El conflicto en el CIDE va más allá de un titular impuesto o una deuda pendiente. El centro de investigación llegó a la actual administración con un conflicto de presunta malversación de fondos, lujos ejercidos por exdirectores, insuficiencia presupuestal y señalamientos por gastos no justificados ante la Auditoría Superior de la Federación

Texto: Ricardo Balderas, editado por Fernanda Hopenhaym / PODER Latam

Fotos: PODER Latam

CIUDAD DE MÉXICO.- Es cierto que el Centro de Investigación y Docencia Económica AC (CIDE) está transitando por una crisis; también que existe una deuda de salario con los profesores que ahí trabajan. Y que la comunidad estudiantil continúa exigiendo la expulsión del actual director, José Antonio Romero, por considerarlo un funcionario apócrifo.

Sin embargo, el conflicto va más allá de un titular impuesto o una deuda pendiente. Se trata de un centro de investigación, especializado en ciencias económicas, que llegó a la actual administración con un conflicto de presunta malversación de fondos, lujos ejercidos por exdirectores, insuficiencia presupuestal y señalamientos por gastos no justificados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En ese contexto, se abrieron diferentes frentes de discusión sobre el centro de estudios. En primer lugar, entre estudiantes que exigen participación en los procesos de elección de sus directores; luego algunos profesores y profesoras, quienes exigen seguir recibiendo fondos extras a sus salarios; y finalmente, los políticos de oposición y la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que se sostienen en un debate frontal.

El problema comienza con la llegada del actual titular del CIDE, el doctor José Antonio Romero Tellaeche. Posteriormente, tras la destitución de trabajadores de confianza presuntamente por desacatar órdenes del director, el conflicto acrecienta y comienza a tomar relevancia en algunos periódicos del país. 

Pero la complejidad real aparece cuando, el 2 de abril de 2020, el gobierno mexicano anuncia la desaparición de ciertos fondos (fideicomisos) con el objetivo de cumplir el mandato de austeridad republicana anunciado por el propio Presidente.

Resulta necesario analizar la permanencia de fideicomisos y fondos públicos, por lo que he determinado que los recursos públicos que los integren sean enterados en términos de las disposiciones aplicables a la Tesorería de la Federación y se lleven a cabo los procesos para su extinción”, cita el documento en manos de PODER.

Unos meses después del anuncio, en octubre de 2020, ya se había publicado desde Presidencia la extinción de diversos fideicomisos en el Diario Oficial de la Federación.

Hasta ese momento, el CIDE tenía dos formas de obtener recursos para operar: la primera consistía en la recepción del presupuesto anual federal como parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); y la segunda era la generación de recursos propios por proyectos de investigación, programas de educación continua y convenios internacionales.

La segunda ruta de financiación, la que categorizaron como “recursos propios”, justamente hacía uso de los fideicomisos recién extintos, conocidos como Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Este era el tipo genérico que usaban todas las instituciones académicas del país conocidas como Centros Públicos de Investigación o CPI conformado por un total de 26 instalaciones ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional.

A pesar de la desaparición de estos fideicomisos publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ningún CPI se encuentra en riesgo de desaparecer. Pero el problema con las finanzas continuó generando descontento de un parte de la comunidad académica. 

El otro CIDE o el ParaCIDE: La consultora

Antes de que llegara la administración de López Obrador, había proyectos que daba el Gobierno Federal. Parte de las oficinas públicas ofrecían fondos para que hicieran estudios patrocinados –para que evaluaran a las diferentes dependencias. José Romero, titular del CIDE, explica: “ahí entraba dinero a raudales, porque como siendo el CIDE una institución pública, no había que licitar y podía ser asignación directa”. El encargado de este proceso, el de asignar dinero a la plantilla docente, era el Director de Vinculación del CIDE, cuyo nombre no se puede mencionar por el momento, dado que existe un procedimiento en su contra. 

El conflicto en esta institución académica encrudece cuando los llamados Fondos Propios desaparecen del presupuesto federal. A raíz de esto un total de 108 profesores y personal administrativo que esperaban recibir estos fondos superiores a su salario gracias al programa impulsado en administraciones pasadas, mostraron su descontento. El saldo pendiente actual hacia estos trabajadores alcanza un total de 13 millones de pesos. 

Al respecto de la deuda, el actual director, Romero Tellaeche, comentó en entrevista exclusiva para PODER que se trata de un sistema insostenible en donde, además de generar privilegios, se promovían situaciones como el conflicto de interés, y explica lo siguiente: 

Lo que más les interesa ahora (al personal docente) es que se liberen las Reglas de Operación para que puedan seguir recibiendo proyectos externos y ganen más dinero que el que se gana por el sueldo como profesores. Para eso se pusieron unas reglas de operación muy estrictas y requieren aprobación. Parte de los cambios que hicimos es que ahora, ni el Director General, el Secretario Académico o el Secretario de Vinculación pueden participar en proyectos para evitar el conflicto de intereses cosa que sí hacían en el pasado“.

Es decir, el dinero no ha desaparecido de las arcas del erario, pero se usará de manera distinta, en palabras del director: “con más cautela”. Otro punto relevante, es que existen casos de profesores que concentraban estos fondos y los proyectos que ahora mismo se encuentran en disputa. 

Por ejemplo, el número habitual de proyectos asignados es de dos a cuatro por académico. No obstante, doce profesores estuvieron recibiendo fondos por presuntamente ejecutar de cinco a 10 proyectos al mismo tiempo que sus responsabilidades como docentes del CIDE. En algunos casos como el Jessica Ley Gutierrez o David Arellano Gault, quienes posteriormente denunciarían al director del CIDE, ostentan siete y cinco proyectos al mismo tiempo. 

Otro caso relevante es el de la Coordinadora Ejecutiva en el CIDE, Cristina Galíndez Hernández, quien aparece como encargada en 10 proyectos al mismo tiempo, además de su plaza, y con un monto pendiente por liquidar de 762 mil 770 pesos.

Los dos académicos con montos más onerosos por cubrir son: Eduardo Sojo Garza con siete proyectos y 868 mil 660 pesos (además de su salario regular) y Cristina Galíndez Hernández con diez proyectos valuados en 762 mil 770 pesos más sus percepciones regulares. Dicho asunto, para Romero Tellaeche, también resulta anómalo: 

A lo mejor esa persona en realidad no hacía los proyectos, los conseguía y se los asignaba a la gente para que se hicieran. Y pues, se llevaban un porcentaje de esos proyectos. O lo repartían entre sus allegados, podrían ser dentro del CIDE o fuera del CIDE, mucha gente lo que hacía. Eso ya se eliminó, solo se podrán ejecutar dos proyectos. Antes no había esta restricción que tenemos ahora de que nadie podrá ganar más que el director general. Es decir el sueldo regular de un profesor más los proyectos“.

En una entrevista con el presentador y académico, John Ackerman, el actual director del CIDE, reiteró (como lo hizo en entrevista con PODER) que su administración dejará de permitir que los cuerpos de académicos que pertenezcan a la dirección general, es decir, el secretario académico y el secretario de vinculación, puedan participar en los proyectos externos que actualmente sumergen al CIDE en la crisis financiera. 

En lo que respecta a la más reciente auditoria de la ASF realizada en 2019, PODER encontró que, efectivamente, en la página 44 sección e, dice que su regulación de los fideicomisos de ciencia y tecnología, es débil: “e.) Mostró debilidades de regulación y control en la autorización, ministración y administración de cada sección de los fideicomisos de Ciencia y Tecnología y Patrimonial como se detallan en los resultados 19, 20 y 21 de este informe”, cita el documento.

PODER intentó contactar con los exdirectores, Sergio López Ayllón y Enrique Cabrero, quienes serían los responsables de explicar el anterior uso de los recursos (y el por qué de las deudas) pero hasta el momento del cierre de esta edición ninguno respondió. 

Una guerra moral: plagio y destituciones

Dentro de estas disputas, aparecieron en medios de comunicación y redes sociales, múltiples acusaciones en contra de ambos grupos. En primer lugar aparecieron dos denuncias por presunto plagio en contra del actual director, José Romero. Sucesivamente, vía MéxicoLeaks, PODER tuvo acceso a documentos donde se denuncia que uno de los profesores que encabezan la campaña en contra del actual director, Jean Meyer, también es acusado de plagio desde hace poco más de 40 años sin que esto tuviera alguna repercusión para el docente. 

En lo que respecta al caso del titular del CIDE, José Romero, el funcionario explica que luego de que se hiciera el anuncio de que la extitular del programa de periodismo, Grisel Salazar, fuera removida de ese cargo sin ser despedida, se desató una ola de ataques en su contra:

“Remover a la directora de periodismo, no se le despidió sigue trabajando en la institución, pero eso fue lo que desató la búsqueda de qué me encontraban para desacreditar. De ahí vino una acusación de plagio que apareció en Primera plena del universal y que me dedicó una página completa en la sección de Cultura” (sic), explica.

Asimismo, el académico mostró pruebas de las rutas que tomó para responder a dichas acusaciones.

El tema del que habla el director, derivó en la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Ética en donde 29 integrantes del cuerpo docente denuncian a Romero argumentando que el presunto plagio, constituye un agravio en contra de la honorabilidad del instituto. Y donde efectivamente, Grisel Salazar, es una de las firmantes. 

En total, 17 de esos 29 profesores que ahora mismo se encuentran denunciando a José Romero, forman parte de la lista de beneficiados por los fondos que el Gobierno Federal tiene a la espera de aprobación. En total la deuda con esos 17 docentes es de 1 millón 669 mil 252 pesos. 

Sobre el tema, la extitular del programa de periodismo del CIDE, María Grisel Salzar Rebolledo, quien tiene un monto pendiente por 110 mil 819 pesos por elaborar los proyectos que ahora están siendo regulados, aseguró que las acusaciones del director sobre la campaña en su contra “son infundadas”; también comenta que desearía que José Romero argumentara públicamente el motivo de dichas acusaciones. 

Soy yo una de las firmantes, entre decenas de personas, que están preocupadas por la integridad académica del CIDE. En ese sentido, pues yo sé que Romero tiene una percepción de mi persona bastante negativa, por esos prejuicios que tiene hacia mí, hacia el programa (de periodismo) y hacia el periodismo. Pues supongo que mi nombre le llamó la atención (en el documento firmado), pero sí quiero dejar bien claro que las acusaciones de plagio son una preocupación que yo tendría, tratase de Romero, tratase de un estudiante o tratase de cualquier otro académico“.

Salazar Rebolledo también comenta que actualmente se encuentra en mitad de un proceso en contra del titular del CIDE, a quien acusa principalmente de acoso laboral y por solicitar que investigue a otros trabajadores del CIDE. La extitular del programa de periodismo en el CIDE compartió con PODER la captura de pantalla de la denuncia en cuestión.

Sobre la denuncia de presunto plagio que refiere al académico Jean Meyer, Salazar Robolledo comentó que su grupo no se ha cuestionado comenzar un proceso como el que inician en contra de Romero Tellaeche dado a que es un tema que pasó hace mucho tiempo: “Este tema no se planteó porque no surgió en este momento; en el momento en el que Meyer fue acusado de plagio, probablemente, quienes estaban activamente en el CIDE habrán hecho un posicionamiento”, explicó. 

Por su parte, el académico Jean Meyer culpó a una editorial por las acusaciones de plagio: “En cuanto a mi plagio denunciado hace 43 años, sobre mi primer libro, publicado en francés hace 50 años, luego pésimamente traducido en una edición casi pirata de Barcelona, si bien se puede calificar de error de juventud, no fue eso. La editorial publicaba una serie llamada las grandes olas revolucionarias, destinada al gran público culto y no quería aparato crítico” (sic), comentó.  

Otro conflicto que apareció en este escenario fue el de los ataques en contra de la nueva titular del programa de periodismo CIDE, Ruth Dávila, quien comentó que, de hecho, ella prestaba poca relevancia a esos comentarios dado que por el momento se encuentra concentrada en tener un programa académico eficiente. Y agrega que actualmente dicho programa tiene a una persona con formación plena y comprobable para ejercer funciones, refiriéndose a su antecesora quien, según la propia descripción del CIDE no tiene experiencia en medios de comunicación.

“Mira, lo que te puedo decir es que yo sí tengo una formación sólida en el periodismo y la comunicación, porque bueno, soy de formación periodista estudié en la UNAM, tengo un doctorado en Ciencias Políticas, después hice dos postdoctorados uno de ellos en la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo donde mi investigación fue sobre el análisis de discurso periodístico. Fui muy activa en medios de comunicación durante 2020, en ese año de la pandemia, me pareció muy importante hacer trabajo de divulgación, sobre todo investigué a gente que estaba trabajando en tema de vacunas, publiqué artículos de opinión y publicar reseñas de libros“.

La politización del CIDE es real

La politización del caso es real y los principales promotores son militantes de partidos conservadores o abiertamente relacionados con el pensamiento conservador y/o con la fe de la religión cristiana, señala el presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

A pesar de que la Cámara de Senadores no tiene facultades “para resolver el problema” (sic), según lo comentó el coordinador parlamentario de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, la realidad es que la discusión en la Cámara Alta del Poder Legislativo circundó entre debates del partido Morena y el Acción Nacional, sin llegar a una conclusión concreta de las acciones por tomar.

Originalmente, el tema del CIDE fue llevado a tribuna el día nueve de diciembre del 2020 por la asambleísta Nadia Navarro Acevedo del Partido Acción Nacional (PAN), quien durante su participación solicitó la comparecencia de la titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. A dicha solicitud se sumó  Kenia López Rabadán, del mismo partido pero en diferente fecha, y secundó dicha solicitud el día 14 de diciembre de 2021.

Subsecuentemente, la asambleísta Lilly Téllez (exmilitante de Morena pero ahora integrante del Acción Nacional) usó la tribuna para solicitar la renuncia de  Álvarez-Buylla. En ese contexto, ninguna de las fracciones parlamentarias hizo públicos los discursos de los estudiante que, se supone, eran el motivo de dichas reuniones. 

¡Hasta las últimas consecuencias!

En otro sentido, no menos importante, la comunidad estudiantil asegura que se encuentra fuera de la discusión política y que parte de las principales exigencias es la oficialización de su movimiento en los estatutos del CIDE. 

Eduardo Muñiz, uno de los estudiantes que lideran el movimiento #ComunidadEstudiantilDelCIDE explica que el descontento en el CIDE continúa. Según explica, el profesorado se encuentra dividido entre quienes apoyan a la nueva administración y quienes no, ellos continuarán con sus labores para lograr que su movimiento tenga voz y voto en los procesos de selección de futuros directores. 

Nosotros decimos que la educación pública es una institución fundamental del Estado para lograr distintas cosas. Entre ellas el acercar a las clases sociales. Lo que defendemos los estudiantes no es a un grupo de académicos frente a otros, lo que defendemos los estudiantes es el valor de la educación pública, en este caso representada por nuestro contexto por el CIDE“. 

Nos parece fundamental que se resuelva en los litigios el nombramiento del director y que en su caso se sancione a quienes hayan ejercido funciones sin respaldo de la legalidad.

En respuesta, el director José Romero explica de manera breve algunos de los sistemas de gobernanza que actualmente rigen al cuerpo estudiantil, motivo por el cual, las elecciones dentro de la institución tienen procedimientos distintos.  

“Yo llego al CIDE (como director), y pues, era una luna de miel. Todo el mundo está contento porque llego y la estructura de aquí, a diferencia del Colegio de México, es muy diferente. En el Colegio de México te voy a decir cómo está, porque vale la pena que la gente lo sepa. El presidente en turno se encarga de formar lo que se llama la Junta de Gobierno son pura gente que él va nombrando hay sólo un ente por arriba de esa Junta de Gobierno que es la Asamblea de Socios que son la secretarías de Estado. Pero que nunca se han metido con las decisiones que toma la Junta de Gobierno. Entonces se trata de una obligación durante seis años que dura un presidente.

“Aquí (en el CIDE) operan diferente, el órgano supremo es el Consejo Académico y donde la Secretaría Académica es muy importante, eso deja al director del centro, pues prácticamente casi de florero, porque se toman las decisiones por mayoría“, explica José Romero. 

Romero asegura que serán las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología quienes tengan la última palabra respecto a su nombramiento, así como aseguró que se encuentra preparando una defensa ante los ataques en su contra. Por otro lado, Eduardo Muñiz del frente estudiantil, asegura que teme por la validez de los títulos de sus compañeros en caso de que los resultados no sean favorables por lo que su movimiento insistirá en la participación institucional con fines de operar permanentemente.    

*Esta publicación fue realizada por PODER LATAM.