Los perpetradores de la masacre de Aguas Blancas no deben ni pueden andar impunemente cuando en su mandato actuaron como criminales en contra de la población

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Este 28 de junio se cumplieron 28 años de la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, ese día 17 campesinos fueron asesinados y alrededor de 25 personas resultaron heridos, unos de gravedad. La agresión fue perpetrado por elementos de la policía estatal de Guerrero. El gobernador era Rubén Figueroa Alcocer.

A 28 años de la matanza, campea la impunidad en Guerrero, hasta ahora no hay una pizca de voluntad política para investigar y castigar a los autores intelectuales de estos hechos. Por la forma de cómo se planeó y ejecutó la masacre es un Crimen de Estado.

Por la gravedad de los hechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de investigación y emitió la resolución 3/96 en la que señaló que hubo graves violaciones a los derechos humanos por la masacre de Aguas Blancas y señaló directamente de esta violación al entonces gobernador de Guerrero a Rubén Figueroa Alcocer.

En cadena de mando se encuentran: el ex Secretario General de Gobierno, José Rubén Robles Catalán; el ex Procurador General de Justicia, Antonio Alcocer Salazar; ex Primer Subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino; ex Director de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy; el ex Subsecretario de Protección y Tránsito, Rosendo Armijo de los Santos; el ex Fiscal Especial, Adrián Vega Cornejo; y el ex Director General de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos.

Sin embargo, el ex gobernador, Rubén Figueroa Alcocer se pasea en Guerrero sin que haya sido llamado por la justicia porque la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se negó a investigar a los responsables del caso y lo dejó a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) .

Sí, se ejerció acción penal, es cierto, pero no en contra de altos funcionarios estatales. La PGJG solo investigó y consignó a algunos policías y funcionarios menores. Pero nunca a los autores intelectuales que fueron señalados por la SCJN, con nombre y apellido.

Han pasado 25 años de la masacre de los campesinos de Organización Campesinas de Sierra del Sur, pero en Guerrero no ha pasado. De ese manto de impunidad se protegieron los ex gobernadores de ese estado del Sur: Ángel Aguirre Rivero, René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre Rivero, Héctor Astudillo Flores quienes se ensañaron con las organizaciones sociales.

Por ese camino del Sur la injusticia en contra de los campesinos se repitieron tres años después en la comunidad Ñuu Savi, El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, cuando fueron asesinado diez campesinos y un universitario, el 7 de junio, esto fue en el interinato de Aguirre Rivero.

En periodo constitucional fueron asesinados dos normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011. Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; así como el asesinato de diez dirigentes de organizaciones sociales y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014, esa noche cayeron abatidos tres estudiantes y tres civiles.

Hasta ahora, el Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional, o sea los que ahora conforma la Alianza Va por México protegen a criminales y violadores a los derechos humanos en Guerrero cómo: Rubén Figueroa y Ángel Aguirre Rivero.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el caso 11.520 y emitió el informe No. 49/97 el 18 de Febrero de 1998, en el que recomendaba al Estado Mexicano:

“A. Completar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos descritos en el presente informe, ocurridos en fecha 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, con base en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 23 de abril de 1996”.

Agrega el documento “B. Ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del Gobierno del estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en consecuencia, se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables”.

No es una persecución política, pero es necesario reabrir el caso, para que estos hechos no se repita nunca más en la historia de México, el castigo a los autores intelectuales señalados por la SCJN, es para acabar con la impunidad y violaciones a los derechos humanos en Guerrero.

Los perpetradores de la masacre de Aguas Blancas no deben ni pueden andar impunemente cuando en su mandato actuaron como criminales en contra de la población. Verdad, Justicia y no Repetición.