Por orden del juez, la FGR deberá investigar a la empresa Central ADN, a sus socios y a funcionarios que pudieran estar involucrados en otro caso de tráfico de perfiles genéticos que sigue pendiente 

Por Luis Brito, Paula Mónaco Felipe, Wendy Selene Pérez

Foto: María Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO.- Que es culpable pero no pisará la cárcel. Que es una violación a derechos humanos pero la multa impuesta es de 3 mil 19 pesos con 40 centavos. Que fue una conducta delictiva y dolosa agravada por ser un servidor público pero tendrá beneficio de libertad condicional pagando 25 mil pesos.

En síntesis, esa fue la condena que dictó el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo a Roberto Cabrera Alfaro, ex comisionado nacional de búsqueda y ex alto funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad. Eso después de hallarlo penalmente responsable de entregar miles de perfiles genéticos de personas desaparecidas y de sus familiares a la empresa Central ADN, conocida como ADN México. Más de 45 mil solo en este caso.

En la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, en una audiencia que duró más de seis horas, el juez Delgadillo también lo inhabilitó para ejercer función pública durante dos años y resolvió: “se concede el sustitutivo de tratamiento en libertad o mil 95 días de trabajo a favor de la comunidad (…) Se le beneficia con condena condicional (…) deberá pagar 25 mil pesos”.

Como reparación del daño el funcionario deberá ofrecer una disculpa pública, el Estado mexicano tendrá que realizar un acto de reconocimiento del hecho. Y la Fiscalía General de la República deberá continuar con la investigación de un segundo caso de miles de datos genéticos entregados presuntamente a la misma empresa.

Aunque el ejercicio ilícito del servicio público, delito por el que fue sentenciado, implica una pena de hasta siete años, el juez hizo un cálculo de “media asimétrica” y dictó finalmente tres. Cabrera salió del lugar con el gesto inmutable con el cual se mantuvo durante casi toda la audiencia. Su abogado, Jesús Cruz Angulo, salió sonriente a fumarse un cigarro.

El hecho probado en el juicio 245/2020 fue que Roberto Cabrera Alfaro, el día 31 de mayo de 2017, entregó perfiles genéticos a Central ADN. El alcance, la gravedad y el valor de ese hecho fueron discutidos por las tres partes —FGR, Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y defensa— durante varias horas. Qué tan ejemplar debía ser la sentencia fue otro debate.

La FGR pedía cinco años de cárcel por considerar que los perfiles genéticos son un asunto de seguridad nacional y derechos humanos.

“No estamos ante un hecho simple, es un hecho de corrupción. Es un hecho de interés público”, indicó la fiscal María Isabel Molina, de la oficina de la Fiscalía Anticorrupción.

Hay daño incuantificable a la dignidad de las familias y desaparecidos cuya información utilizó ilícitamente pese a su conocimiento jurídico y cargo”.

La CNB, quien presentó la denuncia, pedía una sentencia histórica que incluyera una disculpa pública, la publicación del texto íntegro en periódicos nacionales y que el juez exhortara a la FGR a continuar y profundizar investigaciones.

La defensa pedía un castigo mínimo de dos años de prisión porque alegó que quien debe ser castigada por la comercialización de los datos genéticos es la directora comercial de Central ADN. “Si Mariana García Sosa generó falsas expectativas o vendía perfiles genéticos, o generó o puso en riesgo, es la señora Mariana García Sosa la que responda por eso”, dijo Cruz Angulo.

“La pena será por la sola transmisión de los perfiles genéticos, ni más ni menos”, señaló en referencia a Cabrera.

Aunque el abogado no lo precisó, según los datos citados por testigos se trata de 45,000 perfiles genéticos de personas desaparecidas y de sus familiares, que estaban en manos del Estado.

Fueron ocho los medios de comunicación que cubrieron la última audiencia del juicio. Durante las primeras jornadas eran dos.

El caso sigue, hay una segunda carpeta de investigación

Pese a su sonrisa, el abogado de Cabrera Alfaro, declaró “creemos que el fallo es una interpretación jurídica equívoca. Vamos a apelar la decisión”. Impugnarán, ahondó, hasta “lograr demostrar la absoluta inocencia de nuestro defendido”.

El representante de la fiscalía, Julio Cobos, dijo que están satisfechos con la sentencia porque, a su juicio, habla de una labor de investigación que se ve recompensada a través de una resolución de un órgano jurisdiccional. “Sin embargo esta satisfacción no queda ahí, hay que esclarecer los hechos hasta las consecuencias que deban resultar”, declaró.

La comisionada Karla Quintana, quien presentó la denuncia que dio origen al juicio, consideró que “es una sentencia importante porque se habla de crisis forense, se habla de la mercantilización, se habla del daño, así lo utilizó el juez, es un daño grave a las familias de desaparecidos”.

En una entrevista con este equipo de periodistas, dijo que el balance es positivo porque el caso no acaba aquí: hay al menos una carpeta más de investigación abierta por otra supuesta entrega de miles de datos genéticos.

“Este caso es solo una parte del entramado”, dijo Quintana.

Se tiene que investigar mucho más profundo y exhaustivamente tanto a los privados, a la gente de empresas privadas, como a funcionarias y funcionarios públicos que pudieron estar involucrados desde las diferentes instituciones, desde los diferentes niveles de gobierno, con esta mercantilización”.

Empresa sin castigo pero en la mira de la justicia. ¿Y la FGR?    

El juez Delgadillo instruyó a la fiscalía general continuar investigando el caso: es algo que no solo la comisión de búsqueda había pedido, también la defensa de Cabrera. “Que la FGR indague a la señora Mariana García Sosa y la haga pagar. O por lo menos que enfrente un juicio justo”, dijo en algún momento el abogado Cruz Ángulo.

La sentencia abrió la posibilidad de investigar a Central ADN, a sus integrantes, beneficiarios y a servidores públicos.

En el reportaje Traficantes de ADN este equipo de periodistas publicó otros documentos oficiales que no han sido incluidos en este juicio, como el convenio con fecha del 15 de octubre de 2016 firmado entre Diego Ulibarri, por Central ADN, y la ex funcionaria Martha Acela Valdez González, para meter tres computadoras Lenovo al laboratorio de biología molecular de la entonces PGR y correr el software de la empresa (AlteaDB). Hasta diciembre las computadoras todavía seguían ahí.

Es decir, la FGR debería también investigarse a sí misma.

Después de conocer el fallo, el abogado Jorge Verástegui dijo en su cuenta de Twitter: “La FGR debería de estar integrando una nueva acusación contra su personal que era responsable de la custodia”. Verástegui busca a su hermano y a su sobrino desaparecidos en Coahuila.

Mónica Chavira, del colectivo Por Amor a Ellxs de Jalisco, comentó en entrevista que la sentencia era un “circo en tres pistas, ¿tanto para esto?”.

No justifico las acciones de Roberto Cabrera pero creo que debería de haber más culpables, sobre todo Mariana García Sosa que no la están juzgando por el ofrecimiento de pago. Se burló de muchas de nosotras aprovechándose de la vulnerabilidad de todas y haciéndonos creer que había una posibilidad de encontrar a todos los nuestros”, dijo.

Hasta ahora, ni otros funcionarios, además de Cabrera, ni la empresa ni sus socios han sido investigados; entre los dueños están Mariana García Sosa, Diego Ulibarri, Hugo Hugo Scherer Castillo, Valentina Scherer y Julio Javier Scherer Pareyón, el hijo del ex consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador.