”: “… Luz verde significa que te dan la libertad de hacer lo que tú quieras, sin pedir permiso o autorización. Por ejemplo, por reglamento las camionetas de los soldados (cuando van en convoy) no se pueden separar, con luz verde, se pueden separar; si ves a un sospechoso se puede revisar y disparar antes de que ellos disparen porque un hombre armado es un peligro para el soldado…”.

“La falta de investigación de la cadena de mando impide que las víctimas y la sociedad conozcan las circunstancias en que ocurren casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por soldados. También impide que altos mandos militares y funcionarios públicos civiles que piden y permiten la presencia de soldados en sus estados o municipios rindan cuentas y respondan por la decisión de desplegarlos en las calles”, dice el informe de WOLA.

Casos

WOLA revisa a detalle los casos de Tlatlaya, Palmarito y Calera para revisar los obstáculos en el acceso a la justicia.

Tlatlaya: el caso fue investigado por fuero civil y militar de manera simultánea; las autoridades militares accedieron primero a la escena del crimen y soldados involucrados. Se investigaron a 7 soldados en el fuero militar, seis fueron absueltos, uno condenado a un año por desobediencia. En el fuero civil cuatro fueron liberados porque el juez a cargo consideró que la PGR no presentó pruebas suficientes.

Palmarito: el enfrentamiento entre policía militar y personas presuntamente involucradas en toma clandestina de gasolina el 3 de mayo de 2017, en el que 6 personas civiles y 4 soldados murieron. La PGR presentó el caso ante un juez civil quien consideró que no había pruebas suficientes para acreditar un delito por parte de los soldados. La PGR apeló y la investigación continuó con dificultades.

Calera: desaparición forzada y homicidio de siete jornaleros en Calera, Zacatecas, el 7 de julio de 2015. La Sedena inició su investigación y posteriormente dio avisó a la PGR. Cuatro soldados fueron acusados de desaparición forzada, homicidio calificado. Los acusados están bajo custodia militar, la PGR anunció interrogar a los soldados con apoyo de personal militar, lo cual puede comprometer las declaraciones.

La organización con sede en Washington recomendó al gobierno mexicano trabajar un plan de retiro de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; mejorar las investigaciones civiles contra soldados, en ese sentido se debe fortalecer el sistema de justicia civil, que la PGR genere una política de persecución penal de delitos contra civiles, crear un mecanismo para monitorear las reformas al Código Penal Militar.

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