En entrevista, el exdirector del CIDE y dos investigadores señalados de ser beneficiarios del fideicomiso extinto, responden al reportaje de Poder publicado por Pie de Página: “Nosotros no provocamos la crisis”.

Texto: Daniela Pastrana

Fotos: Moisés Pablo / Cuartoscuro, y Facebook de Sergio López Ayllón y Cristina Galindez

CIUDAD DE MÉXICO.- De entrada, Sergio López Ayllón advierte: “No queremos contribuir en absoluto a enrarecer un ambiente ya complicado”.

El exdirector del CIDE y los investigadores del Laboratorio de Políticas Públicas, Eduardo Sojo y Cristina Galíndez, aceptan una entrevista con Pie de Página para responder al reportaje realizado por la organización Poder, que atribuye a gastos excesivos y un sistema de bonificaciones, la deuda de 13 millones de pesos que la institución tiene con los docentes.

“En el texto hay tres imputaciones que no se sostienen”, dice López Ayllón. Y ennumera: “que había lujos de exdirectores, que había desvíos de recursos, y luego una insinuación de malos manejos o de excesos. Quisiera decir que del texto no se desprende el soporte de esas afirmaciones”.

Reconoce que hay una observación de la Auditoría Superior de la Federación de 2019 sobre debilidades en la regulación. Sin embargo, insiste “eso es muy distinto a desvío de recursos. No quiero decir más en el ánimo de no contribuir a exacerbar la tensión que ya existe en la institución. Pero son aseveraciones que no se sostienen”.

Hablamos vía zoom, en una conversación que se prolonga casi una hora. Explican detalles de la asignación de recursos, el trabajo de vinculación del Laboratorio de Políticas Públicas, y su reclamo laboral, pero evitamos las valoraciones políticas de un conflicto que lleva ya casi dos años.

“Todo lo podemos cuestionar, el modelo de operación, los fideicomisos, pero eso no quiere decir que lo que hicimos estaba fuera de norma”, dice López Ayllón

Cristina Galíndez y Eduardo Sojo lo ponen de otro modo: Los 13 millones de pesos de los proyectos ejecutados no son un regalo, ni la suma de comisiones excesivas, sino el adeudo acumulado de un trabajo que ya hicieron distintos equipos de investigación.

“Parece una locura”, dice ella, con cierta tristeza. “Vulneran tus derechos, no te pagan tu trabajo y luego te acusan de ser culpable de la situación financiera”.

En el origen, hubo un fideicomiso…

El Centro de Investigación y Docencia Económicas es una institución de educación superior financiada con recursos públicos, que forma parte del Consejo Nacional de Ciencia y Teconología (Conacyt). Fue fundado en 1974 y tiene sedes en la Ciudad de México y Aguascalientes. El CIDE enfrenta un conflicto interno que lleva casi dos años, derivado de la decisión presidencial de desaparecer masivamente 389 fideicomisos y fondos (281 en abril de 2020 y 109 en noviembre de ese año).

Los fideicomisos públicos son instrumentos administrativos mediante los cuales, los gobiernos (federal, estatales y municipales) transmiten la titularidad de determinados bienes del dominio público a una institución fiduciaria para realizar un fin lícito determinado, de interés público. Durante años fueron señalados como instrumentos de opacidad en las cuentas.

El CIDE tiene en su mandato cuatro actividades centrales: investigación, docencia, divulgación del conocimiento y vinculación. Esta última “es muy importante”, dice López Ayllón, porque permite “contribuir a generar un conocimiento aplicado con investigaciones o con programas pedidos exprofeso por diferentes gobiernos (federal y estatales) y empresas privadas”.

Esos proyectos de vinculación se administraban desde un fideicomiso que se extinguió en noviembre de 2020. Y que es, en buena medida, lo que detonó el conflicto.

¿Cómo funcionaba? López Ayllón explica que cada uno de esos proyectos tenía una metodología, una evaluación y un presupuesto con gastos etiquetados en función de tabuladores, y tenían un overhead de 29 por ciento que le generaba ingresos a la institución.

“Cada proyecto era un ingreso de recursos al CIDE”, dice.

También, y esto es parte de la controversia, generaban un pago adicional a los investigadores que participaban.

El exdirector lo explica de este modo:

“Estos trabajos eran adicionales a lo que siempre tenían que hacer. No era una cosa por otra. Cada investigador era evaluado cada tres años por su producción académica, por sus clases y por su extensión. Esto era un trabajo que hacía como parte del trabajo institucional y que generaba un bien público. Es lo que se gestionaba desde el fideicomiso… un fideicomiso que era auditable: los proyectos eran reportados semestralmente y las carpetas estaban disponibles en el sitio del CIDE”.

Completar el gasto

Nos detenemos en los recursos del fideicomiso: La mayor parte de los recursos que tiene el CIDE son fiscales, pero “hay un pedacito” que se genera con recursos propios y que son necesarios para completar el presupuesto. Y aunque ese extra es apenas entre 10 y 15 por ciento, es muy importante, dice López Ayllón, porque “era un piquito que nos permitía hacer muchas cosas que no se podía hacer con solo los recursos fiscales”.

—Quiero entender bien: ¿El CIDE no tiene recursos suficientes y esta área de vinculación le generaba ingresos extras? ¿En un modelo de proyectos como el de las organizaciones de sociedad civil?

— Así es. El CIDE tenía un presupuesto de recursos fiscales de aproximadamente 360 a 370 millones de pesos. Pero además, y este es el modelo de los centros públicos, esta función de vinculación le asignaba el CIDE un monto de recursos propios como de 40 millones de pesos. Son recursos que tenía que generar la propia institución para completar su presupuesto.

— ¿En qué se gastaba con eso?

— Hay gastos de mantenimiento de infraestructura que no están cubiertos por el presupuesto, gastos de carácter académico, sobre todo viáticos, viajes congresos que no tienen suficientes recursos, una parte que se destinaba a becas y una parte a estos estímulos del personal académico.

Los estímulos

El monto llama la atención: De acuerdo con el reportaje de Poder, el CIDE adeuda 13 millones de pesos a profesores, como parte de un sistema de bonificaciones que se acabó con la actual administración.

¿Qué es el estímulo del personal? “Un pago adicional que se da en función de lo que produces y de tus evaluaciones”, acepta López Ayllón.

No es algo que nos suene extraño. En realidad, este modelo de puntos se usa en prácticamente todas las universidades. Y es, de hecho, el modelo que está inscrito en la Ley de Ciencia y Tecnología.

Puede que el modelo sea cuestionable, pero esa era la manera en la que funcionaba el sistema”,

dice Sergio López Ayllón

Explica:

“El salario fiscal que recibe un investigador es muy pequeño. El promedio deben ser 36 mil pesos mensuales. Es un ingreso que hace muchísimos años no se actualiza. ¿Cómo se complementaba este salario tan bajo? A través de los estímulos, que están ligados a la productividad del investigador. Y se pagan una parte con recursos fiscales y otra con estos recursos propios que administraba el fideicomiso”.

¿Cuánto podía recibir de estímulos un investigador? El Presupuesto de Egresos de la Federación autoriza que cada investigador tenga hasta 28 salarios mínimos mensuales adicionales, de los cuales, la mitad se podían pagar con los recursos propios (es decir, administrados por el fideicomiso), que en 2018 eran unos 36 mil pesos y 2022 son 56 mil, por el aumento que ha tenido el SM. Sin embargo, insiste, esos eran los topes, porque los montos dependían de lo que produjera cada investigador.

“Nos quedamos sin reglas”

La extinción del fideicomiso fue un parteaguas del conflicto. López Ayllón explica:

“En 2020 desaparecen los fideicomisos y tuvimos 2021 para cerrar el fideicomiso. Fue un proceso muy complejo porque teníamos como 200 proyectos en el fideicomiso. Hubo que cerrar uno a uno, hacer las cuentas y había ciertos gastos que se tenían que seguir haciendo. A partir de noviembre de 2020, ya no pudimos admitir nuevos proyectos, aunque seguíamos recibiendo solicitudes de desplegar proyectos”.

Los proyectos que ya estaban corriendo y que estaban comprometidos, ya no se pudieron administrar dentro del fideicomiso.

“Nos quedamos sin reglas para poder usar esos recursos. De ahí viene esta cuestión de lo que se les debe a los investigadores. Es trabajo que hicieron en 2021, pero que como ya no se podía usar el fideicomiso no se les pudo pagar porque no había reglas para hacerlo. Fíjate el grado de rigor: aunque era dinero que ya había ingresado y era trabajo que ya se había hecho, como el órgano de gobierno no había aprobado las reglas no se pagó. No se ha pagado. Entonces, estos adeudos a los que se refieren (en el reportaje) son eso: trabajo que ya se hizo, que un tercero le pagó al CIDE, pero los investigadores que participaron en esos proyectos no han podido recibir la remuneración que les correspondía”.

Trabajar con todos

El CIDE tiene dos unidades de vinculación creadas para “acercare al sector productivo, al sector social, al sector gubernamental, para transferir conocimiento a partir de proyectos específicos”: Clear (el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe) y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas.

Eduardo Sojo Garza-Aldape, exsecretario de Economía y expresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dirige el laboratorio, que en seis años ha desarrollado unos 85 proyectos, además de una escuela de métodos y la producción de publicaciones.

“Es una división pequeña, pero hemos trabajado con todas las entidades federativas del país, de todos los colores, y también con el sector privado”, explica Sojo.

Las propuestas, aclara, deben ser aprobadas por un Consejo Académico y de Administración, responsable de revisar que tengan valor público y de vigilar el presupuesto. Pone como ejemplo un índice de ciudades sostenibles, con City Banamex. O uno “muy interesante”, que financia el Banco de Desarrollo de América Latina, sobre “motores de desarrollo del sur-sureste”. Este último es uno de los 10 proyectos que le ha aprobado la nueva administración del CIDE.

Por su parte, Cristina Galíndez, quien ha hecho trabajo probono para fortalecer organizaciones de periodistas y de libertad de expresión, describe un proyecto que busca que las chicas que estudian en Conalep puedan decidir qué carrera estudiar sin sesgos de género.

”Dicen que estamos aquí para ganar dinero y más bien lo que nos importa es este tipo de incidencia: cómo cerramos la brecha de desarrollo norte-sur, cómo hacemos que las niñas escojan carreras de carácter más técnico-científico, qué estamos haciendo bien o mal, cómo planeamos a futuro… Eso también es un compromiso con el desarrollo del país”.

La crisis que viene

— ¿Cómo se administra ahora el dinero de estos proyectos? ¿Cuáles son las nuevas reglas?

— En teoría se aprobaron hace unos días, pero nosotros todavía no las conocemos— dice Sojo.

—Ese es parte del problema —coincide Galíndez— que se han tardado mucho tiempo. Llevamos año y medio sin reglas.

Los problemas financieros del CIDE, insisten, no son por lo que se hacía antes, sino por lo que se ha dejado de hacer.

“Desde octubre pasado ya casi no aceptamos proyectos porque no podemos saber cómo le vamos a pagar a los que los hacen”, dice Sojo. “Es un poco esquizofrénico: Conacyt pide a los laboratorios que sean autosuficientes y por otro lado te reclama por hacer proyectos”.

El tope lo pone la ley de austeridad

El reportaje de Poder dice que a pesar de que el número habitual de proyectos asignados a cada investigador del CIDE es de dos a cuatro, doce profesores estuvieron recibiendo fondos por ejecutar entre cinco y 10 proyectos al mismo tiempo que sus responsabilidades como docentes. Destacan, precisamente, Eduardo Sojo y Cristina Galíndez, (con siete proyectos por 868 mil 660 pesos, además de su salario) y Cristina Galíndez (con 10 proyectos por 762 mil 770 pesos más su salario).

“El articulo insinúa, y me parece una insinuación gravísima, que llevábamos una comisión y no. Era un pago por servicios prestados, adicionales al trabajo”, dice Galíndez.

“No es que el gobierno federal nos diera carretadas de dinero. En todo caso, la ley de adquisiciones permitía que hubiera unos proyectos sin licitación, pero en otro concursamos, y sí, somos muy exitosos, pero también hemos participado en concursos que perdimos.  Tampoco son proyectos millonarios, son proyectos bastante modestos”.

La investigadora asegura que el tope delo que se puede ganar con esos estímulos lo da la ley de austeridad.

Si tengo un solo proyecto, pero es de mil millones de pesos, pues supero lo que dice la ley de austeridad y eso no es posible. Entonces, el tope no es la cantidad de proyectos, sino los montos. Él (se refiere al actual director, José Romero) se asombra de lo que nos deben. ¡Nosotros también nos asombramos de lo que nos deben!”

Cristina Galíndez

En el mismo sentido, Sojo rechaza la versión de Romero de que fue a partir de su llegada al CIDE que nadie gana más que el director.

“Eso ya pasaba antes, viene desde la ley de austeridad. Yo no puedo ganar más que el director general”, dice el investigador. “Nosotros nos sorprendimos porque nunca nos habían dado la cifra de cuanto nos debían por los proyectos que ya terminamos. Parecen cifras altas, pero es el acumulado de un año y medio”.

López Ayllón hace unas cuentas rápidas:

“Para ponerlo con pesos y centavos: Dicen que son 17 millones de pesos (en realidad son 13), pero más o menos hay 150 personas involucradas en esos proyectos. Si divides eso te da por ahí de 120 mil pesos, en año y medio. Esos son los bonos millonarios del CIDE”.

Salidas y posibilidades

—¿Tiene salidas el conflicto?

—Que se aprueben las reglas de operación y que con base en esas deudas se salden los adeudos pendientes— dice López Ayllón—. Es facilísimo, por eso es lo desesperante: yo mandé la propuesta desde marzo del año pasado y por alguna razón Conacyt nunca las aprobó.

Galíndez advierte que no solo es un problema de los proyectos. “La vinculación y toda la parte de educación continua se paró. Diplomados que tenían 40 años de impartirse ya no pudieron abrir y esto hace que no haya incentivos para los investigadores. Porque no solo han dejado de pagar a los que hacemos proyectos, también han dejado de pagar clases a los profesores y estímulos a la publicación, violando de manera repetitiva el contrato colectivo de trabajo”, dice la académica.

“Lo que estamos reclamando no es algo extraordinario, no es que nos den una compensación, es simplemente que se pague por el trabajo realizado”, completa el exsecretario de Economía.

Estas limitaciones de proyectos dan una señal muy clara de que no se trata de promover la vinculación, sino de limitarla de controlarla, por este sesgo que tienen de que ‘ganabas mucho’”.

Eduardo Sojo

“O que vincularse con el sector productivo genera incentivos perversos, lo ha dicho la directora de Conacyt”, tercia López Ayllón. “Lo podemos discutir, pero es un poco la visión”.

—El CIDE tiene ese estigma de que está muy orientado a lo económico, no es nuevo. Con una visión autorcrítica, ¿hay algo que creen que se debió cambiar antes?

—Nos faltó crear una red en las universidades públicas de todo el país— lamenta Sojo.

—Honestamente y aquí tengo claramente un conflicto — dice López Ayllón—. Creo que lo que faltaba era una socialización mucho más grande de lo que se hacía y se producida. El CIDE es muy chiquito, tiene 100 investigadores, y los recursos son limitados. No teníamos una capacidad de incidencia como nos hubiera gustado. Porque en efecto, hay una preconcepción muy generalizada de una visión de la que hay que hacernos cargo, también tenemos una responsabilidad, pero creo que si uno ve lo que hacía el CIDE, pues es una agenda muy diversificada y amplia, siempre vinculada a lo público.

El CIDE es una institución pública, dice el exdirector, y trabajaba con los gobiernos porque esa es su vocación. “Lo que lamentamos ahora es que no podamos trabajar con el gobierno, porque hay muchas cosas que podríamos aportar para el gobierno electo democráticamente”.